Los asesinatos de Alton Sterling y Philander Castile la semana pasada, dos hombres negros inocentes muertos a manos de policías en Luisiana y Minnesota, han desatado no solo la ira y el dolor sino también el igualmente espantoso asesinato de cuatro agentes de la Policía durante una manifestación en Dallas.

Estas escenas no son nuevas en Estados Unidos. Por el contrario, probablemente ya sean emblemáticas de las grietas más profundas de esa sociedad. Sin embargo, nos consternan como consternaron a nuestros ancestros en su momento antes y durante la guerra civil del siglo XIX. Como también consternaron a nuestros padres y madres en el siglo XX durante el movimiento negro de derechos civiles. Y tal vez nos consternan aún más ahora porque nos damos cuenta de que ni la esclavitud ni el discrimen racial se han erradicado a pesar de aquellas luchas tremendas. Nos consterna aún más porque tenemos una concepción progresiva de la historia. Porque partimos de la premisa de que las cosas solo pueden evolucionar con el tiempo. Y en momentos como este, tanto el río de la historia como el presente, insólito, implacable, nos explota en la cara. El año pasado, la Policía mató al menos a 1,152 personas en Estados Unidos, según www.mappingpoliceviolence.org. De éstas, 306 fueron personas negras y 195 hispanos o latinos, según el proyecto The Counted del periódico británico The Guardian. De las personas negras asesinadas, 102 estaban desarmadas. Solo en 10 de esos casos se radicaron cargos criminales contra los agentes y únicamente en 2 los policías fueron convictos de delito. El 37% de las personas desarmadas que fueron asesinadas por policías fueron negras, a pesar de que solo el 13% de la población de EEUU es afroamericana.

En Puerto Rico, según datos de la Policía, en 2015 murieron 12 personas (6 de la ciudadanía y 6 policías incluyendo uno por suicidio) debido al uso de fuerza de la Policía. La documentación de la Policía -práctica que inició en 2014 como requerimiento de la reforma de la Policía- aún es ambigua, limitada y poco confiable. La Policía no identifica la raza o nacionalidad de esas víctimas.

Es una gran tragedia que por un país no ser capaz de abordar el racismo estructural y la violencia sistémica del Estado, terminen mutuamente victimizados (aunque nunca de forma equitativa) trabajadores, policías obreros, familias de clase media y pobre cuyas luchas reivindicativas bien podrían ser las mismas. ¿Por qué siempre son los pobres y los trabajadores los que pagan con su cuerpo, con su seguridad, con su vida, el racismo, las desigualdades, la violencia de toda una sociedad?

Toda violencia de Estado tiene que reformarse profundamente para crear sociedades verdaderamente seguras, equitativas y democráticas.

Somos varias las organizaciones en Puerto Rico que insistimos en incidir en una reforma integral de la Policía porque creemos que hay una brecha muy grande y contraproducente entre cómo la Policía concibe su rol y las necesidades y derechos de nuestras comunidades. Esa brecha hay que reducirla. Hay que acercar a la Policía a su verdadera razón de ser, que es garantizar nuestra seguridad, proteger nuestros derechos y rendirle cuentas a la ciudadanía sobre su trabajo, el uso de su fuerza y autoridad. Y cuando hablamos de nuestros derechos hablamos antes que todo del derecho a la vida. Si nuestras sociedades no promueven y protegen el valor supremo de la vida, ¿para qué entonces invertir en y someternos a un Estado? ¿Para qué entonces nos organizamos como sociedad y asumimos responsabilidades si no es para que se nos garanticen los derechos?

Además del supremo derecho a la vida, también hablamos del derecho a la seguridad, a no ser discriminados por nuestra raza, nacionalidad, por el lugar donde vivimos, por nuestra situación económica, de clase o identidad de género. Hablamos del derecho a poder expresarnos y asociarnos libremente, a ser críticos del estado en que vivimos.

Hablar de la Policía no es solo hablar de armas, patrullas y radios. Es también hablar del tremendo poder que tiene el Estado sobre cada uno de nosotros y cómo podemos regular e incluso compartir ese poder con la ciudadanía, que en última instancia es la soberana.

Hablar de la Policía es hablar de las formas en que el racismo, el clasismo, el sexismo y el autoritarismo se incrustan en nuestra vida colectiva desde las mismas instituciones que se supone nos protejan. Si queremos crear verdaderas democracias, tenemos que empezar a regular y fiscalizar el poder en todas sus manifestaciones.

Reformar a la Policía es también comenzar a hacer justicia para todos aquellos a quienes el exceso de fuerza y de autoridad les tronchó trabajos, planes, familias, vidas. Y para todos aquellos policías que entraron a la Uniformada movidos por un verdadero compromiso social. Para aquellos y aquellas que trabajaron y trabajan con un gran sentido de responsabilidad y cuya dignidad se ve empañada por un problema sistémico y estructural que es mucho mayor que ellos y que tenemos el deber de erradicar.

