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5. ¿Hay excepciones al derecho general a la información?

Así también lo ha determinado el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El gobierno puede reclamar que determinada información es confidencial si se dan las siguientes circunstancias:

1) Si una ley así lo declara. Sin embargo, la constitucionalidad de la ley puede ser cuestionada en el tribunal. Como se trata de un derecho fundamental, el gobierno tiene una pesada carga para demostrar que la excepción se justifica.

2) Si la comunicación está protegida por alguno de los privilegios que se pueden invocar según las Reglas de Evidencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para excluir determinada información como prueba en los tribunales. Los privilegios reconocidos por las reglas de evidencia se refieren a: la relación abogado o abogada cliente, la relacion contadora o contador público autorizado y cliente, la relación médico y paciente, la relación consejero y víctima del delito, la relación psicoterapeuta y paciente, los privilegios de los cónyuges, la relación religioso o religiosa y creyente, el voto político, los secretos de negocio, los privilegios de la persona acusada y el derecho a no autoincriminarse, los procesos de métodos alternos para la resolución de conflictos, el privilegio sobre información oficial y el privilegio en cuanto a la identidad de la persona informante. La mayor parte de estos privilegios son renunciables bajo las circunstancias dispuestas por ley o por las Reglas de Evidencia.

3) Si revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros, como sería, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Bajo esta excepción se podrían negar documentos relacionados con el estado de salud de un tercero.

4) Si la confidencialidad es necesaria para proteger la identidad de un confidente o;

5) Si se trata de información oficial, conforme lo dispone la Regla 514 de Evidencia. En los reclamos de este tipo el tribunal suele verificar los documentos en privado y pasar juicio sobre los documentos y los reclamos de confidencialidad para luego determinar sobre qué información prevalece la confidencialidad. Se debe sopesar el interés del Estado frente el derecho de acceso a la información.

Es importante recordar que cuando el gobierno reclama la confidencialidad de algún documento o de la información recopilada de alguna otra forma, le corresponde probar por qué esa confidencialidad es necesaria. Tiene que demostrar que tiene un interés apremiante que proteger y que no tiene medios menos onerosos para lograr el fin que alega promover.

¿Qué es EA?

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