Recientemente Espacios Abiertos publicó el Informe titulado: Aportación federal del crédito por trabajo en Puerto Rico: avances, retos y oportunidades, de la autoría de Daniel Santamaría Ots, Enrique Colón Bacó y José Zavala. A continuación incluimos la introducción sobre el Informe y las conclusiones y recomendaciones del mismo. Acceda el informe completo en este enlace. (Access this link for the report’s English version).
INTRODUCCION
El crédito por trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) es un programa de bienestar social que tiene como objetivo reducir la pobreza a través del incentivo al trabajo. El EITC, que fue desarrollado por el gobierno federal a mediados de la década de los setenta, ha demostrado ser muy efectivo incentivando el trabajo formal, aumentando la tasa de participación laboral y reduciendo la pobreza en múltiples jurisdicciones de los EE.UU.
Históricamente, Puerto Rico se ha caracterizado por tener una baja tasa de participación laboral y una elevada tasa de pobreza. En 2023, su tasa de participación laboral se estima en 43.8%, 5.3 puntos porcentuales por encima del mínimo de 38.5% que marcó la isla después de los huracanes Irma y María en octubre de 2017. Esta cifra se ubica todavía muy por debajo de la tasa de participación laboral de EE. UU. situada en 62.5%. La tasa de pobreza de Puerto Rico también empeora considerablemente si se compara con otros estados de EE. UU. y se mantiene en 42.2%, muy por encima de los tres estados más pobres que son Misisipi, Luisiana y Nuevo México con tasas de pobreza del 19.2%, 18.7% y 18.3% respectivamente.
A pesar de los desafíos de pobreza y participación laboral, Puerto Rico ha carecido siempre de un crédito por trabajo federal. En el año 2006, Puerto Rico sí apostó por un crédito por trabajo de factura local que se mantuvo vigente entre 2007 y 2013. En su último año, el crédito benefició a unas 506,000 familias y contó con una inversión local de $152 millones y un crédito promedio de $3007. El crédito fue derogado en 2014 por la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva. En la enmienda del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 20188 se reintrodujo el crédito por trabajo local con una inversión máxima de aproximadamente $204 millones anuales. Así, el crédito máximo se aumentó de $450 en 2013 a $2,000 en 2018.
Reconociendo el potencial tan grande de un programa de crédito por trabajo expandido para atender la persistente alta tasa de pobreza y la baja tasa de participación laboral de Puerto Rico, el gobierno federal asignó en el 2021 una partida complementaria permanente de hasta $600 millones anuales para mejorar el crédito por trabajo local en Puerto Rico. En abril de 2021, a través de una colaboración con el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), Espacios Abiertos (EA) dio recomendaciones concretas a la Asamblea Legislativa para rediseñar el crédito por trabajo. El replanteamiento del nuevo crédito aumentó considerablemente los créditos máximos, incorporó futuros aumentos anuales por inflación en el crédito y expandió las categorías de elegibilidad del programa.
El nuevo crédito incorporó por primera vez como beneficiarios plenos a familias sin dependientes, a jóvenes de 19 a 26 años y a cuentapropistas. En el año contributivo 2022, ya implementados los cambios del rediseño que iniciaron en 2021, el crédito benefició a alrededor de 648,000 familias y contó con un crédito promedio de $1,731, una inversión local de aproximadamente $486 millones y una inversión del gobierno federal de unos $633 millones.
Teniendo en cuenta este trasfondo sobre el origen y desarrollo del crédito por trabajo en la isla, el informe se divide en cuatro secciones atendiendo varias cuestiones:
- En primer lugar, evaluará las principales medidas de impacto del programa: crédito total, crédito promedio, cantidad de familias que reclaman el crédito, crédito según estado personal, crédito según sexo, crédito por edad, crédito por número de dependientes, crédito por ocupación, crédito según fuente de mayor ingreso, crédito por municipio, ingreso bruto ganado de los reclamantes del crédito y tasa de participación en el crédito;
- En segundo lugar, analizará la capacidad del crédito de aumentar la seguridad económica de las familias que reciben el incentivo, cuantificará las que logran rebasar el umbral de pobreza federal y evaluará qué podemos concluir sobre el impacto del programa en la tasa de participación laboral de la isla;
- En tercer lugar, evaluará el acceso a financiamiento federal que recibe Puerto Rico para el programa de crédito por trabajo y comparará el financiamiento local y federal del crédito por trabajo de Puerto Rico con el de los 50 estados de EE. UU. y Washington, D.C.; y
- Por último, concluirá con un conjunto de recomendaciones de política pública.
