Mientras la Junta de Supervisión Fiscal exige ver y controlar cada renglón de gasto del gobierno de Puerto Rico, ningún ente local o federal parece tener visibilidad total o la posibilidad de detener la espiral ascendente de gasto en consultores, asesores y abogados que contrata la Junta y el gobierno y que suman hasta el primer trimestre del 2024, $2,021,957,705.  Cantidad que excede significativamente el estimado original de $370 millones que hizo el Congreso del costo que tendría PROMESA. Es notable la falta de transparencia de la Junta, cuando ésta no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al EXCLUIR en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños. La opacidad y gasto sin aparente control, en este proceso, toma mayor relevancia en momentos en que la Junta ha solicitado aumentar de $50 mil a $100 mil la partida que retienen mensualmente uno de los representantes legales de la Junta.  Llama la atención la doble vara que utiliza la Junta en cuanto a los requerimientos que hace a las agencias locales respecto al gasto público y lo que ésta se aplica a sí. Ante el retraso evidente de un nuevo plan de reestructuración sobre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que propició una reciente orden de la jueza Taylor Swain para que la Junta de Control Fiscal emita un informe sobre el retrasado plan fiscal y un calendario sobre la presentación del plan de ajuste enmendado de la AEE antes del 28 de febrero de 2025, Espacios Abiertos se ha dado la tarea de actualizar su informe de 2023,  Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico  con el objetivo de transparentar el gasto que sigue pagando el pueblo de Puerto Rico en la reestructuración de la deuda pública y otros gastos asociados. Además de exigir una completa rendición de cuentas de la Junta, debemos procurar que el conocimiento recogido y generado de estas consultorias pagadas con dinero público sobre los haberes públicos de Puerto Rico se transfiera en conocimiento para las instituciones nuestras de gobierno y que se ofrezca acceso completo al público de toda esa información. Las siguientes gráficas resumen visualmente el costo en consultores que ha tenido PROMESA.

Evolución del gasto en consultoría entre 2017-2024

Distribución del gasto en consultoría entre 2017 y 2024

Distribución del gasto en litigios principales bajo PROMESA

Los pagos por litigios bajo título III de PROMESA incluyen:  $1,109,013,249 para el pleito del Gobierno de Puerto Rico, $438,803,487 incurridos en el caso de la AEE, $62,816,103 en el de COFINA, $51,165,166 de la Autoridad de Carreteras,  $39,758,739 d el Sistema de Retiro y $960,400 en el caso de Edificios Públicos. El desembolso de $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III, es una partida de  consultores contratados directamente por la Junta de Supervisión Fiscal que son pagados del presupuesto operacional que se consigna anualmente a la Junta.

Principales consultores y abogados pagados en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico Los principales consultores, según el gasto incluyen a: Proskauer Rose LLP con $355,826,874,  McKinsey & Company con $307,318,840, Ankura Consulting Group, LLC con $180,947,374, Ernst & Young LLP con $179,445,657, CITI Group Global Markets Inc. con $126,565,344, O’Melveny & Myers con $115,828,094, PJT Partners LP con $115,000,000, Paul Hastings LLP con $86,841,542, Deloitte con $55,497,713 y Alvarez & Marsal North America, LLC con $35,727,382. Si se compara el gasto acumulado entre 2023 y principios del 2024 (14 meses) con el acumulado antes, las firmas que han reportado el mayor aumento en pagos son Ankura Consulting Group, LLC, con un incremento de $137.59 millones o un 317.38% de aumento, seguida por Proskauer Rose LLP, que recibió $131.32 millones adicionales, reflejando un 58.50% de incremento en el mismo periodo,  CITI Group Global Markets Inc., con $46.50 millones (58.08% de aumento), Ernst & Young LLP, con $45.62 millones (34.09% aumento), y PJT Partners LP, que duplicó sus pagos con un incremento de $57.50 millones, representando un 100% de aumento en 14 meses.

________Acceda aquí el contenido del informe y tablas actualizadas a 2024. Versión español. English version. Para acceder el Informe original de Espacios Abiertos de 2023, oprima aquí para la versión en español.  English version.

El ABC de un gobierno transparente.

