En 2019, por fin se publica el informe en Puerto Rico. Algo que ha sido público en EEUU desde 1974. Un paso muy importante que hay que reconocer. A un lado las batallas que ha dado EA en corte (actualmente en el Supremo) y la resistencia del gobierno de Ricardo Rosselló por hacer público el informe (lo que salió hasta en el Telegram chat). Reconocemos con la publicación del informe que la gobernadora Vázquez Garced parece estar cambiando la cultura de oscurantismo y opacidad gubernamental prevaleciente por décadas.
La publicación del documento es solo el principio, la mitad del camino. Hacer uso de esa información para asegurar un país próspero, más justo y equitativo es la otra parte. Ese es el reto que no podemos obviar. Le corresponde a los funcionarios públicos, funcionarios electos y a la sociedad civil estudiar y evaluar la información contenida en el informe y otra que todavía falta, como la de los municipios o el detalle de sumas agregadas que requieren un nivel mayor de granularidad. No para escandalizarse por cifras altas –que lo son cuando suman $20 mil millones anuales, lo que constituye el 20.4% de nuestro Producto Interno Bruto– (ver tabla comparando con otros países), sino para actuar, para ponderar las decisiones y la política pública del estado y efectuar -sin ambages ni contemplaciones- los ajustes que correspondan. Recordando que el rendimiento de los gastos fiscales y tributarios no puede únicamente medirse en términos de dólares y centavos, empleos etc. sino también en la función social que sirven.
Las concesiones tributarias, al igual que la emisión de deuda, son instrumentos que si los utilizamos bien pueden rendir un beneficio para toda la sociedad, pero no podemos continuar haciendo “cheques en blanco” como si la cuenta no tuviese fin.
Tampoco podemos ser objeto de un secuestro por la amenaza de que sin incentivos las compañías de afuera se irían o las del patio fracasarían. Y mucho menos volver a mantener esa información lejos del ojo público.
Esa información es pública y debe mantenerse así. Al final cada incentivo, cada exención, cada deducción nos cuesta, precisamente por eso se le conocen como “gastos” fiscales. Ese dinero no es del gobierno, sale del bolsillo de cada uno de nosotros y ahora también nos costará en recortes de servicios que nos impone la Junta con su austeridad. Austeridad que se traduce en menos inversión en educación, salud y seguridad, austeridad que impacta a la gente sin acceso y privilegios, austeridad que no se discute en la sala de la juez Swain mientras se firman acuerdos para satisfacer el bolsillo de bonistas que compraron a precio de venta a quemarropa los bonos de Puerto Rico y ahora hacen $u ago$to con lo$ ahorro$ perdidos de mucho$ boricua$.
La transparencia fiscal -a la que aspira EA para Puerto Rico- nos daría luz y participación a todos sobre qué se hace con nuestro dinero. El presupuesto, la reestructuración de la deuda, los fondos de recuperación… más allá del informe, todavía nos queda un buen camino por andar para la ciudadanía estar informada y participar de forma efectiva en cómo se usa nuestro dinero.
Una reflexión oportuna en ésta, la Semana Internacional del Derecho a Saber.
Ojo con lo que se hace con tu dinero. Saber es tu derecho y participar también lo es.
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