El sub-inciso (c) de la Sección 6B de la Ley 83 de 1943, según enmendada, establece que la AEE está obligada a diseñar y presentar una nueva factura que identifique de manera detallada las categorías de los diferentes cargos al consumidor.

La nueva factura deberá ser totalmente transparente; entiéndase que deberá incluir un desglose detallado de cada cargo y no incluirá ni englobará ningún otro costo o cargo bajo las cláusulas de compra de combustible y compra de energía que no sea aquel aprobado por la Comisión […]. 

Conforme a esta disposición, la AEE sometió a la Comisión su propuesta de la nueva factura transparente para cada categoría de cliente. En la misma explica cómo la nueva factura incorpora los criterios y requisitos mencionados anteriormente.

Según la presentación del Ing. Javier Quintana, director ejecutivo de la AEE, en el foro de energía celebrado por la Cámara de Representantes el pasado 16 de marzo de 2016, la nueva factura presentará los cargos aplicables de una manera más detallada o desglosada, la cual elimina el concepto de facturación mínima, simplifica el cálculo del cargo por demanda de energía para los clientes comerciales e industriales, elimina los bloques de energía en tarifas no subsidiadas, simplifica la fórmula para el Cómputo del Ajuste por Combustible y Compra de Energía, y ofrece mayor estabilidad en el costo por kilovatio-hora.

Las categorías de los diferentes cargos al consumidor incluyen:

1. El Cargo por Ajuste por compra de combustible y el ajuste por compra de energía a los cogeneradores y a los productores de energía renovable.

• Consideraciones:
  • Los valores de los ajustes incluirán únicamente los costos relacionados con la compra de combustible y la energía comprada a productores de electricidad;
  • Se elimina del cálculo de los factores de ajuste el factor de 0.89 correspondiente a la contribución en lugar de impuestos (CELI), a la que están sujetos los municipios;
  • Periódicamente (cada tres o seis meses) se reconciliarán (true-up) ambos valores, con los costos reales del combustible y la energía comprada;
  • Inicialmente, el ajuste por compra de combustible y por compra de energía comenzará en $0/kWh, ya que, según la nueva estructura tarifaria propuesta, el Cargo Base incluirá su costo total proyectado.

2. El crédito por Medición neta;

• Consideraciones:
  • Aparecerá explícitamente el crédito otorgado en dinero por la energía exportada al sistema de la AEE;
  • Se establece el concepto de “Grandfathering” (a los clientes de medición neta con derechos adquiridos), excluyéndolos de cargos nuevos para clientes de medición neta por 20 años.

3. La Contribución en lugar de impuesto (CELI):

• Consideraciones:
  • La CELI es la aportación mediante la cual la AEE compensa a los municipios, con servicio de electricidad, por los ingresos que éstos dejan de recibir como resultado de la exención contributiva que disfruta la AEE en virtud de la Sección 22 de la Ley 83-1941, según enmendada.
  • Solo incluirá los costos por servicio eléctrico medido de los municipios;
  • Se excluirán los negocios con fines de lucro para el cómputo de la CELI según provisto por la Ley 4-2016;
  • Se actualizará periódicamente;

4. El cargo de transición:

• Consideraciones:
  • Este concepto será utilizado para permitir que un grupo de bonos existentes de la AEE sean refinanciados a través de los bonos de reestructuración emitidos por la Corporación de Revitalización de la AEE. Estos bonos reflejarán una reducción del 15% del capital (para los bonos no asegurados), una tasa de interés promedio de 5.22% (en comparación con el 5.86% de los bonos existentes de la AEE) y una moratoria de 5 años para el pago de intereses.
  • La orden de reestructuración emitida por la Comisión de Energía impondrá cargos de transición de 3.1 centavos por kWh para todos los clientes (residenciales, no-residenciales y gubernamentales) de la AEE.

5. El cargo base:

• Consideraciones:
  • Este cargo incluirá:
    • el cargo de manejo y servicio de la cuenta;
    • el cargo por consumo;
    • los gastos operacionales;
    • energía hurtada;
    • pérdida de electricidad;
    • pago de deuda no incluida en el cargo de transición;
    • deudas por cobrar del sector público;
    • deudas por cobrar del sector privado;

6. El Cargo por Subsidios, Aportaciones, Alumbrado Público, Programa de Electrificación Rural y Sistema de Riego Público;

• Consideraciones:
  • Incluirá los subsidios y subvenciones establecidos por ley;
  • Se actualizará periódicamente, con los costos reales de los subsidios y subvenciones otorgados a hoteles, legislatura, etc.
  • Incluirá el costo del alumbrado público municipal.
  • Incluirá los pagos por concepto de la Comisión de Energía, entre los que se encuentran: $5.8 millones anuales, según requerido por la Ley 57-2014 y los requeridos por la Ley 4-2016

7. Cualquier otro cargo que incida en la factura de los abonados residenciales y comerciales.

Además, de los requisitos enumerados, la propuesta de la AEE establece que la nueva factura transparente incluirá información detallada, incluyendo:

• tarifa para cada clase de cliente (residencial, comercial o industrial) incluyendo el estado de cuenta para agencias gubernamentales y municipios;
• detalles del consumo;
• detalles de subsidios y ajustes para clientes con diferentes subsidios o descuentos (medición neta, equipo de preservación de vida, descuentos a hoteles o PAN);
• información sobre el depósito de bonos;
• tipo de lectura de metro (estimada o leída);
• fecha de la próxima lectura del metro;
• información del metro: días de consumo, lectura previa y corriente del metro y periodo de factura);
• consumo diario promedio para meses previos (gráfica de KWh);
• balance previo;
• pagos recibidos de la factura anterior;
• información relacionada a acuerdo de pago, si alguno;
• métodos de pago y alternativas de pago;
• notificación del proceso para objetar una factura; y
• notificación de suspensión del servicio, si aplica.

