Last Tuesday, Daniel Santamaría Ots, Research Director of Espacios Abiertos, participated in Washington, D.C., in the Puerto Rico Federal Parity: Advocating for the transition of Puerto Rico into SNAP in the 2025 Farm Bill. This panel of experts discussed the importance of Puerto Rico’s transition from NAP to SNAP. This transition will help strengthen the food security of approximately 1.25 million people or 733,000 families on the island. Other invited experts included Javier Balmaceda (Center on Budget and Policy Priorities), Lillian Rodriguez Lopez (Coalition for Food Security for Puerto Rico), and Estela Reyes Rodríguez (Instituto del Desarrollo de la Juventud). The panel was moderated by Maritere Padilla Rodríguez (Hispanic Federation).

This panel of experts comes as part of efforts to combat proposals to cut $230 billion in food assistance through the budget reconciliation process that could jeopardize access to food for millions of people in the U.S. Among several proposed cuts to the SNAP program is a proposal to reverse a major revision to the Thrifty Food Plan made in 2021 and/or permanently freeze its cost outside of annual inflation adjustments. This disproportionately hurts Puerto Rico, where 42% of residents rely on the Nutrition Assistance Program (NAP), which is already underfunded.

Puerto Rico contributes billions of dollars in federal taxes ($5.14 billion by 2023), but receives unequal treatment and benefits far less than other U.S. jurisdictions.

Puerto Rico is not the only jurisdiction where the federal government spends more than it collects in taxes. There are 28 states and territories that have a per capita deficit with the federal government, and 9 of them have a higher per capita deficit than Puerto Rico.

States and territories with a per capita deficit with the federal government

When analyzing data on federal programs to combat food insecurity (NAP vs. SNAP), we observed a marked disparity in the average monthly outlay per household between Puerto Rico and other U.S. jurisdictions. While the average monthly cost per household under SNAP in the jurisdictions analyzed stands at $374, Puerto Rico, which operates under the block grant-funded Nutrition Assistance Program (NAP), receives only $331 per household. This gap widens further when looking at non-contiguous U.S. jurisdictions such as Guam ($813), Hawaii ($704), Alaska ($667), and the Virgin Islands ($543), which, despite facing similar logistical and economic challenges as Puerto Rico, receive significantly higher benefits.  

The block grant funding structure imposes a rigid cap on the funds allocated to Puerto Rico, which limits its ability to respond to the food needs of its population, especially in times of economic crisis or natural disasters. This situation reflects a systemic inequity in the distribution of federal resources, where Puerto Rico, despite being a U.S. territory with high rates of poverty (41.6%) and food dependency, lags behind other jurisdictions that receive more equitable treatment under the SNAP model.

Nutritional Assistance (NAP and SNAP)

Puerto Rico is the poorest jurisdiction in the United States. While its residents contribute a significant amount of federal taxes ($5.14 billion by 2023), they do not receive the same federal benefits as their counterparts. If you want to learn more about the issue, access ObservatorioFiscalPR.com for an analysis of the main federal programs whose allocations demonstrate the unequal tax treatment of Puerto Rico.

Access our brochure at the following link: Federal Taxes (Download PDF Version)

El pasado martes 25 de marzo, Daniel Santamaría Ots, Director de Investigaciones de Espacios Abiertos estuvo participando en Washington D.C en el Puerto Rico Federal Parity: Advocating for the transition of Puerto Rico into SNAP in the 2025 Farm Bill. En este panel de expertos  se discutió la importancia de que Puerto Rico logre transicionar de PAN a SNAP. Esta transición ayudará a fortalecer la seguridad alimentaria de aproximadamente 1.25 millones de personas o 733 mil familias en la isla.

Entre los expertos también invitados se encontraban Javier Balmaceda (Center on Budget and Policy Priorities), Lillian Rodriguez Lopez (Coalition for Food Security for Puerto Rico) y Estela Reyes Rodríguez (Instituto del Desarrollo de la Juventud). El panel fue moderado por Maritere Padilla Rodríguez (Hispanic Federation).

 

Puerto Rico contribuye con miles de millones de dólares en impuestos federales ($5.14 mil millones para 2023), pero recibe un trato desigual y obtiene muchos menos beneficios que el resto de jurisdicciones de los Estados Unidos. 

Puerto Rico no es la única jurisdicción donde el gobierno federal gasta más de lo que recauda en impuestos. Hay 28 estados y territorios que presentan un déficit per cápita con el gobierno federal, y 9 de ellos tienen un déficit per cápita mayor que el de Puerto Rico.

