El gobierno de Puerto Rico está entrando en la recta final para aprobar el presupuesto del Año Fiscal 2027. La discusión ha girado en torno a la contabilidad interna sobre el gasto directo y lo que el gobierno recauda a través de los impuestos. Pero limitar el análisis de presupuesto a recaudos y gastos de las entidades es tener una discusión incompleta. 

Todos los gobiernos usan una combinación de impuestos e incentivos para canalizar parte de su política pública. El lado de los incentivos es lo que se conoce como gastos tributarios, que son créditos, exenciones, exclusiones, deducciones, diferimientos y tasas preferenciales. 

Actualmente parece haber una muralla en la que la discusión de presupuesto se limita a la contabilidad interna del gobierno, y al otro lado de la muralla están las discusiones sobre los créditos y demás incentivos pero específico al contexto de una posible reforma contributiva. 

La realidad es que tomar en cuenta cuánto dinero dejamos de recaudar y a cambio de qué obtenemos es un tema relevante para cuadrar la chequera. 

Ya el gobierno ha retomado la buena práctica de la publicación sistemática de estos incentivos a través de su Informe de Gastos Tributarios publicado por el Departamento de Hacienda. Esto es un paso que aumenta la transparencia de cómo el gobierno está usando los créditos, exenciones y otros incentivos. 

Pero según encontró Espacio Abiertos en su estudio Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: Fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico, que el gobierno aún carece de métodos y criterios para evaluar la efectividad de todos los componentes de gasto tributario.

El Informe del Gasto Tributario para el 2025 salió en diciembre, a destiempo para poder preparar el presupuesto del Año Fiscal 2026. Aún asi,  la información está suficientemente actualizada como para haberse considerado durante la discusión de presupuesto del 2027. 

Recientemente, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica explicó que la junta y el gobierno de Puerto Rico ya llegaron a acuerdos sobre cuáles serán los criterios que usará la JSF para evaluar si los presupuestos que entregue el gobierno podrán ser certificados como balanceados. Aunque, el detalle de los criterios no fue divulgado, el director ejecutivo de la JSF dejó claro  que son una modificación de los estándares presupuestos basados en devengos o accrual balance budgets. 

Esto quiere decir que la junta quiere que el gobierno tenga una visión más holística a la hora de elaborar el presupuesto. Presupuestos creados bajo los estándares de devengo deben tomar en cuenta gastos futuros que se pagará con dinero que se genera hoy, al igual que estudios de gastos de cuál es el impacto de las políticas fiscales. 

Aquí es que encaja el Informe de Gastos Tributarios que prepara el Departamento de Hacienda acompañado de un análisis de cuáles de estos incentivos está rindiendo frutos; para preparar presupuestos que midieron la sostenibilidad fiscal del gobierno. 

“El Governmental Accounting Standards Board (GASB) es la entidad encargada de establecer los principios y normas de contabilidad para gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, con el objetivo de asegurar la consistencia, transparencia y comparabilidad en la información financiera pública. Mediante sus estándares, el GASB promueve una divulgación más clara de ingresos, gastos y obligaciones fiscales, lo cual resulta clave para evaluar la sostenibilidad fiscal y la rendición de cuentas”, explica el informe preparado por Espacios Abiertos.

En la medida que ha ido aumentando el presupuesto de la isla, igual han ido aumentando el gasto tributario tanto en el gasto total así como en la cantidad de instrumentos activos. Tanto en el 2018 como en el 2025 las proyecciones de lo que el gobierno dejó de devengar y el presupuesto consolidado del gobierno estaban casi equiparados. 

El gasto tributario equivalía a $22.3 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno era de $23.2 millones. Mientras que para el 2025 la cifra sobrepasó los $30 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno fue de $33.3 mil millones. Además, aunque hay incentivos que se han eliminado, el número total de incentivos ha ido de 431 a 436 gastos tributarios. 

