En ausencia de acción legislativa por parte del Congreso de los Estados Unidos, la asignación anual revertiría a sus niveles base, lo que representaría una reducción de cerca de un 90% en las aportaciones federales, o menos de $500 millones para el programa en el año fiscal federal 2028. El porcentaje federal de asistencia médica (FMAP, por sus siglas en inglés), a su vez, también se revertiría del 76% al 55%. Las figuras 1 y 2 muestran los posibles niveles de financiamiento federal a partir del año fiscal federal 2028 de no haber acción legislativa en contraste con años anteriores y otras jurisdicciones. 

Figura 1. FMAP estatutarios, años fiscales federales 

Figura 2. Tope anual de Medicaid para Puerto Rico, años fiscales federales 2019-2028, $ millones

¿Qué es Medicaid?

Medicaid es un programa federal destinado a proveer cuidado médico a ciertas poblaciones necesitadas. En Puerto Rico, los fondos de este programa financian el Plan Vital, el cual provee cubierta médica a una gran parte de la población (cerca del 40%), y tiene un impacto directo tanto en la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para los beneficiarios, así como en la economía de Puerto Rico.

¿Qué pasa con Medicaid en Puerto Rico?

Medicaid funciona diferente en Puerto Rico y en los estados. Para los estados, el gobierno federal contribuye al gasto del programa mediante un pareo de fondos federales y estatales. El nivel de aportación federal alcanza un porcentaje basado en el ingreso per cápita de cada estado, pero no limita la cantidad total de fondos asignados. Este porcentaje se conoce como el FMAP.

El programa en Puerto Rico tiene dos características diferentes: 1) el porcentaje de pareo federal es fijo y no se ajusta de acuerdo al ingreso per cápita y 2) el Congreso de Estados Unidos determina la cantidad total de fondos asignados a Puerto Rico de antemano mediante un tope anual. Esto resulta en que el nivel de aportación federal sea más bajo que el que corresponde mediante el porcentaje de pareo y mucho más bajo que el de los estados. Otros elementos del programa hacen que la versión de Medicaid en Puerto Rico sea limitada: se usa una línea de pobreza diferente a los estados, el Gobierno de Puerto Rico no puede proveer todos los servicios requeridos por Medicaid, y el gasto en el programa aumenta a un ritmo mayor en la Isla comparado con el ajuste al tope anual. 

¿Cómo ha funcionado en el pasado?

La incertidumbre sobre la cantidad de fondos federales asignados al programa Medicaid en Puerto Rico ha sido una constante. Históricamente, los fondos no han sido suficientes para cubrir la necesidad en Puerto Rico. Aunque en años recientes la Isla ha recibido una aportación federal mucho mayor, esta ha sido limitada a períodos de tiempo cortos sin garantías de que el nivel de aportación federal se mantenga al mismo nivel en años futuros, impidiendo que el Gobierno de Puerto Rico pueda diseñar un programa de Medicaid sostenible que atienda las necesidades de la población.

¿Qué está pasando ahora?

Nuevamente, el financiamiento federal para Medicaid en Puerto Rico tiene un futuro incierto. La cantidad de fondos federales en la actualidad es mucho mayor de lo que Puerto Rico ha recibido anteriormente, pero tiene fecha de vencimiento. A partir del año fiscal federal 2028, la cantidad asignada a la Isla pudiese caer en un 90%, poniendo en riesgo el programa Medicaid en Puerto Rico, las finanzas locales y el acceso a cuidado médico de un alto porcentaje de la población.

¿Cómo lo sabemos?

Hicimos un análisis de sensibilidad para evaluar el posible impacto de un cambio en las aportaciones federales a Medicaid. Un análisis de sensibilidad nos permite entender cuán sensible es una variable a los efectos de otra variable sobre la cual no tenemos control. Usamos este análisis para entender el posible efecto en el presupuesto de Puerto Rico de un cambio en el nivel de financiamiento federal, asumiendo que el nivel de gasto en Medicaid en la Isla se mantiene al alza en un nivel similar a años anteriores. 

El análisis modela tres escenarios principales: 

• Escenario 1: Precipicio fiscal con un FMAP de 55% y tope anual calculado a base del nivel del año fiscal federal 2019.
• Escenario 2: Extensión de los niveles de financiamiento actuales con un FMAP de 76% y tope anual calculado a base del nivel del año fiscal federal 2027.
• Escenario 3: Aumento similar a lo solicitado por el Gobierno de Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos, con un FMAP al máximo estatutario de 83% y asignación de $4,415 millones para el año fiscal federal 2028

¿Qué encontramos?

Nuestros resultados confirman que si el Congreso no adopta legislación que mantenga o expanda el nivel del financiamiento federal de Medicaid, sostener la cobertura actual tendría un impacto fiscal para Puerto Rico de unos $4,849 millones (Escenario 1). Esta cifra equivale al 35.4% del Fondo General para el año fiscal 2028 y contrasta dramáticamente con el estimado para el año fiscal actual de 11.7% del Fondo General. La figura 3 recoge los resultados de este análisis para todos los escenarios.

Figura 3. Estimados de la aportación federal y local por escenario, año fiscal federal 2028, $ millones 

Mientras, una continuación del nivel de financiamiento actual, ajustado por inflación, resultaría en un aumento moderado en el impacto fiscal en la Isla, alcanzando $1,396 millones o un 10.2% del Fondo General para el año fiscal 2028 (Escenario 2). Por último, un escenario donde la aportación federal representa el 83% del gasto estimado en Medicaid, manteniendo el nivel de cobertura y los servicios ofrecidos en la actualidad, resulta en un impacto equivalente a un 6.6% del Fondo General para el año fiscal 2028 (Escenario 3). 

Además, identificamos los siguientes hallazgos:

• Medicaid es el sostén del sistema de salud de Puerto Rico.
• Las limitaciones en el financiamiento han resultado en que el programa Medicaid en Puerto Rico esté incompleto relativo a los estados.
• El financiamiento de Medicaid en Puerto Rico está sujeto a disparidades significativas en comparación con los estados.
• El financiamiento ha dependido de extensiones temporeras en vez de una solución permanente, y ese patrón está a punto de repetirse.
• Ausente una solución permanente en paridad con los estados, la brecha de financiamiento seguirá creciendo sin importar cuánto se extienda el nivel actual.
• Sin acción legislativa federal, el Gobierno de Puerto Rico tendría que asumir hasta $4,849 millones en fondos locales.
• Una reducción en el financiamiento pondría en riesgo la cobertura médica de entre 700,000 a 1 millón de puertorriqueños, según reportes.