Otras Policías tienen que ser posible.

Mari Mari Narváez, gerente de proyectos en Espacios Abiertos, habla extensamente en Puerto Crítico sobre el trabajo que realizamos para exigir rendición de cuentas y transparencia en la Policía de PR.

Miles de personas repudiaron el acto que a todas luces era completamente injustificado. Lamentablemente, más que otra “manzana podrida” de la Policía de Puerto Rico, sabemos que el abuso de la policía constituye un problema sistémico, estructural, en el que las violaciones de derechos a las comunidades más vulnerables se incentivaron durante años en ese Departamento y nunca se establecieron mecanismos efectivos y confiables de rendición de cuentas para evitar la brutalidad policiaca. Ese problema sistémico es la razón primordial por la cual la Policía de Puerto Rico se encuentra bajo una reforma federal.

El incidente de la semana pasada nos frustra, no solo por la actitud reprochable del oficial sino porque ya han pasado más de cinco meses desde que la Policía se retiró de la mesa de colaboración que durante medio año mantuvo con el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO).

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Mucho. GRUCORPO es una coalición de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechamos la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas debemos aportar a una transformación de ese cuerpo hacia uno profesional, comunitario y solidario en lugar de abusivo, represivo e ineficiente.

Parte de lo que GRUCORPO aportaba al proceso de Reforma es, precisamente, una serie de recomendaciones comunitarias para las políticas en desarrollo bajo la reforma actual. ¿Qué tipo de políticas? Órdenes generales mediante las cuales se establecen las reglas y parámetros que seguirán los oficiales para desempeñar su trabajo. Son políticas públicas y nos afectan a todas las personas que vivimos en este país y debemos interactuar con la Policía. Algunos temas son: manejo de casos de violencia doméstica, uso de fuerza, movilización de la Unidad de Operaciones Tácticas, registros y allanamientos, trato a personas transexuales y transgénero, intervenciones con pacientes de salud mental, entre muchas otras.

Aunque el policía que agredió a la persona sin hogar la semana pasada actuó arbitrariamente, sin ceñirse a los protocolos legales, es importante que organizaciones y comunidades como las agrupadas en nuestra coalición puedan aportar a tiempo y significativamente al desarrollo de estas políticas nuevas que regirán a la Policía del futuro para que no sigan ocurriendo episodios de abuso y violaciones de derechos como este.

¿Por qué la Policía no quiere que GRUCORPO colabore?

El Superintendente de la Policía ha manifestado que, para seguir compartiendo las políticas en desarrollo con GRUCORPO, sus miembros deben firmar un acuerdo con una clausula de confidencialidad. Su postura no es comprensible ni aceptable en un proceso de reforma que exige transparencia y participación comunitaria significativa. Lamentablemente, la Policía opta por mantener su habitual hermetismo y el control de todo proceso de relación con la comunidad.

GRUCORPO se compone de organizaciones interesadas en el tema de la reforma de la policía pero de ninguna manera podemos alegar representación de todas las comunidades en Puerto Rico. Es por eso que no estamos de acuerdo en prometer confidencialidad a la Policía. Por el contrario, nuestro rol es compartir la información  del proceso de reforma con la mayor cantidad de personas posible e incentivar así la robusta participación comunitaria que necesita un proceso como este, que nos afecta directamente a todos y  todas.

A pesar de que el pasado 18 de marzo el Juez Gelpí manifestó en corte abierta que no aceptaría un impase con GRUCORPO, el superintendente Caldero se ha mantenido en su postura de no compartir las políticas en desarrollo ni reunirse con los miembros del Grupo para hallar una solución.

Tanto los oficiales del Departamento de Justicia federal como el Asesor técnico de cumplimiento de la Reforma, Arnaldo Claudio, han manifestado que las políticas en desarrollo no contienen información confidencial de ningún tipo. De hecho, existen decenas de ejemplos de otras jurisdicciones en Estados Unidos donde la Policía comparte los borradores de sus políticas con toda la ciudadanía para recibir sus comentarios e incorporarlos previo a la última versión aprobada. Hasta en la prensa se discuten los borradores de las políticas tanto en Estados Unidos como en otros países.

No hay que tener un doctorado en Filosofía para saber que la Policía es una institución conservadora, resistente al cambio, con poquísima apertura hacia quienes no respondan a sus intereses y mentalidades. Además, tiene un serio problema de confianza entre la ciudadanía, lo que a nosotros mismos nos representa un gran desafío. ¿”Colaborar” con la Policía? Eso le suena sospechoso a mucha gente, en especial a organizaciones y personas que han sido críticas de la Policía y que incluso se han resignado a que ésta no tiene salvación posible.

