El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos. 

En el mes de julio hubo alrededor de 17 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 34 publicadas el año pasado para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJAboorUGGdk_eMtARIhy7NQ7lFppNQ9dB5Hwdx-_EA/edit?usp=drive_web&ouid=114904054338180024105

• Hubo aproximadamente cuatro ocasiones donde se mencionó la palabra transparencia. Eso significa que hubo una instancia semanal donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico
• Por cerca de tres instancias se relaciona la palabra Yonaica con la palabra transparencia. En este ámbito, se relaciona a la epidemióloga Yonaica Plaza con la palabra transparencia después que la funcionaria anunció su salida del Departamento de Salud
• Se registraron dos noticias donde se relacionaba la palabra rastreo con transparencia.  En este ámbito se relaciona a las denuncias sobre trastoque en el programa de rastreo comunitario con la transparencia

Los temas más destacados en julio: Cambia de nombre el “sistema de rastreo municipal” en las redes sociales, Evasión de transparencia en Recinto de Ciencias Médicas, Transparencia gubernamental para acelerar la transformación del País, DACO establece acuerdos con ASORE para atender irregularidades en la industria, Supremo autoriza transmisión de caso contra acusado de asesinar a Andrea Ruiz Costas, Denuncian falta de transparencia en proceso de nombrar presidente interino de la UPR, Renuncia Yonaica Plaza a sus labores de epidemiología en el Departamento de Salud, Carlos Mellado sostiene que Yonaica Plaza no renunció, sino que fue removida de la dirección del SMICRC, Cámara acude al Primer Circuito de Boston para combatir la intervención de la JSF, Estudiantes de la UPR rechazan designación de César Cordero como presidente interino, Yonaica Plaza reitera que Salud limitó acceso a datos de los sistemas de rastreo de contactos, Becerra: “No tengo intención alguna de manipular información o suprimirla”

A pesar de haber hecho avances contra el Covid-19 durante la primavera, en los meses de verano aumentaron los casos relacionados a la variante Delta en Puerto Rico. A finales de julio de este año 46.2 por ciento de la población estaba completamente vacunada según los datos más recientes[1].  Sin embargo, el alza de los casos de Covid-19 se dispararon dramáticamente en las últimas semanas. Esto coincidió con la reorganización que ocurría dentro del Departamento de Salud y la renuncia de la epidemióloga Yonaica Plaza, directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). La Dra. Plaza denunció públicamente que su trabajo se vio limitado hace dos meses ya que no podía tener acceso a la información que se desprendía de las entrevistas que producían los equipos de rastreo comunitario. La Dra. Plaza fue la persona que reemplazó a la epidemióloga Fabiola Cruz, quien también salió de la agencia este año bajo circunstancias similares.

Desde julio de 2020, ya Espacios Abiertos denunciaba la falta de transparencia y consistencia en la publicación de datos y en la elaboración de políticas públicas por parte del gobierno. En aquel entonces, el Departamento de Salud no publicaba los casos negativos y el gobierno había decidido abrir la economía a pesar de que la tasa de positividad se encontraba por encima del margen de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud[2]. Desde hace un año han habido adelantos en la gestión pública y comunicación por parte de las entidades gubernamentales, pero se están comenzando a ver las grietas de los procesos internos del gobierno y denuncias de otras instancias de mordaza a funcionarios y presentación incompleta de estadísticas.

A pesar de la euforia inicial de los hallazgos de varias vacunas y la inoculación masiva todavía existen bolsillos dentro de la población que no están vacunados lo cual ha representado una ola nueva de casos. Esta coyuntura requiere acciones claras por parte de las y los líderes del gobierno para batallar la desinformación que existe actualmente. En mayo de este año, el secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado, reubicó al SMICRC a la oficina de epidemiología e investigación de la agencia[4] pero no proveyó una explicación clara del porqué se tomó esta decisión de política pública en medio de la pandemia. Estadísticas provistas por el COR3 en su Portal de Transparencia, actualizadas el 14 de junio de este año, mostraban que ya se habían utilizado la totalidad de los ~$115 millones del CARES Act destinados a pruebas y rastreo de contactos. Todas estas circunstancias sumadas han generado más preguntas que respuestas sobre las decisiones que está tomando el Departamento de Salud en estos momentos.

La confianza pública en torno a las vacunas y la inoculación es esencial para combatir el virus. A nivel mundial hay una crisis en torno a la confianza de los avances científicos y el papel que pueden desempeñar las vacunas para combatir la pandemia.  Para combatir la desinformación y lograrlo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) recomienda que los gobiernos:

• Publiquen de manera proactiva información oportuna sobre estrategias, modalidades y logros de vacunación en formatos desglosados, fáciles de usar y de código abierto;
• Mejoren la comunicación pública transparente y coherente para abordar la desinformación y la “infodemia”; y
• Involucren al público en el desarrollo de estrategias de inoculación y en la forma y el contenido de las comunicaciones clave[5].

El gobierno no se puede dar el lujo de que la desinformación y confusión ocupe un espacio en esta coyuntura. Las salidas de personas claves del Departamento de Salud en los últimos meses y la reubicación del programa de SMICRC han puesto de manifiesto el oscurantismo que existe a la hora de tomar decisiones de política pública en el gobierno. Si el gobierno quiere ser efectivo en este tramo de la pandemia, debe asegurarse que las decisiones de política pública sean claras y transparentes para no abonar a la desinformación y confusión.

