Por décadas, la estrategia de desarrollo económico en nuestro País ha sido asignar millones de dólares y aprobar créditos, decretos, exenciones contributivas y deducciones especiales para promover que empresas se establezcan en Puerto Rico, creen empleos e incentiven la economía. La realidad, sin embargo, es que muchas de las compañías solicitan exenciones e incentivos luego de haber decidido establecerse en la Isla por otras razones (nuestro clima, mano de obra capaz y bilingüe, entre otros). Además, muchas incumplen sus compromisos de crear la cantidad de empleos que prometieron e incluso reemplazan negocios existentes desplazando empleados y capital local.

En el estudio de 2014 para la reforma contributiva, la empresa KPMG identificó mas de $550 millones de exenciones, deducciones y créditos contributivos en leyes especiales para corporaciones y sugirió eliminarlos. Además, recomendó mejorar la fiscalización por parte de PRIDCO y Hacienda, para asegurarse de que las compañías cumplen con los decretos. También reconoció que el estudio no era exhaustivo y el total de tratamientos especiales a eliminar puede ser aún mayor. El año pasado, el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, estimó que las exenciones e incentivos especiales a empresas e individuos le podían costar al fisco unos $15,000 millones anuales. La Junta ha estimado la brecha fiscal en $7,000 millones anuales.

Si bien el Gobierno tiene que realizar ajustes fiscales para estabilizar las finanzas públicas, también es cierto que parte de ese ajuste requiere hacer un análisis sensato de los costos y beneficios de los incentivos que se han legislado por décadas. Mientras se sigan ocultando ineficiencias que no producen beneficios al país estaremos buscando opciones para recortar con un cuadro falso e incompleto. Comenzar por los incentivos contributivos a empresas y corporaciones sería, aparte de efectivo, una señal de que al Gobierno le importa más el bienestar de nuestra gente que el de los rentistas que pueden pagar para que se legisle a su favor.

Esta columna fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día el 27 de febrero de 2017.

En Puerto Rico, al igual que en Detroit, diferimos de la definición de “éxito” para resolver nuestros problemas socioeconómicos. Algunos entienden que el “éxito” es lograr el cuadre de la chequera; que los gastos no sean mayores que los ingresos. A pesar de que estas personas entienden que se necesitan reformas estructurales y operacionales, no priorizan en ellas. Piensan que eso vendrá luego pues, en la inmediatez y “la crisis”, hay que “resolver” con medidas de reducción de gastos y aumento de ingresos. Sin embargo, en más de las 12 ciudades y jurisdicciones de Michigan que en los últimos 15 años han estado bajo la ley de emergencia, lo que se deja para luego, nunca ocurre.

Durante nuestra visita, ex-funcionarios de emergencia y asesores reconocieron que, además de atender la disciplina fiscal, si no se toman medidas para reducir la desigualdad, no habrá desarrollo económico sustentable y los problemas financieros continuarán. El Fondo Monetario Internacional ha expresado lo mismo acerca del impacto de la desigualdad en el crecimiento económico.

Sin embargo, seguimos implantando medidas superficiales para cuadrar la chequera, que en vez de sentar las bases para reducir ineficiencias estructurales y aumentar oportunidades para los residentes del lugar, los perjudican y no logran las reformas necesarias para impulsar el desarrollo. Decisiones drásticas, especulativas y mal fundamentadas simulan reformas pero, en muchos casos, sus efectos tienen consecuencias fatales. Lo vemos en el ejemplo de Flint que por ahorrar en el costo de suministrar agua potable, su gerente de emergencia ordenó que se cambiara la fuente de agua a una que corroyó las tuberías y envenenó con plomo a sus residentes.

Al final, toda decisión para cuadrar la chequera gubernamental impacta a la gente. Sobre todo a los más vulnerables por razones económicas, educativas o de salud, que son la mayoría. Las decisiones que tomemos son un reflejo directo de cómo valoramos o despreciamos la vida. Si algo aprendimos en Detroit es que hay visiones opuestas e irreconciliables pero, forzar que se reconozcan y proveer espacio a ambas en la discusión pública y la toma de decisiones, es indispensable. Hay que atender la situación fiscal con urgencia pero no con prisa ni desdén hacia nosotros mismos.

