San Juan– La crisis constitucional dejada en Puerto Rico por la abrupta salida de Ricardo Rosselló de la gobernación no se limita al modo de seleccionar a un gobernante, dos nuevas leyes firmadas en la víspera de su salida de Fortaleza, amenazan derechos constitucionales de toda persona a obtener acceso a información pública y a la libre expresión.
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