 

Referencias

[1] CovidActNow (2021). Percentage of vaccination in Puerto Rico (31 julio 2021) https://covidactnow.org/us/puerto_rico-pr/chart/6?s=21611087

[2] Sin Comillas. (2020, 16 julio). Los datos sobre covid-19 no se publican completos ni con regularidad. Sin Comillas. https://sincomillas.co m/los-datos-sobre-covid-19-no-se-publican-completos-ni-con-regularidad/

[3] Foto por CDC en Unsplash

[4] Marrero, J. (2021, 17 mayo). Mellado elimina Como oficina independiente el Sistema DE rastreo Municipal DE COVID-19. Metro. https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/05/17/mellado-elimina-como-oficina-independiente-el-sistema-de-rastreo-municipal-de-covid-19.html

[5] OECD. Enhancing public trust IN COVID-19 Vaccination: The role of governments. OECD. (2021, 10 mayo). https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/#biblio-d1e2071.

El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos.

En el mes de junio hubo alrededor de 28 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 30 noticias el año pasado publicadas para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJAboorUGGdk_eMtARIhy7NQ7lFppNQ9dB5Hwdx-_EA/edit?usp=drive_web&ouid=114904054338180024105

• Hubo aproximadamente nueve ocasiones donde los titulares mencionaron la palabra transparencia. Eso significa que hubo casi dos instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;  
• Por cerca de seis instancias se relaciona la palabra Luma con la palabra transparencia. En este ámbito, se relaciona la transparencia con la compañía de energía. 
• Se registraron cinco ocasiones donde se relacionaba la frase Alianza Pro-Transparencia con transparencia.  En este ámbito se relaciona la transparencia con la falta de información divulgada en el caso de la joven Andrea Ruiz Costas.   

Los temas más destacados en junio: LUMA: How will it be scrutinized?, Senado aprueba medida para pedir información al Registro de Propiedad sobre LUMA, Junta de Gobierno de AEE y Hacienda piden agilizar la radicación de estados financieros auditados de la Corporación, Exigen transparencia al Gobierno ante miles de puntos controvertibles en solicitudes de PUA y desempleo, Transparentando el gasto tributario y los incentivos, Proponen que cabilderos de la estadidad sometan informes financieros, Gobierno publica informe de Gastos Tributarios para el Año Contributivo 2018, El Negociado de Energía inicia su investigación sobre el apagón provocado en Monacillos, Alianza Pro Transparencia exige que sean públicas las vistas del Senado, Overseas Press Club y ASPPRO presentan Alianza Pro Transparencia en caso Andrea Ruiz Costas, Cuestionan la transparencia de LUMA, Acudirán al Tribunal Supremo federal para exigir publicación de grabaciones de Andrea Ruiz, Más de 30 entidades van al Tribunal de Boston como amigos de la corte en apoyo al CPI en caso de acceso a la información, La Junta de Supervisión Fiscal y la Transparencia

El primero de junio es cuando comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico y en el Caribe. Este año ese día cobró más relevancia, ya que fue el día que oficialmente LUMA Energy—compañía privada a la cual fue concedida la transmisión y distribución de electricidad en P​​uerto Rico comenzó sus labores de manera completa. No pasó un mes antes de que la empresa tuviera que lidiar con sus primeras crisis. El jueves 10 de junio se produjo un apagón masivo dejando a más de 900,000 clientes sin servicio energético, seguido por otro apagón el miércoles 16 de junio que dejó a sobre 300,00 clientes según fuentes de la prensa. 

Desde la otorgación de este contrato en el 2020, gremios obreros y grupos de la sociedad civil han alertado sobre la falta de transparencia en los procesos de adjudicación de esta contratación y el proceso para el acuerdo entre LUMA Energy y el gobierno de Puerto Rico. Según Tom Salzillo, director de Finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA en sus siglas en inglés),  el contrato de LUMA no puede ser visto como una asociación entre la empresa y el gobierno de Puerto Rico ya que este solo garantiza el flujo de dinero a LUMA Energy y deja a la suerte un sistema de electricidad seguro, confiable y asequible para Puerto Rico[1]. A pesar de haber tenido un año para prepararse para este pase de batón por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, los primeros pasos de la empresa han dejado mucho que desear. Las primeras semanas, se supo que ciudadanos no pudieron ingresar a  sus cuentas y en algunos casos al entrar se encontraron con alzas en sus facturas. De igual forma, el portal actual contiene herramientas con pocos detalles sobre el estado de las averías por municipio. Transparencia a medias no es transparencia. Desde Espacios Abiertos, hemos alertado desde un principio sobre la falta de transparencia en la otorgación de este contrato. Recientemente, recomendamos que LUMA Energy hiciera más para rendir cuentas al pueblo sobre su trabajo incluyendo añadir gráficas detalladas sobre la capacidad de energía y el nivel de responsividad en el área de atención al cliente, ello como medida para promover la transparencia en el trabajo que están haciendo. 

En Puerto Rico y en cualquier jurisdicción de Estados Unidos y del mundo el acceso a energía barata y limpia se hace cada vez más importante en el desarrollo de la sociedad y las economías. Una de las consideraciones más grandes que tienen las empresas locales e internacionales a la hora de decidir invertir en cualquier jurisdicción o país es el costo de hacer negocios en el mismo. En junio de este año el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un alza en la tarifa energética de un 7.6%, lo  cual incrementa el el kilovatio por hora (KwH) a 21.17 centavos. Para mayo de 2021, en estados como Utah y Washington el KwH para mayo 2021 el costo de KwH rondaba los 10.12 centavos y 10.20 centavos, respectivamente[2]. En el país vecino de República Dominicana para febrero de 2021 el KwH rondaba en los 6.96 centavos de dólar[3]. Aunque existen muchas variables para las que una jurisdicción o estado cobre más o menos por KwH, sí queda la interrogante de si los procesos que han ocurrido para la transformación energética en Puerto Rico han sido transparentes y participativos y si estos van a llevar a ser producir energía 100% renovable para el 2050 como así estableció el gobierno[4]. No se debe pasar por alto la corriente de sostenibilidad energética que se está impulsando mundialmente como medida para combatir el cambio climático, que ha tocado muy de cerca a Puerto Rico los últimos años.  

