Primero, el proceso para analizar el proyecto ha sido muy atropellado, nada transparente y a espaldas del Pueblo. Desde el inicio no se quiso compartir con la ciudadanía el informe de los consultores de KPMG en el cual se basaba la reforma y el cual había sido pagado con fondos públicos. A pesar de un llamado amplio de voces del sector ciudadano, de organizaciones no-gubernamentales, de prominentes representantes del sector privado y de sindicatos y hasta de algunos del sector público, Fortaleza mantuvo su postura de secretividad y no fue hasta que un tribunal obligó hacer público el informe que se hizo.

Más aún, la insistencia de convertir en ley a través de un proceso fast-track lo que el propio Secretario de Hacienda ha llamado, “uno de los cambios más transcendentales en las últimas décadas en la forma que levantamos los recursos necesarios para sufragar los gastos del estado,” no es razonable. Peor aún, no permite discutir responsablemente muchas de las dudas que han surgido en temas importantes como por ejemplo el crédito al trabajo, y la necesidad de eximir los alimentos, la educación y los medicamentos.

Segundo, no estoy convencido que el gobierno de Puerto Rico, y en particular el Departamento de Hacienda tenga la capacidad para implementar el nuevo régimen en el tiempo que se han impuesto. No entiendo qué evidencia existe de lo contrario. Ejemplos de más tenemos en nuestro gobierno de sistemas que no funcionan, incluyendo el vergonzoso porcentaje de captación del IVU actual. Me preocupa que de realizarse esta reforma, nos encontremos una vez más en una situación donde se sobrestimaron las proyecciones de captación y de recaudos, como siempre ha sucedido, y terminemos después de tanto trauma igual o peor que ahora.

Tercero, y más importante que todo lo demás, no creo que la economía de Puerto Rico, la cual entra en su noveno año de estancamiento y que se encuentra en estado crítico, pueda sobrevivir el shock al sistema que representarían los cambios propuestos, principal entre ellos un IVA de 16%, y la extracción del Pueblo de más de mil millones adicionales al año para el gobierno.

Recaudar más para el gobierno no es malo de por sí. Pero esta reforma no se ha hecho como parte de un plan amplio de desarrollo ni como parte de un plan para determinar cuales son las necesidades financieras verdaderas del gobierno. No me parece ni inteligente ni moral que tengamos un gobierno que malgaste sus recursos, incluyendo créditos y subvenciones que no generan actividad económica, y que insista en seguir tomando prestado y confiscando dinero de sus propios ciudadanos.

Peor aún, no ha existido transparencia en cuanto al uso que se le darán a los más de mil millones adicionales en recaudos, ni cómo el gobierno establecerá las prioridades para esos dineros. La decisión de no apoyar la reforma en este momento ha sido una difícil pues la realidad es que estoy de acuerdo con muchos de los objetivos y propuestas que se incluyen en la misma. Pero creo que en esta situación, el momento y la secuencia de prioridades es tan importante como la solución técnica. Y este no es el momento.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en el periódico El Nuevo Día el 25 de febrero de 2015.

No es para menos pues el tema de la transparencia gubernamental es uno de los temas más cruciales para cualquier democracia. De hecho, no puede existir democracia sin transparencia pues el sistema se basa precisamente en permitir que la ciudadanía decida y eso solo funciona plenamente si se le provee al Pueblo la información necesaria para tomar una decisión informada.

Ante esta situación, son muchos los que piden se presente una demanda legal contra el gobierno para obligarlos a revelar y hacer pública la información que nos esconden. Hay una gran y noble tradición internacional de ciudadanos demandando a sus gobiernos en los tribunales para exigirle cumplan con sus propias leyes. Y en las democracias ese derecho es uno de los más importantes que tenemos como ciudadanos.

Pero sería una gran decepción si a eso llegáramos. La realidad es que no deberíamos estar discutiendo si el estudio de la reforma contributiva hecho por los consultores extranjeros de la firma KPMG es un documento de trabajo o un informe final, si es un documento público bajo la definición de nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo o si no lo es. Aquí el punto medular es que como Pueblo y como País vamos a emprender un gran proceso de reforma contributiva con la meta de hacer justicia a los que pagan impuestos y propiciar un ambiente donde se puedan crear nuevos y mejores empleos. Esa es una meta común y loable que tenemos. ¿No debemos entonces trabajar juntos para lograrla? ¿No debemos abrir las puertas para dejar entrar las mejores ideas? ¿No debemos hacer lo que predicamos y compartir con la ciudadanía la responsabilidad de lograr una reforma contributiva justa? ¿No debe ser esa nuestra aspiración como País?

