Todos lo hemos experimentado. Escuchamos el ofrecimiento de un político que promete villas y castillas, e inmediatamente dudamos de la veracidad del planteamiento. Aunque no conozcamos mucho del tema, si algo parece demasiado bueno, sospechamos que probablemente no sea cierto.
Muchas veces el Gobierno ofrece información selectivamente y no nos permite hacer una evaluación independiente sobre lo que plantea. Sin información, carecemos de los elementos y herramientas para evaluar las propuestas de política pública y constatar el análisis que hacen otras personas. De la misma forma en que el Gobierno necesita información para tomar sus decisiones, el pueblo necesita esas fuentes para evaluar su gestión.
En Puerto Rico, tenemos un derecho constitucional a toda la data generada, recibida o custodiada por el Estado. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Esto es así, porque sin información no podemos ejercer eficazmente nuestro derecho a la libertad de expresión.
Tomemos el ejemplo de la reforma contributiva. Puerto Rico necesita urgentemente una reforma contributiva integral, y hay apoyo de distintos sectores del país para que esto ocurra. Recientemente, Espacios Abiertos comenzó la campaña de Reforma Justa a través de reformajusta.com para alertar sobre la importancia de que todos en Puerto Rico estemos pendientes a los elementos que tendrá la reforma contributiva que se avecina y cómo se afectará cada uno de nosotros.
Sin embargo, el estudio de KPMG que se está utilizando para redactar la ley de reforma contributiva no se ha hecho público. El estudio fue pagado con fondos públicos y debe tener información histórica y agregada de todos los residentes en Puerto Rico y las corporaciones que operan aquí. O sea, que habla de ti y de mí. Bajo ninguna circunstancia esto puede considerarse un documento de trabajo o confidencial. No se le está pidiendo al gobierno memorandos internos sobre sus ideas de cómo implementar las sugerencias, lo que en otras jurisdicciones se estima que es confidencial. El Gobierno ha indicado que solamente hará publico el estudio de KPMG y todos los demás documentos utilizados en el análisis cuando se presente el proyecto de ley. No obstante, esto resulta tardío ya que será muy difícil analizar todos esos documentos (que en total tendrán cientos y cientos de páginas) y formar una opinión ponderada antes de que el proyecto se someta a votación. ¿Qué tipo de participación se podrá esperar en las vistas públicas ya convocadas sobre la reforma sin que tengamos la información para poder analizarla y opinar sobre el tema?
Es bien difícil ejercer nuestros derechos constitucionales con la limitada información que tenemos. Por ejemplo, tratamos de replicar el análisis sobre el cambio en la carga contributiva para una pareja casada con $59,000 de ingreso que está siendo difundida en un video de la Cámara de Representantes titulado Alivio al bolsillo, y que ha circulado por las redes sociales.
De acuerdo con el video, esta pareja casada con $59,000 de ingreso se ahorraría $576 mensuales por no pagar contribuciones sobre ingresos. Los cálculos que realizamos en Espacios Abiertos, con los datos que el Departamento de Hacienda hace públicos en su página web, revelan que el ahorro sería de $ 270.59, prácticamente la mitad:
Si asumimos que esta misma familia consume 90% de su ingreso (y ahorra 10%), y que el IVA será de 14% (la tasa más baja probable que ha divulgado el Gobierno sobre el nuevo IVA), esta familia no pagará impuestos sobre el ingreso pero tendrá que pagar $543.42 en IVA mensual promedio. Dicho de otra manera, nuestra pareja promedio—que no pagará contribución sobre ingreso pero si pagará IVA, tendrá que pagar $272.83 más de lo que paga ahora. (La diferencia para algunas parejas podría ser menor, dependiendo de su patrón de ahorro y consumo, ya que esta pareja ya paga IVU de 7% por algunos artículos y servicios).
Estas cifras se basan en promedios y presumen que esta pareja no cualificará para el “regressivity relief” que se ha anunciado pero del que no sabemos nada: a quién va a beneficiar, ni cómo. Esto nos lleva a concluir que si esta familia no recibe algún tipo de crédito contributivo, tendrá una carga contributiva anual de $6,521 (sin contribución sobre ingresos pero con un IVA de 14%) versus la actual promedio de $3,247.08 anuales (con las tasas actuales que gravan el ingreso—sin incluir el IVU que ya pagan).
Entendemos que el Gobierno quiera pintarnos un cuadro esperanzador ante una grave crisis fiscal. Todos queremos un mejor país y aspiramos a estar mejor en un futuro cercano. Pero la realidad es que el gobierno no lo va a lograr solo. Necesita de la fuerza, empeño y valentía del pueblo puertorriqueño para dar la batalla por el país. Para eso, todos tenemos que exigir más transparencia de nuestro Gobierno. Entre los grupos que ya han levantado su voz exigiendo mas información sobre la reforma contributiva, figuran periodistas, medios noticiosos, gremios de prensa, organizaciones del tercer sector, universidades, líderes de la oposición y del propio gobierno y el público en general manifestándose en las redes.
La estrategia que está utilizando el gobierno le ha salido como un bumerán. El bumerán es un arma en forma semilunar, utilizada para la caza, que si no impacta en el objetivo al que se lanza, regresa a su punto de origen. Sabemos que muchas de las propuestas y proyectos del Gobierno son espejismos para cazar—votos en este caso. Pero todos sabemos a donde nos ha llevado esto. Ha quedado demostrado que acciones como estas se vuelven en su contra y en vez de lograr aceptación, lo que obtienen es más rechazo, coraje y desdén por parte del pueblo. Si seguimos así, la desconfianza del pueblo en sus gobernantes e instituciones continuará en aumento. Con mas información y transparencia se nos hará mas fácil trazar un camino juntos.
Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 7 de diciembre de 2014.