Otra de las consideraciones que las empresas tienen a la hora de decidir si invierten en una jurisdicción o en un país son los incentivos que éste ofrece. Desde el 2017, Espacios Abiertos ha abogado para que el gobierno de Puerto Rico publique un informe de gastos fiscales o tributarios donde se detalle a quién se le concede incentivos contributivos y a cuánto asciende el beneficio. Esto no solamente con el propósito atraer y fomentar el desarrollo económico, sino y más importante aún como medida de transparencia fiscal ante la austeridad que vive la Isla producto de la imposición de la Ley Promesa. Un informe de gastos fiscales retrata las prioridades del gobierno a la hora de incentivar industrias y proyectos. 

Después de una larga gesta por parte de Espacios Abiertos, la cual llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el gobierno publicó el primer informe de gastos fiscales para el año fiscal 2017 en septiembre de 2019. En el mes de junio de este año el gobierno hizo público el segundo informe de gastos fiscales, esta vez para el periodo del año fiscal 2018.  El hacer público de manera consistente un informe de gastos fiscales le brinda visibilidad a la ciudadanía y a las y los líderes electos sobre los gastos que deja de ingresar el gobierno al conceder incentivos contributivos y ayuda a priorizar el gasto y la inversión pública. 

Gráfica 1[5]

En el análisis de Espacios Abiertos sobre la publicación de los gastos fiscales, se observó que los gastos fiscales son dos terceras partes (67.7 por ciento) del gasto público del gobierno de Puerto Rico si se compara con el presupuesto del año fiscal para el 2022. De ese por ciento que se invierte,el casi 75 por ciento se invierte en desarrollo económico. El hecho que el gobierno haga público este tipo de información es un avance pero se necesita más información. Se necesita consistencia en la publicación de este informe. Se necesita el detalle de las organizaciones e individuos que reciben estos incentivos y se necesita saber el rendimiento de los mismos, como mínimo. Actualmente la Legislatura no ha enviado al gobernador el proyecto P. de la S. 206 para su consideración, el que obligaría al Departamento de Hacienda a publicar un informe de gastos fiscales anualmente. Desde Espacios Abiertos cooperamos en la elaboración de dicho proyecto y esperamos que se convierta en ley.  Si queremos que Puerto Rico sea una jurisdicción competitiva y un lugar donde todas y todos podamos progresar necesitamos que el gobierno cree mecanismos de transparencia fiscal que permitan participar e incidir efectivamente en lo que ocurre en el país. 

Gráfica 2[6] 

 

 

Referencias:

[1] Sanzillo, T.(2020, octubre). Contrato entre Puerto Rico y LUMA Energy establece una privatización completa y tarifas más altas para la red de la isla. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/10/Luma-AEE-Contract-Report-IEEFA-ESP-October_2020.pdf

[2] Electricity rates by State (2021): Chooseenergy.com®. Electricity Rates by State (July 2021) | ChooseEnergy.com®. https://www.chooseenergy.com/electricity-rates-by-state/

[3] Diario Libre. (2021, 17 febrero). Una energía más barata y más proyectos de renovables. Diario Libre. https://www.diariolibre.com/especiales/2021-el-ano-de-la-remontada/la-adie-plantea-que-una-buena-noticia-para-iniciar-el-n

[4] Hickman, M. (2019, 24 mayo). Puerto Rico traza el cambio total a energía verde para 2050. Treehugger. https://www.tree-hugger8.net/puerto-rico-plots-total-switch-green-energy-4865784

[5][6] Espacios Abiertos (2021)

El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos. 

En el mes de mayo hubo alrededor de 18 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 36 noticias el año pasado para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes: 

• Hubo aproximadamente cinco instancias donde los titulares mencionaron la palabra transparencia. Eso significa que hubo casi dos instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;  
• Por cerca de tres instancias se relaciona la palabra caso con la palabra transparencia. En este ámbito, se relaciona la transparencia con el caso de la joven Andrea Ruiz Costas.   
• Se registraron dos instancias donde se relacionaba la palabra información con transparencia.  En este ámbito se relaciona la transparencia con la falta de información divulgada en el caso de la joven Andrea Ruiz Costas.   

Mayo: Familia de Andrea pide “transparencia” de la Judicatura y solicita que se publiquen audios de la vista; Jueza Presidenta y Secretario de Justicia discuten acciones concretas para atender casos de violencia de género; Tras divulgación de una grabación, periodistas vuelven al Supremo para transparencia completa en caso Ruiz Costas; Exigen se publiquen querellas radicadas contra los jueces; AAFAF divulga en Portal de Transparencia información financiera sobre desembolsos a través de Ley CARES; Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico: Falsa noción de “intimidad”; A cantarle cumpleaños al caso en el tribunal contra la Junta y el Gobierno; Cooperativas ganan caso de acceso información en contra de COSSEC; Secretaria de la Gobernación espera ”estabilidad y transparencia” con llegada de LUMA Energy