Lo importante aquí realmente no es la definición legal de lo que hay que compartir con el Pueblo. De lo que estamos hablando es de una nueva manera de hacer las cosas. De la aportación que puede hacer nuestra generación al legado de la democracia en Puerto Rico. Podemos ser nosotros los que empecemos a crear una verdadera cultura de transparencia y apertura en el Gobierno de Puerto Rico y lograr que en el futuro nos identifiquen como los que comenzamos esa gran transformación. Esta situación le provee a la actual administración una única oportunidad de poner en practica una nueva manera de gobernar y de incluir al Pueblo en la toma de decisiones. De eso se habla mucho pero se hace poco.

Ciertamente gobernar con más apertura y transparencia será un proceso diferente y posiblemente más difícil y engorroso en algunos aspectos. Pero a la larga valdrá la pena. Tenemos que aprender a tolerar un proceso más espinoso, más laborioso y más deliberado. Porque como dicen Las Escrituras, “no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse.” Y si cometemos errores, los cometemos juntos.  Habrá preocupación e incertidumbre al hacerlo. Pero es lo correcto y creceremos como País y los gobernantes que lo practiquen sentirán también ese sentido de paz que cubre a uno cuando hace lo correcto. Y podrá recordar aunque quizás nadie mas lo haga que cuando le toco su turno ante la historia hizo lo correcto.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 26 de noviembre de 2014.

Desde hace tiempo Puerto Rico necesita reestructurar su Código de Rentas Internas, una maraña sedimentada de impuestos, sobretasas, exenciones, y deducciones que no recauda lo que tiene que recaudar y no fomenta lo que tiene que fomentar. Ahora, para que la Reforma cumpla con su cometido – para que sirva para apuntalar las finanzas del País, fomentar la inversión, e incentivar el trabajo y el ahorro – tiene que cumplir con unos preceptos básicos.

Primero, la reforma debe ser profunda, de gran alcance, e incluir todos los componentes: las contribuciones sobre ingresos de los individuos y las corporaciones, los arbitrios, los impuestos a las ventas y los impuestos a la propiedad.

Segundo, es importante expandir la base contributiva, dejando a un lado las exclusiones, créditos y exenciones que hacen del sistema uno sumamente complejo. Esta maraña de excepciones no solo produce efectos imprevistos para el fisco – con el resultado de que Hacienda nunca sabe a ciencia cierta cuanto va a recaudar – sino que provoca múltiples distorsiones en el proceso decisional de las empresas al asignar e invertir capital.

Tercero, para hacer que más gente y más corporaciones le paguen al fisco, es importante reducir las tasas. Las tasas altas provocan que los contribuyentes – individuales y corporativos – hagan lo indecible por evadir el pago de impuestos, legal o ilegalmente. En la actualidad, muchas empresas optan por comprar créditos contributivos para descontarlos en la planilla; muchos profesionales prefieren cobrar en efectivo para reportar menos ingresos; y muchos trabajadores deciden “buscárselas” en la economía informal. Es por esto que la base contributiva del País se ha vuelto cada vez más endeble, y el fisco cada vez más raquítico.

Cuarto, es importante simplificar el sistema. El que tenemos es complicado, injusto e ineficiente, y casi imposible de fiscalizar.

Habiendo dicho esto, es importante resaltar otros dos elementos: la importancia de mantener el requisito sobre la radicación de planillas; y la necesidad de implantar medidas que compensen la regresividad de lo que se espera sea un impuesto al consumo más alto que el que tenemos ahora.

La radicación de planillas – aún en el caso de individuos exentos de pagar contribuciones – es un elemento importante para la contabilidad y la transparencia del sistema, y aún más para el funcionamiento ciudadano. Si lo que buscamos es motivar a que más personas entren la actividad económica formal, y contar a la vez con data robusta para formular buena política pública, no podemos implantar una medida que desaparecerá del radar contable a miles de individuos.

Asimismo, aumentar el peso de los impuestos al consumo requiere un delicado acto de balance fiscal, no sea empujemos a la precariedad a miles de contribuyentes de escasos recursos. Estos gastan buena parte de sus ingresos en necesidades básicas – sobre las que pagan IVU – y sufragan impuestos federales tales como Seguro Social y Medicare. Para lograr este balance, entendemos que es importante reintroducir el “crédito por trabajo”, un crédito reembolsable para los trabajadores de bajos ingresos. El mismo no solo funciona como un atenuante de la regresividad de los impuestos al consumo, sino que estimula el trabajo porque depende de que la persona cuente con un trabajo en la economía formal y radique su planilla.

Finalmente, propongo que empecemos a llamar las cosas como son. Lo que le pagamos al gobierno no son contribuciones pues no es voluntario. Nos lo imponen y por lo tanto lo debemos llamar por su nombre: impuestos.

El autor es presidente del Centro para una Nueva Economía. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 24 de septiembre de 2014.

Photo: AgriLife Today