La propuesta para la descentralización del Departamento de Educación, además de ser una apuesta a una nueva gobernanza para mejor inversión de los recursos, atenderá el déficit democrático que tiene Puerto Rico.  Dentro de nuestra realidad política pocas veces tenemos una oportunidad de adelantar ambas cosas.  La ventana de oportunidad que se abrió en el 2021 con la designación de un secretario de educación federal boricua, está próxima a cerrarse y tenemos que tomar decisiones. O apretamos el paso sin miedo hacia un nuevo camino o cerramos la puerta y tiramos la llave.

Y será responsabilidad de todos.  El tiempo apremia, sea por la cercanía de las elecciones, la inminencia de cambio en el ejecutivo local en cuestión de meses o sencillamente porque en agosto inicia un nuevo curso escolar.  Lo cierto es que ha sido mucho lo que hemos esperado, estudiantes, comunidad escolar y país, – ahora hasta gobierno federal- para lograr la descentralización y, reducir la politización en el departamento. Con la ayuda del secretario federal Miguel Cardona el adelanto ha sido único y hay que reconocerlo.

Nos encontramos en una coyuntura que tiene dos vertientes, o exploramos y afinamos lo nuevo o nos quedamos con lo que tenemos.  Y digo nos, porque este proyecto es de todos, tengamos o no tengamos hijos en el sistema público. Si creemos en un Puerto Rico próspero debemos ocuparnos.  Confiemos en la sabiduría de nuestras comunidades.  Por un lado, ya sabemos el rédito de lo que tenemos, por el otro está la oportunidad de una ciudadanía con participación activa y un gobierno abierto.  Ambas opciones están a nuestro alcance, con nuestra acción o inacción decidiremos qué ruta escogemos.  Mientras unos abogan por mantener el status quo, otros nos enfocamos en gestar cambios sistémicos.

Recientemente el secretario de educación federal estuvo en Puerto Rico.  Tanto él desde la capital federal como la gente en Puerto Rico tenemos claro que los estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico merecen más de lo que reciben. Más allá de llenar nuestros ojos con los millones que regularmente anuncian los funcionarios federales en sus visitas, Cardona durante su incumbencia, además de asegurar una impresionante cantidad de fondos para las escuelas de Puerto Rico, también ha viabilizado la posibilidad de una nueva gobernanza para el sistema público.  Una gobernanza que apuesta a que la toma de decisiones resida en la gente, en la comunidad escolar, en los que financiamos la educación pública con nuestras contribuciones.  Una gobernanza que centre en el desarrollo del estudiante y la inversión en su instrucción.  Durante su visita Cardona expresó frustración por los retos que ha enfrentado el proyecto IDEAR, pero como pedagogo y buen boricua no dudó en inspirarnos a dar la milla extra para llegar a la meta, la descentralización.  La que es de verdad, la que necesitamos que brote del cultivo en la base, no de su imposición por implante.  La que necesitamos tome forma concreta, más allá de las palabras.  La que se respira, no la que ahoga.

Es ley de Física que no hay movimiento sin fricción. Es tiempo de ejecución en lo que respecta a Educación. Procuremos escuchar, calibrar, atender y entendernos unos con otros. Tomemos nota de que una “renuncia” es una forma elegante de denuncia, y que para hacer una aportación constructiva no se requiere un emolumento económico sino una ciudadanía activa y la vocación de servir para el bien común.

Más allá de las etiquetas que rápidamente asignamos a unos y otros, tú que nos lees, ¿dónde estás? ¿cómo puedes aportar?

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Esta columna de opinión de la autoría de Cecille Blondet, Directora Ejecutiva de EA fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día el 20 de junio de 2024 y en la versión impresa del periódico el 21 de junio de 2024.

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Cualquier persona debería tener toda la libertad de seleccionar y comprar sus alimentos en la plaza del mercado, pescadería o mercado agrícola de su preferencia, o bien suscribirse a recibir en su casa una cajita de productos locales y con eso apoyar al agricultor de su comunidad.

Para el beneficiario del PAN es más difícil. Y es que el 4% que se reserva para ofrecer acceso a productos locales y frescos se limita a compras en Mercados Familiares. Mantener tan exclusiva la opción de dónde comprar con ese 4% termina afectando a quienes se supone beneficie la Ley 63 que creó los Mercados Familiares: a los propios beneficiarios del PAN y al 95% de los agricultores bonafide que no están autorizados a vender en dichos mercados.  Para llegar a un Mercado Familiar la persona tiene que hacer los arreglos, buscar información de cuándo y dónde es que se va a celebrar, buscar transportación y asegurarse de estar entre 8 a.m. y 2 p.m. para poder utilizar su dinero en productos locales. Habrá quien le encante ir a un mercado y eso está genial, pero ¿qué pasa con el que no puede llegar? ¿Por qué asumimos que todos tienen el tiempo y el acceso para llegar a donde se le diga, cuando se le diga? Esto es discriminatorio y es parte de la causa por la cual sobre el 40% de estos fondos no se utilizan año tras año por más que se han triplicado los Mercados Familiares que se celebran.

En 10 años hemos permitido que sobre $172 millones de dólares que se supone que se utilizaran para comprarle directamente a los agricultores locales, regresaran al fondo regular y se utilizaran en compras de productos importados en el supermercado. ¡Exploremos otras vías para alcanzar el 100% del uso de los fondos que el programa lo más rápido posible! En otras jurisdicciones de Estados Unidos que tienen programas parecidos, y según varios estudios, permitir que se utilice el beneficio en múltiples alternativas de espacios, aumentar la accesibilidad y la promoción, ha demostrado ser exitoso. ¡Aprendamos de otros y actuemos con premura!