Durante el mes de mayo la ciudadanía se conmovió con los casos de violencia de género que se suscitaron en el país con los asesinatos de las jóvenes Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas. Ambos asesinatos se alega que se llevaron a cabo a manos de las que eran o fueron sus parejas. Mucho se ha hablado del papel del estado en educar para erradicar la violencia de género. Sabemos que existen agencias que tienen recursos y programas para atender esta problemática. Una de las agencias que tiene injerencia en estos temas es la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM). Según el ObservatorioFiscalPR.com, herramienta digital creada por Espacios Abiertos, en los últimos 16 años, el presupuesto de esta agencia ha fluctuado de manera considerable y en los últimos cinco años ha estado en picada. El presupuesto de la agencia ha variado entre los $4.5 millones y los $9.8 millones en los últimos 16 años fiscales. Actualmente, el promedio de los presupuestos de la agencia ronda en los $5.9 millones por año.  ¿A qué se debe la fluctuación de presupuestos? ¿Qué programas se ven afectados por estas fluctuaciones? En el año fiscal 2021, la OPM destinó el 40% de su gasto a aportaciones a entidades no gubernamentales las cuales apoyan el trabajo de esta agencia. Muchas de estas organizaciones son las que están trabajando para llevar herramientas a la ciudadanía y comunidades y esas fluctuaciones de presupuestos dificultan iniciativas de largo plazo. Se necesitan políticas públicas claras y  transparentes que  expliquen a la ciudadanía como se toman las decisiones de política pública. Si realmente, se quiere resolver el problema de raíz, hacen falta políticas públicas y recursos consistentes. 

Gráfica 1[1]

Este caso también trajo a la luz la falta de transparencia que existe todavía en los procesos que lleva la Rama Judicial. En específico, la ciudadanía pudo ver a través del caso de la joven Andrea Ruiz Costas, como existen todavía algunas fracturas en la apertura de los procesos judiciales. A pesar del aval de la familia de la joven fallecida, el Tribunal Supremo decidió no hacer públicas las grabaciones del proceso judicial del cual Ruiz Costas participó. A menos que exista un interés perentorio por parte del estado, se presume que los procesos judiciales son públicos. No hacer pública esta información abona a la opacidad que existe en el gobierno y cierra la puerta para que la ciudadanía pueda entender dónde falló el estado en este caso. 

Este caso, también demostró la falta de acceso que hay en ciertos procesos administrativos de la Rama Judicial. Durante este proceso se ha hecho un llamado para que el Poder Judicial publique los expedientes de las querellas éticas contra las y los jueces, esto cuando se supo que la juez que vio el caso tenía previamente varias querellas éticas. La regla 10 de las Reglas Disciplina Judicial[2] (Reglas) detalla que los expedientes sobre la evaluación y la investigación de las quejas son de naturaleza confidencial, pero la confidencialidad de los casos se levantan una vez culmina la investigación y si es desestimada la querella[3]. Según la regla 11, el director administrativo o la directora administrativa de los Tribunales debe aprobar unas normas internas para facilitar el acceso a los expedientes de las investigaciones bajo las reglas. En caso de que exista una solicitud para tener acceso a los expedientes, se le permite a las jueces y los jueces investigados y exonerados solicitar al director o a la directora que mediante orden del Tribunal proteja su derecho a la intimidad sobre aquella información en el expediente que considere privilegiada, fundamentando su solicitud. 

En el sitio web de la Rama Judicial no se encontraron las normas que rigen el acceso a estos expedientes y tampoco los detalles de que sería en este caso información considerada privada que limite el derecho a la intimidad de las y los jueces. Tampoco se encuentran los expedientes de las investigaciones en curso o las que ya han sido terminadas. En otras jurisdicciones como Texas, Nueva York, Arizona, en algunas ocasiones se publica en línea las querellas ética y las acciones que está tomando la Rama Judicial para tomar acciones disciplinarias contra las y los jueces. 

En el año 2021, el presupuesto de la Rama Judicial ascendía a $337 millones según el Observatorio Fiscal. De ese total, el 56.6% estaba destinado a nómina, incluidos los salarios de las y los jueces que oscilan entre $5,800 a $10,416 mensuales[4]. Al escoger trabajar para la Rama Judicial, los jueces y juezas se convierten en servidores públicos y por ende, tienen el deber de rendir cuentas al pueblo. El Poder Judicial debe hacer públicos los expedientes de las querellas éticas de estos servidores públicos en su sitio de Internet. 

Gráfica 2[5]

A pesar del sentimiento colectivo de impotencia ante este y otros crímenes que ocurren a diario en el país, se debe poner el dedo en la llaga. Si realmente al estado le interesa erradicar la violencia de género, debe proteger los recursos dedicados a combatirla. Debe existir una política pública clara y transparente donde esté atada los recursos con iniciativas puntuales a largo plazo. Si el Poder Judicial desea ser  “acreedor de la confianza del pueblo”[6] debe avalar procesos y sistemas para que transparenten sus ejecutorias, desde lo ocurre en la salas de los tribunales hasta lo que ocurre tras bastidores en la Administración del componente judicial.

