Versión extendida de columna de Opinión de Daniel Santamaría Ots, publicada en El Nuevo Día, 27 de junio de 2023
La puesta en escena de la Junta parece volver a ganar, pero no tiene por qué ser así. Para argumentar a favor o en contra de cualquier política pública, se requiere transparentar y analizar los datos con recursos, tiempo y esfuerzo.
En septiembre de 2021, la legislatura envió a la Junta de Supervisión Fiscal una petición de evaluación del proyecto del Senado 552 que pretendía enmendar el Código de Incentivos, (Ley Núm. 60 de 2019), para aumentar de $38 millones a $100 millones los incentivos que los contribuyentes de Puerto Rico pagan anualmente a la industria del cine. Según la sección 204(a)(6) de PROMESA, la Junta puede evaluar cualquier propuesta de ley que la legislatura le presente para determinar si es consistente con el plan fiscal y el presupuesto certificado para así aprobar o frenar la medida.
El 1 de abril de 2022, los asesores de la Junta, a quienes también financia el pueblo de Puerto Rico, realizaron un análisis del costo de la medida. Estos concluyeron que el proyecto de ley aumentaría a $63.7 millones los actuales $23.3 millones de pérdidas en ingresos anuales para Hacienda. Además, la Junta criticó que la pieza legislativa no respondía al principio de neutralidad de ingresos en el que se exige que cualquier medida que disminuya los recaudos debe ser compensada por una disminución de gasto o por un aumento de ingreso equivalente. Sin esa compensación, el proyecto requeriría además una reprogramación de recursos que sin la autorización de la Junta violaría también la sección 204(c) de la ley PROMESA. El organismo no electo finalmente determinó que el proyecto es inconsistente con el plan fiscal y el presupuesto certificado. Incluso con esta advertencia, la Asamblea Legislativa aprobó la medida con varias enmiendas y dos informes de comité de conferencia enviando el texto al gobernador para su firma. El 8 de diciembre de 2022 la Junta envió la primera de dos cartas dirigidas al gobernador instándolo a rechazar la propuesta legislativa, pero el gobernador la convirtió en la Ley Núm. 5 de 2023 el 9 de enero de 2023. Finalmente, y ante la negativa de la Junta, el gobernador anunció una partida de $74 millones de fondos federales para la industria del cine provenientes del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) a gastar entre los años fiscales 2023 y 2024.
Este es un ejemplo más de las dinámicas de poder entre los cabilderos de ciertas industrias, los supuestos beneficiados de la medida (productores y actores o actrices del patio), nuestros organismos electos, la Junta y, finalmente, la ciudadanía expectante, que suele acabar pagando la factura. Pero ¿a quiénes benefician realmente estos incentivos?, ¿cuánto nos cuestan?, ¿cuál es el retorno social o económico de la inversión que costeamos? Y, más importante aún, ¿funcionan y cumplen los objetivos de política pública que los propiciaron? Al contestarlas, habría que considerar si estos incentivos no son económicamente rentables, si no cumplen ninguna función social, o si, en efecto, deberíamos derogar gran parte de ellos. Espacios Abiertos tuvo que llevar al gobierno hasta el Tribunal Supremo para que, en 2019, finalmente divulgara por primera vez el gasto que el pueblo paga en incentivos contributivos, práctica que el gobierno federal de los EE. UU. implementa desde la década de 1970. Tras la publicación el pasado mes de abril del tercer informe de gastos tributarios por parte de Hacienda, Espacios Abiertos contabilizó que, para 2023, el gasto anual en incentivos contributivos que pagaremos todas y todos de nuestros bolsillos será de $23,667 millones. Aunque Hacienda todavía deja fuera del ojo público y no cuantifica el 44% de todos los gastos tributarios, esta cifra —que duplica el presupuesto del fondo general y que todavía podría ser mucho mayor— pone a Puerto Rico a la cabeza a nivel mundial (analizando un total de 92 países) en la cantidad relativa de concesión de incentivos tanto respecto al tamaño de nuestros recaudos como en relación con el peso de nuestra economía. El país llega también al número uno al compararlo con 43 jurisdicciones estadounidenses.
Regresemos al ejemplo inicial: los incentivos a la industria del cine. Ante la posición intransigente de la Junta y el marco legal de PROMESA, ¿qué herramientas tienen nuestros organismos electos para cuestionar sus análisis y cuestionar con evidencia empírica su negativa?, ¿cómo podrían, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, defender el más que loable objetivo de política pública de posicionar a Puerto Rico como un referente mundial en la industria del cine? Si desde el año 2020 la Junta puso un límite anual de $38 millones en incentivos, ¿por qué en 2021 y 2022 —y según el último informe público de gastos tributarios de Hacienda— se otorgaron $44.5 y $45.8 millones respectivamente?, ¿qué mecanismos de control internos tienen AAFAF, Hacienda, OGP y el DDEC para evitar que el pueblo pague más de lo que la ley permite? A principios de este año, y gracias a las presiones del periodismo de investigación puertorriqueño, Hacienda tuvo que revisar y, finalmente, revocar 300 decretos de Ley 22 que estaban vigentes, incumpliendo con la ley del Código de Incentivos. Estos incumplimientos: ¿son excepcionales o responden a la norma? ¿Por qué el Departamento de Desarrollo Económico en su último reporte vigente solo ha analizado el costo-beneficio de 3 de los 58 incentivos de desarrollo económico aun cuando el propio Código de Incentivos lo obliga legalmente? Los incentivos de cine, ¿ayudan realmente a la inversión de capital permanente en estudios locales de producción?, ¿abaratan los costos de productores locales para luego poder exportar al mundo nuestra ventaja competitiva?, ¿subsidian y bajan los costos formativos de futuras actrices y actores en los ámbitos cinematográficos y teatrales? ¿O es como suscribe la Junta, cuando dice que “Los beneficios de los créditos fluyen hacia un número selecto de empresas y ubicaciones de la isla y subsidian a una industria pudiente”?
Para responder a estas preguntas, se requiere que nuestras agencias y corporaciones públicas mantengan su compromiso de hacer todo lo posible por defender los intereses del pueblo a través de sus unidades de análisis. Incluso, se debería profesionalizar el análisis fiscal y económico mediante un departamento público de investigación, ajeno a los intereses partidistas tanto del ejecutivo como de la legislatura.
En conclusión, de poco sirve tener acceso a la información —aunque solo sea a una fracción— si no se analiza. Solamente al examinarla en profundidad tendremos los argumentos precisos para debatir y defender las políticas públicas que nos benefician. La ciudadanía es quien finalmente paga a dos equipos de asesores: el de la Junta y el de los funcionarios electos democráticamente. No obstante, estos últimos no están produciendo análisis suficiente y, por lo tanto, no pueden rebatir las conclusiones del organismo supervisor. Si bien han intentado apelar a la empatía del pueblo por la clase artística, no han sido capaces de presentar argumentos robustos que convenzan al organismo no electo. Mientras tanto, la Junta, que no entiende de empatías, continúa apropiándose del guion y dirigiendo nuestros destinos.