Este aumento no es necesariamente negativo y hay incentivos que hemos visto tienen resultados positivos. Por ejemplo, se  puede apreciar una correlación entre el crédito por trabajo y un aumento en la radicación de planillas al ser un crédito que incentiva a la gente al trabajo formal. 

Igualmente, el gobierno no tiene que analizar los 436 gastos tributarios a la vez. El gobierno puede priorizar los gastos más grande como los incentivos industriales, la exención para inversionistas individuales residentes y la exención de contribución sobre ingresos de individuos porque estos tres suman casi un tercio del costo fiscal estimado. 

Entre las nuevas medidas fiscales que se están implementando y la nueva dinámica entre la JSF y el gobierno sobre la elaboración de presupuestos, es momento para no seguir dejando el gasto tributario al margen de la discusión de presupuesto.

Durante los últimos años, el país ha avanzado en hacer visible este sistema mediante la publicación del Puerto Rico Tax Expenditure Report (PRTER). Sin embargo, visibilizar no es lo mismo que evaluar. Hoy sabemos cuánto cuestan algunos de estos beneficios, pero todavía no sabemos con claridad si funcionan, a quién benefician realmente o si representan el mejor uso posible de los recursos públicos.

Puerto Rico se encuentra en un momento clave. Mientras el debate presupuestario se centra en el gasto directo, los gastos tributarios continúan operando en paralelo, muchas veces sin el mismo nivel de escrutinio. Sin embargo, su magnitud es tal que no pueden seguir siendo tratados como un tema secundario. Integrarlos al análisis fiscal no es opcional; es necesario para entender cómo realmente se asignan los recursos en el país.

Espacios Abiertos presenta el informe Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico. 

A partir de un análisis de mejores prácticas a nivel internacional, el informe propone un marco metodológico para evaluar los gastos tributarios utilizando criterios de efectividad, eficiencia, equidad, costo- beneficio y retorno sobre la inversión pública. Además, destaca la necesidad de integrar estos instrumentos al proceso presupuestario, tratándolos como lo que son: decisiones fiscales que compiten directamente con el gasto público tradicional.

Entre sus principales recomendaciones, el informe plantea fortalecer la estimación de los gastos tributarios, integrarlos oportunamente al ciclo presupuestario, establecer objetivos claros e indicadores de desempeño desde su diseño, y crear mecanismos de revisión periódica. Asimismo, propone comenzar el proceso de evaluación con un grupo prioritario de gastos tributarios de alto impacto fiscal.

Más que un ejercicio técnico, este es un cambio de enfoque. Es reconocer que no basta con saber cuánto dejamos de recaudar; necesitamos saber qué estamos obteniendo a cambio.

Puede acceder al informe aquí.

No es ajeno para ninguna de las puertorriqueñas y puertorriqueños que vivimos en la isla que el costo de vida ha aumentado. Muchas, porque la mayoría somos puertorriqueñas, tenemos que hacer de tripas corazones para poder llegar a fin de mes. Si bien no conocemos la terminología correcta, aquí todas somos expertas en finanzas familiares. Cada vez que una persona llena su planilla, paga a IVU o ve cambios en su cheque por concepto de retenciones, interactúa con el sistema contributivo. Este año, se propuso formalmente, por primera vez desde 2011, una reforma al sistema tributario puertorriqueño. El gobierno reconoce que las cosas han cambiado y abre la puerta a que podamos reestructurar el sistema contributivo en el archipiélago. 

Cuando escuchamos el término reforma contributiva, nuestra mente lo relaciona rápidamente con temas técnicos y complejos. Otras veces, nos parece algo muy distante y ajeno a las decisiones que tomamos día a día. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados. Todos los días interactuamos con el sistema tributario aunque no siempre lo notamos. Por eso, entender qué es una reforma contributiva no es solo un ejercicio académico: es comprender cómo el Estado organiza sus recursos y cómo se distribuye la carga fiscal entre la población. 