¿Qué puede implicar esto?

Una reducción en las aportaciones federales a Medicaid de una magnitud según anticipada si el Congreso de Estados Unidos no toma acción legislativa, tendría repercusiones catastróficas para Puerto Rico que impactarían a toda la población, particularmente a la más vulnerable que depende del programa para su cuidado médico. Ante un precipicio fiscal en Medicaid, el Gobierno de Puerto Rico tendría muy pocas opciones: reducir o eliminar gastos en otras áreas programáticas, como Educación, o ajustar la cobertura de Medicaid, incluyendo la eliminación de servicios. Cualquier decisión sería perjudicial para el pueblo puertorriqueño y tendría consecuencias fiscales drásticas a corto y largo plazo. 

¿Cómo se resolvería?

Cualquier solución a este posible precipicio fiscal que no sea permanente y atada a las realidades médicas y fiscales de Puerto Rico pone en riesgo la efectividad del programa, la estabilidad fiscal de la Isla, y, aún más importante, la salud de los beneficiarios. Nuestras recomendaciones de política pública para el Congreso de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico van dirigidas a atender esta situación:

Al Congreso de los Estados Unidos

1. Eliminar el tope anual y fijar el FMAP de Puerto Rico con la fórmula aplicable a los estados (83% sin tope).
2. De aprobarse una extensión temporal en su lugar, que incluya: un mínimo de cinco años, un tope indexado al gasto real de Medicaid en Puerto Rico, corrección del año base, y financiamiento para nuevas condiciones impuestas al programa.

Al Gobierno de Puerto Rico, ASES y el Departamento de Salud

1. Adoptar y publicar un plan de contingencia ante una posible reducción del financiamiento federal, incluyendo el efecto en los municipios.
2. Publicar de forma recurrente y centralizada la información financiera del programa, junto a indicadores de cobertura y calidad.
3. Estimar y publicar el costo de la paridad en financiamiento con los criterios de elegibilidad y cobertura de los estados.

Lee nuestro informe “El costo de la incertidumbre: Medicaid en Puerto Rico y las brechas en financiamiento federal” para más detalles.

La disparidad en la asignación de fondos federales para Puerto Rico se debe a una combinación de aspectos estructurales, y prioridades de política pública.  Si bien algunos sectores insisten en justificar el trato desigual por la cantidad limitada de contribuciones federales que pagamos, lo cierto es que Puerto Rico no es la única jurisdicción con una contribución neta per cápita negativa.

Al cubrir vistas congresionales o debates sobre Puerto Rico, es común que alguien afirme que Puerto Rico no paga impuestos federales y que el trato desigual hacia Puerto Rico se debe a ello. Esta  confusión  respecto a la situación contributiva de Puerto Rico es frecuente. Si bien , en términos generales, no pagamos impuestos sobre el ingreso al gobierno federal, es decir, la mayoría de los residentes de Puerto Rico no tienen que rendir planillas federales, según los cálculos del IRS, Puerto Rico pagó $5.541 millones en impuestos federales en el año fiscal (AF) federal 2025. 

Puerto Rico recibe en asignaciones federales más de lo que envía al gobierno federal, y esto, puede llevar a pensar que el trato desigual hacia el archipiélago se debe a que no aportamos suficiente al fisco federal.  Sin embargo, al revisar el cálculo de la contribución neta de otros estados y jurisdicciones de EE.UU., vemos que la explicación no es tan sencilla. 

La contribución neta se entiende como la diferencia entre lo que los estados aportan en contribuciones federales y lo que reciben en asignaciones federales y se normaliza en términos per cápita, como los fondos de asistencia nutricional o de infraestructura. Cuando una jurisdicción tiene una contribución neta positiva, significa que aporta más de lo que recibe. En cambio, la contribución per cápita neta negativa se produce cuando el gobierno federal asigna más fondos de los que ese estado o territorio aporta. 

Puerto Rico tiene una contribución per cápita neta negativa, pero no es la única jurisdicción con esta realidad. En el año fiscal (AF)  2025, un total de 29 jurisdicciones presentaron un déficit per cápita con el gobierno federal y 10 para de ellas fue más alto que el de Puerto Rico, estas son: North Dakota, Kentucky, Connecticut, Minnesota, Indiana, South Carolina, Alaska, New Mexico, Washington D. C. y Virginia. Todas estas jurisdicciones reciben paridad en programas federales, incluyendo los programas que son  discutidos a continuación.

A pesar de que  Puerto Rico, aporta miles de millones en fondos federales y no es la única jurisdicción con una contribución neta negativa, recibe un trato desigual en la asignación de fondos federales, particularmente en el área de la salud— tanto para Medicaid como para Medicare— y en el programa federal de asistencia nutricional (PAN).

 La asignación federal de fondos para Medicaid en Puerto Rico registró un aumento del 29% entre el AF 2023 y el AF 2024, según los datos más recientes. Sin embargo, este aumento está por debajo del aumento del 31% del que se beneficiaron los estados, en promedio. Más aún, el beneficio por persona de $3,573 que recibió Puerto Rico en el AF 2024 es mucho menor que el promedio de $12,958 por persona que recibieron los estados. En comparación con el AF 2023, la asignación promedio para Puerto Rico fue $2,259 menos que la de los estados en el año anterior: en el AF 2023 era $7,126 menos que la asignación promedio a nivel de EE.UU., mientras que el año siguiente fue $9,385 por debajo del promedio.

La creciente disparidad en la asignación de fondos de Medicaid en Puerto Rico es un problema vinculado a la estructura de asignación de fondos para los territorios. Mientras los estados reciben un porcentaje de fondos federales basado en su ingreso per cápita, Puerto Rico recibe un porcentaje fijo establecido por ley federal. Además, la asignación total para Puerto Rico tiene un tope que no existe para los estados.