Pero la reforma de la Policía está en marcha. Es una de las múltiples imposiciones federales a las que estamos sujetos los puertorriqueños y las puertorriqueñas desde 1898. Con sus virtudes y defectos, con todas sus contradicciones incluso, es una oportunidad tal vez única para transformar a la Policía de Puerto Rico. En Espacios Abiertos seguimos empecinados en garantizar la participación de organizaciones e individuos independientes en este proceso. Seguimos instando a la Policía a la apertura, al gobierno abierto y al diálogo. Un alto mando de la Policía reacio y cerrado a las críticas de las comunidades, difícilmente pueda dirigir un cambio de mentalidades tan profundo como el que es menester en una institución como esa.

Nos importa más de lo que nos duele

Constantemente me pregunto por qué la Policía -a decir verdad, nuestro Gobierno en general- alimenta esta perenne vocación abortiva. ¿Por qué es incapaz de capitalizar en las oportunidades positivas que tienen de frente? ¿Por qué esa insistencia en amputarse a sí mismos? En todo caso, ¿no debimos ser nosotros, las víctimas, quienes rechazáramos colaborar con una institución que tanto nos ha maltratado?

Sin embargo, no ha sido así. Estamos ahí porque, pase lo que pase, esa seguirá siendo la Policía de nuestro país. Porque el primer frente del Estado ante la gente no puede ser una amenaza, un trago amargo o temerario. Porque otra Policía tiene que ser posible si queremos un país desarrollado, moderno, libre de impunidad y respetuoso de los derechos de cada uno de sus residentes. Estamos y seguimos ahí porque es nuestro deber. Y porque nos importa más de lo que nos duele.

La autora está encargada del área de rendición de cuentas y transparencia de la Policía en Espacios Abiertos.

Ya va pareciendo una especie de modus operandi. Ante el reclamo de participación ciudadana, algunas agencias públicas del País hacen un gesto de apertura y se sientan a la mesa con las comunidades. Pero al poco tiempo empiezan a exigir condiciones y cláusulas de confidencialidad. Como quien dice, “okey, contigo sí pero con el resto no” o “calladito te ves más bonito”. El problema es que la transparencia y la participación ciudadana no son para unos pocos nada más. Son para todo el mundo.

En el caso de nuestra participación en la reforma de la Policía, una vez más, el gobierno de Puerto Rico ha condicionado la participación comunitaria a su cultura habitual de obstrucción en el acceso a la información.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), al que Espacios Abiertos pertenece, se compone de organizaciones interesadas en el tema pero de ninguna manera podemos alegar representación de toda la ciudadanía. ¿Eso nos hace dispensables? No. Tenemos interés, tenemos peritaje y tenemos derecho a participar e incidir. Un gobierno transparente comparte la información para que el País pueda participar y tomar decisiones con criterios sólidos, no por intuición como hemos tenido que hacer por demasiado tiempo.

¿Cómo llegamos aquí?

Hace apenas 8 meses, un grupo de organizaciones a las que nos interesa incidir significativamente en el proceso de reforma de la Policía, nos insertamos en un proceso de participación comunitaria junto a la Oficina de Reforma de la Policía de Puerto Rico. No fue fácil llegar ahí. No hay que ser doctora en filosofía para saber que la Policía es una institución conservadora, muy resistente al cambio, con poquísima apertura hacia organizaciones y ciudadanos que no respondan a sus intereses y mentalidades. Además, tiene un serio problema de confianza entre la ciudadanía, lo que a nosotros mismos nos representaba un gran desafío. ¿”Colaborar” con la Policía? Eso le suena sospechoso a alguna gente, en especial a organizaciones y personas que han sido críticas de la Policía y que incluso se han resignado a que la Uniformada no tiene salvación.

Pero la reforma de la Policía está en marcha y, con sus virtudes y defectos, con todas sus contradicciones incluso, es una oportunidad tal vez única para transformar a la Policía de Puerto Rico. En el Grupo estábamos empecinados en garantizar la participación de organizaciones independientes en este proceso porque queríamos incidir en la Reforma con una perspectiva de derechos humanos.

La Policía se comprometió a enviarnos los borradores de las políticas que están creando para regir a lo que será la nueva uniformada y así lo hizo. Nuestro grupo las estudió detalladamente e hizo sugerencias y comentarios específicos, por escrito, todos con una perspectiva de derechos humanos. Varias veces nos sentamos con la directora de la Oficina de Reforma de la Policía, la Coronela Clementina Vega, y con su personal para discutir las sugerencias. De hecho, en corto tiempo desarrollamos una relación de diálogo, respeto y colaboración.

¿A dónde fue a tener el espíritu colaborativo?

Pero el espíritu colaborativo no le duró mucho a la Policía. A pesar de que el Acuerdo para una reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico exige la participación comunitaria y la transparencia en el proceso de reforma, la Policía comenzó a retroceder en su apertura. Recientemente, el superintendente Caldero detuvo el proceso de participación, condicionando su continuidad a la firma de un acuerdo entre la Policía y GRUCORPO. Luego de reconsiderar ponderadamente la situación, las organizaciones que componen a GRUCORPO hemos decidido no firmarlo por razones diversas. Entre otras, entendemos que el acuerdo propuesto es irrelevante, simbólico, no dispone de obligaciones y exige una cláusula de confidencialidad a la que no estamos dispuestas a someternos.