A modo de ejemplo, la nueva estructura tarifaria propuesta para el servicio residencial general sería la siguiente:

Las vistas públicas para evaluar el proceso de adopción de la nueva factura transparente serán el 16 y 17 de noviembre en el Salón de Audiencias de la Comisión de Energía. También pueden enviar comentarios escritos a la siguiente dirección: comentarios@energia.pr.gov; o enviándolos por correo regular a la siguiente dirección:

Comisión de Energía de Puerto Rico
Edificio World Plaza
268, Avenida Muñoz Rivera,
San Juan, PR. 00918.

Accede al enlace para más información sobre la propuesta para la nueva factura transparente.

Infórmate. Comparte. Actúa.

#AOscurasNo

Según la directora de Turismo, no se puede divulgar la cuantía del contrato de auspicio, ya que a solicitud del Sevilla FC se incluyó una cláusula de confidencialidad, pues “este tipo de organizaciones deportivas son muy celosas con la competitividad de sus negociaciones”. Además, expresó: “que el dinero invertido en el patrocinio salió de los propios fondos de la compañía de turismo porque la corporación pública no depende del fondo general, sino que genera ingresos mediante el impuesto a las habitaciones y otros cargos”.

Ante tales aseveraciones debemos aclarar varios asuntos.

En primer lugar, podemos entender que el proceso de negociación sea confidencial, pero el contrato final y su cuantía debe ser público, a menos que cumpla con las excepciones establecidas por ley. Es importante recordar que cuando el gobierno reclama la confidencialidad de algún documento o de la información recopilada de alguna otra forma, le corresponde probar por qué esa confidencialidad es necesaria. Tiene que demostrar que tiene un interés apremiante que proteger y que no tiene medios menos onerosos para lograr el fin que alega promover.

En segundo lugar, la Compañía de Turismo es una corporación pública. Esto significa que fue creada por el gobierno de Puerto Rico para proporcionar un bien o servicio público; en este caso, estimular programas de promoción y atracción turística con el fin de alentar en los visitantes el interés en nuestra cultura. A tales efectos, la doctrina prevaleciente en Puerto Rico es que las personas naturales y las corporaciones tienen el derecho de obtener información que esté en posesión de cualquier organismo público, en todos sus poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) o de entidades privadas que realicen funciones públicas, siempre y cuando no caiga bajo las excepciones mencionadas.

En tercer lugar, el hecho de que genere sus propios ingresos a través del impuesto a las habitaciones o “room tax”, no significa que se convierta en una corporación privada y se le exima de rendir cuentas a la ciudadanía. Precisamente dicho impuesto constituye una carga obligatoria que toda persona que se aloje en un hotel o concepto similar tiene que pagar para financiar a dicha corporación. Así por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica genera ingresos propios por concepto del cobro de la luz, pero eso no le quita su carácter público. Por lo tanto, la ciudadanía tiene derecho a acceder esta información porque envuelve el uso de fondos públicos.

En cuarto lugar, los principios de contratación abierta reconocidos internacionalmente establecen la importancia de adoptar mecanismos que propicien una amplia divulgación y participación en las contrataciones públicas para que sean más competitivas y justas. El propósito principal de la contratación abierta es promover la publicidad proactiva de los documentos e información relacionados a las contrataciones públicas para así poder evaluar comprensivamente las disposiciones adoptadas, monitorear su cumplimiento y promover la rendición de cuentas por los resultados obtenidos.

En Puerto Rico llevamos décadas repitiendo estrategias infructuosas para atraer a turistas. Recordemos el fracaso de iniciativas como la del municipio de Mayagüez mediante la Corporación para el Impulso de Desarrollo Económico del Oeste. Según una auditoría de la Oficina de la Contralora, el Programa de Incentivos Aéreos de Vuelos Fletados, que entre los años 2010 y 2011 ofreció vuelos fletados desde Aguadilla a España, no cumplió con los requisitos mínimos para lo cual fue creado: que el 75% de los pasajeros de un vuelo fletado tengan una reservación de tres días o más en alguno de los paradores y que los vuelos se llevaran a cabo durante un mínimo de seis meses consecutivos con, por lo menos, un vuelo semanal, ida y vuelta. De acuerdo al informe, de los 2,250 pasajeros que utilizaron los vuelos fletados sólo el 17% (389) eran europeos, se confirmaron solamente 86 reservaciones en hoteles y paradores del área Oeste y se estima que cada uno de los turistas europeos le costó al erario $17,962.

De igual forma, tenemos que exigir transparencia financiera en nuestras agencias públicas. Los estados financieros de Turismo reflejaron que para los años fiscales del 2007-08 al 2010-12 que la Compañía recibió asignaciones de fondos de la Asamblea Legislativa por $7,590,773, generó ingresos por $651,063,330 e incurrió en gastos por $688,046,555. Esto reflejó un déficit acumulado por $29,392,452. Según el último estado financiero disponible (2013) los ingresos de la Compañía de Turismo rondan los $70 millones de dólares pero sus gastos fueron de $115.5 millones. Con lo que en 2013 solamente sus gastos superaron sus ingresos por $48 millones de dólares. Así que el déficit sigue en aumento. ¿Qué sabemos de cómo se ha invertido este dinero? En el 2013, $42 millones fueron destinados a promociones y publicidad—Pero ¿con qué resultados? Peor aún los estados financieros indican una reserva de $62 millones por pérdidas en proyectos de turismo (p.40).