Esta columna fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día el 18 de enero de 2017.

Lee más sobre la experiencia de Detroit

Indudablemente la inversión de capital, local y extranjero, es medular para lograr desarrollar nuestra economía.  Pero a pesar de que esta estrategia se ha utilizado por décadas, en Puerto Rico no se sabe con certeza qué créditos, exenciones, exclusiones, y leyes particulares han sido efectivos y cuáles no.  Además, la cantidad de leyes que ofrecen tratamiento preferencial a diferentes tipos de actividad económica han convertido nuestro sistema contributivo en un colador, con cientos de huecos por donde se escapan los recaudos y cada vez menos ingresos al fisco.

El estudio de KPMG del 2014 identificó deducciones, créditos, exclusiones, exenciones y tasas preferenciales consignadas en solo algunas de las leyes especiales para corporaciones cuyo costo asciende a mas de $550 millones anualmente y recomendó eliminarlas. Otra evaluación de beneficios y costos encomendada por la Cámara de Representantes encontró que, a excepción de la manufactura farmacéutica y la agricultura, el beneficio económico que dejan ciertas exenciones es bajo o nulo.

Algunos funcionarios han reaccionado a estos informes y reconocen que el gobierno tiene que comenzar a evaluar estos incentivos (¡eureka!). El hecho de que el propio gobierno (y no consultores contratados esporádicamente) nunca haya evaluado sistemáticamente la efectividad de su estrategia principal de “desarrollo económico” es trágico y escandaloso. Los informes sobre estos gastos fiscales, que esperamos que se publiquen pronto como se ha prometido públicamente, tienen que ser detallados y hacer un buen análisis de si las metas esperadas han sido logradas. Sin embargo, esta evaluación tiene que poder ser verificada y replicada por terceros.  El público tiene que tener acceso a todos los datos para poder hacer su propio análisis. No podemos permitir que estos informes se conviertan, como es costumbre, en meros esfuerzos de relaciones públicas y propaganda para el partido en el poder.  Tenemos que poder identificar qué incentivos no cumplen su propósito para exigir responsablemente que se eliminen e identificar aquellos que se deben fortalecer o promover aún más.

Crear un repositorio público donde se publiquen estos informes de manera proactiva (sin que nadie los tenga que pedir)—y también los contratos de exención—es imprescindible para poder evaluar la efectividad o fracaso de estos incentivos.  Además, bajo nuestro estado de derecho, estos documentos son públicos y deberían estar fácilmente al alcance de quien los quiera revisar.  Afortunadamente, establecer un portal cibernético para hacer accesible esta información es sumamente fácil y económico.

La publicación proactiva de la información pública es también una herramienta esencial para mejorar la competitividad y el clima de inversión en Puerto Rico.  Tener reglas claras ayuda a impedir que se favorezca a quienes tienen mayor acceso a las esferas de poder y provee la confianza y estabilidad que buscan las corporaciones a la hora de invertir. Además, abona a que el gobierno se enfoque en fomentar y fortalecer unas estructuras que beneficien a todas las industrias y corporaciones, como mejorar la calidad de la infraestructura pública, reducir los costos de energía y proveer servicios esenciales que beneficien a todos, en vez de legislar y proveer beneficios a unos pocos.

Registro abierto de contratos gubernamentales

Esta práctica se tiene que extender además al área de contratación gubernamental en todos sus aspectos.  Actualmente, los contratos con el Estado tienen que ser entregados en la Oficina del Contralor para ser válidos.  Dicha oficina mantiene una base de datos en línea con el nombre de las entidades contratantes y el monto del contrato. Sin embargo, los contratos no están disponibles y,  dada la tecnología existente, no hay razón para que esto no se haga. La publicación proactiva de contratos ha demostrado que reduce la corrupción, aumenta la cantidad de licitaciones y produce ahorros sustanciales.