Estados y territorios con una contribución neta per capita negativa con el gobierno federal

Al analizar los datos de los programas federales para combatir la inseguridad alimentaria (PAN vs. SNAP) observamos una marcada disparidad en el desembolso mensual promedio por hogar entre Puerto Rico y otras jurisdicciones de Estados Unidos. Mientras el costo mensual promedio por hogar bajo SNAP en las jurisdicciones analizadas se sitúa en $374, Puerto Rico, que opera bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) financiado mediante block grant, recibe apenas $331 por hogar. Esta brecha se amplía aún más al observar jurisdicciones no contiguas a Estados Unidos continental como Guam ($813), Hawái ($704), Alaska ($667) e Islas Vírgenes ($543), las cuales, a pesar de enfrentar desafíos logísticos y económicos similares a los de Puerto Rico, reciben beneficios significativamente mayores.  

La estructura de financiamiento mediante block grant impone un tope rígido a los fondos asignados a Puerto Rico, lo que limita su capacidad para responder a las necesidades alimentarias de su población, especialmente en tiempos de crisis económica o desastres naturales. Esta situación refleja una inequidad sistémica en la distribución de recursos federales, donde Puerto Rico, a pesar de ser un territorio estadounidense con altas tasas de pobreza (41.6%) y dependencia alimentaria, queda rezagado frente a otras jurisdicciones que reciben un trato más equitativo bajo el modelo de SNAP.

Asistencia nutricional (PAN y SNAP)

Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos. Mientras sus residentes contribuyen con una cantidad significativa de impuestos federales ($5.14 mil millones para 2023), no reciben los mismos beneficios federales que sus contrapartes. Si desea conocer más sobre el tema, acceda al ObservatorioFiscalPR.com para el análisis de los principales programas federales cuyas asignaciones demuestran la desigualdad en el trato fiscal hacia Puerto Rico.

Accede a nuestro tríptico en el siguiente enlace: Federal Taxes (Download PDF Version)

Mientras la Junta de Supervisión Fiscal exige ver y controlar cada renglón de gasto del gobierno de Puerto Rico, ningún ente local o federal parece tener visibilidad total o la posibilidad de detener la espiral ascendente de gasto en consultores, asesores y abogados que contrata la Junta y el gobierno y que suman hasta el primer trimestre del 2024, $2,021,957,705.  Cantidad que excede significativamente el estimado original de $370 millones que hizo el Congreso del costo que tendría PROMESA. Es notable la falta de transparencia de la Junta, cuando ésta no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al EXCLUIR en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños. La opacidad y gasto sin aparente control, en este proceso, toma mayor relevancia en momentos en que la Junta ha solicitado aumentar de $50 mil a $100 mil la partida que retienen mensualmente uno de los representantes legales de la Junta.  Llama la atención la doble vara que utiliza la Junta en cuanto a los requerimientos que hace a las agencias locales respecto al gasto público y lo que ésta se aplica a sí. Ante el retraso evidente de un nuevo plan de reestructuración sobre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que propició una reciente orden de la jueza Taylor Swain para que la Junta de Control Fiscal emita un informe sobre el retrasado plan fiscal y un calendario sobre la presentación del plan de ajuste enmendado de la AEE antes del 28 de febrero de 2025, Espacios Abiertos se ha dado la tarea de actualizar su informe de 2023,  Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico  con el objetivo de transparentar el gasto que sigue pagando el pueblo de Puerto Rico en la reestructuración de la deuda pública y otros gastos asociados. Además de exigir una completa rendición de cuentas de la Junta, debemos procurar que el conocimiento recogido y generado de estas consultorias pagadas con dinero público sobre los haberes públicos de Puerto Rico se transfiera en conocimiento para las instituciones nuestras de gobierno y que se ofrezca acceso completo al público de toda esa información. Las siguientes gráficas resumen visualmente el costo en consultores que ha tenido PROMESA.

Evolución del gasto en consultoría entre 2017-2024

Distribución del gasto en consultoría entre 2017 y 2024

Distribución del gasto en litigios principales bajo PROMESA

Los pagos por litigios bajo título III de PROMESA incluyen:  $1,109,013,249 para el pleito del Gobierno de Puerto Rico, $438,803,487 incurridos en el caso de la AEE, $62,816,103 en el de COFINA, $51,165,166 de la Autoridad de Carreteras,  $39,758,739 d el Sistema de Retiro y $960,400 en el caso de Edificios Públicos. El desembolso de $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III, es una partida de  consultores contratados directamente por la Junta de Supervisión Fiscal que son pagados del presupuesto operacional que se consigna anualmente a la Junta.