Un sistema contributivo es el conjunto de normas, principios, procedimientos e instituciones que regulan la recaudación de ingresos tributarios en una jurisdicción. Sin embargo, no se trata únicamente de un mecanismo administrativo para recaudar fondos. Es, ante todo, una herramienta de política pública que influye directamente en la equidad social, la actividad económica y el bienestar colectivo. A través del diseño de sus impuestos, un gobierno decide qué conductas económicas se incentivan, cuáles se desincentivan y cómo se distribuye el peso de financiar los servicios públicos. 

En términos más sencillos, un buen sistema contributivo debería cumplir con tres cosas básicas: funcionar bien, ser justo y pedir proporcionalmente más a quien más tiene. Que funcione bien significa que el gobierno  recauda el dinero que necesita sin hacer el proceso complicado, costoso o lleno de papeleo innecesario, y sin afectar demasiado las decisiones de trabajo, ahorro o inversión de las personas. Que sea justo implica que las personas en situaciones similares paguen cantidades similares y que quienes ganan más dinero aporten más que quienes apenas cubren sus necesidades básicas. Y la progresividad, dicho de forma simple, significa que a medida que aumenta el ingreso, también aumenta la proporción que se aporta, para que la carga no recaiga desproporcionadamente sobre las familias de clase media, trabajadoras o de menores recursos. 

Una reforma contributiva es un cambio grande y estructurado en la manera en que funciona el sistema de impuestos. Puede implicar subir o bajar las tasas, cambiar el nivel de ingreso desde el cual empiezas a pagar, eliminar o crear deducciones y exenciones, o modificar cómo se administran y se cobran las contribuciones. Pero no cualquier ajuste cuenta como una reforma. Si solo se cambia un detalle pequeño, eso no necesariamente transforma el sistema. Para hablar realmente de una reforma contributiva, los cambios tienen que ser lo suficientemente amplios como para alterar quién paga más o menos, cuánto recauda el gobierno o cómo está organizado el sistema en general.

Las reformas contributivas tienen un significado social profundo. El sistema tributario es una expresión concreta del contrato social entre el gobierno y la ciudadanía. A través de él se financian servicios esenciales como la educación, la salud, la infraestructura y los programas sociales. Por ello, cuando se discute una reforma contributiva, no se trata únicamente de tasas o deducciones, sino de decisiones sobre equidad, desarrollo económico y bienestar colectivo.

Una reforma contributiva bien diseñada puede aliviar la carga sobre las familias trabajadoras, mejorar la eficiencia del sistema y fortalecer la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Sin embargo, si se implementa sin un análisis riguroso ni transparencia, puede profundizar las desigualdades ya existentes o generar inestabilidad fiscal futura. 

El rediseño del sistema contributivo no es un asunto lejano ni exclusivo de expertos; es una conversación que nos pertenece a todas y todos. Las decisiones que se tomen hoy definirán cómo se distribuye la carga fiscal, qué sectores reciben alivio y cómo se financiarán los servicios públicos en los próximos años en Puerto Rico. Por eso, este es el momento de informarnos, participar en los espacios de discusión pública, exigir transparencia y evaluar las propuestas con una mirada crítica y basada en evidencia. Si queremos un sistema contributivo que responda a las realidades de las familias trabajadoras, que promueva equidad y que fortalezca nuestro desarrollo económico, tenemos que involucrarnos activamente en su diseño. El sistema que se apruebe no solo determinará cuánto pagamos, sino también qué tipo de país estamos construyendo.

Después de más de 15 años sin cambios importantes en las tasas de contribución sobre ingresos, Puerto Rico volvió a discutir en 2026 una reforma contributiva. La propuesta presentada buscaba algo que, en principio, suena simple: reducir la carga contributiva para muchas personas, particularmente para la clase trabajadora y la clase media.

Pero como ocurre con casi todo en política pública, lo que parece sencillo en la superficie esconde preguntas más profundas.

¿Qué buscaba la propuesta?

La reforma proponía aumentar el ingreso exento, reducir algunas tasas intermedias y elevar el nivel desde el cual comienza la tasa más alta. En términos prácticos, eso significa que una persona con ingresos bajos o moderados pagaría menos contribuciones que bajo el sistema actual.