Podríamos emular el sistema que tienen, por ejemplo, en Eslovaquia. En 2001 comenzaron esfuerzos para atajar la corrupción, adoptando una Ley de Acceso a la Información donde el ciudadano tenía derecho a la información pero tenía que pedirla. En 2011, adoptaron políticas para aumentar la transparencia,  incluyendo una ley que establece que el gobierno tiene que hacer pública la información SIN que el ciudadano la pida. Todos los documentos relacionados con contratos públicos tienen que publicarse en línea.  La validez de los contratos depende de que se publiquen. Más de dos millones de contratos están actualmente disponibles a quien tenga acceso a internet (83% de la población).

Esto se logró, entre otros factores, gracias a las protestas masivas en 2011 y 2012, cuando el pueblo se tiró a la calle a expresar su descontento con la corrupción y favoritismo a unos pocos. Otro factor importante fue que varios alcaldes y legisladores municipales tomaron la iniciativa de hacer públicos todos los contratos municipales.  Todos ellos revalidaron en las elecciones.  Y es que estas medidas abonan a la confianza en el gobierno y al apoyo a la gestión pública.

El acceso a la información y la transparencia son requisitos indispensables para que el gobierno nos rinda cuentas. Se  necesita de individuos y de organizaciones como la nuestra, que se dediquen a interpretar y analizar esta información. La meta no es lograr que se publique la información solamente, sino aumentar la capacidad de nuestra sociedad de entenderla y actuar sobre ella.

Restaurar el crecimiento económico es esencial para Puerto Rico. Para lograrlo, la gestión gubernamental tiene que ser evaluada regularmente para asegurarnos de que se cumple con lo que se promete.  Además, es la única manera en que lograremos que el desarrollo económico sea equitativo y esté diseñado para el beneficio de todos.  Solo así lograremos ser una isla estrella.

La autora es Directora Ejecutiva de Espacios Abiertos. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 6 de diciembre de 2015.

En Puerto Rico, solo un 40.7% de la población trabaja en la economía formal. El sentido común nos indica que una de las prioridades del Gobierno debía ser aumentar esta cifra.  Sin embargo, se continúa penalizando a las personas que trabajan. Son muchos quienes con un empleo formal no logran salir de la pobreza y, por consiguiente, prefieren mantenerse trabajando en la informalidad (“buscándoselas por el lado” o “chiripeando”).

El Código de Rentas Internas se utiliza (además de para allegar dinero al erario) como una manera de incentivar o aumentar conductas que el Gobierno estima buenas para nuestro país o la economía. Así, por ejemplo, se incentiva la compra de hogares a través de las deducciones de intereses hipotecarios.

Sin embargo, muchos de los créditos, deducciones y exenciones que hay actualmente no son lo suficientemente efectivos para ayudar a los trabajadores y trabajadoras. Además, existen muchos otros incentivos que proveen beneficios a personas, entidades o corporaciones que no se justifican, y muchísimos otros ni tan siquiera se evalúan para determinar si se deben mantener o eliminar.  El Gobierno sigue ingresando menos recaudos de los que necesita pero mantiene cientos de incentivos que no le son de utilidad al país.

¿La suerte está echada?

Ayer, mientras se entregaban miles de planillas, los legisladores y el equipo del Gobernador estaban negociando los cambios a la propuesta “Reforma Contributiva”. 

¿Tendremos un crédito por trabajo que incentive el empleo? ¿Tendremos unos créditos que alivien el aumento en los impuestos que pagarán los trabajadores pobres con un impuesto al consumo? ¿Se tomarán medidas para eliminar créditos y beneficios que redundan en menos dinero para el Gobierno y no son costo efectivos?

La suerte no está echada… Todavía hay tiempo para exigir que la Ley de Reforma Contributiva mejore la calidad de vida de los trabajadores, que incentive el trabajo y provea oportunidades reales para que estos salgan de la pobreza.

Si te quieres sumar al esfuerzo para lograr un Puerto Rico con mayor seguridad económica o fuiste uno de los contribuyentes que perdió el crédito por trabajo, lee nuestra propuesta para un crédito que incentive el trabajo para las personas que más lo necesiten o mira este resumen. Súmate al grupo de EA para mantenerte informado/a o escríbenos a info@espaciosabiertos.org. ¡Queremos conocer tu historia!