A. Publicación proactiva, oportuna y accesible de toda la información necesaria para conocer y comprender las actuaciones del gobierno;

B. Apertura para dar participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales;

C. Rendición de cuentas a la ciudadanía sobre todas las gestiones gubernamentales.

Un día como hoy, 28 de septiembre –y desde hace más de 20 años- se celebra el Día del Derecho a Saber. Todos los días, desde EA, defendemos ese derecho.  Sin transparencia en la gestión gubernamental la ciudadanía no puede allegarse la información para participar con conocimiento en el debate público y evaluar adecuadamente el desempeño de las instituciones públicas y sus funcionarios. Tú también puedes defender ese derecho, respaldándonos.  Haz un donativo hoy, accede aquí.

Hay que quitarse las vendas e informarse.

La oferta de aspirantes, candidatos y candidatas a elección es amplia, ¿conoces el universo de quiénes aspiran a representarte? Con casi 700 postulantes la oferta más que cuadruplica a los 158 escaños que se dedicarán en noviembre; gobernación  (1), comisaría residente (1), alcaldes (78), senadores por distrito (16), senadores por acumulación (11), representantes de distrito (40) y representantes por acumulación (11). Y si contamos a los 888 escaños que suponen las legislaturas municipales de los 78 municipios, en noviembre se eligen sobre mil personas para representar al pueblo a nivel municipal, estatal y federal.

La configuración del cuadro político del país la deciden l@s que participan. 

Las primarias en principio ofrecen la oportunidad para que el electorado — armado de información — seleccione a los mejores candidatos y candidatas para la elección general. Aquellos que la mayoría piense que mejor la representarán.

Como si la amenaza del COVID-19 no fuese reto suficiente en este ciclo electoral, las primarias pueden intimidar a cualquiera que vaya desinformad@ a la caseta de votación.

En las primarias de agosto cada elector tendrá ante sí entre 4 y 6 papeletas con múltiples opciones e instrucciones. Es importante conocerlas y evaluarlas todas antes de ir a votar. En total un elector podrá elegir de 14 a 17 personas que entonces figurarían en la papeletas de la elección general del próximo 3 de noviembre. No seguir las instrucciones resultaría en invalidar o “dañar” la papeleta y que el voto o intención de voto no se contabilice como es.

Participar es tu derecho. Informarse, es un deber.

Valoramos la participación política como un derecho humano, así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 21. Por ello, y para hacer disponible un detalle de información que no provee la Comisión Estatal de Elecciones al elector, desde Espacios Abiertos hemos adoptado el portal QuienMeRepresentaPR.com, para que la ciudadanía conozca los y las aspirantes a puestos electivos y participe informada en las primarias y elecciones generales.

Visita www.QuienMeRepresentaPR.com, pon tu código postal y conoce quiénes aspiran a representarte.

¿qué quisieras saber
¿qué información pedirías?
¿cuánto tiempo necesitarías para decidir?
¿a quiénes incluirías en tu decision?

La Constitución  de Puerto Rico en su Artículo IV, Sección 4 exige que “el Gobernador[@] debe presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación de Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente”. La sesión legislativa inició en enero y termina ahora el 30 de junio, sin embargo a días del cierre de la sesión, todavía el Gobierno no ha presentado ni ha hecho público cómo invertirá el dinero del pueblo. Mientras, ayer la Junta presentó su propuesta de presupuesto.

El año pasado Espacios Abiertos planteó que se había reducido considerablemente el tiempo para evaluar y discutir el presupuesto, y que Puerto Rico estaba bastante atrás si se comparaba con otras jurisdicciones.

Este año vamos por el mismo camino y con menos tiempo aún.

Limitar el tiempo de consideración del Presupuesto incide sobre la participación ciudadana y la habilidad de la Legislatura para tomar decisiones informadas que aseguren una distribución sabia y equitativa del dinero que aportamos de nuestro bolsillo los ciudadanos y ciudadanas.

Mira a dónde irá tu dinero, a partir del 1ro de julio

Tú pagas y la Junta decide,

¿dónde está la participación ciudadana?
¿y las vistas públicas para cuándo?
¿cuándo veremos el presupuesto del Gobierno?