Para muchas familias, esa reducción no es un detalle menor. Puede representar dinero adicional para cubrir alimentos, renta, gasolina, cuido o servicios básicos. En un contexto de inflación y de alto costo de vida, cualquier alivio se siente. Por eso, la propuesta generó apoyo. Esta reconocía que el sistema no había sido revisado en más de una década y que la realidad económica del país ha cambiado.

Sin embargo, toda reducción contributiva plantea una pregunta inevitable: si el gobierno recauda menos, ¿cómo se compensan esos fondos?

Los recursos que el Estado deja de recibir no desaparecen sin consecuencias. Son los mismos fondos que sostienen escuelas, hospitales, servicios municipales, seguridad pública y programas sociales. Por eso, una reforma contributiva no puede analizarse únicamente desde el alivio inmediato; también debe examinarse desde la perspectiva de la sostenibilidad.

En este caso, la Junta de Supervisión Fiscal determinó que la reforma, en su versión permanente, no cumplía con los requisitos fiscales establecidos por PROMESA. Ante ese escenario, se aprobó una medida transitoria: el llamado “Cheque de Alivio Contributivo”, que provee un alivio puntual mientras continúa el debate más amplio.

Esto dejó claro que el debate no terminó; apenas comenzó.

La discusión sobre la reforma contributiva de 2026 va más allá de tasas y tablas. Nos obliga a revisar el sistema completo.

Puerto Rico enfrenta altos niveles de desigualdad y pobreza. Nuestro sistema contributivo no se compone únicamente de contribuciones sobre ingresos. Este sistema también incluye el IVU, que impacta más a quienes ganan menos, y un amplio régimen de incentivos fiscales. Todo esto forma parte del mismo engranaje.

Por eso, cualquier cambio en una pieza del sistema tiene efectos en el resto.

Cuando hablamos de reforma contributiva, en realidad estamos hablando de prioridades: ¿quién debe aportar más?, ¿cómo se distribuye la carga?, ¿qué actividades económicas queremos incentivar? y ¿cómo aseguramos que el sistema sea justo y sostenible?

La propuesta de 2026 abre una conversación necesaria. Durante años, el sistema contributivo ha permanecido prácticamente intacto en su estructura de tasas. Mientras tanto, la economía, la demografía y las necesidades del país han cambiado significativamente.

Revisar el sistema no es irresponsable; es necesario. Pero hacerlo bien requiere una mirada amplia y equilibrada.

Reducir la carga sobre la clase trabajadora es una meta válida. Modernizar el sistema también lo es. Sin embargo, esas metas deben ir acompañadas de un plan claro que garantice estabilidad fiscal y continuidad en los servicios esenciales.

El verdadero reto no es simplemente bajar las tasas. Es diseñar un sistema contributivo que funcione mejor para el país en su conjunto: más equitativo, más transparente y más alineado con la realidad económica de Puerto Rico que ayude al crecimiento económico.

¿Qué nos toca hacer?

El debate de 2026 nos deja una lección importante: las reformas contributivas no pueden verse como medidas aisladas ni como soluciones rápidas. Son decisiones estructurales que impactan en el presente y el futuro.

Puerto Rico necesita una conversación madura y basada en datos sobre cómo financiar el país de manera justa y sostenible. La reforma contributiva forma parte de esa conversación, pero no la agota.

Desde Espacios Abiertos entendemos que esta discusión es una oportunidad. Una oportunidad para repensar cómo se distribuye la carga fiscal, cómo se fortalecen las finanzas públicas y cómo se construye un sistema que apoye el desarrollo económico sin comprometer la estabilidad.

La pregunta no es solo cuánto pagamos. La pregunta es qué tipo de sistema queremos construir y cómo podemos sostenerlo. 

En octubre de 2025 la Junta de Supervisón Fiscal notificó al Departamento de Hacienda de Puerto Rico que rechazaba el ajuste por inflación al Crédito por Trabajo para este año contributivo. La Junta argumenta que este ajuste de $72 millones adicionales es contrario al plan fiscal certificado por no estar incluído en el presupuesto corriente.