AQUI SE RESUMEN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME
En primer lugar, a través del análisis de alrededor de 1.1 millones de planillas del último año contributivo 2022, este estudio ha confirmado que más de cinco de cada diez planillas sometidas en Puerto Rico reclaman el crédito por trabajo. También pudimos verificar que el crédito fue reclamado por unas 648,359 familias y que su crédito promedio fue de $1,731. Del total de reclamantes del crédito, 566,423 familias (88% del total) sometieron planillas individuales y su crédito promedio fue un 24% menor que el de parejas casadas. Nuestro análisis determinó que 314,124 mujeres solteras jefas de familia (49% del crédito total reclamado) obtuvieron un crédito promedio un 13% menor al de las mujeres casadas. El informe muestra además que el crédito por trabajo máximo se produce entre las edades de 35 y 40 años y que 453,462 familias (7 de cada 10 planillas que reclaman el crédito) no tiene dependientes a su cargo. Para entender mejor a qué tipo de ocupaciones llega el crédito, recomendamos que Hacienda actualice su base de datos a la realidad del mercado laboral actual de la isla que permita solventar que dos de cada tres solicitantes no encuentren una profesión que los represente. De esa manera, podremos entender mejor a qué profesiones llega el crédito. La presente investigación también devela que el crédito máximo se da entre los contribuyentes con un ingreso bruto ganado entre $14,000 y $14,500. Por último, datos de Hacienda estiman una tasa de participación en el crédito (o “take-up rate” por su terminología en inglés) del 87.2%. Eso sitúa a Puerto Rico como la tasa de participación más alta que cualquier otra jurisdicción estadounidense. Una tasa de participación del 100% del crédito tendría el potencial de llegar a 748,651 familias elevando la inversión del programa a $1,216 billones anuales.
En segundo lugar, tal y cómo como proyectamos en 2021, datos de Hacienda obtenidos por Espacios Abiertos confirmaron que 126,014 familias lograron rebasar el umbral de pobreza federal debido al crédito por trabajo. Este estudio constata que el peso del crédito de las familias que no logran rebasar el umbral de pobreza federal asciende a un 17% de su nuevo ingreso después de reclamar el incentivo. El presente artículo también muestra como el crédito tuvo gran influencia en la reducción de la tasa de pobreza para 2022 por 3.9 puntos porcentuales, un impacto de 0.2 puntos porcentuales por encima de lo que la tasa de pobreza se ha reducido en Puerto Rico en los últimos 17 años si excluimos el efecto del crédito. Sobre la relación entre crédito por trabajo y tasa de participación laboral, recomendamos la realización de un estudio cualitativo a través de una encuesta a una muestra poblacional representativa de los reclamantes del crédito en la isla. Sin ello, será prácticamente imposible medir la magnitud de cualquier posible relación causal entre la recepción del crédito y cualquier efecto en la oferta de horas de trabajo del recipiente que en última instancia incida en un posible aumento de la tasa de participación laboral de la isla.
En tercer lugar, el estudio determina que la aportación del gobierno federal al crédito por trabajo es el 56.6% del crédito por trabajo total de la isla. Muy inferior a la aportación del gobierno federal a los 50 estados y Washington, D.C. que asciende al 90.5% del total de crédito por trabajo que reciben los residentes de los estados y Washington, D.C.56. Por otro lado, cuando hablamos de la aportación de los gobiernos locales al crédito, no hay ninguna jurisdicción estadounidense que contribuya tanto como Puerto Rico. La isla contribuye al crédito total financiando un 43.4% del programa, a diferencia de los 50 estados más Washington, D.C. que en promedio contribuyen en un escaso 9.5% a la totalidad de sus programas de crédito por trabajo.
En cuarto lugar, el presente informe refuta la idea de que Puerto Rico es la única jurisdicción de EE. UU. que tiene o ha tenido históricamente un saldo financiero o económico per cápita negativo con el gobierno federal. Demostramos que, al igual que Puerto Rico, en 2022 existen otras 25 jurisdicciones estadounidenses que tienen una contribución neta per cápita negativa con el gobierno federal. Sin embargo, ese hecho no hace que queden excluidos58 del acceso pleno a programas federales como lo es el crédito por trabajo federal. Demostramos también que hay 7 de los 25 estados que registran un déficit per cápita más negativo que el de Puerto Rico y, sin embargo, reciben más del doble que la isla en la aportación federal al crédito por trabajo.
Por último, el escrito recomienda que para la renegociación del vencimiento TCJA a finales de 2025 se reequilibren los esfuerzos locales y federales de financiamiento del crédito por trabajo. Proponemos un aumento en el tope de la contribución federal de los $668.8 millones que contribuirá este año al programa a $1,000 millones. Eso significaría que si el costo del programa asciende a $1,300 millones (que es alrededor de lo que Hacienda proyecta que costará en el 2023), Puerto Rico contribuiría $300 millones y el gobierno federal $1,000 millones, una proporción de esfuerzo más cercana a la que originalmente se contempló que existiría.