Muchas veces el Gobierno ofrece información selectivamente y no nos permite hacer una evaluación independiente sobre lo que plantea. Sin información, carecemos de los elementos y herramientas para evaluar las propuestas de política pública y constatar el análisis que hacen otras personas. De la misma forma en que el Gobierno necesita información para tomar sus decisiones, el pueblo necesita esas fuentes para evaluar su gestión.

En Puerto Rico, tenemos un derecho constitucional a toda la data generada, recibida o custodiada por el Estado. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Esto es así, porque sin información no podemos ejercer eficazmente nuestro derecho a la libertad de expresión.

Tomemos el ejemplo de la reforma contributiva. Puerto Rico necesita urgentemente una reforma contributiva integral, y hay apoyo de distintos sectores del país para que esto ocurra. Recientemente, Espacios Abiertos comenzó la campaña de Reforma Justa a través de reformajusta.com para alertar sobre la importancia de que todos en Puerto Rico estemos pendientes a los elementos que tendrá la reforma contributiva que se avecina y cómo se afectará cada uno de nosotros.

Sin embargo, el estudio de KPMG que se está utilizando para redactar la ley de reforma contributiva no se ha hecho público. El estudio fue pagado con fondos públicos y debe tener información histórica y agregada de todos los residentes en Puerto Rico y las corporaciones que operan aquí. O sea, que habla de ti y de mí. Bajo ninguna circunstancia esto puede considerarse un documento de trabajo o confidencial. No se le está pidiendo al gobierno memorandos internos sobre sus ideas de cómo implementar las sugerencias, lo que en otras jurisdicciones se estima que es confidencial. El Gobierno ha indicado que solamente hará publico el estudio de KPMG y todos los demás documentos utilizados en el análisis cuando se presente el proyecto de ley. No obstante, esto resulta tardío ya que será muy difícil analizar todos esos documentos (que en total tendrán cientos y cientos de páginas) y formar una opinión ponderada antes de que el proyecto se someta a votación. ¿Qué tipo de participación se podrá esperar en las vistas públicas ya convocadas sobre la reforma sin que tengamos la información para poder analizarla y opinar sobre el tema?

Es bien difícil ejercer nuestros derechos constitucionales con la limitada información que tenemos. Por ejemplo, tratamos de replicar el análisis sobre el cambio en la carga contributiva para una pareja casada con $59,000 de ingreso que está siendo difundida en un video de la Cámara de Representantes titulado Alivio al bolsillo, y que ha circulado por las redes sociales.

De acuerdo con el video, esta pareja casada con $59,000 de ingreso se ahorraría $576 mensuales por no pagar contribuciones sobre ingresos. Los cálculos que realizamos en Espacios Abiertos, con los datos que el Departamento de Hacienda hace públicos en su página web, revelan que el ahorro sería de $ 270.59, prácticamente la mitad:

Si asumimos que esta misma familia consume 90% de su ingreso (y ahorra 10%), y que el IVA será de 14% (la tasa más baja probable que ha divulgado el Gobierno sobre el nuevo IVA), esta familia no pagará impuestos sobre el ingreso pero tendrá que pagar $543.42 en IVA mensual promedio. Dicho de otra manera, nuestra pareja promedio—que no pagará contribución sobre ingreso pero si pagará IVA, tendrá que pagar $272.83 más de lo que paga ahora. (La diferencia para algunas parejas podría ser menor, dependiendo de su patrón de ahorro y consumo, ya que esta pareja ya paga IVU de 7% por algunos artículos y servicios).

Estas cifras se basan en promedios y presumen que esta pareja no cualificará para el “regressivity relief” que se ha anunciado pero del que no sabemos nada: a quién va a beneficiar, ni cómo. Esto nos lleva a concluir que si esta familia no recibe algún tipo de crédito contributivo, tendrá una carga contributiva anual de $6,521 (sin contribución sobre ingresos pero con un IVA de 14%) versus la actual promedio de $3,247.08 anuales (con las tasas actuales que gravan el ingreso—sin incluir el IVU que ya pagan).