Hasta el señor Arnaldo Claudio, TCA de la Reforma, ha tratado de interceder para que la Policía retome el trabajo de participación de GRUCORPO pero la agencia se sostiene en su negativa.

La participación de las comunidades no puede estar condicionada a acuerdos y mucho menos a cláusulas de confidencialidad. El único acuerdo relevante en este caso se llama ‘Acuerdo para una reforma sostenible de la Policía’ y el gobierno de Puerto Rico tuvo que firmarlo hace más de dos años para evitar el efecto mayor de una demanda devastadora en contra de la Policía de Puerto Rico por violaciones sistémicas de derechos a la ciudadanía. Ese acuerdo es claro y enfático en su exigencia de transparencia y participación ciudadana. Ese es el Acuerdo que hay que cumplir.

Aquí habemos unas 18 organizaciones dispuestas a trabajar voluntaria pero significativamente en la construcción de otra Policía para Puerto Rico. Una Policía que nos ofrezca un verdadero sentido de seguridad solidaria.

El señor superintendente José Caldero debe autorizar que se retome el buen proceso de diálogo y trabajo que tuvimos con la Oficina de Reforma de la Policía desde abril hasta noviembre de este año. El espíritu nos tiene que durar a todos y todas hasta que podamos asegurar otra policía: una policía comunitaria; una policía respetuosa de los derechos humanos, efectiva, a la que no se le ‘caiga’ la mayoría de los casos criminales en los primeros pasos del proceso judicial. Una Policía para el desarrollo del País.

]]> https://espaciosabiertos.org/policia-de-puerto-rico-detiene-participacion-comunitaria-en-reforma-de-la-policia/ Wed, 02 Dec 2015 20:47:04 +0000 http://ea.boucloud.com/?p=1658

En Portland, Oregon tenían algo parecido pero mucho más estructurado y de creación compulsoria. Cada vez que la Policía de Portland utilizaba la fuerza contra alguna persona de la comunidad, el agente debía llenar una hoja documentando el proceso, los criterios utilizados, las técnicas de escalonamiento de la violencia, etc. Esta práctica de documentación aún no existe en Puerto Rico. De hecho, antes de 2012, ni siquiera existía una política de uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico, algo completamente insólito que, sin embargo, explica en parte la conducta histórica indiscriminada, caótica y abusiva de la Policía con la ciudadanía.

Hace 5 ó 6 años, el Departamento de la Policía de Portland decidió, ya no solo documentar sino, en efecto, investigar cada uno de esos incidentes de uso de fuerza que ya documentaban. Los policías se asustaron, se sintieron amenazados, se resistieron. “Nos tomó muchísimo trabajo implantar este proceso”, contaba recientemente Mike Crebs, Assitant Police Chief en la Policía de Portland, durante la conferencia anual del National Association of Civilian Oversight of Law Enforcement (NACOLE). “Convertir esa práctica en parte de nuestra cultura fue un desafío tremendo”. Y sin embargo, lo lograron. La legitimidad de un acto y el debido proceso de ley funciona para todas las partes. Los policías que antes se resistían –explicaba Crebs- ahora se sienten sumamente protegidos por este procedimiento porque saben que, si hacen las cosas bien –como la mayoría lo hace- no tendrá ningún tipo de problema”.

Para saber hay que tener datos. Para tener datos hay que documentar.

Y es que el primer paso para poder controlar lo que ocurre en un cuerpo policiaco es saber qué está ocurriendo dentro de él. Dónde están los errores, las fallas, los excesos de fuerza, los abusos, quiénes no están haciendo bien su trabajo, quiénes sí, en qué condiciones trabajan esos oficiales. Saber es vital en cualquier organización. Pero para saber hay que tener datos. Y para tener datos hay que documentar.

Hay mucha información valiosa para que la ciudadanía y las comunidades podamos evaluar la conducta de la Policía, sus prácticas constitucionales y la efectividad en el manejo de posibles casos criminales. Pero para eso, debemos tener acceso a esa información.

Nosotros en Espacios Abiertos tenemos muchas preguntas. Por ejemplo:

¿Cuántos agentes hicieron uso excesivo de la fuerza en el último año y contra quiénes? ¿A cuántas personas se les ocasionó daños graves? ¿A cuántas mataron? ¿Con qué técnicas y armas? ¿Armas de fuego, teasers, agarres de cuello? ¿Dónde vivían las víctimas? ¿Cuál era su trasfondo socioeconómico, su identidad de género, nacionalidad? ¿Qué agentes abusan más de su poder? ¿Qué casos criminales no están prosperando en el proceso judicial debido a prácticas policiacas impropias? ¿Por qué?

Son pocas, prácticamente inexistentes las contestaciones.