El historial demuestra que las “inversiones” que ha hecho la Compañía de Turismo (y otras agencias y corporaciones públicas) han sido un fracaso. Solo con la publicación proactiva de contratos, la transparencia financiera y otros mecanismos de transparencia y buena gobernanza podremos aspirar a que se evalúe oportunamente y se rinda cuentas del uso de nuestro dinero.

En conclusión, la transparencia financiera y la contratación abierta son principios esenciales para la rendición de cuentas en la gestión pública, ya que son antídotos contra la corrupción, el fraude, así como el abuso y despilfarro de los recursos gubernamentales.

Además, permiten que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre las políticas públicas que le conciernen, incluyendo aquellas sobre las finanzas del gobierno.

En resumen, la rendición de cuentas es un concepto básico de sana administración pública que en época de crisis económica resulta imprescindible reclamar. Ciertamente el contrato de auspicio al Sevilla FC es polémico; más aún en un país declarado en quiebra, que no tiene dinero para sufragar su sistema de salud, su sistema educativo, las pensiones de los envejecientes, entre otros servicios esenciales.

Como bien dijo Louis Brandeis, ex Juez Asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo XX: “sunlight is said to be the best of disinfectants”. En el 2016, ya es hora de que el gobierno arroje luz y rinda cuentas claras por sus actuaciones. Solo así podremos desinfectar sus instituciones.

Durante el conversatorio, varias organizaciones de la sociedad civil, representantes de los consumidores de energía y personas interesadas en el tema de la reforma energética participaron de este encuentro, donde se presentaron preocupaciones e ideas para mejorar el acceso a la información y la transparencia en los procesos de reestructuración de la AEE.

Las organizaciones y personas que participaron fueron las siguientes: el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI), la Mesa de Diálogo Energético, la Asociación Puertorriqueña de Energía Verde (APEV), la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), el Centro para una Nueva Economía (CNE), El Puente Enlace Latino de Acción Climática, el Comité de Diálogo Ambiental, el Lcdo. Pedro Saadé y Espacios Abiertos (EA).

Bajo el lema de campaña “#AOscurasNo”, promovido por EA, nos reunimos para identificar aquellos asuntos en el proceso de reestructuración de la AEE que requieren mayor atención y presión por parte de la ciudadanía. El propósito: conversar sobre los asuntos que están a oscuras en la AEE y evaluar de qué manera podemos exigirle mayor transparencia y efectividad a la Comisión de Energía (CEPR) y a la AEE.

Algunas de las preocupaciones que pudimos recopilar fueron las siguientes:

1. La celebración de vistas públicas para la evaluación de diferentes propuestas sometidas por la AEE ante la CEPR, tales como: el Plan Integrado de Recursos (PIR), el cargo de titulización, la petición de revisión tarifaria, entre otras, no han sido un espacio abierto que procure la verdadera participación ciudadana.

En ese sentido, se cuestionó el tipo de participación, ya que no han habido suficientes vistas públicas para evaluar temas tan complejos. A esto se le debe añadir que no se notifica ampliamente, y con anticipación, la celebración de estas vistas para que la gente puede participar. Tampoco se le brinda a la ciudadanía información comprensible para que puedan participar en las vistas con conocimiento de lo que ocurre en el proceso de reestructuración de la AEE.

Como hemos reiterado en varias ocasiones, no se trata de notificar, sino de avisar con tiempo y visibilizar la notificación para que la gente pueda prepararse y asistir a las vistas. Así mismo, es importante educar a la ciudadanía sobre la importancia de participar en estas vistas para que se atrevan a alzar su voz y ser parte del proceso de evaluación.

2. La creación de la CEPR es un gran avance, pero todavía falta mucho por mejorar.

Hubo amplio consenso sobre la necesidad de un ente regulador independiente que vigile a la AEE; por lo que se reconoció, como un paso de avanzada, la creación de dicha Comisión. Sin embargo, se requiere mayor acción de parte de la CEPR en fiscalizar a la AEE y ser transparente en su gestión.

Del mismo modo, se enfatizó la necesidad de que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) monitoree las gestiones de la CEPR y la AEE, ya que esta oficina funge como el segundo nivel de vigilancia para asegurar que la CEPR realice su trabajo y los reclamos de los consumidores de energía sean verdaderamente representados.

3. Debe haber mayor difusión sobre la colaboración transdisciplinaria entre los recursos expertos en temas de energía

En Puerto Rico hay vasto conocimiento sobre temas de energía y los procesos que se están dando en la reforma energética. A tales efectos, deben compartirse y difundirse aquellos estudios, investigaciones y/o blogs que analicen la transformación del sistema eléctrico del país, desde un punto de vista interdisciplinario, para provocar debates y discusiones informadas, y la ciudadanía, al leerlos, pueda asumir posturas y tomar decisiones.

Por tal razón, hacen falta más recursos para visibilizar el trabajo intelectual que se ha realizado hasta el momento y el mismo sirva como herramienta de información para que la gente conozca más sobre los procesos que se están dando para transformar el sistema eléctrico del país y se inserte en la discusión.

4. Debe haber mayor acceso a la información en los procesos de reestructuración de la AEE

Para facilitar la intervención de grupos interesados en participar en la evaluación del PIR, el cargo de titulización, entre otros procesos, se deben erradicar las barreras que les impiden a ciertos grupos participar en estos temas. Así por ejemplo, el hecho de que la AEE o la CEPR no brinden cierta información sobre algunos temas por razones de “seguridad nacional”, imposibilita a las partes interesadas asumir posturas y poder adentrarse en los temas que merecen un análisis ponderado y una evaluación minuciosa para poder intervenir a favor o en contra de estos.

