No es ajeno para ninguna de las puertorriqueñas y puertorriqueños que vivimos en la isla que el costo de vida ha aumentado. Muchas, porque la mayoría somos puertorriqueñas, tenemos que hacer de tripas corazones para poder llegar a fin de mes. Si bien no conocemos la terminología correcta, aquí todas somos expertas en finanzas familiares. Cada vez que una persona llena su planilla, paga a IVU o ve cambios en su cheque por concepto de retenciones, interactúa con el sistema contributivo. Este año, se propuso formalmente, por primera vez desde 2011, una reforma al sistema tributario puertorriqueño. El gobierno reconoce que las cosas han cambiado y abre la puerta a que podamos reestructurar el sistema contributivo en el archipiélago. 

Cuando escuchamos el término reforma contributiva, nuestra mente lo relaciona rápidamente con temas técnicos y complejos. Otras veces, nos parece algo muy distante y ajeno a las decisiones que tomamos día a día. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados. Todos los días interactuamos con el sistema tributario aunque no siempre lo notamos. Por eso, entender qué es una reforma contributiva no es solo un ejercicio académico: es comprender cómo el Estado organiza sus recursos y cómo se distribuye la carga fiscal entre la población. 

Un sistema contributivo es el conjunto de normas, principios, procedimientos e instituciones que regulan la recaudación de ingresos tributarios en una jurisdicción. Sin embargo, no se trata únicamente de un mecanismo administrativo para recaudar fondos. Es, ante todo, una herramienta de política pública que influye directamente en la equidad social, la actividad económica y el bienestar colectivo. A través del diseño de sus impuestos, un gobierno decide qué conductas económicas se incentivan, cuáles se desincentivan y cómo se distribuye el peso de financiar los servicios públicos. 

En términos más sencillos, un buen sistema contributivo debería cumplir con tres cosas básicas: funcionar bien, ser justo y pedir proporcionalmente más a quien más tiene. Que funcione bien significa que el gobierno  recauda el dinero que necesita sin hacer el proceso complicado, costoso o lleno de papeleo innecesario, y sin afectar demasiado las decisiones de trabajo, ahorro o inversión de las personas. Que sea justo implica que las personas en situaciones similares paguen cantidades similares y que quienes ganan más dinero aporten más que quienes apenas cubren sus necesidades básicas. Y la progresividad, dicho de forma simple, significa que a medida que aumenta el ingreso, también aumenta la proporción que se aporta, para que la carga no recaiga desproporcionadamente sobre las familias de clase media, trabajadoras o de menores recursos. 

Una reforma contributiva es un cambio grande y estructurado en la manera en que funciona el sistema de impuestos. Puede implicar subir o bajar las tasas, cambiar el nivel de ingreso desde el cual empiezas a pagar, eliminar o crear deducciones y exenciones, o modificar cómo se administran y se cobran las contribuciones. Pero no cualquier ajuste cuenta como una reforma. Si solo se cambia un detalle pequeño, eso no necesariamente transforma el sistema. Para hablar realmente de una reforma contributiva, los cambios tienen que ser lo suficientemente amplios como para alterar quién paga más o menos, cuánto recauda el gobierno o cómo está organizado el sistema en general.

Las reformas contributivas tienen un significado social profundo. El sistema tributario es una expresión concreta del contrato social entre el gobierno y la ciudadanía. A través de él se financian servicios esenciales como la educación, la salud, la infraestructura y los programas sociales. Por ello, cuando se discute una reforma contributiva, no se trata únicamente de tasas o deducciones, sino de decisiones sobre equidad, desarrollo económico y bienestar colectivo.

Una reforma contributiva bien diseñada puede aliviar la carga sobre las familias trabajadoras, mejorar la eficiencia del sistema y fortalecer la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Sin embargo, si se implementa sin un análisis riguroso ni transparencia, puede profundizar las desigualdades ya existentes o generar inestabilidad fiscal futura. 