La situación se repite con los fondos federales de Medicare. El aumento en Puerto Rico para el AF 2024 fue del 7%, mientras que en los estados fue del 13%. Igualmente, se incrementó la brecha entre Puerto Rico y los estados en la asignación por persona. En 2023, Puerto Rico estaba $4,141 por debajo del promedio. Los números del año siguiente muestran que Puerto Rico está $5,067 por debajo de la asignación promedio. 

Puerto Rico también recibe un 10% menos de asistencia nutricional. Al igual que en el ámbito de la salud, la desigualdad en el de la asistencia nutricional es estructural. Puerto Rico recibe una asignación en bloque como parte del Programa de Asistencia Nutricional (PAN o NAP, por sus siglas en inglés), con una asignación predeterminada cada año fiscal, mientras que los estados reciben asignaciones mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, por sus siglas en inglés), para el cual la cantidad de fondos federales no está limitada. El resultado es que Puerto Rico, nuevamente, está por debajo de la asignación  promedio de EE.UU. Puerto Rico figura incluso por debajo de la asignación a los territorios de Guam y las Islas Vírgenes. 

Tanto la gobernadora, Jenniffer González, como el comisionado residente, Pablo José Hernández abogan por la transición del PAN al SNAP ya que entienden que es una mejor estructura y estiman que esto implicaría más dinero para Puerto Rico. Ambos han argumentado que una de las desventajas principales del PAN es que es una asignación en bloque,  mientras que  el SNAP es una asignación basada en las necesidades poblacionales. Sin embargo, ambos funcionarios electos reconocen que una transición al SNAP no sería sencilla, ya que podría tardar hasta 10 años. Además, una transición a SNAP podría resultar en la pérdida de elegibilidad para algunos grupos, lo cual debería ser atendido por el Gobierno de Puerto Rico. De acuerdo con un estudio de viabilidad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una transición al SNAP podría elevar la asignación que recibe la isla hasta $4,500 millones. Esta decisión, no obstante, queda en manos del Congreso federal. 

Anteriormente, el Congreso había incluido lenguaje para evaluar cuánto costaría y qué medidas suplementarias tendrían que aprobarse para atender una transición del PAN al SNAP en Puerto Rico y los territorios. El jueves 6 de agosto, el Comité de Agricultura, Nutrición y Bosques del Senado Federal evaluó el Farm Bill, la medida que autoriza, entre otras cosas, los fondos del SNAP y PAN. Esta versión del Farm Bill  propuso  recortes a la aportación del gobierno federal, lo que aumentaría  la necesidad de aportaciones de los estados al programa SNAP y  eliminaría el lenguaje sobre la  transición de Puerto Rico del PAN al SNAP. La media no obtuvo los votos al no haber consenso en el tema de asistencia nutricional y se espera que el proyecto tenga otra votación en septiembre.

Aun considerando todo lo anterior,  las asignaciones de fondos de asistencia nutricional y de salud no reflejan las situaciones de mayor disparidad. Un caso particular es el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés): Puerto Rico no es elegible para recibir fondos de este programa federal, que está disponible para los estados. Esto resulta en una desventaja económica para la población con discapacidades y envejeciente de escasos recursos. Similarmente, Puerto Rico no es elegible para recibir fondos del programa federal Medicare Savings Programs, que  provee asistencia a personas con ingresos y recursos limitados para cubrir sus primas de las Partes A y B, deducibles, coaseguros y copagos. 

El crédito por trabajo (EITC) refleja otra manifestación de la disparidad en las asignaciones federales: es un programa con una asignación predefinida (en bloque), mientras que la versión para los estados no impone límites a la aportación federal. Puerto Rico es la jurisdicción que recibe la menor aportación federal en términos absolutos para este programa, mientras que es la que más aporta en términos relativos. En 2024, Puerto Rico contribuyó con un 45.3% del costo del crédito por trabajo, sólo por debajo de Carolina del Sur.  Espacios Abiertos ha reiterado los beneficios económicos de este programa como medida clave para la reducción de la pobreza, el incentivo al trabajo y la incorporación de más personas a la economía formal, lo que se traduce en un aumento de  la base tributaria de Puerto Rico. 

La disparidad en las asignaciones federales constituye  más bien un patrón que un conjunto de eventos aislados. Periódicamente, el gobierno de Puerto Rico y diversas organizaciones cívicas denuncian las insuficiencias de las ayudas destinadas a atender a las poblaciones vulnerables. En el caso de Puerto Rico, estas poblaciones representan un alto número de la población: 1.3 millones reciben Medicaid, casi 800 mil reciben Medicare, 1.2 millones reciben PAN y alrededor de 648,000 hogares recibieron el EITC en 2024. 

La realidad de las asignaciones federales para Puerto Rico es una combinación de estructuras, inclusión y prioridades. En el caso de los fondos de Medicaid, PAN y el EITC, un factor determinante es la estructura de estos programas federales en la isla. A diferencia de los estados, Puerto Rico no recibe una asignación abierta en función del número de usuarios que tiene, sino que recibe asignaciones en bloque para estos programas. Además, Puerto Rico queda excluido de participar en programas como el SSI y los Medicare Savings Programs. 

Más allá de estas realidades, Puerto Rico tiene un problema de percepción en las discusiones que se llevan a cabo en Washington, D. C. Dicha percepción, no está  basada en evidencia ni datos, pero nos trae consecuencias muy reales. A nivel individual, los beneficiarios sufren los vaivenes de posibles precipicios fiscales para los fondos de salud o las preocupaciones de que los fondos de asistencia nutricional no den para cubrir el mes. A nivel gubernamental, resolver  las disparidades en el trato y la asignación de fondos federales le daría al gobierno de Puerto Rico la certeza para trabajar en políticas públicas que ofrezcan oportunidades de  mejorar la calidad de vida de las y los puertorriqueñas y puertorriqueños.

Ahora que el gobierno de Puerto Rico culminó la elaboración del presupuesto AF2027 tras la certificación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), es importante dar una mirada profunda a ese proceso ahora que se están evaluando y diseñando medidas para mejorar cómo Puerto Rico organiza sus finanzas. 

Según la JSAF, el presupuesto para el año fiscal 2026-27 marcó, un cambio en cómo se habían estado elaborando los presupuestos de Puerto Rico por los pasados 10 años. Según indicaron los miembros de la JSAF durante la 51ra reunión pública de la Junta, pasamos de presupuestos preparados por la JSAF y presentados por el/la gobernador/a, a un presupuesto preparado por la gobernadora y evaluado por la JSAF. Es la primera vez que en una década que la mayoría del peso del proceso de elaboración de presupuesto de la isla volvió a recaer sobre el gobierno de Puerto Rico.

