Habiéndose celebrado el seminario “Casos y cosas del acceso a la información en Puerto Rico” organizado por Espacios Abiertos y las Asociación de Periodistas de Puerto Rico, los periodistas han lanzado una ofensiva para obtener datos del Gobierno unidos bajo el lema “A Oscuras No”.
A tales efectos, Luisa García Pelatti de Sin Comillas, Xavira Neggers de Debtwire, Espacios Abiertos y otros medios y organizaciones que se han unido al reclamo, enviaron hoy lunes cartas al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) solicitando acceso al banco de datos electrónico creado exclusivamente para beneficio de los bonistas con información sobre los distintos emisores de deuda de Puerto Rico.
Esta solicitud no surge del vacío, sino que luego de experiencias previas indagando sobre información esencial para conocer con precisión la situación económica y financiera del país, periodistas, abogados, organizaciones e individuos interesados en mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el Gobierno han decidido alertar sobre la opacidad en que se están manejando los asuntos públicos y su necesaria fiscalización.
“El reclamo de la transparencia tiene que venir de la ciudadanía que es la que en última instancia pagará los platos rotos”. Con estas palabras Nuria Ortiz, Directora Ejecutiva de Espacios Abiertos, dio inicio a una iniciativa concertada entre abogados y medios de comunicación en la isla para lograr mayor acceso a la información pública.
El seminario impartido el sábado, 24 de octubre de 2015 tuvo como propósito discutir el marco jurídico actual del derecho fundamental al acceso a información pública en nuestro país, así como la elaboración de estrategias para conseguir la información que con frecuencia nos niegan los diferentes organismos gubernamentales.
Y ¿por qué empeñarnos en obtener dicha información?
Como muy bien explicó el catedrático Efrén Rivera Ramos, el acceso a la información es un derecho de rango constitucional que surge del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la petición de la reparación de agravios consagrados en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, y por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de reconocerlo ante todos y todas por igual, sin distinción alguna.
Un país democrático exige amplia libertad de expresión y eso no puede lograrse si siguen vigentes mecanismos que obstaculizan el ejercicio generalizado de la misma. Como resultado enfatizó que el acceso a la información es un asunto de derechos humanos para el cual debe legislarse al respecto.
El ejercicio pleno de este derecho incluye investigar, solicitar y recibir información que esté en manos del gobierno. Del mismo modo, para poder expresarnos y levantar nuestras voces tenemos que saber de qué estamos hablando y tener la información que nos permita dar nuestras opiniones. En otras palabras, si no sabemos de qué estamos hablando no podemos opinar efectivamente.
Cabe destacar que para obtener el acceso a información al que todo ciudadano tiene derecho, Rivera Ramos sugirió: orientar mejor a los funcionarios públicos para que divulguen proactivamente la información que tienen en su poder, mejorar la calidad de la información publicada, promover una cultura institucional de transparencia y elaborar políticas que vayan acorde al principio de gobierno abierto.
No obstante, a menudo nos vemos atacados con argumentos tales como: “[si se entrega el informe] causaría alarma y confusión entre la ciudadanía si se publica ahora”; “el documento no es final y no establece política pública”; “el documento es voluminoso y tiene recomendaciones como posibles escenarios”; “el pueblo prejuzgaría”, “el pueblo puede llegar a conclusiones incorrectas”; “el pueblo estaría desinformado si se publicara”; “sería perjudicial que el pueblo participe en el proceso deliberativo”; “obligaría al gobierno a tener que contestar preguntas de la prensa”; “imagínese que se le permita a la prensa intervenir en cada proceso deliberativo del gobierno”.
Así expresaron el Lcdo. Frank Torres Viada junto a Luisa García Pelatti del periódico digital Sin Comillas y Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo al narrar sus respectivas experiencias llevando casos de solicitud de información contra el Gobierno.
¿A cuenta de qué el Gobierno pretende negarnos información? Preguntaron algunos periodistas consternados ante estas expresiones. Argumentos vagos y muchas veces infundados como “privilegio ejecutivo” o “privilegio abogado-cliente” son algunas de las razones para negarnos información y mantenernos “A Oscuras” en el proceso de toma de decisiones del Gobierno.
Los participantes en el taller se dividieron en equipos de trabajo para identificar asuntos actuales medulares que requieren mayor presión ciudadana y mediática para lograr su divulgación, entre ellos la reforma fiscal y contributiva, la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y la evaluación de un proyecto de ley sobre transparencia y acceso a información.
La discusión permitió indagar sobre qué información ya se ha pedido, qué información debemos solicitar con mayor insistencia y especificidad, y sobretodo, qué información podemos exigir mediante presión de la prensa o recurso legal. De ahí, con mucho entusiasmo y dinamismo, los diferentes grupos establecieron próximos pasos a seguir para unirse en el reclamo de acceso a información.
Acceso al banco de datos que el Banco Gubernamental de Fomento va a crear para que los tenedores de deuda puedan acceder información para negociar la reestructuración; los resultados de los beneficios específicos de los incentivos que se otorgan bajo la Ley 22; los resultados de la encuesta de las empresas con beneficios contributivos realizada por el Departamento de Estado; o las minutas de las reuniones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otros, fueron algunos asuntos que se estarán cuestionando y solicitando en las próximas semanas con el apoyo de la campaña de rendición de cuentas de Espacios Abiertos y su hashtag #AOscurasNo.
Con ese respaldo, cabe la pregunta final ¿es esta información necesaria? Las palabras “corrupción”, “crisis gubernamental” o “bancarrota financiera” son la orden del día. Lo positivo, sin embargo, es que esa crisis sirve para sacar lo mejor de nosotros y en esa catarsis transformarnos en una mejor sociedad. El derecho al acceso a la información en todo su potencial se presenta precisamente como un imperativo categórico para Puerto Rico. Dentro de la presente crisis, la voluntad de exigir transparencia y rendición de cuentas no puede ser sino la mejor alternativa política, social y económica. Nos toca a todos reclamar nuestro derecho y ser partícipes de esta transformación.
#AOscurasNo