En la reforma contributiva hay dos asuntos que son medulares para más justicia y transparencia.

1.  La aprobación de un crédito por trabajo

Establecer un nuevo crédito por trabajo, como se propone en la Reforma Contributiva y en el Plan Fiscal certificado, es positivo. Así concluye el estudiopublicado por Espacios Abiertos. El crédito, que ha probado ser una herramienta para reducir la pobreza e incentivar la fuerza laboral, varía según los ingresos, cantidad de hijos y si la persona es casada o soltera. Cuando se habla de crédito por trabajo, estamos hablando de un alivio en forma de crédito contributivo o cheque de $50 a $2,000 anuales para personas de ingresos bajos y moderados.

En la propuesta de Reforma Contributiva hay destacadas mejoras respecto al crédito por trabajo que estuvo vigente hasta el 2013, pues entre otras cosas el nuevo crédito:

• amplía hasta $42,000 los ingresos máximos del beneficiario;
• incrementa el rango de beneficio máximo a $2,000 anuales;
• y aumenta el beneficio promedio por participante ($525.3 por año).

Igualmente, Espacios Abiertos, tomando la experiencia del EITC anterior hace seis recomendaciones para asegurar la sostenibilidad del nuevo programa.

2.  La publicación de un informe de incentivos, créditos y exenciones

En Espacios Abiertos proponemos que se recopile y haga público un registro oficial de todos los gastos fiscales, o sea, el dinero que – por concesión de ley, acuerdo o decreto – el gobierno estatal o municipal o las corporaciones u otras instrumentalidades públicas dejan de ingresar. Esto incluye exclusiones, exenciones, deducciones, créditos contributivos, tasas impositivas preferenciales y diferimientos contributivos, entre otros.

La publicación de este informe es algo que hace el gobierno federal desde la década de los ’70;  que por ley lo requieren 44 de los 50 estados; así como la mayoría de los países que forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Y que tan reciente como en el 2015 fuera adoptado en el GASB 77 por el “Governmental Accounting Standards Board” como estándar de contabilidad para todos los gobiernos y sus instrumentalidades.

En una situación de crisis (impago, recortes y austeridad) como la que actualmente vivimos en Puerto Rico, la creación y publicación del registro de gastos fiscales sería una herramienta para el gobierno poder evaluar la efectividad de las políticas públicas sobre créditos y exenciones, a la vez que daría a conocer a la ciudadanía la totalidad de gasto del gobierno y sus prioridades.

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#ReformaJusta