“Proceso nuevo” para investigar las querellas. ¿Cómo se arregla una división con problemas históricos?

La semana pasada vimos en la prensa a la Policía anunciando un proceso supuestamente “nuevo” para atender las querellas administrativas contra los miembros de la Policía, algo que está directamente relacionado al abuso policiaco contra la ciudadanía en general. En efecto, el proceso de investigación de querellas en la Policía tiene que mejorar radicalmente. Hasta el otro día, una querella podía tomar hasta 10 años en resolverse y el atraso general era de unas 5,000. Pero cómo saber si este sistema “nuevo” está, en efecto, bien ejecutado, de forma efectiva. ¿Qué cambios exactamente se llevaron a cabo para mejorarlo? ¿Cómo se medirá su eficiencia, la justicia y transparencia del proceso, su progreso? ¿Quiénes y cómo lo supervisarán? Llama la atención que en tan poco tiempo, y con los problemas tan serios que han registrado estas investigaciones durante décadas, la Policía haya anunciado un cambio tan dramático. ¿Qué tipo de cambio será este? Por lo visto, la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) seguirá siendo la división responsable de estas investigaciones en la Uniformada. ¿Qué hicieron para que una división como esta, con problemas históricos, de repente pueda funcionar?

Para 2015, al menos hasta el 31 de julio, la Policía reportó haber recibido 1,018 querellas, de las cuales decidieron que 368 no se sostenían; 54 fueron alegadamente infundadas y en 176 de ellas, los agentes fueron exonerados. Es decir, que el 59% de las querellas ciudadanas radicadas no ofreció un proceso de rendición de cuentas, mucho menos de restitución a los incidentes de la ciudadanía con la Policía. Aunque el proceso de investigación este año aparentemente estuvo mucho más agilizado, me pregunto si este “nuevo sistema” anunciado se tratará de la misma cultura poco confiable de “vista larga”, condescendencia y complicidad gremial e ineficiencia pero más rápida.

Tanto la información de las querellas administrativas como la del uso general de fuerza y la conducta de la policía deben documentarse y recopilarse de una manera sistemática y hacerla accesible para que la gente y las comunidades podamos evaluar la conducta de la Uniformada, sus prácticas profesionales y efectividad en el manejo de casos. Para tener garantía de que se combatirá la criminalidad con protocolos constitucionales que no pongan en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos delincuentes y de las personas que le faltan al País. Esto no puede esperar a la culminación de la Reforma. Para que podamos evaluar si la Reforma está logrando los cambios deseados tiene que tener datos y estadísticas confiables desde este momento. El acuerdo con el Dept. de Justicia federal lo exige y estos datos deben ser públicos y estar disponibles en un periodo de tiempo razonable.

Insistimos en esto porque tenemos que saber, participar e incidir en lo que está ocurriendo dentro de la reforma de la Policía. Es nuestra Policía y, no importa lo que pase en el País, lo seguirá siendo. Su gran problema de abuso y violaciones de derechos nos ha hecho daño a todos y todas. El problema de la Policía, sin lugar a dudas, es mucho más nuestro que del gobierno federal. Por eso queremos saber.

Me uno a lo expresado por mi compañero, el licenciado Josué González. Son muchas nuestras preocupaciones en torno a la reforma de la Policía aunque también son grandes las esperanzas que tenemos puestas en este proceso, así como el deseo de participar y aportar a la posibilidad de construir otra policía para nuestro país.

La Policía de PR se encuentra en un periodo de capacitación de 4 años para poder crear las condiciones para implantar esta ambiciosa reforma. La Institución aún no tiene sistemas integrales, abarcadores y confiables de recolección de datos; las políticas nuevas y más neurálgicas en el ejercicio policiaco constitucional aún no están en vigor; el sistema interno de documentación, recolección de datos e investigación para las querellas civiles de mala conducta policiaca es uno arcaico y, según los pronósticos de todas las partes, tomará mucho tiempo lograr estos cambios que son esenciales para poder hacer de la reforma una eficaz.

Eso, junto a la falta de voluntad que exhibió la Policía durante décadas para disciplinar justa y oportunamente a sus agentes y ofrecer así remedios y mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, impide una resolución expedita de los casos de mala conducta de los agentes. (Uso el término ciudadanía en su acepción amplia desde la noción de una ciudad que incluye a todos sus habitantes, incluyendo a los y las inmigrantes, así no poseamos una ciudadanía común).

Según los informes del Departamento de Justicia federal y de ACLU en 2011 y 2012 respectivamente, las investigaciones internas de la Policía tienen un atraso de unas 5 mil querellas. Según el Departamento de Justicia federal, hay querellas cuya investigación le toma a la Policía hasta diez años. Al menos desde 2010, anualmente se registran unas 2,000 querellas administrativas por mala conducta policiaca¹.