De la misma forma, obligar a los interventores a firmar acuerdos de confidencialidad para que no divulguen la información que se comparte en los informes, alegatos y otros documentos debe ser cuestionado. Habría que determinar cuál es el interés apremiante que se quiere proteger, comparado con el interés del Pueblo de mantenerse informado sobre los procesos, que en última instancia, afectarán su bolsillo.

5. La explicación de temas técnicos y complejos debe tener como público principal al abonado residencial, quien es el menos informado.

No hay gente que le hable claro a los consumidores de energía. Necesitamos masificar la información y, de manera simple y comprensible, explicar la complejidad de estos asuntos. Como hemos mencionado en múltiples ocasiones, la ciudadanía se siente confundida y abrumada con lo que está ocurriendo en la AEE. Por tal razón, se cohíben de participar, y a la larga, aceptan las decisiones tomadas a oscuras porque no se sienten capacitados para defender lo que no entienden.

6. Nuestro servicio eléctrico debe estar al servicio de las comunidades

Debemos aspirar a que la AEE sea una verdadera corporación pública. En otras palabras que sirva a los intereses de los(as) puertorriqueños(as); donde todos y todas podamos disfrutar del derecho a consumir energía a precios justos y razonables.

7. La AEE no está brindando toda la información que se le solicita

A modo de ilustración, cuando la AEE sometió su propuesta del PIR, la CEPR lo devolvió por no cumplir con los requisitos de información establecidos en el reglamento. Así mismo ocurrió con la reciente petición de revisión tarifaria, que por no cumplir con la entrega de información requerida por ley, fue devuelta. Esta situación, además de atrasar los procesos de evaluación, atenta contra el espíritu de transparencia que debe imperar en la AEE.

A esto hay que añadirle que en el proceso de evaluación del PIR, solo se presentaron 3 alternativas de modelos energéticos y ni siquiera se dio acceso a los interventores a los demás modelos estudiados para poder evaluar si en efecto aquellos eran onerosos y perjudiciales. En resumen, nunca se supo cuáles eran las otras alternativas estudiadas y por qué se concluyó que dichos 3 modelos eran más convenientes.

Además, el hecho de que la CEPR haya tenido que demandar en varias ocasiones a la AEE por no dar información que exige la ley, revela un patrón de secretismo que hay que erradicar, una vez por todas, de esta corporación.

8. Los gastos en asesoría legal y administrativa en la AEE son exorbitantes

Así por ejemplo, la AEE adeuda alrededor de $9 billones a sus acreedores. Solo en el proceso de evaluación del cargo de transición, la AEE ha gastado alrededor de $124 millones en firmas externas de asesoría legal para que brinden su peritaje en este asunto. A modo de comparación, este gasto exagerado es mucho mayor a lo que la ciudad de Detroit gastó en su proceso de quiebra, cuya deuda total era entre $18-$20 billones y gastó aproximadamente $170 millones en su proceso de reestructuración. Definitivamente, tiene que reevaluarse el gasto en asesoría legal y atemperarse a la crisis económica que enfrenta la AEE.

9. La falta de recursos económicos y humanos de la OIPC debe ser atendida con prontitud

Esta oficina es la más importante en la transformación del sistema eléctrico del país. La OIPC es el fiscal del Pueblo, que representa los intereses de los consumidores frente al gigante de la AEE. El hecho de que solo reciban el 10% del presupuesto asignado a la CEPR, que se traduce en aproximadamente $500,000, debe ser motivo de preocupación, ya que poder analizar cientos de páginas en lenguaje altamente técnico y especializado requiere tiempo razonable para poder elaborar argumentos legales en beneficio de la gente. Además, necesitan contratar peritos para que puedan interpretar y evaluar estos documentos técnicos y se le pueda informar a la ciudadanía, con tiempo razonable y de forma útil y comprensible, cuáles son las alternativas y sus efectos.

10. Si vamos a transformar el sistema eléctrico del país tenemos que empezar a transformar nuestra sociedad

Esto se logra educando a la gente. ¿Y cómo educamos? Educamos reconociendo en primer lugar que el problema de la AEE es uno político y de gobernanza. Tenemos que saber que hay algunos grupos de interés beneficiándose del dinero de la AEE; entre ellos: suplidores, partidos políticos, negocios, empresas y bonistas.

Entonces ¿cuál debe ser el punto de partida para lograr esa educación y capacitar a la gente en este tema? Debemos comenzar por que la ciudadanía entienda la factura de luz. Debemos preguntarnos ¿creemos que es justo y razonable que se nos cobre el subsidio que se la da a X hotel? O ¿sabemos que lo que nos están cobrando en la tarifa de luz varía todos los meses?

Debemos ir construyendo sobre esas bases de conocimiento con relación al contenido de la factura de luz; en específico, aquellos cargos dirigidos a la operación y mantenimiento de la AEE.

11. El mero conocimiento no es suficiente. Se tienen que aglutinar a los grupos interesados para proteger a los consumidores

En ese sentido, debemos traducir los temas energéticos a un lenguaje en arroz y habichuelas. Así se puede integrar a las comunidades y al mismo tiempo intervenir legalmente. Cuando la gente entiende, es más receptiva a manejar estos temas y a participar. Una forma de crear urgencia sobre los procesos que se avecinan en la AEE y que pueden afectar nuestro bolsillo es hablar desde el punto de vista de los abonados, quienes consumen energía todos los días y pagan por la ineficiencia de la AEE. De esta forma se les da el apoderamiento que necesitan para alzar su voz en las negociaciones de la AEE.