La Junta ha enfocado su mensaje público a la necesidad de mostrar que Puerto Rico va adquiriendo disciplina fiscal. Igualmente los legisladores hablan de no caer en los errores del pasado y los jefes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así como de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) hablan de cómo han implementado mejores prácticas para darle menos subjetividad a los procesos de preparar el presupuesto. 

En ese trabajo para lograr la disciplina fiscal, uno de los primeros aspectos a evaluar son las limitaciones en la estructura y en los procesos que afecta la comunicación entre las ramas, le resta transparencia a los procesos y dilata la recopilación de información. 

Para facilitar esa disciplina, que evitaría que regresemos a las crisis crediticias del pasado, hay que construir la infraestructura dentro de los sistemas del gobierno que separe partidas y de visibilidad a sus usos. Igualmente, la disciplina fiscal va más allá de no gastar más de lo que se recauda. La disciplina fiscal es darle una consistencia a los procesos que elimine la incertidumbre actual de cómo va a correr cada proceso de presupuesto. 

Recientemente, en las vistas de presupuesto celebradas el pasado 17 de marzo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, representante Eddie Charbonier, cuestionó por qué la legislatura no había sido incluída en el proceso de elaboración cuando para marzo del 2025 ya habían sido puestos al tanto de los procesos de OGP, AAFAF y el Departamento de Hacienda. 

Los funcionarios gubernamentales están bajo constante escrutinio, pero de camino a la década de la Ley Promesa, aumenta la presión de mostrar que estamos en curso a la salida de la junta. Esto incluye lograr el mejor desempeño en la preparación de presupuesto, pero también hacen falta medidas que establezcan formalmente los hitos y metas intermedias de cara a la presentación formal de presupuesto y los parámetros para la recopilación de la información de los gastos de las agencias.  Además, se debe acordar cuáles son los datos económicos e internos del gobierno que se utilizarán. Ciertamente, es importante tener clara la contabilidad de las agencias, pero se deben tener en cuenta los indicadores económicos y el gasto tributario, que es el dinero que el gobierno deja de recaudar por otorgar créditos, exenciones y otros incentivos fiscales. 

Mientras la JSAF esté en Puerto Rico, parte de su rol es abonar a la consistencia y claridad de los procesos de presupuesto. Una de las críticas que se le hizo a la JSAF en el pasado fue sobre la falta de criterios claros para que un presupuesto pudiera ser certificado como balanceado. La JSAF ha sido más proactiva al explicar en diferentes espacios cuáles son sus requisitos. El director ejecutivo de la JSAF, Robert Mujica explicó que un presupuesto balanceado no es simplemente un cuadre de caja que a base de efectivo o “cash balanced budget,” sino un presupuesto de devengo modificado o “modified accrual balanced budget,” porque un presupuesto de devengo reconoce todos los gastos que están atados a los recaudos. Por ejemplo, si este año se asignan unos fondos para  construir una carretera, aunque la carretera no se construya este año no podemos contar con esos fondos para cuadrar la caja. Mujica explicó que para definir qué es un presupuesto de devengo modificado utiliza principalmente los estándares de la General Accounting Standard Board (GASB) con algunas alteraciones para atender la realidad fiscal de Puerto Rico. 

Esta claridad  permite que los funcionarios de gobierno, legisladores y ciudadanos tengan una mejor idea de qué esperar del proceso de presupuesto. Sin embargo, todavía hay espacio para visibilizar la visión de la JSAF sobre los hitos y progreso hacía una disciplina fiscal. Por ejemplo, la JSAF puede publicar cuáles fueron las modificaciones a los estándares de la GASB que se acordaron. Esto facilitaría que  diversos sectores sociales puedan alinear sus propuestas fiscales con esos requisitos.

Otra iniciativa para la JSAF es proveer más claridad sobre las etapas del proceso de certificación. En la carta que la JSAF envió a la gobernadora Jenniffer González indicó que la razón por la que la gobernadora necesita entregar a la Junta el presupuesto firmado para la mañana del 29 de junio es “a fin de disponer de tiempo suficiente para revisar y certificar el mismo como un presupuesto desarrollado conjuntamente, de conformidad con la Sección 202(f) de Promesa, a más tardar el 30 de junio de 2026.” Esto se podría interpretar como que el presupuesto para el Año Fiscal 2027 recibirá una certificación final de estar en cumplimiento con la Ley Promesa. Sin embargo, luego de la 51ra reunión pública de la JSAF, Mujica explicó que en realidad la determinación final sobre si un presupuesto estuvo en complimiento con Promesa no se hace cuado se aprueba el presupuesto sino al final del año para confirmar que en efecto se siguió el presupuesto según fue aprobado y no se hicieron enmiendas a mitad de año que descuadrar la caja del gobierno. 

Una buena infraestructura fiscal permite a los gobiernos asignar acorde a sus agendas pero mantiene la consistencia en los procesos y le da claridad a los funcionarios, legisladores y ciudadanos sobre qué esperar y cómo adentrarse en el proceso. 

El gobierno de Puerto Rico está entrando en la recta final para aprobar el presupuesto del Año Fiscal 2027. La discusión ha girado en torno a la contabilidad interna sobre el gasto directo y lo que el gobierno recauda a través de los impuestos. Pero limitar el análisis de presupuesto a recaudos y gastos de las entidades es tener una discusión incompleta. 

Todos los gobiernos usan una combinación de impuestos e incentivos para canalizar parte de su política pública. El lado de los incentivos es lo que se conoce como gastos tributarios, que son créditos, exenciones, exclusiones, deducciones, diferimientos y tasas preferenciales. 

Actualmente parece haber una muralla en la que la discusión de presupuesto se limita a la contabilidad interna del gobierno, y al otro lado de la muralla están las discusiones sobre los créditos y demás incentivos pero específico al contexto de una posible reforma contributiva. 

La realidad es que tomar en cuenta cuánto dinero dejamos de recaudar y a cambio de qué obtenemos es un tema relevante para cuadrar la chequera. 