El rediseño del sistema contributivo no es un asunto lejano ni exclusivo de expertos; es una conversación que nos pertenece a todas y todos. Las decisiones que se tomen hoy definirán cómo se distribuye la carga fiscal, qué sectores reciben alivio y cómo se financiarán los servicios públicos en los próximos años en Puerto Rico. Por eso, este es el momento de informarnos, participar en los espacios de discusión pública, exigir transparencia y evaluar las propuestas con una mirada crítica y basada en evidencia. Si queremos un sistema contributivo que responda a las realidades de las familias trabajadoras, que promueva equidad y que fortalezca nuestro desarrollo económico, tenemos que involucrarnos activamente en su diseño. El sistema que se apruebe no solo determinará cuánto pagamos, sino también qué tipo de país estamos construyendo.

Después de más de 15 años sin cambios importantes en las tasas de contribución sobre ingresos, Puerto Rico volvió a discutir en 2026 una reforma contributiva. La propuesta presentada buscaba algo que, en principio, suena simple: reducir la carga contributiva para muchas personas, particularmente para la clase trabajadora y la clase media.

Pero como ocurre con casi todo en política pública, lo que parece sencillo en la superficie esconde preguntas más profundas.

¿Qué buscaba la propuesta?

La reforma proponía aumentar el ingreso exento, reducir algunas tasas intermedias y elevar el nivel desde el cual comienza la tasa más alta. En términos prácticos, eso significa que una persona con ingresos bajos o moderados pagaría menos contribuciones que bajo el sistema actual.

Para muchas familias, esa reducción no es un detalle menor. Puede representar dinero adicional para cubrir alimentos, renta, gasolina, cuido o servicios básicos. En un contexto de inflación y de alto costo de vida, cualquier alivio se siente. Por eso, la propuesta generó apoyo. Esta reconocía que el sistema no había sido revisado en más de una década y que la realidad económica del país ha cambiado.

Sin embargo, toda reducción contributiva plantea una pregunta inevitable: si el gobierno recauda menos, ¿cómo se compensan esos fondos?

Los recursos que el Estado deja de recibir no desaparecen sin consecuencias. Son los mismos fondos que sostienen escuelas, hospitales, servicios municipales, seguridad pública y programas sociales. Por eso, una reforma contributiva no puede analizarse únicamente desde el alivio inmediato; también debe examinarse desde la perspectiva de la sostenibilidad.

En este caso, la Junta de Supervisión Fiscal determinó que la reforma, en su versión permanente, no cumplía con los requisitos fiscales establecidos por PROMESA. Ante ese escenario, se aprobó una medida transitoria: el llamado “Cheque de Alivio Contributivo”, que provee un alivio puntual mientras continúa el debate más amplio.

Esto dejó claro que el debate no terminó; apenas comenzó.

La discusión sobre la reforma contributiva de 2026 va más allá de tasas y tablas. Nos obliga a revisar el sistema completo.

Puerto Rico enfrenta altos niveles de desigualdad y pobreza. Nuestro sistema contributivo no se compone únicamente de contribuciones sobre ingresos. Este sistema también incluye el IVU, que impacta más a quienes ganan menos, y un amplio régimen de incentivos fiscales. Todo esto forma parte del mismo engranaje.

Por eso, cualquier cambio en una pieza del sistema tiene efectos en el resto.

Cuando hablamos de reforma contributiva, en realidad estamos hablando de prioridades: ¿quién debe aportar más?, ¿cómo se distribuye la carga?, ¿qué actividades económicas queremos incentivar? y ¿cómo aseguramos que el sistema sea justo y sostenible?

La propuesta de 2026 abre una conversación necesaria. Durante años, el sistema contributivo ha permanecido prácticamente intacto en su estructura de tasas. Mientras tanto, la economía, la demografía y las necesidades del país han cambiado significativamente.

Revisar el sistema no es irresponsable; es necesario. Pero hacerlo bien requiere una mirada amplia y equilibrada.

Reducir la carga sobre la clase trabajadora es una meta válida. Modernizar el sistema también lo es. Sin embargo, esas metas deben ir acompañadas de un plan claro que garantice estabilidad fiscal y continuidad en los servicios esenciales.

El verdadero reto no es simplemente bajar las tasas. Es diseñar un sistema contributivo que funcione mejor para el país en su conjunto: más equitativo, más transparente y más alineado con la realidad económica de Puerto Rico que ayude al crecimiento económico.