Del mismo modo, la comunicación debe ser masiva y animada para que la gente entienda lo que ocurre en la reforma energética.

12. La falta de consecuencias en la AEE.

Existe gran consenso en que no hay fiscalización dentro de la AEE y ello debido a la falta de transparencia y acceso a la información. Como no sabemos lo que ocurre en la operación y administración de esta corporación, no podemos fiscalizarla y evaluar si se está administrando adecuadamente.

Como hemos mencionado anteriormente, la CEPR y la OIPC son un gran avance en beneficio de la gente; sin embargo, la ciudadanía debe involucrarse más y exigirle cuentas claras a la AEE y a la CEPR para promover un mejor servicio eléctrico en Puerto Rico.

13. La falta de cumplimiento con la publicación de las actas de las reuniones de la junta de gobierno de la AEE

En múltiples ocasiones se le ha notificado a la junta de gobierno dicho incumplimiento y todavía hacen caso omiso. La responsabilidad de aprobar más cargos en la tarifa de luz recae sobre esta junta. Por eso es necesario tener acceso a las actas y evaluar qué se discute en dichas reuniones.

En conclusión, fueron muchas las preocupaciones que se discutieron en esta mesa redonda. Lo importante es que continúe el diálogo entre todos los sectores enfocados en energía para promover una verdadera cultura de transparencia en el sistema eléctrico de Puerto Rico.

¡A oscuras no! Te invitamos a revisar las incidencias de la CEPR en nuestro website: https://espaciosabiertos.org/a-oscuras-no/ , para que participes, exijas lo que te mereces y nos rindan cuentas sobre lo que está pasando en la AEE. También puedes mantenerte al tanto de nuestros proyectos y campañas sobre la AEE suscribiéndote a nuestra lista de contactos en la siguiente dirección: https://espaciosabiertos.org/membresia-y-contacto/

Para atender esto, la Ley 57 de 2014 sobre Transformación y Alivio Energético establece que se realice un Procedimiento de Revisión Tarifaria, donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presente ante la Comisión de Energía (CEPR) una solicitud formal “para el establecimiento de nuevas tarifas de servicio eléctrico en conjunto con la prueba que sostenga las decisiones tomadas al presentar dichas tarifas”.

El pasado 27 de mayo de 2016, la AEE sometió su propuesta de tarifa ante la CEPR, según requerido por la Ley 57 de 2014.

La estructura tarifaria propuesta, aprobada por la Junta de Gobierno de la AEE, contempla la implantación de la tarifa mediante dos (2) fases: la primera, entraría en vigor el próximo mes de agosto reflejando un aumento de 1.3 centavos el kwh, y la segunda fase entraría en vigor en el 2017, aumentando 4.2 centavos el kwh. A tales efectos, el costo final del kwh aumentaría de 16.19 a 20.01 centavos.

¿Cómo es el proceso y a qué debemos estar alertas?

Una vez la CEPR recibe la propuesta de estructura tarifaria de la AEE, tiene 15 días para evaluar la documentación que entregó la AEE y determinar si cumplió con los requisitos de información suficiente y necesaria para iniciar el proceso adjudicativo de revisión de tarifas.

Si los documentos que sometió la AEE no son suficientes para apoyar la estructura tarifaria propuesta, la CEPR los devuelve a la AEE para que enmiende la solicitud. Completadas las enmiendas, entonces la propuesta de tarifas se acogería como recibida para dar inicio al proceso adjudicativo.

La CEPR tiene 180 días para resolver el proceso adjudicativo y determinar si la tarifa recomendada por la AEE es justa y razonable. Este proceso adjudicativo es similar a un juicio, pues las partes involucradas pueden presentar evidencia, interrogar testigos, contrainterrogar, impugnar la prueba; en fin, goza de todas las garantías de un juicio en su fondo, donde la determinación final la toma la CEPR.

Ahora bien, se habla de una tarifa provisional que podría ser impuesta en agosto mientras se adjudica el proceso de revisión tarifaria. La AEE alega que necesita imponer esta tarifa de emergencia por falta de liquidez. Según los argumentos expuestos en su petición, la AEE ha gastado todas sus reservas de servicio a la deuda y si no se les permite aprobar una tarifa provisional de emergencia gastarían todas sus reservas de efectivo antes de que sean aprobadas las tarifas permanentes en el 2017.

Del mismo modo, el próximo 1 de julio de 2016, la AEE debe pagar a sus acreedores $1.1 billones de una deuda total de $9 billones. A tales afectos, la AEE argumenta que solo tiene en efectivo $530 millones, incluyendo $146 millones en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sujetos a moratoria, por lo que señala que a través de dicha tarifa provisional cubriría esos fondos adicionales.

En el caso de que la CEPR no aprobase esta tarifa de emergencia, la AEE indica que tiene la autoridad de imponer la tarifa, sin la aprobación de la CEPR, bajo la Ley 21 de 1985 sobre Revisión y Modificación de Tarifas, y solo vendría obligada a presentar un informe explicando las razones para imponerla y una vista pública, sin más. Sencillamente, esto nos debe alarmar.

La CEPR fue creada como un ente independiente que supervisaría las actuaciones de la AEE. En momentos donde se intenta hacer una revisión transparente y razonable de las tarifas, no podemos permitir que la AEE imponga una tarifa de emergencia para pagar las deudas, que dicho sea de paso, la mayoría son el resultado de la mala administración de los recursos, la corrupción y la ineficiencia en sus operaciones.