#Transparencia #DameTurno

Cuándo terminará la emergencia salubrista y cuánto tomará la recuperación económica, es incierto. Si es seguro reabrir o no, también, es incierto. Nadie sabe si ya llegamos o pasamos la curva. Lo que sí sabemos es que desde el 23 de abril el gobierno dejó de informar la cantidad de pruebas negativas. Hay caos en los números. Sin pruebas y rastreos, estamos a oscuras.

Por otra parte, el nuevo plan fiscal presenta también caos en los números. Las caídas en las proyecciones del Producto Nacional Bruto real, y las consecuentes reducciones en los superávits fiscales primarios que plantea el plan fiscal que publicó la Aafaf, requieren acciones contundentes por parte del gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal.

Consideramos positivo que por primera vez el gobierno aborde en un plan fiscal la austeridad, aunque su presupuesto de postergar la medicina marga no represente esperanza para el futuro de la economía. A qué responde este cambio en postura ¿emergencia Covid? ¿elecciones? ¿por qué retrasar la aplicación de unas medidas que no han funcionado en Puerto Rico, igual que no han funcionado en ningún otro lugar? ¿por qué no eliminarlas?

Sin duda, la crisis de Covid-19 ha acelerado el efecto de lo que llevamos señalando desde Espacios Abiertos con datos y el eco de los mejores economistas del patio y del mundo.

• la austeridad no estimula el crecimiento económico;
• los planes de ajuste aprobados, basados en proyecciones ultra optimistas, harían insostenible el pago de la deuda en cuestión de tiempo;
• Puerto Rico necesita un alivio de deuda mayor al acordado.

Organizaciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial concuerdan en que la crisis del “gran confinamiento” provocará la mayor desaceleración económica desde la Gran Depresión de 1930. Esto ha propiciado intervenciones de emergencia en el área de política fiscal, como son los paquetes de estímulo económico, y en el área de política monetaria con intervenciones coordinadas de los bancos centrales y los mercados financieros. Ejemplo de ello son: el estímulo fiscal de $2.3 trillones que aprobó EEUU a través del CARES Act, y la autorización de compra de activos financieros por la Reserva Federal de hasta $4 trillones.

Otra medida sin precedentes, es la propuesta del G20, donde los países acreedores han acordado la posposición por 12 meses de $20 billones en deuda pública. ¿Y por qué sale esa propuesta del acreedor, cuando parecería que eso va en contra de sus propios intereses?

La contestación es simple. Los alivios necesarios que generan en el tiempo los pagos de una deuda sostenible no solo benefician al deudor, que enfrenta una situación económica adversa, sino que favorecen también el futuro bienestar económico del acreedor.

En su escrito más reciente nuestro analista sénior de política pública, Daniel Santamaría Ots, hace un análisis sobre el efecto de la pandemia en la deuda pública y cómo el nuevo plan fiscal interpreta la situación para Puerto Rico. Acceda aquí el estudio, presentación y resumen de Espacios Abiertos que recomienda:

• que se solicite de inmediato a los acreedores de la deuda pública de Puerto Rico una moratoria o “standstill” de no menos de un año, lo que supondría una suspensión temporal de los pagos actuales;
• que se realice y publique un análisis de sostenibilidad de la deuda pública que incluya los efectos de la pandemia en el largo plazo;
• la culminación de los estados financieros auditados para los años 2017, 2018, y 2019;
• y el desarrollo de un plan macroeconómico realista y plausible

Vivimos tiempos de mucha incertidumbre, pero algo cierto es que, en o antes del 30 de junio de 2020, se aprobará el presupuesto para el AF 2020-2021.

En los próximos meses,
cuál es tu prioridad, ¿tus acreedores o tu salud y la de tu familia?

¿cuál debe ser la prioridad del uso de los fondos que aportamos con nuestras contribuciones?

Y cuál será la del gobierno y de la junta en el presupuesto que se aprobará el próximo mes.

#QuienMeRepresentaPR

Además de conferencias, compras y vistas, ¿qué pueden hacer el Ejecutivo y el Legislativo, antes de que finalice la sesión?

