Más allá de un send, los textos en el controversial chat de Telegram del gobernador Ricardo Rosselló y sus amigos y equipo de trabajo se materializaron utilizando el aparato gubernamental y la maquinaria política para “perseguir, intimidar y silenciar” voces que procuran la transparencia y rendición de cuentas.
Así lo denunció ayer Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos (EA), organización que ha llevado al Gobierno a tribunales, precisamente, por la falta de acceso a documentos, sobre todo relacionados con fondos públicos.
EA también apareció entre las 899 páginas de conversación en pronunciamientos que “podrían constituir serias violaciones éticas y de ley mediante una conspiración para limitar el derecho ciudadano a exigir a sus gobiernos y a sus gobernantes transparencia (…)”, dijo Blondet a la prensa.
No era casualidad
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