Antes de imponernos una tarifa de emergencia ¿por qué la AEE no empieza por los más de $1,750 millones que tiene en cuentas por cobrar? Según el informe de FTI Consulting publicado en noviembre de 2014, la AEE no realiza comprobaciones de crédito de nuevas cuentas ni informa las cuentas morosas a las agencias de créditos. Esto ocasiona aumentos de $2.5 millones por año en el déficit de la AEE.

Además ¿por qué no reducen los contratos millonarios de asesoría legal y administrativa que durante los últimos cuatro (4) años han sido motivo de críticas a raíz de la crisis fiscal que atraviesa el país? La AEE tiene una división legal significativa que podría hacer el mismo trabajo sin tener que pagar el doble.

La imposición de esta tarifa de emergencia debe estar bajo el marco de evaluación de la CEPR, organismo que por ley tiene el deber de determinar lo que es justo y razonable para los consumidores. De otra forma, estamos volviendo a los mismos errores del pasado, permitiendo al monopolio de la AEE autoevaluarse a sí mismo y dictar el monto de las tarifas. Esto es inaceptable.

La falta de transparencia

Por otro lado, nos preocupa nuevamente la falta de transparencia en el proceso de revisión tarifaria. El proceso apenas acaba de comenzar y, como ya hemos señalado en otras ocasiones, cientos de páginas con información altamente compleja y técnica en inglés no cumple con los estándares mínimos de un gobierno abierto.

En primer lugar, la CEPR debe poner a disposición del público en general un resumen en español con la información relevante de la propuesta de estructura tarifaria para que la gente entienda el procedimiento y pueda comentar y opinar. De esa forma, se ahorrarían tener que explicarnos y corregirnos por “malos entendidos” una y otra vez.

Del mismo modo, deben ofrecerse talleres informativos alrededor de la isla en donde se explique a la ciudadanía las razones de este proceso de revisión tarifaria y qué derecho tiene a la luz de este nuevo cambio.

Debe fomentarse también la participación activa de las personas para que expresen su parecer ante los nuevos cargos que se avecinan. Pero cuando decimos fomentar la participación, no nos referimos a celebrar una sola vista pública, sino que se celebren varias vistas públicas alrededor de la isla y se vea un esfuerzo real en garantizar la participación ciudadana efectiva.

Asimismo, entendemos que este rol lo debe asumir conjuntamente la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), organismo clave para representar los intereses de los consumidores de energía. La OIPC tiene que ser enfática en su rol como defensora del pueblo y garantizar nuestra representación en los asuntos ante la consideración de la CEPR y la AEE.

Por último, pero no menos importante, nos preocupa seriamente el incumplimiento de la junta de gobierno de la AEE con su obligación de publicar en su portal de internet las actas de las reuniones de la junta. Por mandato de la Ley 57 de 2014, la junta viene obligada a colgar en su portal web el itinerario de las reuniones, las agendas y las actas de las reuniones que se celebren cada mes. Desde el 2014 no se ha publicado ni una sola acta en dicho portal.

Tener acceso a las minutas, actas y resoluciones de la junta de gobierno de la AEE es nuestro derecho y una obligación de esta corporación pública. Al fin y al cabo, es nuestro bolsillo el que se compromete, por lo que tenemos que saber qué se discute y ser parte de la mesa de negociación.

La responsabilidad de aprobar una nueva estructura tarifaria que contempla un alza en la tarifa de luz recae en esta junta. Con más razón debemos tener acceso a las actas y evaluar cómo fue el proceso de negociación y su justificación.  Por tal motivo, solicitamos la publicación inmediata del calendario de reuniones y todas las actas para beneficio de la ciudadanía.

En Espacios Abiertos recalcamos que no nos conformamos con la apariencia de transparencia. La transparencia se demuestra con hechos concretos. Exijamos la cabal y transparente transformación del sistema eléctrico del país.

Infórmate. Comparte. Actúa. #AOscurasNo #PregúntaleAPérez

Para más información puedes comunicarte con la Oficina Independiente de Protección al Consumidor vía teléfono al (787) 523-6962 o vía correo electrónico: info@oipc.pr.gov

Le saluda la Licenciada Natalia Ramírez Echevarría y comparezco ante esta Honorable Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes (en adelante, la “Comisión”) como Coordinadora de la Unidad de Rendición de Cuentas de la organización sin fines de lucro, Espacios Abiertos. Nuestra misión es lograr la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos gubernamentales, a través de proyectos y campañas que promueven el acceso a la justicia, a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Durante la mañana de hoy comparecemos ante esta vista pública para apoyar la aprobación del P. de la C. 2944 de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información Pública y expresar nuestras preocupaciones en torno a la cultura de opacidad prevaleciente en los asuntos gubernamentales.

Le saluda la Licenciada Natalia Ramírez Echevarría y comparezco ante esta Honorable Comisión de Energía de Puerto Rico (en adelante, la “Comisión”) como Coordinadora de la Unidad de Rendición de Cuentas de la organización sin fines de lucro, Espacios Abiertos. Nuestra misión es lograr la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos gubernamentales, a través de proyectos y campañas que promueven el acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

De entrada señalamos que no somos una organización especializada en temas de energía, sino que nuestra participación en el tema de la reforma energética se circunscribe a alertar sobre la falta de acceso a información, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, la “AEE”).

Actualmente existe un regulador independiente, conocido como la Comisión de Energía (CEPR) con el poder de fiscalizar a la AEE. Pero es imprescindible evaluar si está cumpliendo con su mandato de exigir a la AEE cuentas claras por su gestión y, sobretodo, cuáles han sido los avances y retos de dicha reforma a 2 años de su implantación.