Ya el gobierno ha retomado la buena práctica de la publicación sistemática de estos incentivos a través de su Informe de Gastos Tributarios publicado por el Departamento de Hacienda. Esto es un paso que aumenta la transparencia de cómo el gobierno está usando los créditos, exenciones y otros incentivos. 

Pero según encontró Espacio Abiertos en su estudio Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: Fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico, que el gobierno aún carece de métodos y criterios para evaluar la efectividad de todos los componentes de gasto tributario.

El Informe del Gasto Tributario para el 2025 salió en diciembre, a destiempo para poder preparar el presupuesto del Año Fiscal 2026. Aún asi,  la información está suficientemente actualizada como para haberse considerado durante la discusión de presupuesto del 2027. 

Recientemente, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica explicó que la junta y el gobierno de Puerto Rico ya llegaron a acuerdos sobre cuáles serán los criterios que usará la JSF para evaluar si los presupuestos que entregue el gobierno podrán ser certificados como balanceados. Aunque, el detalle de los criterios no fue divulgado, el director ejecutivo de la JSF dejó claro  que son una modificación de los estándares presupuestos basados en devengos o accrual balance budgets. 

Esto quiere decir que la junta quiere que el gobierno tenga una visión más holística a la hora de elaborar el presupuesto. Presupuestos creados bajo los estándares de devengo deben tomar en cuenta gastos futuros que se pagará con dinero que se genera hoy, al igual que estudios de gastos de cuál es el impacto de las políticas fiscales. 

Aquí es que encaja el Informe de Gastos Tributarios que prepara el Departamento de Hacienda acompañado de un análisis de cuáles de estos incentivos está rindiendo frutos; para preparar presupuestos que midieron la sostenibilidad fiscal del gobierno. 

“El Governmental Accounting Standards Board (GASB) es la entidad encargada de establecer los principios y normas de contabilidad para gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, con el objetivo de asegurar la consistencia, transparencia y comparabilidad en la información financiera pública. Mediante sus estándares, el GASB promueve una divulgación más clara de ingresos, gastos y obligaciones fiscales, lo cual resulta clave para evaluar la sostenibilidad fiscal y la rendición de cuentas”, explica el informe preparado por Espacios Abiertos.

En la medida que ha ido aumentando el presupuesto de la isla, igual han ido aumentando el gasto tributario tanto en el gasto total así como en la cantidad de instrumentos activos. Tanto en el 2018 como en el 2025 las proyecciones de lo que el gobierno dejó de devengar y el presupuesto consolidado del gobierno estaban casi equiparados. 

El gasto tributario equivalía a $22.3 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno era de $23.2 millones. Mientras que para el 2025 la cifra sobrepasó los $30 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno fue de $33.3 mil millones. Además, aunque hay incentivos que se han eliminado, el número total de incentivos ha ido de 431 a 436 gastos tributarios. 

Este aumento no es necesariamente negativo y hay incentivos que hemos visto tienen resultados positivos. Por ejemplo, se  puede apreciar una correlación entre el crédito por trabajo y un aumento en la radicación de planillas al ser un crédito que incentiva a la gente al trabajo formal. 

Igualmente, el gobierno no tiene que analizar los 436 gastos tributarios a la vez. El gobierno puede priorizar los gastos más grande como los incentivos industriales, la exención para inversionistas individuales residentes y la exención de contribución sobre ingresos de individuos porque estos tres suman casi un tercio del costo fiscal estimado. 

Entre las nuevas medidas fiscales que se están implementando y la nueva dinámica entre la JSF y el gobierno sobre la elaboración de presupuestos, es momento para no seguir dejando el gasto tributario al margen de la discusión de presupuesto.

Durante los últimos años, el país ha avanzado en hacer visible este sistema mediante la publicación del Puerto Rico Tax Expenditure Report (PRTER). Sin embargo, visibilizar no es lo mismo que evaluar. Hoy sabemos cuánto cuestan algunos de estos beneficios, pero todavía no sabemos con claridad si funcionan, a quién benefician realmente o si representan el mejor uso posible de los recursos públicos.

Puerto Rico se encuentra en un momento clave. Mientras el debate presupuestario se centra en el gasto directo, los gastos tributarios continúan operando en paralelo, muchas veces sin el mismo nivel de escrutinio. Sin embargo, su magnitud es tal que no pueden seguir siendo tratados como un tema secundario. Integrarlos al análisis fiscal no es opcional; es necesario para entender cómo realmente se asignan los recursos en el país.

Espacios Abiertos presenta el informe Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico. 

A partir de un análisis de mejores prácticas a nivel internacional, el informe propone un marco metodológico para evaluar los gastos tributarios utilizando criterios de efectividad, eficiencia, equidad, costo- beneficio y retorno sobre la inversión pública. Además, destaca la necesidad de integrar estos instrumentos al proceso presupuestario, tratándolos como lo que son: decisiones fiscales que compiten directamente con el gasto público tradicional.

Entre sus principales recomendaciones, el informe plantea fortalecer la estimación de los gastos tributarios, integrarlos oportunamente al ciclo presupuestario, establecer objetivos claros e indicadores de desempeño desde su diseño, y crear mecanismos de revisión periódica. Asimismo, propone comenzar el proceso de evaluación con un grupo prioritario de gastos tributarios de alto impacto fiscal.

Más que un ejercicio técnico, este es un cambio de enfoque. Es reconocer que no basta con saber cuánto dejamos de recaudar; necesitamos saber qué estamos obteniendo a cambio.

Puede acceder al informe aquí.

Los municipios son la unidad de gobierno más cercana a la gente. Día a día atienden los servicios esenciales de la población: el recogido de basura, la recreación, la seguridad y la infraestructura básica en nuestras comunidades. Tras el paso del Huracán María en 2017 y durante la pandemia del COVID-19, los equipos municipales fueron la primera línea de defensa y protección. Sin embargo, entender cómo se administran los recursos públicos a nivel municipal sigue siendo un reto.

Desde Espacios Abiertos analizamos y publicamos los presupuestos municipales a través de nuestro Observatorio Fiscal. Acceder a los presupuestos municipales nos permite entender en qué se usa nuestro dinero, cuáles servicios reciben una mayor inversión y en qué estatus se encuentra la situación fiscal de nuestros municipios. 

Entonces, ¿Cómo se componen los presupuestos municipales? 