Los datos disponibles, sin embargo, son vagos, confusos y todavía carecen de credibilidad. Para el año 2010, por ejemplo, unas estadísticas de la Policía indican que hubo 2,323 querellas y otras, también de la Policía, asegura que fueron 2,041. De esas 2,323 querellas, se indica que 810 fueron archivadas, 127 referidas a orientación y 298 tuvieron un destino similar indefinido, clasificado como “Otros”. Es decir, que con más del 53% de esas querellas no sucedió nada. Esto sin entrar en que se desconoce de qué años específicos son las querellas que se van resolviendo.

Lamentablemente, solo conocemos las acciones disciplinarias encausadas en las querellas del año 2010 pues, de 2011 en adelante, la Policía aún no ha compartido la información con nosotros.

Sí sabemos que, en 2014, por ejemplo, al menos el 21% de las querellas quedó pendiente de investigación, según sus datos.

Para 2015, al menos hasta el 31 de julio, reportaron haber recibido 1,018 querellas, de las cuales decidieron que 368 no se sostenían; 54 fueron alegadamente infundadas y en 176 de ellas, los agentes fueron exonerados. Es decir, que el 59% de las querellas ciudadanas radicadas no ofreció un proceso de rendición de cuentas, mucho menos de restitución a los incidentes de la ciudadanía con la Policía. Es difícil pensar que el 59% de las querellas radicadas no tengan peso. Ir a radicar una querella contra un policía dentro del propio Departamento de la Policía es ya de por sí un acto de tremenda valentía. Es difícil creer que tantas personas vayan a someterse a ese proceso por razones frívolas.

De nuevo, lamentablemente, los datos que ofrece la Policía aún están muy lejos de poder ofrecernos certidumbre.

Sin embargo, la información debe recopilarse de una manera sistemática y hacerla accesible para que la gente y las comunidades podamos evaluar la conducta de la Policía, sus prácticas profesionales y efectividad en el manejo de casos. Para tener garantía de que se combatirá la criminalidad con protocolos constitucionales que no pongan en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos delincuentes y de las personas que le faltan al País. Esto no puede esperar a la culminación de la Reforma. Para que este Tribunal pueda verdaderamente evaluar si la Reforma está logrando los cambios deseados tiene que tener datos y estadísticas confiables desde este momento. El acuerdo con el Dept. de Justicia federal lo exige y estos datos deben ser públicos y estar disponibles en un periodo de tiempo razonable.

Por ejemplo, durante este año:

1. ¿Cuántos agentes hicieron uso excesivo de la fuerza y contra quiénes?
2. ¿A cuántas personas ocasionaron daños graves?
3. ¿Cuántas murieron a manos de la Policía?
4. ¿Con qué técnicas y armas? ¿Armas de fuego, teasers, agarres de cuello?
5. ¿De qué comunidades eran esas víctimas? ¿Cuál era su trasfondo socioeconómico, su identidad de género, su nacionalidad?
6. ¿Qué agentes abusan más de su poder?
7. ¿Qué casos criminales no están prosperando en el proceso judicial debido a prácticas policiacas impropias?

Son muchas las preguntas y muy pocas las contestaciones. Todas las partes coinciden en que a la Policía le tomará años, se estima que más de diez, poder transformar el Departamento y sus políticas en uno constitucionalmente viable, que proteja los derechos de las comunidades. En una policía profesionalizada, comunitaria, con sistemas confiables de recolección de datos, documentación, investigación, rendición de cuentas, adiestramientos, entre otros.

Sin embargo, constantemente seguimos conociendo de casos en que miembros de la uniformada cometen violaciones de derechos civiles, especialmente en comunidades tradicionalmente marginadas. Recientemente se sumaron diez oficiales más a la ya larga lista de arrestados por el FBI por corrupción policiaca, en esta ocasión por alegados vínculos con el narcotráfico.

Mientras tanto, el pueblo de Puerto Rico sigue en una posición vulnerable ante la Policía. La ciudadanía no posee sistemas de supervisión e investigación independiente ni recursos para exigir la rendición de cuentas de parte de ese cuerpo vital en la administración de la justicia. La gente en la calle no ha experimentado diferencia alguna en la Policía desde que se comenzó a implantar la reforma. Pero se puede hacer algo AHORA, YA, INMEDIATAMENTE que contribuya a que esta reforma sea oportuna, eficaz y verdadera.

Las organizaciones que componemos el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía solicitamos respetuosamente que se inicie un proceso de creación de un cuerpo independiente de supervisión ciudadana. Una autoridad independiente que investiga la mala conducta policial con acceso a datos, poderes de citación, investigación y auditoría.

La supervisión e investigación de la conducta policiaca no puede reposar en manos de la Policía. En las democracias modernas de todo el mundo, las instituciones públicas, especialmente las problemáticas, no se velan a sí mismas. No funciona. No es transparente ni eficiente. Este sistema se usa en cientos de países del mundo con distintos modelos (por ej. Canadá, Irlanda, África del Sur, Trinidad y Tobago, Finlandia) incluyendo más de 200 ciudades en Estados Unidos.