Tenemos que asegurar que se está garantizando el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de reestructuración de la AEE, cuya complejidad y tecnicismos enajenan al Pueblo. De otro modo, no existe una verdadera reforma.

Con el propósito de alertar a la gente sobre lo que está pasando en la AEE, Espacios Abiertos ha desarrollado un mecanismo de evaluación de la Reforma Energética (https://espaciosabiertos.org/a-oscuras-no/) para informar y seguirle el paso a  los procesos que se están dando para propiciar mayor participación ciudadana e incidir en la toma de decisiones de esta corporación pública. Es hora de tomar acción y ocuparnos de participar y levantar nuestra voz en estos asuntos claves para la transformación eléctrica del país.

¿Qué está pasando con la AEE y que debería pasar?

Actualmente se están llevando a cabo varios procesos que merecen particular atención, entre ellos: la evaluación del Plan Integrado de Recursos, el cargo de titulización para pagar la deuda de $9 billones de la AEE, la revisión tarifaria, y la redacción de reglamentos esenciales para poder transformar el sistema.

A modo de ejemplo, el pasado lunes, 9 de mayo, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) sometió un escrito ante la consideración de la CEPR expresando sus preocupaciones sobre la petición del cargo de titulización presentado por la AEE.

Aunque reconocemos que en dicho testimonio la OIPC presenta asuntos muy importantes en defensa de los intereses de los consumidores, entendemos que debido al poco tiempo que resta para la celebración de las vistas públicas para la evaluación del cargo de titulización, no podemos esperar más para que la ciudadanía obtenga una explicación breve, detallada y comprensible sobre los pormenores del cargo y, de esta forma, pueda participar informadamente de las vistas que se celebren.

Las vistas públicas serán el 24 y 31 de mayo, y en ésta última, la ciudadanía podrá someter sus comentarios escritos y deponer en relación a la petición del cargo de titulización propuesto por la AEE.

Sin embargo, 3 semanas no es un periodo de tiempo razonable para que la AEE presente un resumen de la propuesta y explique en lenguaje sencillo las implicaciones y efectos de este cargo. Siguiendo los estándares de los Artículos de Gobierno del Open Government Partnership (Addendum C), los lineamientos para la consulta pública establecen que la ciudadanía tiene que ser notificada con suficiente anticipación para asegurar la accesibilidad y oportunidades para que la sociedad se involucre en los procesos de consultas.

¿Y qué significa notificación anticipada? Según el Manual para los puntos de contacto de gobierno, para dar a conocer de manera efectiva el proceso de consulta es importante utilizar canales múltiples y hacer la convocatoria al menos cuatro (4) semanas antes de que la consulta comience.

En ese sentido, la CEPR podrá argumentar que publicó la notificación requerida por ley dentro de un margen de tiempo razonable, cumpliendo con el estándar antes mencionado. Sin embargo, no se trata solamente de notificar (en un edicto que muy pocos ven) con suficiente anticipación, sino que también debe llevar a cabo tareas de educación al pueblo para aumentar la participación ciudadana en las vistas.

Esto quiere decir, que en lugar de publicar un resumen vago y escueto sobre la propuesta del cargo de titulización presentada por la AEE, debe presentar la información de una manera que sea útil para los consumidores, explicando de forma comprensible y detallada, cuál sería el cargo contemplado y sus implicaciones. De esta forma, se ahorrarían tener que lamentar que nadie entiende lo que está pasando.

Del mismo modo, entendemos que a falta de acción por parte de la AEE y la CEPR, dicha responsabilidad recae bajo la OIPC, entidad que por ley, debe orientarnos sobre los procesos técnicos que se discuten, en este caso, los pormenores del cargo de titulización. Hacemos un llamado a su director, el Lcdo. José A. Pérez Vélez, para que oriente a la ciudadanía antes de que sea muy tarde y nuevamente se tomen decisiones a oscuras.

Por otro lado, durante el miércoles 11 de mayo se celebró el panel “Transformación Energética: 2 años de avances y retos” con la participación del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, el Senador Ramón Luis Nieves, el presidente de la CEPR, Agustín Carbó y Janine Migden-Ostrander del Regulatory Assistance Project y asesora de la CEPR.

En resumen, el panel se limitó a dar un informe de logros de la CEPR y a enaltecer el progreso de la CEPR al regular y fiscalizar a la AEE. Entendemos que la Ley 57 de 2014 de Transformación y ALIVIO Energético es un logro de esta administración y quieren que se les reconozca. Sin embargo, los funcionarios lucen mejor cuando promueven una discusión más profunda y objetiva. Se debió hablar sobre los retos que actualmente enfrenta la reforma energética, tomando en consideración la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en todos estos procesos.

Así por ejemplo, cuando se cuestionó a los panelistas sobre el estudio realizado por el Instituto de Economía y Análisis Financiero de Energía (IEEFA, por sus siglas en inglés), el cual señala que el Plan Integrado de Recursos (PIR) sometido por la AEE debe ser rechazado por la CEPR, ya que no fue elaborado de forma integrada y “sufre de varias fallas fundamentales que probablemente conllevarán una carga económica innecesaria para sus abonados”,1 los panelistas evadieron su respuesta y simplemente mencionaron que las vistas públicas para la evaluación del PIR serán el miércoles 18 de mayo y que la ciudadanía puede someter dichas preocupaciones por escrito para que sean atendidas eventualmente.