Aunque pueda parecer un asunto técnico o presupuestario, el resultado es claro: negar el ajuste por inflación no es neutral. Mantener el crédito nominal fijo mientras aumenta el costo de vida implica una pérdida real de poder adquisitivo. En otras palabras, congelar el crédito es recortarlo.

Entonces, ¿Qué está en juego?

En el recién publicado informe, La denegación del ajuste por inflación del crédito por trabajo en Puerto Rico y sus efectos en la pobreza, Espacios Abiertos documenta que:

• En 2024, el valor promedio del crédito aumentó a $1,974, un incremento de 5.4% respecto a 2023.
• Tomando como referencia la mediana de ingresos por hogar en Puerto Rico ($25,096), el crédito promedio representa un 9% del ingreso anual del hogar, una proporción considerable para familias de bajos ingresos.
• Además, el número de hogares que reclamaron el crédito aumentó a 734,619, casi 6 de cada 10 hogares que radicaron planillas el ciclo contributivo anterior.

Ese alcance explica por qué cualquier reducción, aunque sea “indirecta”,  tiene efectos medibles sobre la pobreza en la isla.

El Crédito por Trabajo reduce la pobreza

Puerto Rico enfrenta una realidad persistente de desigualdad. La tasa de pobreza se mantiene históricamente alta y, según los últimos datos disponibles, alcanza 41.6%.

Esto significa que las políticas públicas que apoyan el trabajo y elevan los ingresos disponibles no son opcionales: son esenciales. Por eso, en este informe, Espacios Abiertos analiza una pregunta central: ¿cuántas personas logran salir de la pobreza gracias al Crédito por Trabajo y cuántas dejarán de hacerlo si se reduce su valor real por inflación? A partir de datos administrativos del Departamento de Hacienda, el informe estima que 136,990 personas cruzaron el umbral de pobreza federal gracias al Crédito por Trabajo.

Esto confirma un punto clave, el crédito no solo ayuda a “aliviar” el presupuesto familiar, sino que cambia materialmente la condición económica de decenas de miles de personas.

El análisis muestra que aumentar o recortar la inversión cambia directamente cuántas personas logran superar el umbral. Por ejemplo:

• Con una inversión adicional de $400 millones, el número de personas que superarían el umbral subiría a 176,043.
• Con un recorte de $400 millones, esa cifra bajaría a 92,021.

El no ajustar por inflación entonces, podría representar que 7,475 personas adicionales permanezcan por debajo del umbral de pobreza federal debido a la decisión de la Junta de Control Fiscal.

En términos prácticos, 7,475 vidas no son un “margen”, son miles de hogares que pierden capacidad real para cubrir necesidades básicas.

¿Por qué debemos fortalecer el Crédito por Trabajo?

En los pasados años, el Crédito por Trabajo (EITC) se ha convertido en la piedra angular de las campañas de radicación de planillas en Puerto Rico, al representar uno de los beneficios más importantes para las familias trabajadoras de ingresos bajos y moderados. Desde su expansión en 2021, el crédito no solo ha incentivado la radicación de planillas, sino que también ha servido como un mecanismo directo para fortalecer el ingreso disponible en los hogares, particularmente en un contexto de alto costo de vida y niveles persistentes de pobreza.

La decisión de negar el ajuste por inflación del Crédito por Trabajo no es un detalle técnico o un simple ajuste en caja, es un cambio con efectos medibles en la vida de miles de personas. En un país donde la pobreza sigue siendo una emergencia estructural, reducir una de las herramientas más efectivas para combatirla es una decisión regresiva.

Desde Espacios Abiertos reiteramos que la política fiscal debe responder a la evidencia y al bienestar de la población. Ajustar por inflación no es un lujo, es proteger el valor real de un beneficio que sostiene a quienes trabajan y aún así viven al borde de la pobreza.

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