Ha pasado más de un año desde que el huracán María asoló a Puerto Rico, agravando la agonía de una comunidad que ya estaba atrapada en una espiral económica descendente. Además de experimentar una crisis de emigración, la isla buscó lo que equivalía a la protección por bancarrota en mayo de 2017. Y bajo la Ley de Estabilidad, Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico de los Estados Unidos (PROMESA, por sus siglas en inglés), una junta de supervisión federal ahora supervisa sus finanzas.