Principales consultores y abogados pagados en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico Los principales consultores, según el gasto incluyen a: Proskauer Rose LLP con $355,826,874,  McKinsey & Company con $307,318,840, Ankura Consulting Group, LLC con $180,947,374, Ernst & Young LLP con $179,445,657, CITI Group Global Markets Inc. con $126,565,344, O’Melveny & Myers con $115,828,094, PJT Partners LP con $115,000,000, Paul Hastings LLP con $86,841,542, Deloitte con $55,497,713 y Alvarez & Marsal North America, LLC con $35,727,382. Si se compara el gasto acumulado entre 2023 y principios del 2024 (14 meses) con el acumulado antes, las firmas que han reportado el mayor aumento en pagos son Ankura Consulting Group, LLC, con un incremento de $137.59 millones o un 317.38% de aumento, seguida por Proskauer Rose LLP, que recibió $131.32 millones adicionales, reflejando un 58.50% de incremento en el mismo periodo,  CITI Group Global Markets Inc., con $46.50 millones (58.08% de aumento), Ernst & Young LLP, con $45.62 millones (34.09% aumento), y PJT Partners LP, que duplicó sus pagos con un incremento de $57.50 millones, representando un 100% de aumento en 14 meses.

________Acceda aquí el contenido del informe y tablas actualizadas a 2024. Versión español. English version. Para acceder el Informe original de Espacios Abiertos de 2023, oprima aquí para la versión en español.  English version.

Given the evident delay in a new restructuring plan for the Puerto Rico Electric Power Authority, which led to a recent order from Judge Taylor Swain requiring the Fiscal Oversight and Management Board to issue a report on the delayed fiscal plan and a timeline for presenting the amended adjustment plan for PREPA before February 28, 2025, Espacios Abiertos (EA) has undertaken the task of updating its report Your Advisors, Your Money: Lack of Access to the Data That Has Informed the restructuring in Puerto Rico to make transparent the expenditures that the people of Puerto Rico continue to pay for the restructuring of the public debt and other associated costs.

In the previous report, EA quantified the total expenditure on consultants and legal representation for restructuring at just over $1.5 billion, based on reports from the Board’s annual and monthly statements, publications from the federal court, and expenses reported by the Fee Examiner. Currently, this total cost has increased to $2,021,957,705. This increase is observed across all spending categories: from $297,774,055 to $308,111,005 for consultants and legal representation hired outside the Title III process; from $9,780,502.15 to $11,329,555.08 for the Fee Examiner; and from $1,006,718,638 to $1,702,517,144 for consultants hired within the Title III processes in the federal court. This represents an increase of 34.77% from June 18, 2024. Finally, it is worth remembering that in 2016, the Congressional Budget Office estimated that Puerto Rico would not exceed $370 million in legal and financial advisory costs over 10 years.

Distribution of Consulting Expenses Between 2017 and 2024

Evolution of Consulting Expenses in Puerto Rico’s Debt Restructuring Process (2017-2024)

Data obtained from the federal court provides insight into the total expenditures disbursed for litigation related to PROMESA. Among the top five lawsuits, payments to consultants, financial advisors, mediators, and attorneys are identified and distributed as follows: the Government of Puerto Rico’s lawsuit tops the list with $1,109,013,249, followed by the Puerto Rico Electric Power Authority with $438,803,487, COFINA with $62,816,103, the Highways and Transportation Authority with $51,165,166, the Retirement System with $39,758,739, and $960,400 in the case of the Public Buildings Authority. Additionally, $308,111,005 has been disbursed to consultants hired outside the Title III process. These consultants, hired outside the Title III process, are directly contracted by the Fiscal Oversight Board and are paid directly from the Board’s annual budget.
Government Central consulting expenses increased from $870,449,697 to $1,109,013,249, reflecting a 27.41% increase. The Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) saw the highest relative increase, rising from $181,100,752 to $438,803,487, a 142.30% increase. The Highways and Transportation Authority also experienced a rise, going from $41,004,842 to $51,165,166, a 24.78% increase. The Retirement System increased from $36,658,795 to $39,758,739, growing by 8.46%. Meanwhile, COFINA and the Public Buildings Authority have shown minimal variations since those lawsuits concluded.

Distribution of Expenditures in Major Lawsuits Under PROMESA

We also observe changes in the primary consultants during this process. Proskauer Rose LLP tops the list with $355,826,874, McKinsey & Company with $307,318,840, and Ankura Consulting Group, LLC with $180,947,374. Other notable firms include Ernst & Young LLP ($179,445,657), CITI Group Global Markets Inc. ($126,565,344), O’Melveny & Myers ($115,828,094), PJT Partners LP ($115,000,000), Paul Hastings LLP ($86,841,542), Deloitte ($55,497,713), and Alvarez & Marsal North America, LLC ($35,727,382). Compared to the previous report, the firms that reported the largest increase in payments in the most recent period are Ankura Consulting Group, LLC, with an increase of $137.59 million, representing a 317.38% increase in 14 months, followed by Proskauer Rose LLP, which received an additional $131.32 million, reflecting a 58.50% growth in the same period. Other notable increases include CITI Group Global Markets Inc., which rose by $46.50 million (58.08%), Ernst & Young LLP, with $45.62 million (34.09%), and PJT Partners LP, which doubled its payments with an increase of $57.50 million, representing a 100% increase in 14 months.