Los presupuestos en nuestros municipios, al igual que los presupuestos en nuestros hogares, se componen de los ingresos y gastos. En nuestros hogares los ingresos típicamente están compuestos de nuestros salarios, bonos o inversiones, en un municipio los ingresos están compuestos por dos categorías principales: los fondos recurrentes y fondos no recurrentes. 

Los fondos recurrentes son ingresos que el gobierno municipal recibe todos los años de forma estable y predecible. Son la base para planificar el presupuesto anual porque permiten sostener operaciones, nómina y los servicios esenciales. Algunos ejemplos de fondos recurrentes son: contribuciones a la propiedad, patentes municipales, recaudos del CRIM o asignaciones estatales establecidas por ley.

Por su parte, los fondos no recurrentes son ingresos temporeros, que no se reciben todos los años y que no están garantizados en el futuro. Algunos ejemplos de este tipo de ingresos son: los fondos federales asignados por las emergencias (FERPA, CARES, ARPA o CDBG), asignaciones especiales de la asamblea legislativa o proyectos de infraestructura que no son anuales. Estos fondos deben usarse para proyectos específicos o temporales o gastos que no se repetirán de año en año. No es saludable utilizar estos fondos para pagar deudas, cubrir déficits o mantener servicios esenciales. Estos gastos pueden desaparecer en cualquier momento y dejar desprovisto al municipio. 

Piénselo de esta manera, ¿utilizarías tu bono de navidad para cubrir un nuevo gasto fijo, como mudarte a un apartamento con una renta más cara o financiar la mensualidad de un carro que no puedes pagar con tu salario regular? Probablemente no, porque sabes que el bono no volverá el mes siguiente. Si usas ese ingreso temporero para cubrir un gasto permanente, el próximo mes te vas a quedar corto y tendrás problemas para pagar tus obligaciones. Con los municipios pasa exactamente igual, los fondos recurrentes son el “salario” del municipio y permiten mantener operaciones de manera estable. Mientras que los fondos no recurrentes son como un bono, útiles para proyectos específicos, reparaciones, mejoras o compras necesarias, pero no sirven para pagar gastos fijos todos los meses.

Si un municipio usa fondos no recurrentes para cubrir nómina o servicios esenciales está creando un “hueco” que tendrá que enfrentar en el próximo presupuesto, cuando ese presupuesto ya no esté disponible. 

¿Qué está pasando con los municipios en Puerto Rico? 

En 2024 se eliminó el fondo de equiparación municipal, un dinero destinado a equilibrar las finanzas municipales entre municipios con diversas capacidades de recaudo. El fondo de equiparación municipal se constituyó en una de las fuentes de ingresos recurrentes más significativas que tenían los municipios. 

Tras la eliminación del fondo de equiparación, los municipios han optado por utilizar fondos no recurrentes para continuar su operación. Municipios como Vieques, Maunabo, Maricao, Morovis, Utuado, Gurabo, Jayuya, Barranquitas, Culebra y Adjuntas aumentaron entre 40.39% (Adjuntas) y 45.57% (Vieques) la partida de fondos no recurrentes en un periodo de 10 años (2016-2026). 

En 36 municipios, esta partida de fondos no recurrentes representa en 2026 sobre el 50% del presupuesto municipal. Un ejemplo es el municipio de Vieques, donde la partida de fondos no recurrentes aumentó particularmente debido a que los arbitrios de construcción representan en 2026 casi una tercera parte (27.2%, equivalente a $4 millones cuando en 2016 la misma partida representaba 1.8% o $250 mil) de los ingresos totales de esta partida.

Preparado por José Zavala González y Nitza Agosto

Se debe evitar poner parches a los presupuestos municipales con fondos no recurrentes por ejemplo, de asignaciones federales para la recuperación que son limitados y con fecha de expiración. La sustitución del fondo de equiparación por fondos no recurrentes, o la posible eliminación del impuesto al inventario o cualquier otra propuesta, sin el análisis adecuado, es el equivalente a echar gravilla a los hoyos en las carreteras: funciona por un tiempo, pero tarde o temprano el problema regresará. 

Debemos apostar por un trabajo juicioso que asegure el bienestar económico de Puerto Rico, pero sobre todo, que sea a favor y no a costa de todos y todas los puertorriqueños. Los presupuestos municipales son  un reflejo de las prioridades y capacidades de cada municipio. Entenderlos permite tomar mejores decisiones para promover un desarrollo más justo en todo Puerto Rico. 

En Espacios Abiertos continuamos investigando, analizando y desarrollando herramientas para que la ciudadanía pueda acceder a información fiscal clara, confiable y útil. 

No es ajeno para ninguna de las puertorriqueñas y puertorriqueños que vivimos en la isla que el costo de vida ha aumentado. Muchas, porque la mayoría somos puertorriqueñas, tenemos que hacer de tripas corazones para poder llegar a fin de mes. Si bien no conocemos la terminología correcta, aquí todas somos expertas en finanzas familiares. Cada vez que una persona llena su planilla, paga a IVU o ve cambios en su cheque por concepto de retenciones, interactúa con el sistema contributivo. Este año, se propuso formalmente, por primera vez desde 2011, una reforma al sistema tributario puertorriqueño. El gobierno reconoce que las cosas han cambiado y abre la puerta a que podamos reestructurar el sistema contributivo en el archipiélago. 

Cuando escuchamos el término reforma contributiva, nuestra mente lo relaciona rápidamente con temas técnicos y complejos. Otras veces, nos parece algo muy distante y ajeno a las decisiones que tomamos día a día. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados. Todos los días interactuamos con el sistema tributario aunque no siempre lo notamos. Por eso, entender qué es una reforma contributiva no es solo un ejercicio académico: es comprender cómo el Estado organiza sus recursos y cómo se distribuye la carga fiscal entre la población. 

Un sistema contributivo es el conjunto de normas, principios, procedimientos e instituciones que regulan la recaudación de ingresos tributarios en una jurisdicción. Sin embargo, no se trata únicamente de un mecanismo administrativo para recaudar fondos. Es, ante todo, una herramienta de política pública que influye directamente en la equidad social, la actividad económica y el bienestar colectivo. A través del diseño de sus impuestos, un gobierno decide qué conductas económicas se incentivan, cuáles se desincentivan y cómo se distribuye el peso de financiar los servicios públicos. 