Espacios Abiertos, y los demás integrantes de la Red de Transparencia, dieron a conocer hoy un estudio que revela que Puerto Rico ocuparía el puesto número 87 cuando se compara con los 128 países que analiza el Índice Global de Derecho a la Información (RTI Rating) del Center for Law and Democracy (CLD).

El informe analiza las leyes de Transparencia (Ley 141 de 2019) y Datos Abiertos (Ley 122 de 2019) en Puerto Rico, aprobadas el año pasado a prisa al final de la sesión legislativa y firmadas a oscuras por Ricardo Rosselló en las últimas horas de su incumbencia.

Las leyes de Puerto Rico abstienen una puntuación de 73 del máximo posible de 150 en la escala del RTI Rating. Este resultado colocaría a Puerto Rico en el tercio más bajo (puesto 87) de la escala cuando se compara con los países que incluye el Índice Global.

El Dr. Mendel, la autoridad internacional en temas de transparencia, señala áreas de fortalezas, así como las debilidades de dichos estatutos, y recomienda las áreas que requieren atención.

El RTI Rating fue desarrollado por el CLD en Canadá y su contraparte en Europa, Access Info Europe. Se publicó por primera vez en 2011 el Día del Derecho a Saber (28 de septiembre) y se actualiza continuamente para incluir todas las leyes nacionales de RTI. Este índice, reconocido por la Unesco y el Banco Mundial, es la única metodología de autoridad que evalúa a nivel internacional la solidez de los marcos legales sobre el derecho de acceso a la información.

Utilizando 61 indicadores, dividimos en siete categorías: derecho a tener acceso, alcance, proceso de solicitud, excepciones y denegaciones, apelaciones, sanciones y protecciones, y medidas de divulgación; el índice mide el marco legal, no la implantación de las leyes.

Entre las debilidades más relevantes de las leyes de Puerto Rico de acceso a la información figuran:

• Vacíos importantes en los procedimientos para hacer solicitudes de información y para responderlos
• El régimen de excepciones es demasiado amplio, por lo que solo recibió 23% de los puntos asignados a este renglón en el RTI Rating
• No hay un foro administrativo independiente para hacer apelaciones
• El sistema de protecciones y sanciones es muy limitado
• Tienen pocas medidas de divulgación para apoyar una buena implementación

Las deficiencias que tiene la Ley 122 y Ley 141 pueden subsanarse para garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública que cobija a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico.

Oprima los siguientes enlaces para acceder:

• Presentación del Dr. Mendel (vídeo):
  https://bit.ly/3b5gVcV 
• Informe completo versión español
• Complete Report (English version)
• Resumen ejecutivo versión español
• Executive Summary (English version)
• Dónde ubicaría PR en el RTI Ranking

En tiempos de Covid o no, los derechos de las personas no pueden estar supeditadosa la voluntad o discreción de ningún funcionario.

Semana 7: pruebas
Lo que dicen los números
Se amplía la brecha

Partiendo de los datos que recopila el Covid Tracking Project diariamente, de la información oficial que publican los gobiernos, la brecha entre la cantidad de pruebas con resultados (suma de positivos y negativos) que se hacen en otras jurisdicciones de EEUU y Puerto Rico, sigue ampliándose.

En las últimas semanas a través de las tablas que hemos publicado, hemos destacado que más allá de estar en último lugar, un factor que nos preocupa es el ritmo que llevan las pruebas en Puerto Rico. Y que hay que atender con celeridad la razón o razones para ello.  Sea la disponibilidad de pruebas, la capacidad en procesamiento de pruebas por los laboratorios o fallas en la recopilación de la información.

Mientras Puerto Rico reporta 335 pruebas por cada 100,000 habitantes, Arizona que ocupa el penúltimo lugar informa 914.  Una diferencia de 579.  Mientras que el 30 de marzo la diferencia entre Puerto Rico y el siguiente era de 8, el 6 de abril de 163, el 12 de abril de 244 y el 18 de abril de 320. Lo que vemos esta semana cuando Arizona tiene 2.7 más resultados que Puerto Rico es que la diferencia con el más próximo se ha ampliado aún más.

A paso lento.
La siguiente gráfica demuestra el progreso histórico en cuanto a pruebas en EEUU por estado y PR.

