En los últimos meses, los medios del País se han desbordado con noticias sobre recortes presupuestarios a instituciones que proveen servicios legales gratuitos, despidos de abogados y abogadas, aumentos en aranceles, cierres de tribunales y la implantación de “estrategias de ahorro” que afectan la defensa de derechos. Los titulares y editoriales denuncian lo evidente: la crisis económica tiene un efecto real en el acceso a la justicia de quienes viven en el País.
Sin embargo, la crisis no afecta a todos y todas por igual. Las medidas de austeridad impactan de manera especial a personas y comunidades que no pueden costear representación legal o los gastos relacionados a los procesos judiciales. Jóvenes sin defensa en casos criminales, madres en riesgo de desahucio o ejecución de hipoteca, estudiantes de educación especial que no reciben los servicios a los que tienen derecho y personas de edad avanzada a quienes se les niegan servicios de salud dan testimonio de la urgencia del acceso a la justicia para defender derechos fundamentales. Un País más pobre, como el nuestro, es un País más vulnerable a sufrir violaciones de derechos civiles y humanos. Contar con los mecanismos necesarios para conocer, ejercer y reclamar garantías fundamentales –como el techo,la salud, la educación y la familia- es indispensable.
Por otro lado, quienes por años se han dedicado a proveer servicios legales gratuitos y accesibles al pueblo, exigen que el Gobierno y la Rama Judicial establezcan parámetros que permitan distribuir esta responsabilidad ética de manera equitativa. Sencillo: que quienes estamos llamados y llamadas a garantizar que toda persona pueda defender sus derechos, contribuyamos en atención a nuestras capacidades y con el apoyo de la Rama Judicial y el gobierno. Entre otras medidas, se requiere la implantación de mecanismos ágiles para el desembolso de fondos, la adopción de normas que regulen la asignación de oficio en casos civiles y la creación de incentivos para abogados y abogadas pro bonistas.
Atender la crisis de acceso a la justicia es una labor titánica. Requiere transformar el sistema para que responda a las realidades de un País con un alto nivel de desigualdad, limitado acceso a educación legal y poco apoyo institucional a la clase profesional que colabora con las poblaciones más desaventajadas para que éstas puedan defender sus derechos fundamentales.
Desde su fundación, Espacios Abiertos ha tratado el tema de acceso a la justicia como una prioridad. Nuestra agenda ha estado dirigida a diseñar estrategias para que más personas conozcan sus derechos y tengan los mecanismos para ejercerlos. Así, y en colaboración con diversas entidades y comunidades, desarrollamos proyectos como ayudalegalpr.org, el Taller Legal Abierto y la Ruta Pro Bono. Hoy, a raíz de los recientes acontecimientos relacionados al acceso a la justicia en tiempos de crisis, hacemos un llamado amplio para exigir y participar de esfuerzos concretos que coloquen el acceso a la justicia en un lugar prioritario en la agenda del País que queremos.
Escrito por: Lcda. Ariadna M. Godreau-Aubert, Coordinadora de Acceso a la Justicia