 

Referencias

[1]  Espacios Abiertos. (2021). Presupuesto histórico de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. Observatorio Fiscal. https://observatoriofiscalpr.com/presupuesto/

[2]  Poder Judicial de Puerto Rico. (2014). Reglas de disciplina judicial. https://ramajudicial.pr/Documentos/Supremo/Reglas/Reglas-Disciplina-Judicial.pdf

[3] Guerra Cáceres, C. (2015). El sistema de disciplina judicial en Puerto Rico. Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico, 84, 931-945. http://revistajuridica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/05/84-Rev.-Jur.-UPR-931.pdf

[4] Poder Judicial de Puerto Rico. (2020). Salarios del personal de la Rama Judicial. https://www.poderjudicial.pr/Documentos/Prensa/2020/Salarios-Personal-Rama-Judicial-2020.pdf

[5] Espacios Abiertos. (2021). Presupuesto del Tribunal General de Justicia para el año fiscal 2021. Observatorio Fiscal. https://observatoriofiscalpr.com/presupuesto/

[6] Poder Judicial de Puerto Rico. Visión. https://www.poderjudicial.pr/index.php/mision-y-vision-de-la-rama-judicial/

El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos. En el mes de abril hubo alrededor de 33 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental comparadas con 39 noticias el año pasado para el mismo periodo. A continuación las palabras más destacadas en este mes: 

• Hubo aproximadamente 11 instancias donde los titulares mencionaron la palabra Puerto Rico. Eso significa que hubo casi dos instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;  
• Por cerca de cinco instancias se relaciona la palabra Covid-19 con la palabra transparencia. Ello representa que se asociaba la crisis de salud del Covid-19 con la palabra transparencia al menos una vez a la semana. 
• Se registraron tres instancias donde se relacionaba al sistema de transmisión comunitaria con la palabra transparencia. Ello implica que casi todas las semanas se relacionaba la palabra transparencia con el sistema de transmisión comunitaria. 

Abril:  Sistema de Vigilancia coloca a 14 pueblos en nivel de transmisión comunitaria alta; Las leyes de transparencia y datos abiertos nunca debieron aprobarse; Evalúan posible nueva legislación para garantizar acceso a información pública; PPD exige transparencia al alcalde “Guillito”; Asociación de IPAS apoya a ASES para hacer cumplir requisitos de transparencia en información; Loíza inicia la digitalización de compras y subastas del municipio; Informe de Salud lo confirma: Mudo el Sistema de Rastreo ante brotes de Covid en Puerto Rico; Opinión de Rafelli González Cotto: La transparencia ante la privatización de política pública por COVID-19; Revelan que funcionarios de Trump frenaron la ayuda a Puerto Rico por los huracanes; CPI va al tribunal por datos e informes relacionados con incentivos; SIP reitera las dificultades de acceder a la información en Puerto Rico; LUMA paga a sus ejecutivos hasta $325 la hora, según divulgación parcial; Pierluisi firma orden para transparencia contratación servicios en gobierno; Cámara aprueba de manera unánime ley para la fiscalización y rendición de cuentas en tiempos de emergencia;

La falta de transparencia en cómo se gestionan los bienes y servicios públicos en tiempos de crisis han dado de qué hablar en el mes de abril. Y es que las historias se repiten. Hace tan sólo un año hablamos de la compra de pruebas fallidas para atajar el Covid-19 y este mes se puso en duda el manejo del Sistema de Rastreo Comunitario ante el alza en casos del virus. Es difícil que la ciudadanía tenga confianza en las entidades públicas cuando estas actúan en algunas instancias con opacidad o sin ningún tipo de rendición de cuentas al pueblo. 

Sabemos que la Rama Ejecutiva y la Legislativa están en proceso de crear proyectos de ley y medidas de política pública a fin de atajar la opacidad gubernamental. Desde la Rama Legislativa, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes actualmente investiga el cumplimiento de las Leyes 122 y 141 de 2019—mejor conocidas como “Ley de Datos Abiertos” y “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”—mediante la Resolución 199. Espacios Abiertos fue invitado a las vistas públicas celebradas en el mes de abril. Allí expusimos que si bien es cierto que la aprobación de estas leyes fue un paso en la dirección hacia un Puerto Rico más abierto y transparente, todavía queda mucho espacio para mejorar. Ambas leyes están plagadas de deficiencias como consta en el estudio que la Red de Transparencia comisionó al Center for Law and Democracy en mayo 2020. Según el estudio, Puerto Rico ocuparía el puesto 87 de 128 ó el tercio más bajo al compararse con la normativa legal de los otros países. Un marco legal basado en las mejores prácticas internacionales debe ser el norte de todas y todos. 

Mientras tanto el gobernador Pedro Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva 2021-029 con el fin de establecer medidas para asegurar la transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación gubernamental de servicios profesionales. La disposición solo le aplica a contratos de “servicios profesionales por la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) o más, durante un año fiscal.” También le aplicaría a los contratos con enmiendas, solo “cuando estas resulten en que la cuantía total de un contrato de servicios profesionales alcance o exceda de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) en un mismo año fiscal.” Según la Oficina del Contralor, en el año 2020 sólo un 3.6% de los contratos otorgados por servicios profesionales tenían una cuantía de $250,000 o más[1]. Estos datos nos hacen ver qué este tipo de medida, es un avance pero queda corta de su esperado alcance.  

A todo esto en el mes de abril, el Centro de Periodismo Investigativo tuvo que acudir a los Tribunales para acceder a información sobre datos e informes relacionados a los incentivos, tales como los de la Ley 22 de 2012 conocida como la “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” y sobre la Ley 60 de 2019 conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, entre otros. Desde el año 2017, Espacios Abiertos ha abogado que el gobierno haga público un informe de gastos fiscales. Esa acción le daría la oportunidad a la ciudadanía de conocer qué incentivos otorga el gobierno mediante la conseción de créditos, exenciones y decretos, entre otros. En el año 2019, después de una pugna en los Tribunales con Espacios Abiertos, el Departamento de Hacienda publicó por primera vez un Informe de Gastos Tributarios y reveló que para el año 2017 Puerto Rico otorgó aproximadamente $20 mil millones en privilegios contributivos. Aunque la publicación fue un avance, todavía queda mucha información por transparentar. Los de 2018, fueron publicados recientemente pero todavía estamos a ciegas sobre cómo se han otorgado incentivos en el 2019 y el 2020. Sin embargo, seguimos aprobando presupuestos del fondo general sin conocer en dónde estamos invirtiendo todo el dinero público. El Senado recientemente aprobó el P. de la S. 206 conocido como “Ley del Presupuesto de Gasto Tributario de Puerto Rico” para crear oficialmente un registro público de gastos fiscales. Este es un gran paso hacia un Puerto Rico más abierto y transparente, pero todavía falta que se apruebe en la Cámara de Representantes y que el primer ejecutivo lo firme. 