El monitor federal para la Reforma, Sr. Arnaldo Claudio, vela por el cumplimiento de la reforma y rinde cuentas a este Tribunal pero no es su función investigar estas querellas civiles. La Policía está emprendiendo un programa comunitario con los Comités de Interacción Comunitaria y eso está muy bien. Deseamos que funcionen extraordinariamente. Pero de ninguna manera esos comités de interacción pueden representar un ente de supervisión independiente y rendición de cuentas, dado que estos son creados, convocados y regulados por la propia Policía, aparte de que su función es ayudar en la lucha contra el crimen desde sus comunidades. ¿Quién entonces garantizará que la Policía sea responsable con las comunidades del País al que sirve?

Un grupo de nosotros estuvo recientemente participando en la conferencia anual del National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement celebrada en California y conocimos de primera mano la experiencia de oficiales de la policía que dieron testimonio sobre cómo al principio todos los departamentos de policía se resisten al cambio de los cuerpos ciudadanos independientes pero, después de un tiempo, se dan cuenta de cuán constructiva es la vigilancia ciudadana para sus departamentos.

La supervisión ciudadana no solo provee mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía y ayuda a restaurar la confianza entre las comunidades y la Uniformada. Sus investigaciones objetivas e independientes también protegen a los policías profesionales que hacen su trabajo con alto sentido de responsabilidad y sensatez y que sabemos son muchos y muchas. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos topado con ese tipo de policía. Si obra correctamente, bajo la supervisión independiente, un policía tiene más posibilidades de mantener un expediente limpio sin la suspicacia colectiva que actualmente pesa sobre los casos de mala conducta policiaca.

Por otro lado, está probado que la ciudadanía suele radicar más querellas cuando cuenta con un cuerpo de supervisión independiente pues se siente menos intimidada, más cómoda e incentivada a presentar sus experiencias difíciles, muchas veces traumáticas, con la Policía.

Además, con un proceso disciplinario oportuno, justo y eficiente, la investigación autónoma y exhaustiva de la mala conducta policial previene el desarrollo delictivo de los policías. Cuando se toman medidas disciplinarias contra la mala conducta policial desde sus primeras faltas, se evita el escalamiento del sentido de impunidad y la posibilidad de continuar cometiendo faltas mayores.

La supervisión ciudadana ofrece un sentido de transparencia y participación. Esto no hace sino robustecer la democracia y el envolvimiento de las comunidades con sus instituciones. Después de todo, como nos dijo recientemente Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y quien estuvo en PR invitado por ACLU, “En la democracia, el Estado no existe para controlar a la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que controlar las instituciones del Estado”.

Reiteramos nuestro compromiso con la gran aspiración colectiva de que la Policía de Puerto Rico se convierta en una institución que ofrezca un verdadero sentido de seguridad solidaria a nuestro País mediante el respeto a la diversidad y con mecanismos y procesos respetuosos de los derechos humanos. Estamos en primera fila, dispuestos y deseosos de participar hasta lograr esta ambiciosa transformación. Muchas gracias.

Foto principal: Los deponentes Josué González (ACLU) y Mari Mari Narvaez (EA).

^{1. En su informe de 2007, el Comité Evaluador Externo de la Policía de PR establecía que solían recibirse entre 3 y 4 mil querellas anuales, lo que representa una disminución significativa en los últimos años, al menos según los datos provistos por la Policía. Habría que estudiar las razones para esa disminución. Si se está desincentivando más la radicación de querellas ciudadanas, si no se están registrando adecuadamente, si la gente se siente más intimidada a presentarlas, etc. ↩}

¿Se puede convivir digna, solidariamente, con la Policía? ¿Se puede trabajar y mejorar la comunidad junto a ellos?

No es fácil. Como en Puerto Rico, en Estados Unidos también han sido muchas las violaciones de derechos de personas marginadas, el uso excesivo de la fuerza, la fabricación de casos, la corrupción, el abuso de poder. Los resentimientos de estas comunidades son históricos y bien fundados.

Sin embargo, existen experiencias donde la gente y la Policía han podido reconstruir sus relaciones con buena voluntad, respeto y sentido de propósito.

Ese es el caso de Watts, una comunidad pobre en el sur de Los Ángeles donde jóvenes negros estaban muriendo a manos de la Policía. La gente y la Uniformada “vivían en una guerra”, coincidieron los líderes comunitarios Donny Joubert y Alfred Lomas. Existía cero comunicación, cero confianza, cero esperanza.

Sin embargo, Joubert decidió que había que comenzar a exigirle cuentas a la Policía. Y acudió al cuartel. Atravesar esa línea nada más requirió de mucho coraje y determinación pues, como él mismo cuenta, su comunidad no estaba de acuerdo con lo que hacía. Sentarse a hablar con la Policía no era aceptable entre los suyos. Sin embargo, como él era un líder respetado, mucha gente toleró aquella gestión y se propuso observar lo que pasaba.

