El contenido de la reforma empezó a filtrarse a plazos, generando gran cantidad de especulaciones y aprensiones. Parece que el plan de comunicación pública ha sido trazado por publicistas de cierta orientación que aconsejan que se vaya transmitiendo la información a cuentagotas mediante un proceso controlado centralmente. Esta estrategia es indeseable desde el punto de vista de una democracia realmente participativa.

Ante la negativa del gobierno de dar a conocer el informe de la empresa KPMG que sirvió de base para la propuesta sometida a la legislatura, la Asociación de Periodistas y un medio digital tuvieron que acudir a los tribunales para que pudiéramos tener acceso al informe en cuestión. La acción culminó en una decisión judicial que, si bien constituyó un logro para los peticionarios, se quedó corta cuando el tribunal decidió sin fundamento jurídico sostenible escudar del escrutinio público cierta información que estimó impertinente.

La información omitida tiene mucho que ver con la efectividad de la reforma contemplada. La determinación judicial, además, desconoce el hecho de que los ciudadanos no tienen que probar interés especial alguno en la información que se solicita si se estima que tiene carácter público. Basta con que el documento sea público para que tenga que hacerse accesible, a menos que esté cobijado por una de las excepciones aceptadas, lo que no era el caso, según la propia decisión del tribunal.

Otro aspecto relacionado con la transparencia tiene que ver con los alivios prometidos para atenuar la regresividad del Impuesto de Valor Añadido, que, por su naturaleza, grava más a los que menos ingresos tienen, pues todos, sin importar nuestra capacidad económica, tenemos que pagar la misma tasa contributiva sobre el consumo. Se había anunciado que la propuesta incluiría algunos parámetros específicos para estos alivios, como que las personas que tuvieran ingresos menores de $20,000 recibirían reembolsos montantes al cien por ciento de las cantidades pagadas por el impuesto.

Pero el proyecto presentado en la legislatura no contiene ni cantidades ni criterios precisos sobre esos reembolsos. Se deja todo a la discreción del Secretario de Hacienda, quien, noventa días después de entrar en vigor la ley, deberá decidir quiénes serán elegibles, en qué circunstancias y en qué medida. El proyecto de ley incluye unos criterios generales que el Secretario deberá tomar en cuenta. Pero esos criterios no le dicen mucho a los contribuyentes.

Francamente, el proyecto presentado no debe aprobarse bajo esas condiciones. Llegar a la conclusión de si la reforma es justa o no solo puede hacerse si se tiene información más concreta sobre la relación entre la tasa del IVA y el monto de los alivios que aminoren su evidente regresividad.

Otra pieza de información crucial es la que nos permita determinar los efectos de toda la reforma en los diversos grupos socio-económicos. En su informe la firma KPMG indica que diseñó un modelo que permite hacer ese cálculo. No se ha hecho público. Debido a que el proyecto presentado no se ajusta exactamente a lo recomendado por KPMG, ese documento, por complejo y técnico que sea, debe ser accesible para que puedan examinarlo economistas y otros expertos del medio universitario o que asesoren a entidades no gubernamentales. Podremos así llegar a evaluaciones independientes sobre este particular.

La transparencia en el contexto de la reforma contributiva tiene muchas más aristas. Deben atenderse con el fin de que se transmita al público la mayor información posible. Solo así podremos afirmar, cualquiera que sea el desenlace, que se ha llevado a cabo un proceso verdaderamente democrático.

El autor es asesor general de Espacios Abiertos. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 17 de febrero de 2015.

Foto: Nick Kenrick

Debe recordarse que la comunidad internacional ha proclamado que todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Son indivisibles. Por ejemplo, la pobreza menoscaba el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado. Hace más difícil el acceso a la justicia y a los bienes culturales. Las poblaciones más pobres están más expuestas a los atropellos de sus derechos civiles. Su derecho a la participación política se distorsiona continuamente con las manipulaciones clientelistas de políticos y funcionarios. Por otro lado, la superación de la pobreza exige que se garanticen los derechos a la educación y al trabajo.

La pobreza también recrudece otras condiciones de vulnerabilidad, como las ocasionadas por la enfermedad, las limitaciones funcionales y las subordinaciones basadas en el género, la raza y la extranjería.

Reducir la pobreza constituye, pues, un aporte a la creación de condiciones conducentes al mayor disfrute de los derechos a los que todos tenemos derecho.

El sistema tributario puede servir como mecanismo de redistribución de la riqueza para favorecer a los menos favorecidos económicamente. Puede hacer del desarrollo económico y social una realidad de beneficio para toda la población y proveer las bases materiales que hagan posible una vida digna para todos. Pero puede producir también mayor desigualdad y discrimen.

Teniendo todo eso a la vista, una reforma contributiva informada por los principios de los derechos humanos debería cumplir, al menos, con los siguientes objetivos.

Primero, la reforma debe eliminar o aminorar los efectos de la regresividad, es decir, evitar que el esquema contributivo tenga efectos discriminatorios contra las personas de menos ingresos. Esos efectos discriminatorios son caldo de cultivo para el incremento de la desigualdad y, por tanto, de la violación generalizada de los derechos humanos.

Una forma de estimular el trabajo y, de paso, disminuir el efecto regresivo de todo impuesto por consume, sería adoptar alguna de las modalidades del crédito por trabajo que en otros lugares han tenido efectos comprobados de reducción de la pobreza. El crédito consiste en devolver a los trabajadores más pobres una cantidad en efectivo como suplemento a sus ingresos. En Puerto Rico ese tipo de crédito fue eliminado recientemente. Debe restaurarse y ampliarse en su cubierta y alcance.

Segundo, el sistema que se adopte debe ampliar la base contributiva para que el estado pueda allegarse los recursos que permitan propiciar la creación de empleos, el estímulo de la economía mediante la inversión pública, la incorporación del mayor número de personas a la fuerza laboral, la prestación universal y equitativa de servicios de salud, educación y transporte público, la democratización del goce de los productos culturales y el sostenimiento de las instituciones necesarias para hacer efectivo el acceso a la justicia. Reducir al máximo la evasión contributiva, sobre todo de los que más tienen, puede ser una exigencia de los derechos humanos y la equidad, dependiendo, por supuesto, de cómo se implante ese objetivo.

Tercero, la reforma debe realizarse mediante un proceso transparente. Se debe permitir el acceso libre a la información relacionada con el plan propuesto, la participación efectiva de toda persona o grupo interesado en el asunto y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios encargados de diseñar, aprobar e implantar la reforma. La ley y los reglamentos que se aprueben deben incorporar mecanismos de fiscalización por parte de la ciudadanía.

Esto sería solo el comienzo. Luego tendrá que venir el cumplimiento.

El autor es Catedrático de Derecho. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 18 de noviembre de 2014.

Photo: Scott*