En términos más sencillos, un buen sistema contributivo debería cumplir con tres cosas básicas: funcionar bien, ser justo y pedir proporcionalmente más a quien más tiene. Que funcione bien significa que el gobierno  recauda el dinero que necesita sin hacer el proceso complicado, costoso o lleno de papeleo innecesario, y sin afectar demasiado las decisiones de trabajo, ahorro o inversión de las personas. Que sea justo implica que las personas en situaciones similares paguen cantidades similares y que quienes ganan más dinero aporten más que quienes apenas cubren sus necesidades básicas. Y la progresividad, dicho de forma simple, significa que a medida que aumenta el ingreso, también aumenta la proporción que se aporta, para que la carga no recaiga desproporcionadamente sobre las familias de clase media, trabajadoras o de menores recursos. 

Una reforma contributiva es un cambio grande y estructurado en la manera en que funciona el sistema de impuestos. Puede implicar subir o bajar las tasas, cambiar el nivel de ingreso desde el cual empiezas a pagar, eliminar o crear deducciones y exenciones, o modificar cómo se administran y se cobran las contribuciones. Pero no cualquier ajuste cuenta como una reforma. Si solo se cambia un detalle pequeño, eso no necesariamente transforma el sistema. Para hablar realmente de una reforma contributiva, los cambios tienen que ser lo suficientemente amplios como para alterar quién paga más o menos, cuánto recauda el gobierno o cómo está organizado el sistema en general.

Las reformas contributivas tienen un significado social profundo. El sistema tributario es una expresión concreta del contrato social entre el gobierno y la ciudadanía. A través de él se financian servicios esenciales como la educación, la salud, la infraestructura y los programas sociales. Por ello, cuando se discute una reforma contributiva, no se trata únicamente de tasas o deducciones, sino de decisiones sobre equidad, desarrollo económico y bienestar colectivo.

Una reforma contributiva bien diseñada puede aliviar la carga sobre las familias trabajadoras, mejorar la eficiencia del sistema y fortalecer la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Sin embargo, si se implementa sin un análisis riguroso ni transparencia, puede profundizar las desigualdades ya existentes o generar inestabilidad fiscal futura. 

El rediseño del sistema contributivo no es un asunto lejano ni exclusivo de expertos; es una conversación que nos pertenece a todas y todos. Las decisiones que se tomen hoy definirán cómo se distribuye la carga fiscal, qué sectores reciben alivio y cómo se financiarán los servicios públicos en los próximos años en Puerto Rico. Por eso, este es el momento de informarnos, participar en los espacios de discusión pública, exigir transparencia y evaluar las propuestas con una mirada crítica y basada en evidencia. Si queremos un sistema contributivo que responda a las realidades de las familias trabajadoras, que promueva equidad y que fortalezca nuestro desarrollo económico, tenemos que involucrarnos activamente en su diseño. El sistema que se apruebe no solo determinará cuánto pagamos, sino también qué tipo de país estamos construyendo.

Después de más de 15 años sin cambios importantes en las tasas de contribución sobre ingresos, Puerto Rico volvió a discutir en 2026 una reforma contributiva. La propuesta presentada buscaba algo que, en principio, suena simple: reducir la carga contributiva para muchas personas, particularmente para la clase trabajadora y la clase media.

Pero como ocurre con casi todo en política pública, lo que parece sencillo en la superficie esconde preguntas más profundas.

¿Qué buscaba la propuesta?

La reforma proponía aumentar el ingreso exento, reducir algunas tasas intermedias y elevar el nivel desde el cual comienza la tasa más alta. En términos prácticos, eso significa que una persona con ingresos bajos o moderados pagaría menos contribuciones que bajo el sistema actual.

Para muchas familias, esa reducción no es un detalle menor. Puede representar dinero adicional para cubrir alimentos, renta, gasolina, cuido o servicios básicos. En un contexto de inflación y de alto costo de vida, cualquier alivio se siente. Por eso, la propuesta generó apoyo. Esta reconocía que el sistema no había sido revisado en más de una década y que la realidad económica del país ha cambiado.

Sin embargo, toda reducción contributiva plantea una pregunta inevitable: si el gobierno recauda menos, ¿cómo se compensan esos fondos?

Los recursos que el Estado deja de recibir no desaparecen sin consecuencias. Son los mismos fondos que sostienen escuelas, hospitales, servicios municipales, seguridad pública y programas sociales. Por eso, una reforma contributiva no puede analizarse únicamente desde el alivio inmediato; también debe examinarse desde la perspectiva de la sostenibilidad.

En este caso, la Junta de Supervisión Fiscal determinó que la reforma, en su versión permanente, no cumplía con los requisitos fiscales establecidos por PROMESA. Ante ese escenario, se aprobó una medida transitoria: el llamado “Cheque de Alivio Contributivo”, que provee un alivio puntual mientras continúa el debate más amplio.

Esto dejó claro que el debate no terminó; apenas comenzó.

La discusión sobre la reforma contributiva de 2026 va más allá de tasas y tablas. Nos obliga a revisar el sistema completo.

Puerto Rico enfrenta altos niveles de desigualdad y pobreza. Nuestro sistema contributivo no se compone únicamente de contribuciones sobre ingresos. Este sistema también incluye el IVU, que impacta más a quienes ganan menos, y un amplio régimen de incentivos fiscales. Todo esto forma parte del mismo engranaje.

Por eso, cualquier cambio en una pieza del sistema tiene efectos en el resto.

Cuando hablamos de reforma contributiva, en realidad estamos hablando de prioridades: ¿quién debe aportar más?, ¿cómo se distribuye la carga?, ¿qué actividades económicas queremos incentivar? y ¿cómo aseguramos que el sistema sea justo y sostenible?

La propuesta de 2026 abre una conversación necesaria. Durante años, el sistema contributivo ha permanecido prácticamente intacto en su estructura de tasas. Mientras tanto, la economía, la demografía y las necesidades del país han cambiado significativamente.

Revisar el sistema no es irresponsable; es necesario. Pero hacerlo bien requiere una mirada amplia y equilibrada.

Reducir la carga sobre la clase trabajadora es una meta válida. Modernizar el sistema también lo es. Sin embargo, esas metas deben ir acompañadas de un plan claro que garantice estabilidad fiscal y continuidad en los servicios esenciales.