Espacios Abiertos exige una verdadera transparencia y participación

En Espacios Abiertos reiteramos que el PIR es fundamental para la transformación del sistema energético de Puerto Rico. Dicho plan es el horizonte de planificación, por el cual se debe regir la AEE durante los próximos 20 años. Hacer caso omiso a las recomendaciones de IEEFA y a las preocupaciones de los ciudadanos, atenta contra el espíritu de fiscalización, motivo de esta reforma.

Los estándares de gobierno abierto, reconocidos internacionalmente, contemplan la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de sus políticas públicas. Ello incluye presentar la información, objeto de la consulta, de una manera accesible y útil, organizar talleres preliminares para aumentar el conocimiento de la gente sobre el asunto a discutirse, que la información esté fácilmente accesible y en lenguaje comprensible, así como agendar suficiente tiempo para recibir comentarios de la ciudadanía, entre otros aspectos importantes.

Por lo tanto, insistimos en que los procesos de vistas públicas son trascendentales para salvaguardar la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos gubernamentales. No se puede participar si no se conoce o entiende el proceso y la sustancia del asunto. Informar efectivamente al pueblo es un requisito para la participación. Utilizar el mínimo estándar legal de un edicto en un periódico—es sumamente lamentable. Además, garantizar un periodo de tiempo justo y razonable para que los ciudadanos, organizaciones y/o compañías se prepararen y expongan sus opiniones en dichos foros es un derecho y una obligación del gobierno. Solo así el país puede conocer y comprender las propuestas detalladamente y decidir si las mismas atienden los diversos problemas que impiden una verdadera transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

No nos conformemos con la apariencia de transparencia. La transparencia es algo que se demuestra con hechos concretos. Reclamémosla y exijamos la cabal y transparente ejecución de la reforma energética. #AOscurasNo

Referencias:

1. http://www.noticel.com/noticia/189875/plan-de-la-aee-no-va-por-buen-camino.html

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la transparencia financiera es “el acceso del público a la información fiscal de manera completa y confiable sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno, pero también de los posibles riesgos para las perspectivas fiscales que permitan la adopción de medidas oportunas de política fiscal”.[1]

En otras palabras, la transparencia fiscal constituye un elemento fundamental de la rendición de cuentas gubernamental, ya que obliga a las instituciones públicas a divulgar un panorama exacto de sus transacciones, así como a evaluar los ingresos, costos, beneficios y riesgos potenciales que pueden afectar sus metas. Del mismo modo, provee para que la ciudadanía supervise dichas transacciones y exija cuentas claras por el uso de su dinero.

Cabe destacar que entre los elementos fundamentales de la transparencia financiera, se encuentran:[2]

1. Ofrecer datos fiscales relevantes, detallados y confiables sobre la situación y desempeño actual de las finanzas públicas;

2. Divulgar claramente los objetivos y proyecciones del presupuesto, así como los planes de trabajo;

3. Analizar los riesgos fiscales; y

4. Establecer un marco transparente para el proceso de contratación de recursos.

Por tanto, publicar el presupuesto anual que recibe una entidad pública, el salario de cada uno de sus empleados(as), el costo de los servicios profesionales contratados o programas y equipos tecnológicos a ser utilizados, etc., todo esto implica transparencia financiera.

¿Por qué nos conviene que el gobierno sea transparente en sus finanzas? La crisis fiscal en Puerto Rico ha hecho evidente  la mala administración de los recursos públicos;  esto  es el resultado de la falta de acceso a información, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones. De ahora en adelante es imperativo la publicación de los datos financieros del gobierno para reestablecer la credibilidad y confianza en nuestras instituciones gubernamentales.

La transparencia financiera  genera  los siguientes beneficios :[3]

1. Facilita la formulación de un presupuesto balanceado y de políticas fiscales coherentes;

2. Ayuda a prever algunos riesgos para responder a nuevas condiciones económicas y así poder responder proactivamente ante las crisis con medidas de política fiscal más oportunas y moderadas; y

3. Aumenta la credibilidad fiscal del país, lo que a su vez, influye en los mercados financieros y atrae mayor inversión económica al país.

Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico tiene el deber de poner a disposición de la ciudadanía datos financieros completos, confiables, actualizados y accesibles electrónicamente, así como elaborar instrumentos eficaces que expliquen, en lenguaje sencillo y comprensible, las medidas y estrategias fiscales a ser implantadas.

Además, debe garantizar la accesibilidad continua de información sobre las decisiones que toma en relación a cómo se invierte el dinero de cada agencia pública, de manera tal que la ciudadanía pueda “evaluar la posición financiera en la que se encuentra el gobierno, los costos y beneficios reales de sus actividades, incluyendo sus implicaciones sociales y económicas presentes y futuras”.[4] 

En fin, son los funcionarios públicos los que administran los recursos del pueblo, por lo que tienen que atreverse a cumplir con su deber. Nos toca a todos reclamar nuestro derecho y ser partícipes de esta transformación.  #AtréveteASerTransparente

^[1] Fondo Monetario Internacional (2007), “Manual de Transparencia Fiscal”, Washington, D.C., pág. 8. Disponible en: http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/

Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/Experienciasinternacionalescepal.pdf

[2] Fondo Monetario Internacional (2015). Disponible en: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/fiscals.pdf

^[3] Fondo Monetario Internacional (2015). Disponible en: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/fiscals.pdf

[4] Guillermo M. Cejudo, “Transparencia Presupuestaria y Fiscal: Los Recursos Públicos y el Gobierno Abierto”, Alianza para el Gobierno Abierto Construcción del Plan de Acción 2013-2015, pp.4-5.