En el mes de abril quedó demostrado que la transparencia gubernamental es algo que se discute a diario y que es imperativo que estemos vigilantes. Estas medidas y proyectos presentados por las diferentes ramas de gobierno tienen la posibilidad de impactar la vida de la ciudadanía de manera directa. Es importante que se exija que todas estas iniciativas se fundamenten en las mejores prácticas a nivel internacional y que todos los diferentes entes que interactúan con el gobierno se rijan bajo los mismos estándares de transparencia y responsabilidad fiscal. 

 

[1] Oficina del Contralor (2021). Consulta del Registro de Contratos 2020 [Archivo de datos]. https://consultacontratos.ocpr.gov.pr/

La conmemoración a nivel internacional de la Semana del Gobierno Abierto (17 al 20 de mayo) nos invita a reflexionar sobre en qué punto estamos con relación a los desastres naturales, el Covid 19 y la crisis fiscal. No es casualidad que el lema de este año sea Respuesta, Recuperación y Renovación Abierta dado que en el 2020 quedó demostrado la importancia de tener gobiernos abiertos, transparentes y participativos que le rindan cuenta al pueblo. Sabemos que las crisis y estados de emergencias le permiten a los gobiernos tomar acciones sin aplicar los procesos regulares y que el abuso de estos mecanismos tiene como consecuencia la toma de decisiones fuera del ojo público.

Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Espacios Abiertos, han exhortado a enmendar las leyes de Transparencia y Datos Abiertos desde que dichas leyes se aprobaron de manera atropellada en julio de 2019. Ya un estudio publicado en el 2020 por la organización internacional Center for Law and Democracy, reseñó que las leyes de Puerto Rico ocuparían el puesto 87 de 128 ó el tercio más bajo al compararse con la normativa legal de los otros países. Unas leyes de transparencia y datos abiertos de mérito serían una herramienta para responder de manera eficiente y eficaz a cualquier situación que estuviese pasando en el país. Debemos revisar y enmendar aquello que no funciona y que no se rige a los niveles más altos de excelencia internacional.

De otra parte, herramientas como la de “chequera abierta” han sido recomendadas para informar a la ciudadanía sobre todos los pagos y desembolsos que el gobierno hace en tiempo real. Con ello, las personas tendrían la oportunidad de participar en el monitoreo del uso de fondos públicos con el fin de detectar y detener la corrupción gubernamental. Situaciones como el desembolso para la compra de pruebas fallidas o la concesión de bienes municipales a terceros serían detectadas por la sociedad civil evitando la malversación de fondos públicos. El Instituto de Estadísticas ya tenía un programa piloto de chequera abierta utilizando las mejores prácticas de otras jurisdicciones pero no ha seguido desarrollándose por falta de recursos. No tenemos que reinventar la rueda si queremos fomentar gobiernos abiertos y participativos.

Aparte de herramientas como la chequera abierta, necesitamos información consistente sobre cómo se utiliza todo el dinero público, incluyendo aquel dinero que deja de ingresar al gobierno mediante la conseción de créditos, exenciones, decretos e incentivos contributivos o mejor conocidos como gastos fiscales y/o tributarios. En 2019, el gobierno publicó por primera vez un Informe de Gastos Tributarios y reveló que para el año 2017 Puerto Rico otorgó aproximadamente $20 mil millones en créditos[1], incentivos y exenciones entre otros. En tiempos donde la austeridad se utiliza como brújula para tomar decisiones de política pública para atajar la crisis fiscal, necesitamos herramientas que transparenten como todo el dinero público está siendo invertido para resolver la crisis fiscal y renovar nuestras comunidades. Es hora que el gobierno haga pública la información más reciente.

Espacios Abiertos compartió estas, y otras recomendaciones al liderato de las tres ramas de gobierno en el mes de marzo. Sabemos que algunas de estas, están siendo evaluadas por la Rama Legislativa pero necesitamos compromisos contundentes de todas las demás ramas de gobierno. Ya sabemos que estas propuestas han sido implantadas con éxito en Estados Unidos y a nivel internacional y, han demostrado que adelantan la buena gobernanza pública. En este ciclo de discusión presupuestaria y antes del cierre de esta sesión legislativa, es de suma importancia que no solo se hable sobre transparencia sino que destinen fondos públicos a herramientas y programas que puedan promoverla . Es el momento de poner la acción donde pusieron las palabras en las campañas eleccionarias.

 

 

 

1. Department of Treasury, Office of Economic and Financial Affairs. (2019). Puerto Rico Tax Expenditure Report for Tax Year 2017. San Juan, Puerto Rico: Department of Treasury: http://www.hacienda.pr.gov/sites/default/files/comunicaciones/puerto_rico_tax_expenditure_report_2017_version_final_septiembre_2019.pdf

El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos.