Entendemos que el Gobierno quiera pintarnos un cuadro esperanzador ante una grave crisis fiscal. Todos queremos un mejor país y aspiramos a estar mejor en un futuro cercano. Pero la realidad es que el gobierno no lo va a lograr solo. Necesita de la fuerza, empeño y valentía del pueblo puertorriqueño para dar la batalla por el país. Para eso, todos tenemos que exigir más transparencia de nuestro Gobierno. Entre los grupos que ya han levantado su voz exigiendo mas información sobre la reforma contributiva, figuran periodistas, medios noticiosos, gremios de prensa, organizaciones del tercer sector, universidades, líderes de la oposición y del propio gobierno y el público en general manifestándose en las redes.

La estrategia que está utilizando el gobierno le ha salido como un bumerán. El bumerán es un arma en forma semilunar, utilizada para la caza, que si no impacta en el objetivo al que se lanza, regresa a su punto de origen. Sabemos que muchas de las propuestas y proyectos del Gobierno son espejismos para cazar—votos en este caso. Pero todos sabemos a donde nos ha llevado esto.  Ha quedado demostrado que acciones como estas se vuelven en su contra y en vez de lograr aceptación, lo que obtienen es más rechazo, coraje y desdén por parte del pueblo. Si seguimos así, la desconfianza del pueblo en sus gobernantes e instituciones continuará en aumento. Con mas información y transparencia se nos hará mas fácil trazar un camino juntos.

Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 7 de diciembre de 2014.

Nuestra primera observación es que no tenemos la información disponible para poder hacer una evaluación completa sobre lo poco que han anunciado sobre la misma. Solo sabemos lo que ha informado el Gobierno selectivamente.

El propósito de exigir y obtener la información es poder tener todos los elementos para evaluar las propuestas de política pública y esto incluye poder constatar los análisis que hacen otras personas.

Con la información limitada que tenemos y descansando en la información difundida en un video de la Cámara de Representantes circulado por las redes sociales tratamos de replicar el análisis sobre el cambio en la carga contributiva para una pareja casada con $59,000 de ingreso.

El video dice que esta pareja casada con $59,000 de ingreso se ahorraría $576 mensuales por no pagar contribuciones sobre ingresos. Nos preguntamos de donde surge este número, ya que los cálculos que realizamos en Espacios Abiertos revelan que el ahorro sería de $ 270.59, prácticamente la mitad:

Para este ejercicio utilizamos las tablas publicadas por el Departamento de Hacienda sobre las planillas del 2012 (las cifras de 2013 no están disponibles).

Siguiendo con el ejercicio, asumimos que esta misma familia consume 90% de su ingreso (y ahorra 10%), y que el IVA es de 14% (la tasa más baja probable que ha divulgado el Gobierno sobre el nuevo IVA). Bajo este escenario, esta familia no pagará impuestos sobre el ingreso pero tendrá que pagar $543.42 en IVA mensual promedio. Dicho de otra manera, nuestra pareja promedio—que no pagará contribución sobre ingreso pero sí pagará IVA, tendrá que pagar mensualmente $272.83 más de lo que paga ahora. (La diferencia promedio puede ser menor ya que esta pareja paga IVU de 7% por algunos artículos y servicios).

Estas cifras son promedios y presumimos que esta pareja no cualifica para el “regressivity relief” — que se ha anunciado –pero del que no sabemos a quién va a beneficiar, ni cómo. O sea, que si no le dan algún tipo de crédito contributivo, estas familias tendrán una carga contributiva anual de $6,521 (sin contribución sobre ingresos pero con un IVA de 14%) versus la actual promedio de $3,247.08 anuales (con las tasas actuales que gravan el ingreso—sin incluir el IVU que ya pagan).

Puerto Rico necesita urgentemente una reforma contributiva integral, por lo que apoyamos que ésta se lleve a cabo. Sin embargo, necesitamos transparencia en el proceso, que se incluyan todos los componentes del sistema y que no se haga a la ligera, pues podríamos terminar con un sistema peor de lo que tenemos ahora. Si queremos lograr un sistema más justo —¡las cosas se hacen bien o no se hacen!

Esta artículo se editó el 26 de noviembre de 2014.