Lo que pasó fue que se encontró con Phil Tingirides, un jefe de la Policía que, poco a poco, empezó a entender la ira de aquella comunidad. Y “porque la propia gente lo estaba pidiendo” tuvo voluntad para poner en marcha el famoso y a veces manoseado concepto de policía comunitaria.

Tampoco fue fácil para él. “Joubert me lo dijo claramente”, contó el Comandante Tingirides. “’Aquí voy a tener problemas yo en la comunidad por tratar de trabajar contigo. Pero tú te vas a encontrar con los mismos problemas dentro del cuartel por intentar hacer lo mismo conmigo’”.

Ray Bercini, detective de Los Ángeles y cómplice de Joubert y de Tingirides en este experimento, también formó parte del panel ayer y recordó: “Hemos estado en reuniones donde la gente nos ha dicho en la cara: ‘Ustedes son unos asesinos. Están matando a nuestra gente’. Yo nunca he matado a nadie. Pero en ese momento usted tiene que ponerse su piel gruesa y quedarse en la mesa. Y decir, ‘¿sabes qué? Te entiendo’. No puedo tomarlo como algo personal porque tengo trabajo que hacer. Y la reunión no irá a ninguna parte si lo tomo como se espera que lo tome”.

Las relaciones toman tiempo, coinciden los policías. “Y esto es una relación”. Llevan ya unos 7 años colaborando y, semanalmente, la Policía y la comunidad se reúnen en un salón con paredes de cristal para solucionar todo tipo de problemas que confronta la comunidad. Desde asuntos de seguridad en las escuelas, problemas de vecinos, mejoramiento de la calidad de vida, todo.

Uno de los elementos cruciales para el éxito de una gestión comunitaria como esta es involucrarse genuinamente con esa comunidad, contaba el moderador, fundador del Brian Center. “Hay policías que dicen involucrarse con la comunidad cuando lo que hacen es establecer relaciones con el pastor de una iglesia, con los miembros de los consejos vecinales de seguridad que responden a la Policía y tal vez con algún pequeño comerciante. Involucrarse con la comunidad es lograr establecer lazos auténticos con la gente que más te incomoda y a la que más le incomodas tú también como policía”.

La diferencia de hoy y hace cinco años, es que los homicidios han disminuido en un 14%”, explicó Tingirides con orgullo. “Hay mucho que hacer porque eso todavía no es suficiente pero los teléfonos están sonando. La gente está llamando para colaborar en los esclarecimientos porque existe comunicación y colaboración entre la comunidad y la Policía”.

Dicen que criar un niño es un trabajo de toda una tribu, recuerda Lomas. “Aquí es así. Es exactamente lo mismo”.

Pero fallaron. Una vez más, respondieron activando a la Unidad de Operaciones Tácticas sin justificación alguna, criminalizando así una protesta legítima y democrática. Incluso -si bien no hubo incidentes graves que lamentar como en ocasiones anteriores- ayer la Policía se excedió en el uso de la fuerza al rosear con gas pimienta a algunos manifestantes como se puede ver en la foto que acompaña este escrito, tomada por el fotógrafo Alex Díaz.

Espacios Abiertos es parte del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), un colectivo muy diverso y amplio de personas, grupos y organizaciones que trabajan con distintas comunidades y que se unieron con el fin de asegurar la participación comunitaria y ciudadana en la Reforma de la Policía.

Sabemos que la Policía se encuentra trabajando una política de uso de la fuerza que guíe a sus miembros en los próximos años, algo que -insólitamente- no existía antes en la uniformada. También se encuentran trabajando en una orden general para la reorganización de la División de Operaciones Tácticas (DOT). Sin embargo, el mismo borrador de esa orden establece claramente que la “División de Operaciones Tácticas (DOT) será la unidad de trabajo responsable de brindar apoyo a los incidentes donde las otras unidades de trabajo no han logrado restablecer el orden público y la protección de los derechos civiles”.

Los hechos de ayer no justifican de forma alguna la activación de la Unidad de Operaciones Tácticas. No hubo incidentes que una cantidad razonable de agentes regulares no pudiera controlar.

Peor aún, la activación desproporcionada de la llamada ‘Fuerza de choque’ en una protesta de estudiantes desarmados e inofensivos, mina el ya bajo nivel de credibilidad de las comunidades en la Reforma de la Policía. Tras la exhibición de fuerza, es legítimo cuestionarse la verdadera intención de transformación de los altos oficiales de la Policía, que son los responsables de ofrecer directrices a los agentes y determinan qué unidades activar.

Tanto Espacios Abiertos como GRUCORPO aspiran a que la Policía de Puerto Rico se convierta en un organismo que pueda dar un verdadero sentido de seguridad solidaria a nuestro País. Siempre mediante el respeto a la diversidad y con mecanismos y procesos respetuosos de los derechos humanos. No vamos a esperar menos que eso de la Policía de Puerto Rico del futuro.