Nuevo ejecutivo, mismos estilos. La falta de transparencia y acceso a información se sigue repitiendo en el gobierno: representantes teniendo que demandar a organizaciones como el DMO para que les faciliten información sobre cómo utilizan fondos públicos que se les otorgan, entes periodísticos demandando a corporaciones públicas como ASSMCA para obtener minutas de las reuniones con su junta, organizaciones de la sociedad civil como Cambio y la Federación de Pescadores y Defensores del Mar ganando pleitos para tener acceso a información sobre los datos del sistema eléctrico y sobre cómo se han gastados los fondos federales asignados a la recuperación de la industria pesquera después de los huracanes Irma y María.
Una cultura de opacidad donde las decisiones se toman en cuartos oscuros obliga a la sociedad civil a levantarse y actuar para participar efectivamente en las decisiones gubernamentales que les trastocan sus vidas. Desde la aprobación de las leyes de transparencia y datos abiertos este verano, Espacios Abiertos denunció las deficiencias que las mismas tenían y emplazó a los líderes políticos a enmendarlas o derogarlas. Estas leyes incumplen con los estándares y principios internacionales de transparencia y acceso a la información pública.
No protegen el derecho a la información de todos los ciudadanos por igual, no aplican a todos los organismos públicos, no promueven la máxima divulgación de la información, no justifican ni limitan excepciones al acceso a la información, añaden categorías de confidencialidad que no están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, dificultan el acceso a recursos de revisión judicial para algunos, no crean procesos fáciles, sencillos y rápidos para solicitar y recibir información, no exigen formatos legibles para permitir que la información sea reutilizable y procesable; en fin, no promueven un gobierno abierto.
La cultura de transparencia a la que aspiramos debe proveer mecanismos para que la ciudadanía supervise y monitoree la gestión de funcionarios electos y no electos. Con acceso a información las personas tienen la posibilidad de unirse al debate público e incidir en la toma de decisiones del gobierno, como guardianes de los bienes y recursos públicos y guerreros contra la corrupción.
Desde Espacios Abiertos, reclamamos que se atiendan las deficiencias de las leyes de transparencia y datos abiertos o que se deroguen. Es hora de echar a un lado los viejos estilos y desarticular la cultura de opacidad, es momento de actuar con transparencia y rendir cuentas claras al pueblo sobre la gestión pública.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 27 de noviembre de 2019.