¿Qué nos toca hacer?

El debate de 2026 nos deja una lección importante: las reformas contributivas no pueden verse como medidas aisladas ni como soluciones rápidas. Son decisiones estructurales que impactan en el presente y el futuro.

Puerto Rico necesita una conversación madura y basada en datos sobre cómo financiar el país de manera justa y sostenible. La reforma contributiva forma parte de esa conversación, pero no la agota.

Desde Espacios Abiertos entendemos que esta discusión es una oportunidad. Una oportunidad para repensar cómo se distribuye la carga fiscal, cómo se fortalecen las finanzas públicas y cómo se construye un sistema que apoye el desarrollo económico sin comprometer la estabilidad.

La pregunta no es solo cuánto pagamos. La pregunta es qué tipo de sistema queremos construir y cómo podemos sostenerlo. 

El objetivo del informe no es únicamente analizar una propuesta específica. Es proveer un marco claro para entender cómo ha evolucionado el sistema contributivo, cuáles son sus tensiones estructurales y qué elementos deben considerarse para construir una reforma sostenible y justa.

Más allá del debate inmediato, el informe propone avanzar hacia una evaluación integral del sistema contributivo que incluya:

• La revisión de los gastos fiscales.
• El análisis del balance entre impuestos directos e indirectos.
• La infraestructura de datos necesaria para evaluar impactos distributivos.
• La preparación institucional para una eventual etapa pos Junta.

La reforma contributiva es más que un ajuste técnico. Es una oportunidad para modernizar el sistema fiscal, promover mayor equidad y fortalecer la estabilidad económica del país.

Desde Espacios Abiertos, continuamos aportando análisis basados en evidencia para que las decisiones fiscales se tomen con transparencia, responsabilidad y visión de futuro.

Puede descargar este informe en formato PDF a través de este enlace.

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Acceda en este enlace el video de la conferencia que presentó EA en conjunto con la facultad de Ciencias Sociales de la UPR en Río Piedras.  Para acceder el video introductorio del Dr. José Antonio Ocampo sobre el IMG y Puerto Rico, acceda este enlace.

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Desde Espacios Abiertos alertamos que es impostergable tener una conversación abierta y puntual en el país respecto al IMG, pues si no se toma acción urgente, nos arriesgamos a perder miles de millones de dólares en ingresos y a que las multinacionales foráneas ya establecidas aquí dejen de hacer inversiones en la isla, trasladen sus operaciones fuera de Puerto Rico y se afecten casi cien mil empleos.  No se trata de legislar una nueva carga impositiva para estas corporaciones.  El IMG es una realidad ya, y el punto es que si Puerto Rico no captura esos ingresos otras jurisdicciones lo harán.  Adoptar legislación -local- que permita recuperar ese ingreso representa una oportunidad única de inversión para Puerto Rico mantener las operaciones existentes y ampliar la base productiva del país.

Con el objetivo de transparentar información repartida en diversas fuentes de acceso limitado; aportar conocimiento y datos; y promover una discusión abierta que permita a la sociedad civil en Puerto Rico, aprovechar las oportunidades que presenta el IMG, mitigar los riesgos y garantizar una política fiscal sostenible a largo plazo, en agosto Espacios Abiertos publicó el informe titulado, El Impuesto Mínimo Global y sus efectos en Puerto Rico: una ventana de oportunidad.

Ahora EA convoca a la academia y la pericia de la Comisión Independiente para la Reforma de Impuestos Corporativos Internacionales (ICRICT, por sus siglas en inglés) para presentar la perspectiva internacional del IMG en el contexto de Puerto Rico, en un conversatorio que se realizó en la UPR, hoy (20 de noviembre de 2024). Participantes del conversatorio: Dr. José Antonio Ocampo (vídeo), Verónica Grondona de ICRICT, Humberto Mercader de DDEC, Dra. Eileen Segarra de UPR y Daniel Santamaría-Ots de EA.

Acceda en este enlace el video de la conferencia completa. Para acceder el video introductorio (8 minutos) del Dr. José Antonio Ocampo sobre el IMG y Puerto Rico, acceda este enlace.