¡Y volvemos a lo mismo!
Actualmente la Comisión de Energía de Puerto Rico está llevando a cabo un proceso para revisar las tarifas eléctricas. Ha quedado establecido que el pueblo tiene derecho a conocer y evaluar toda la información relacionada con los cargos y costos incluidos en su factura de electricidad, incluyendo las cláusulas de ajuste por compra de combustible y de energía. Pero, una vez más la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se ampara en la negociación con sus acreedores para negarse a proveer la información.
La AEE ha solicitado a la Comisión de Energía “flexibilidad” en el diseño de las propuestas tarifarias, ya que, según dice, el proceso en curso podría “desviarse sustancialmente de lo que está contemplado en la Regulación” debido a la negociación con los acreedores. La AEE no solo ha pedido que se le exima de someter información hasta tanto someta su nueva propuesta tarifaria, sino que solicita no tener que entregar documentos preparados por sus consultores. Pretende además que se le exima de tener que someter reportes regulares de actualización. Afortunadamente, la Comisión denegó esta solicitud.
Aumento secreto “moderado y temporero”…
Por otro lado, tanto la redacción del periódico digital “Sin Comillas” como Bloomberg, sacaron a relucir que National Public Finance Guarantee Corporation, una de las compañías aseguradoras de la deuda de la AEE, solicitó a la Comisión aumentar las tarifas de electricidad para cubrir el pago de la deuda. Específicamente, la aseguradora requirió un aumento “moderado y temporero” de, al menos, 4.2 centavos por kilovatio hora a la tarifa básica. Sin embargo, Agustín Carbó, presidente de la Comisión, indicó que la solicitud estaba en proceso de evaluación y no comentó más sobre el asunto.
Por eso digo que volvemos a lo mismo… ¡El secretismo rampante! Pero que quede claro; antes la AEE podía darse el lujo de aumentar los costos a las espaldas del pueblo a través de múltiples formas, entre ellas, la fórmula de ajuste de combustible, pero ahora la Ley 57-2014 se lo prohíbe. La Comisión está obligada a monitorear las acciones de la AEE y nosotros no podemos permitir que la corporación utilice la excusa de la negociación con los bonistas como subterfugio para continuar manipulando al pueblo. Tampoco vamos a tolerar que la Comisión nos diga verdades a medias al no proveer documentos y peticiones que radican terceras personas, y que evidentemente perjudican nuestro bolsillo.
Con esta movida, la AEE no solo está comprometiendo nuestros bolsillos en la mesa de negociación, sino que además pretende no tener que someter información pública al escrutinio de la Comisión y del público en general. Sus solicitudes no van acorde con la obligación de la Comisión de garantizarnos confianza y protección ante el poder monopolístico de la AEE; entiéndase, que la reestructuración de la deuda de la AEE tiene que honrar los propósitos de la reforma energética y no viceversa. Entendemos que su petición contraviene los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas, ya que nos imposibilita acceder información pública necesaria para la evaluación de las tarifas eléctricas que eventualmente nosotros pagaremos.
Tarifa “justa y razonable”
Los consumidores de energía eléctrica tienen derecho a un trato equitativo y digno. En este contexto, la Comisión tiene el deber de proteger esos derechos, educar en relación al consumo energético, asegurar la calidad y eficiencia de los servicios que provee el monopolio vago de la AEE, y sobretodo, defender los intereses de los consumidores en asuntos relacionados a las facturas eléctricas. Para lograr estos objetivos, la Comisión debe utilizar todos sus poderes en ley para la que la AEE suministre información específica sobre las metodologías utilizadas para determinar los costos de energía y asignando los recursos necesarios para que dicha información se presente de una manera sencilla y fácil de entender al pueblo. De esa forma, se promueve un escrutinio más efectivo en el proceso de revisión tarifaria.
En Espacios Abiertos, como organización que promulga los valores de justicia, participación ciudadana y transparencia, queremos alertar sobre estas actuaciones de la AEE que alimentan la incertidumbre y la desconfianza en la transformación energética del país.
El pagar a oscuras tarifas altas por un servicio público tan esencial atenta contra nuestra seguridad económica y contra el espíritu de fiscalización de la Ley 57-2014. Ahora que finalmente comenzó el proceso de revisión tarifaria, prestemos atención a la falta de acceso a información que impera y exijamos nuestra participación en las vistas públicas que se celebren. De ese modo, podemos influir en las decisiones que afectan la tarifa eléctrica y luchar eficazmente para que las mismas se ajusten a los principios de justicia y razonabilidad.