En el mes de marzo hubo alrededor de 34 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental, un aumento de dos noticias en relación al mismo periodo el año pasado. A continuación las palabras más destacadas en este mes:

• Hubo aproximadamente 10 instancias donde los titulares mencionaron la palabra transparencia. Eso significa que hubo casi 2 instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;
• En aproximadamente 6 instancias se relaciona la palabra gobernador y Puerto Rico con la palabra transparencia. Eso significa que se exigía o se prometía transparencia gubernamental casi 2 vez a la semana.
• Hubo aproximadamente 5 instancias donde se relacionaba a la Cámara de Representantes con la palabra transparencia. Eso significa que al menos 1 vez a la semana se relacionaba la gestión de la Cámara con la transparencia.

Marzo: Cámara investigará cumplimiento y resultados de leyes de transparencia; Transparencia fiscal y presupuestos abiertos frente al COVID 19; Supremo comparte informe sobre respuesta del Poder Judicial; CPI acude al tribunal para que el departamento de educación entregue la información pública; Rafael “Tatito” Hernández anuncia mecanismos para garantizar la transparencia de los procesos camerales; Gobernador nomina a Manuel Torres Nieves como Contralor de Puerto Rico; Victoria Ciudadana radica alegato sobre de lista de votos adelantados y ausentes; Espacios Abiertos propone cuatro propuestas para un gobierno abierto en Puerto Rico; ¡Victoria! Vivienda publicó su plataforma de transparencia; Demandan para que se divulgue Registro de Convictos por Corrupción, que se supone fuera público desde 2018; La peregrinación por la transparencia durante el año de la pandemia; Gobernador lanza un zarpazo a la JSF durante vista congresional; Legisladora villalbeña radica medidas en beneficio del medioambiente y de transparencia financiera; Demandan documentos sobre empresas para proyectos energía renovable en Puerto Rico; Manuel Natal asegura que el resultado electoral de San Juan “siempre habrá de cargar una sombra de duda”; y “Extraño” para el gobernador las movidas del alcalde de Mayagüez. 

Desde el 2005 a nivel mundial se celebra en el mes de marzo la transparencia y el gobierno abierto en lo que es conocido como el “Sunshine Week”. Unirnos a estas corrientes globales trazando una ruta hacia un Puerto Rico abierto y transparente es trabajo de todas y todos. Vimos este pasado mes como desde diferentes espacios se gestan victorias importantes y cómo otras personas y organizaciones de la sociedad se unen para exigir transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en las gestión pública.

Comenzamos destacando el rol que ha tomado la oenegé Ayuda Legal al exigir más transparencia en el proceso de recuperación y reconstrucción después de los huracanes Irma y María. Después de una larga lucha, este mes el Departamento de la Vivienda publicó una base de datos dirigida a los programas financiados con fondos CDBG-DR. Esto es una gran victoria para todas las personas que creemos que una recuperación justa y equitativa es posible y necesaria. Necesitamos procesos transparentes que le permitan a la ciudadanía participar efectivamente. De otra parte, diferentes grupos de la sociedad civil tuvieron que acudir a los tribunales para obtener acceso a información del gobierno. La primera demanda que destacamos fue contra el Departamento de Educación para que entregara al Centro de Periodismo Investigativo información de cómo se han utilizando los fondos federales en cada una de las escuelas del sistema público tras los terremotos y los huracanes Irma y María. Una demanda fue llevada contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por la Asociación de Productores de Energía Renovable en donde se le pidió a la primera que entregara información sobre la elección de las compañías Xzerta-Tec y CIRO One para realizar los proyectos de energía renovable en la isla. De otra parte, la organización Sembrando Sentido demandó al Departamento de Justicia para que hiciera público el Registro de Personas Convictas por Corrupción, registro que desde el 2018 se supone que fuera público.

Vemos mes tras mes como estos patrones se repiten. Sabemos harto la importancia del acceso a la información pública para poder encaminar las riendas de nuestras comunidades y el país. Hace solo un año la pandemia irrumpió la vida de todas y todos. El hermetismo y la opacidad del gobierno nos llevó a estar a ciegas sobre la incidencia del virus en nuestras comunidades. También nos llevó a casi perder millones de dólares en pruebas fallidas a manos de personas sin la pericia en estos temas. Ahora, nos vamos enterando cómo la opacidad y el mal manejo de fondos públicos en algunos municipios tienen a los bienes y los servicios que estos ofrecen a su ciudadanía en una situación de precariedad.

No tiene que ser así. A principios del mes de marzo, Espacios Abiertos cursó cartas a las y los líderes de las tres ramas de gobiernos haciéndoles recomendaciones puntuales de cómo podrían fomentar y poner en práctica una política pública a favor de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. No debemos reinventar la rueda para promover la sana gobernanza pública. Tenemos profesionales en nuestras universidades y en la sociedad civil con la pericia para apoyar al gobierno en estas transformaciones. A un poco más de cien días desde el comienzo del trabajo de los líderes electos, esperamos más. Necesitamos acciones contundentes a favor de la transparencia y rendición de cuentas públicas.

El Barómetro de la Transparencia es un repositorio digital creado para las personas interesadas en los temas de transparencia. Aquí la ciudadanía puede encontrar noticias donde se ha mencionado o se ha exigido transparencia en los haberes públicos.  En el mes de febrero hubo más de 25 noticias en diferentes medios relacionadas a la transparencia gubernamental. A continuación las palabras más destacadas en este mes:

• Hubo aproximadamente 7 instancias donde los titulares mencionaron la palabra Puerto Rico. Eso significa que hubo casi 2 instancias semanales donde se hablaba de transparencia en Puerto Rico;
• En aproximadamente 5 instancias se relaciona la palabra Pierluisi con la palabra transparencia. Eso significa que al menos hubo 1 instancia semanal donde se relacionaba al gobernador y al gobierno con la palabra transparencia;
• Hubo aproximadamente 3 instancias donde se relacionaba al gobierno con la palabra transparencia. Eso significa que se exigía o se prometía transparencia gubernamental casi 1 vez a la semana.