Para la visualización destacamos a Rhode Island por ser el estado con más pruebas realizadas por cada 100 mil habitantes, así como la trayectoria de West Virginia, Mississippi y Arkansas por ser los tres estados con menor renta per cápita en EEUU. Además la gráfica considera la cantidad de días que cada jurisdicción lleva realizado pruebas. Puerto Rico por ejemplo al 27 de abril llevaba 42 días realizado pruebas para unas 335 por cada 100 mil habitantes, en cambio, Rhode Island acumula prubas de 56 días para una 5,275 pruebas por cada 100 mil habitantes.

Dónde estamos.
Y a dónde debemos aspirar a llegar.

La Organización Mundial de la Salud sugiere que el nivel adecuado de pruebas positivas sobre pruebas totales debe estar ubicado entre el 3% y el 12% (rango que se marca en la próxima gráfica con las líneas entrecortadas). Según la OMS, niveles por debajo del 3% indicarían que las pruebas no se están realizando adecuadamente, y mayores del 10% reflejarían un nivel insuficiente de pruebas realizadas.  Al día de ayer (27 de abril), la media móvil de los últimos siete días de pruebas positivas sobre pruebas totales, según publicados, asciende a 14%. Totalmente fuera del rango recomendado por la OMS. Lo que significa que Puerto Rico debe ampliar la capacidad de detección del contagio.

Cómo traducimos todo esto a una meta.
Sobre 4,500 pruebas diarias necesita PR para reabrir la economía.

En el estudio que publicó el Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard establece que EEUU necesita sobre medio millón de pruebas diarias o el equivalente a unas 152 pruebas diarias por cada 100 mil habitantes. En el caso de Puerto Rico con 3 millones de habitantes eso se traduce a sobre 4,500 pruebas diarias.  

La gráfica que sigue muestra dónde se ubican los estados al 27 de abril utilizando la media móvil de los siete días anteriores de pruebas realizadas diarias respecto a esa meta.  La línea entrecortada marca la medida de 152 que señala el estudio de Harvard para reabrir la economía.  Puerto Rico, con las pruebas que se informan, se ubica en el último lugar con apenas un 4, a gran distancia de lo que recomienda el estudio de la prestigiosa universidad.

Cuando de proteger la vida se trata, necesitamos datos e información confiables.

#AOscurasNo 

Necesitamos datos abiertos y confiables del gobierno  tanto en la crisis como en la cotidianidad.

En la salud y en la enfermedad.  En la prosperidad y en la adversidad. Todos los días.  Hasta que la muerte nos separe.

Transparencia. Un principio que debe regir el contrato entre el gobierno y sus ciudadan@s.

Si queremos una sociedad más próspera, equitativa y justa para Puerto Rico, hay que exigir un gobierno transparente, que rinda cuentas, y cuya razón de ser sea servir al bienestar de su ciudadanía.  Todos los días.

Son muchos los defectos y vulnerabilidades de nuestra estructura gubernamental que se han puesto de manifiesto durante esta crisis.  La base de éstos es la cultura de opacidad que impera en el gobierno de Puerto Rico hace décadas.   Si ésta no se atiende de una vez,  si no cambiamos la opacidad por una cultura de transparencia, un gobierno de libre acceso a información pública, de datos abiertos, seguros y confiables, seguiremos abonando por un lado a la corrupción y por otro al coste de ésta, más desigualdad y más pobreza, y hasta más vidas.

¿Cuántas experiencias necesitamos? ¿cuánto más resilientes podemos ser? Impago deuda 2016.  PROMESA 2016. Huracán María 2017.  Acuerdo COFINA 2019.  Telegram Chat 2019. Terremotos 2020.  Pruebas COVID 2020.  ¿Tenemos que esperar al saldo de fatalidades del Covid-19 para actuar?  Mientras en el día a día y de crisis en crisis el Estado se consume en su entuerto burocrático, donde funcionarios (y voluntarios “con paga”) mezclan el quehacer profesional con lo político y lo personal, una vez más le corresponderá a la sociedad civil no solo atender la crisis, sino asumir el liderato para generar cambios en política pública y nuevas actitudes para la buena gobernanza del país.