El verdadero reto no es simplemente bajar las tasas. Es diseñar un sistema contributivo que funcione mejor para el país en su conjunto: más equitativo, más transparente y más alineado con la realidad económica de Puerto Rico que ayude al crecimiento económico.

¿Qué nos toca hacer?

El debate de 2026 nos deja una lección importante: las reformas contributivas no pueden verse como medidas aisladas ni como soluciones rápidas. Son decisiones estructurales que impactan en el presente y el futuro.

Puerto Rico necesita una conversación madura y basada en datos sobre cómo financiar el país de manera justa y sostenible. La reforma contributiva forma parte de esa conversación, pero no la agota.

Desde Espacios Abiertos entendemos que esta discusión es una oportunidad. Una oportunidad para repensar cómo se distribuye la carga fiscal, cómo se fortalecen las finanzas públicas y cómo se construye un sistema que apoye el desarrollo económico sin comprometer la estabilidad.

La pregunta no es solo cuánto pagamos. La pregunta es qué tipo de sistema queremos construir y cómo podemos sostenerlo. 

El objetivo del informe no es únicamente analizar una propuesta específica. Es proveer un marco claro para entender cómo ha evolucionado el sistema contributivo, cuáles son sus tensiones estructurales y qué elementos deben considerarse para construir una reforma sostenible y justa.

Más allá del debate inmediato, el informe propone avanzar hacia una evaluación integral del sistema contributivo que incluya:

• La revisión de los gastos fiscales.
• El análisis del balance entre impuestos directos e indirectos.
• La infraestructura de datos necesaria para evaluar impactos distributivos.
• La preparación institucional para una eventual etapa pos Junta.

La reforma contributiva es más que un ajuste técnico. Es una oportunidad para modernizar el sistema fiscal, promover mayor equidad y fortalecer la estabilidad económica del país.

Desde Espacios Abiertos, continuamos aportando análisis basados en evidencia para que las decisiones fiscales se tomen con transparencia, responsabilidad y visión de futuro.

Puede descargar este informe en formato PDF a través de este enlace.

En octubre de 2025 la Junta de Supervisón Fiscal notificó al Departamento de Hacienda de Puerto Rico que rechazaba el ajuste por inflación al Crédito por Trabajo para este año contributivo. La Junta argumenta que este ajuste de $72 millones adicionales es contrario al plan fiscal certificado por no estar incluído en el presupuesto corriente.

Aunque pueda parecer un asunto técnico o presupuestario, el resultado es claro: negar el ajuste por inflación no es neutral. Mantener el crédito nominal fijo mientras aumenta el costo de vida implica una pérdida real de poder adquisitivo. En otras palabras, congelar el crédito es recortarlo.

Entonces, ¿Qué está en juego?

En el recién publicado informe, La denegación del ajuste por inflación del crédito por trabajo en Puerto Rico y sus efectos en la pobreza, Espacios Abiertos documenta que:

• En 2024, el valor promedio del crédito aumentó a $1,974, un incremento de 5.4% respecto a 2023.
• Tomando como referencia la mediana de ingresos por hogar en Puerto Rico ($25,096), el crédito promedio representa un 9% del ingreso anual del hogar, una proporción considerable para familias de bajos ingresos.
• Además, el número de hogares que reclamaron el crédito aumentó a 734,619, casi 6 de cada 10 hogares que radicaron planillas el ciclo contributivo anterior.

Ese alcance explica por qué cualquier reducción, aunque sea “indirecta”,  tiene efectos medibles sobre la pobreza en la isla.

El Crédito por Trabajo reduce la pobreza

Puerto Rico enfrenta una realidad persistente de desigualdad. La tasa de pobreza se mantiene históricamente alta y, según los últimos datos disponibles, alcanza 41.6%.

Esto significa que las políticas públicas que apoyan el trabajo y elevan los ingresos disponibles no son opcionales: son esenciales. Por eso, en este informe, Espacios Abiertos analiza una pregunta central: ¿cuántas personas logran salir de la pobreza gracias al Crédito por Trabajo y cuántas dejarán de hacerlo si se reduce su valor real por inflación? A partir de datos administrativos del Departamento de Hacienda, el informe estima que 136,990 personas cruzaron el umbral de pobreza federal gracias al Crédito por Trabajo.

Esto confirma un punto clave, el crédito no solo ayuda a “aliviar” el presupuesto familiar, sino que cambia materialmente la condición económica de decenas de miles de personas.

El análisis muestra que aumentar o recortar la inversión cambia directamente cuántas personas logran superar el umbral. Por ejemplo:

• Con una inversión adicional de $400 millones, el número de personas que superarían el umbral subiría a 176,043.
• Con un recorte de $400 millones, esa cifra bajaría a 92,021.

El no ajustar por inflación entonces, podría representar que 7,475 personas adicionales permanezcan por debajo del umbral de pobreza federal debido a la decisión de la Junta de Control Fiscal.

En términos prácticos, 7,475 vidas no son un “margen”, son miles de hogares que pierden capacidad real para cubrir necesidades básicas.

¿Por qué debemos fortalecer el Crédito por Trabajo?

En los pasados años, el Crédito por Trabajo (EITC) se ha convertido en la piedra angular de las campañas de radicación de planillas en Puerto Rico, al representar uno de los beneficios más importantes para las familias trabajadoras de ingresos bajos y moderados. Desde su expansión en 2021, el crédito no solo ha incentivado la radicación de planillas, sino que también ha servido como un mecanismo directo para fortalecer el ingreso disponible en los hogares, particularmente en un contexto de alto costo de vida y niveles persistentes de pobreza.

La decisión de negar el ajuste por inflación del Crédito por Trabajo no es un detalle técnico o un simple ajuste en caja, es un cambio con efectos medibles en la vida de miles de personas. En un país donde la pobreza sigue siendo una emergencia estructural, reducir una de las herramientas más efectivas para combatirla es una decisión regresiva.

Desde Espacios Abiertos reiteramos que la política fiscal debe responder a la evidencia y al bienestar de la población. Ajustar por inflación no es un lujo, es proteger el valor real de un beneficio que sostiene a quienes trabajan y aún así viven al borde de la pobreza.

Accede al informe (versión en español)

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