Top Consultants and Attorneys Paid in Puerto Rico’s Debt Restructuring Process

Ante el retraso evidente de un nuevo plan de reestructuración sobre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que propició una reciente orden de la jueza Taylor Swain para que la Junta de Control Fiscal emita un informe sobre el retrasado plan fiscal y un calendario sobre la presentación del plan de ajuste enmendado de la AEE antes del 28 de febrero de 2025, Espacios Abiertos (EA) se ha dado la tarea de actualizar su informe Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico (2023) con el objetivo de transparentar el gasto que sigue pagando el pueblo de Puerto Rico en la reestructuración de la deuda pública y otros gastos asociados. En el pasado informe, EA cuantificó el gasto total de los consultores y representación legal de la reestructuración en poco más de $1,500 millones de dólares entre lo reportado en los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador. Actualmente este costo total aumentó a $2,021,957,705. Este aumento se observa en todos los renglones de gasto, de $297,774,055 a $308,111,005 para aquellos consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III; de $9,780,502.15 a $11,329,555.08 para el Oficial Examinador; y de $1,006,718,638 a $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal. Esto representa un aumento de 34.77% desde el 18 de junio de 2023 hasta ahora. Por último, vale la pena recordar que el Congressional Budget Office estimó en 2016 que Puerto Rico no superaría los $370 millones en asesoría legal y financiera en 10 años.

Distribución de gastos en consultoría entre 2017 y 2024

Evolución del gasto en consultores en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico (2017-2024)

Los datos obtenidos de los expedientes de la corte federal permiten visibilizar el gasto total desembolsado por litigios relacionados con PROMESA. Entre los cinco principales pleitos, se identifican pagos a consultores, asesores financieros, mediadores y abogados, distribuidos de la siguiente manera: el pleito del Gobierno de Puerto Rico encabeza la lista con $1,109,013,249, seguido por el de la Autoridad de Energía Eléctrica con $438,803,487, COFINA con $62,816,103, la Autoridad de Carreteras con $51,165,166, el Sistema de Retiro con $39,758,739 y $960,400 en el caso de Edificios Públicos. Además, se han desembolsado $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III. Estos consultores contratados fuera del proceso de Título III son contratados directamente por la Junta de Supervisión Fiscal y son pagados directamente del presupuesto anual de la Junta. Los gastos en consultores del Gobierno Central pasó de $870,449,697 a $1,109,013,249, reflejando un incremento del 27.41%. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tuvo el mayor aumento relativo, pasando de $181,100,752 a $438,803,487, lo que representa un incremento del 142.30%. La Autoridad de Carreteras también vio un aumento, pasando de $41,004,842 a $51,165,166, un 24.78% más. El Sistema de Retiro pasó de $36,658,795 a $39,758,739, aumentando en 8.46%. Mientras que COFINA y Edificios Públicos presentan variaciones mínimas ya que los pleitos han culminado.

Distribución del gasto en litigios principales bajo PROMESA

Observamos además cambios en los principales consultores durante este proceso. Proskauer Rose LLP encabeza la lista con $355,826,874, seguido por McKinsey & Company con $307,318,840 y Ankura Consulting Group, LLC con $180,947,374. Otras firmas destacadas incluyen Ernst & Young LLP ($179,445,657), CITI Group Global Markets Inc. ($126,565,344), O’Melveny & Myers ($115,828,094), PJT Partners LP ($115,000,000), Paul Hastings LLP ($86,841,542), Deloitte ($55,497,713) y Alvarez & Marsal North America, LLC ($35,727,382). Comparado con el informe anterior las firmas que han reportado el mayor aumento en pagos en el período más reciente son Ankura Consulting Group, LLC, con un incremento de $137.59 millones, lo que representa un 317.38% de aumento en 14 meses, seguida por Proskauer Rose LLP, que recibió $131.32 millones adicionales, reflejando un 58.50% de crecimiento en el mismo periodo. También destacan CITI Group Global Markets Inc., con un aumento de $46.50 millones (58.08%), Ernst & Young LLP, con $45.62 millones(34.09%), y PJT Partners LP, que duplicó sus pagos con un incremento de $57.50 millones, representando un 100% de aumento en 14 meses.

Principales consultores y abogados pagados en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico