San Juan, Puerto Rico (miércoles, 2 de octubre de 2019)— La publicación del Informe de Gastos Tributarios (IGT) por parte del gobierno es un gran paso para lograr la transparencia en los gastos fiscales en Puerto Rico, por ese motivo Espacios Abiertos decidió desistir del caso que se encontraba ante la consideración del Tribunal Supremo, informó la directora ejecutiva Cecille Blondet.
Lograr que se publicara ese informe fue una batalla que Espacios Abiertos llevó hasta los tribunales ante la negativa del gobierno de divulgar la información sobre concesiones contributivas que le había compartido a la Junta de Supervisión Fiscal desde julio 2017. Mientras en los Estados Unidos esa información se publica desde 1974, en Puerto Rico tomó décadas.
“Lo que hasta la semana pasada era un número desconocido, ahora es una figura concreta. Ya finalmente conocemos que en Puerto Rico los gastos tributarios—que incluyen créditos contributivos, exenciones, deducciones y tasas preferenciales—sobrepasan los $20 mil millones anuales”, declaró Blondet.
En noviembre de 2018, Espacios Abiertos radicó un Mandamus en la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia. Un mes más tarde, la jueza Lauracelis Roques Arroyo falló a favor de la organización y le dio 5 días al Departamento Hacienda para entregar el también llamado informe sobre ‘Tax Abatements’. Sin embargo, Hacienda se negó y recurrió al Tribunal Apelativo. Durante todo ese proceso, Espacios Abiertos fue objeto de múltiples comentarios y acciones dirigidas a desprestigiarles en el sonado “Telegram Chat’ que se reveló en el verano y en el cual participaba el gobernador Ricardo Rosselló, funcionarios y otros allegados. Posteriormente, en opinión dividida dos a tres un panel de jueces del Apelativo emitió un fallo a favor de mantener la información sobre las concesiones contributivas fuera del ojo público. Reclamando que el Tribunal Apelativo erró en su determinación, Espacios Abiertos entonces recurrió al Tribunal Supremo a principios de septiembre para hacer valer el derecho constitucional de acceso a la información pública. Y allí en el Supremo se encontraba pendiente el caso cuando Hacienda publicó el IGT el lunes de la semana pasada.
Las personas pueden acceder el informe en el siguiente enlace: bit.ly/2ku0zq6
“La publicación del informe confirma lo que argumentaba Espacios Abiertos en los tribunales, que la información sobre los gastos fiscales, es información pública y como tal debe estar accesible a todo el mundo. Lo que era un presupuesto oculto en Puerto Rico, ahora, por fin es información de dominio público. La discusión pública que se ha generado a partir de la información contenida en el Informe y la necesidad que se ha planteado de su oportuna evaluación, es precisamente lo que postulaba Espacios Abiertos que hacía falta en Puerto Rico”, declaró Blondet.
Los gastos fiscales o tributarios son todas las exclusiones, deducciones, exenciones y créditos contributivos, entre otros, que el gobierno le da a diferentes tipos de contribuyentes: individuos, empresas, industrias e instituciones sin fines de lucro. Ello con el fin de que con la actividad que se proyecta generarán esos contribuyentes ayuden a mejorar la economía o tengan un impacto social.
“Nuestro pueblo debe tener acceso a conocer todos sus gastos, los que se hacen contra los ingresos que recibe el erario así como los que se dejan de ingresar por concesiones. La importancia de que se publique el informe es que la gente pueda evaluar su contenido y pasar juicio sobre si ese dinero que se concede en créditos y exenciones está bien invertido, si verdaderamente se producen ganancias y empleos al país, y si adelanta las políticas públicas establecidas o si resulta en el beneficio social anhelado. En momentos de crisis, donde se nos imponen medidas de austeridad y se vislumbran más recortes de servicios a la población, el país no puede seguir a ciegas en temas fiscales y presupuestarios. Cada dólar cuenta y saber es nuestro derecho”, resaltó Blondet.
Necesaria la legislación
La directora ejecutiva dijo que gastar dinero del pueblo en abogados para seguir oponiéndose a divulgar un informe que hace dos años entregaron a la Junta de Supervisión Fiscal es una imposición del gobierno que el pueblo no merece en tiempos de estrechez.
Afirmó que la potestad de decidir si se publica o no información sobre los gastos fiscales o tributarios no debe recaer en la discreción de un funcionario o de una administración gubernamental. Por el contrario, se debe aprobar legislación para que además de asegurar que anualmente se publique la información sobre los “gastos fiscales o tributarios”, también se establezca qué contenido debe incluirse en el referido informe. Así lo han hecho 49 estados y el Distrito de Columbia (DC).
Luego de evaluar las mejores prácticas y los mejores informes de gastos tributarios (Tax expenditures) que se publican en los EEUU, Espacios Abiertos recomienda utilizar como modelo el informe y la legislación del estado de Oregón, y a esos efectos se trabajó un anteproyecto de ley para consideración de la legislatura.
Las personas interesadas en conocer más información de cómo funcionan los gastos fiscales o tributarios (Tax Expenditures) pueden acceder el estudio que hizo Espacios Abiertos en: http://bit.ly/2muzEew
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