Los temas más destacados en febrero fueron los siguientes: Toa Baja se une a proyecto de transparencia; Exigen transparencia con salarios de empleados de LUMA Energy; Gobernador presenta borrador del presupuesto mayor al recomendado por JCF; Lanzan plataforma digital para fiscalizar contratos del Gobierno de Puerto Rico; Denuncian que la mala administración pública ha costado al menos $166 millones desde el 2016; Nueva propuesta del pago de la deuda deja a Puerto Rico sin dinero en efectivo en ocho años; Bajo la lupa del IRS beneficiarios de la Ley 22; Cámara de Representantes pública salarios de empleados; y Exigen transparencia en Cabo Rojo.

En febrero de 2020 la ciudadanía y diferentes grupos de la sociedad civil estaban pidiéndole al gobierno transparencia y rendición de cuentas sobre el estado de las escuelas después del paso de los terremotos en el área sur de la isla. ¿Cuándo se harían los estudios para confirmar el estado de las escuelas? ¿Dónde estaban los suministros? Actualmente vemos como se hacen exigencias similares, esta vez en torno a la apertura de las escuelas durante la crisis salubrista del COVID-19.  En los últimos años hemos vivido bajo emergencias, órdenes ejecutivas y planes de recuperación y reconstrucción. A estas alturas ya nos debe quedar claro a todas y todos que las emergencias y los desastres naturales no son algo inusual y que debemos estar preparados para ellos. La pregunta nunca debería ser si estos eventos ocurrirán si no cuándo lo harán y cómo nos vamos a preparar.

Se hace vigente entonces, la necesidad de tener organismos y mecanismos que faciliten la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana cuando ocurran dichos eventos.  En febrero de 2019 ya Espacios Abiertos había hecho recomendaciones al COR3, agencia que maneja todos los fondos de recuperación y reconstrucción, sobre su Portal de Transparencia. Sabíamos en aquel entonces que la recuperación sería larga y que probablemente con el pasar de los años tuviésemos otros desastres o emergencias  que nos obligarían a manejar y distribuir fondos públicos para atajar dichos eventos. Dos años después, aunque el COR3 implantó algunas de nuestras recomendaciones, todavía falta el detalle de los contratos de los proyectos adjudicados al igual que la información detallada de la adjudicación y el desembolso de los proyectos que no están bajo la sombrilla de FEMA. En fin, se necesita más especificidad por parte del gobierno en torno al estado actual de recuperación y reconstrucción y cuáles son los planes para agilizar estos. Solo con información la ciudadanía podrá participar y se asegurará una recuperación justa y equitativa para todas y todos.

Los términos y condiciones de cómo se utilizan los recursos públicos hacen una diferencia.  El 17 de enero la gobernadora firmó la orden ejecutiva OE-2020-010 eximiendo a la Rama Ejecutiva de los requisitos de procesos de contratación gubernamental para acelerar la recuperación de Puerto Rico, luego de declarar un estado de emergencia debido a los terremotos. En el mes de marzo se firmaron dos órdenes ejecutivas: la OE-2020-024 la cual viabiliza la adquisición de bienes y servicios necesarios para combatir los efectos del Coronavirus (COVID-19) y la OE-2020-027 extendiendo el periodo de emergencia debido al COVID-19 y eximiendo a ciertas entidades de la Rama Ejecutiva de ciertos requisitos de procesos de contratación gubernamental para viabilizar y acelerar la recuperación.  En estas dos últimas órdenes ejecutivas, por pedido de la Junta de Supervisión Fiscal, los términos y condiciones para los contratistas eran más estrictos, pero hemos visto que no han sido suficientes. Con el intento de adjudicar un contrato de $13 millones para la compra de ventiladores y con la adjudicación de otro contrato de $40 millones para comprar pruebas de coronavirus vemos que estos términos y condiciones eran necesarios pero no han sido suficientes para combatir el mal uso y subutilización de recursos públicos. 

Si algo hemos aprendido desde el paso de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos, es que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana durante una emergencia son parte neurálgica para proteger la salud y la seguridad del país. Ya sabemos que cuando las decisiones se toman en cuartos oscuros — sin participación ciudadana — los recursos públicos son subutilizados y en algunas ocasiones malversados. 

La semana pasada Transparencia Internacional publicó un reporte sobre los elementos mínimos que los gobiernos deben observar en las contrataciones públicas durante el estado de emergencia debido al COVID-19. Hoy Espacios Abiertos envió una carta con sus anejos a la Gobernadora y al Secretario de Salud con unas guías para manejar las contrataciones en tiempo de emergencias utilizando las mejores prácticas de este reporte. Aquí se las resumimos: 

1. Los gobiernos deben dar máxima publicidad en la información de compras gubernamentales vinculadas con la emergencia;
2. Las agencias reguladoras y antimonopolio deben ser activadas para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios;
3. Se deben realizar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia;
4. Los gobiernos deben concentrar en una sola plataforma toda la información relacionada a las contrataciones gubernamentales en este tema o generar identificadores en la plataformas electrónicas de contratación pública;
5. Debe haber rendición de cuentas apropiada y sin excusas

La transparencia y la rendición de cuentas son temas de alto interés público y donde todas y todos debemos participar. Los recursos destinados por el gobierno para manejar la emergencia son de cada una de nosotras y nosotros. Cada decisión que se tome puede tener un efecto directo en nuestras vidas, comunidades y en la situación del país. No dejemos que el virus de la corrupción nos arrope durante la emergencia. Más transparencia es más salud.