Si se vendieran sobre $80 millones de dólares en productos 100% cosechados y elaborados en Puerto Rico, como mínimo lograríamos la sustitución de un 1% de nuestras importaciones. Por eso el proyecto de Mercados Familiares es importante y debe, no solo ser exitoso, sino multiplicarse de otras formas, pero para lograrlo necesitamos ajustar, demostrar resultados extraordinarios y parte de eso es ser accesible y conveniente para todos.

Utilicemos los datos para tomar decisiones informadas. Eso busca Espacios Abiertos con su informe más reciente: A diez años de los Mercados Familiares. Compartir información pública proactivamente y ser receptivos a las recomendaciones de los ciudadanos es vital si realmente queremos un gobierno de y para nuestra gente. ¡Discutamos ideas! Enfoquémonos en empujar y ejecutar los cambios que tanto necesita el agro local para que realmente logremos sustituir las importaciones y acercarnos a la meta del 50% tal y como se propuso en el 2022.

While the municipalities’ audited statements reflect a total of $539 million in unearned revenue from tax expenditures

San Juan, March 19, 2024 – The fourth and most recent Tax Expenditure Report published by the Treasury in Puerto Rico establishes that preferential rates and corporate exemptions constitute $22 billion of the $24 billion in tax expenditures reported in Puerto Rico and the trend continues to increase.

Against this backdrop, and considering the great weight of preferential treatment and tax exemptions for foreign corporations as an incentive to do business in Puerto Rico, Espacios Abiertos (EA) warns of the effect the Global Minimum Tax (GMT) that is being discussed around the world could have on the island’s economy.

On the other hand, Espacios Abiertos’ analysis presents, for the first time, a look at fiscal expenditures at the municipal level.

The non-profit, independent and non-partisan organization analyzed the official report titled Puerto Rico Tax Expenditures 2024 (PRTER) using the standards for audited statements of the Governmental Accounting Standards Board (GASB), which sets accounting and financial reporting standards for state and local administrations in the United States. It also analyzed the audited financial statements of the municipalities, in compliance with GASB 77, a standard that came into force December 31, 2015.

EA’s analysis highlights the need for greater transparency, detail, and granularity in the information about the impact of tax benefits, so that the report, says the report published by economist Daniel Santamaría Ots, director of research at EA.

“Our analysts found that the most recent tax expenditure report of the government of Puerto Rico lacks updated data, necessary for a thorough evaluation and cost-benefit analysis of each of the credits, exemptions and incentives granted,” said Wilmarí de Jesús, Open Space Analyst.  “Accurate information is essential for policymakers, government officials, and citizens to make informed and timely decisions. This ensures that the effects of tax exemption laws are properly assessed and that public resources are managed effectively and efficiently,” de Jesus said.

“Since 2022, Espacios Abiertos has insisted on the need to present PRTERs in an open data format that allows the analysis of these measures with complete, reliable and easy-to-process data,” said Santamaría Ots.

The federal budget law of 1974 defines tax expenditures as the loss of government revenue as a result of laws that reduce or even eliminate the normal tax liability of a group of taxpayers or some defined economic activity. This preferential treatment can take several forms, such as exclusions, exemptions, or special deductions that reduce taxable income; or there may be credits, decrees, deferrals, and special tax rates provided. By causing the reduction of government revenues, they are designated as “expenses” based on the premise that a dollar not entering the treasury is economically equivalent to a dollar of public spending, which is why the term “tax expenditures” is used.

 EA’s Findings on the PRTER 2024 Report

• 52% ($22,222.80 million) of the unearned income from tax expenses in 2021 corresponds to corporate contributions.
• In 2021, a total fiscal expenditure of $24,538.60 million was projected, with 67.28% ($16,510.50 million) going to economic development.
• In 2021, the government bet on indirect or tax expenditures over direct expenditures in areas such as economic development, retirement, and housing.
• In the 2024 PRTER, 61.46% of tax expenditures are estimated, showing an improvement over the 53.7% of the 2023 PRTER. However, Puerto Rico is still below the world median in terms of the share of tax expenditures for which estimates are provided.

EA’s Key Findings on Municipal Tax Expenditures

1. The lack of centralized visibility on tax expenditures at the municipal level compared to state-level reporting is highlighted. Currently, 54 of the 78 municipalities (69.23%) contain complete or partial estimates of tax expenditures.
2. At least $539,163,263 million in additional tax expenses to the $24,538 million identified in the PRTER 2024 are no longer accrued.
3. Of the $539.1 million of unearned income, at least $226.3 million (41.98%) is in personal property taxes, followed by $172.4 million (31.9%) in real property taxes.
4. State laws play a dominant role in enabling 86.84% of total tax expenditures, equivalent to $468,228,427 million.
5. The municipality of Carolina leads with $146,266,526 in unearned revenue, followed by Guayama with $59,580,476 and Vega Baja with $36,601,553.
6. In six cases (Guayama, Juana Díaz, Vega Baja, Carolina, Gurabo and Cidra) tax expenditures exceeded their municipal budget. In 11 cases, tax expenditures exceed 50% of the municipal budget.

EA Recommendations

• Legislate to ensure detailed annual reports on state and municipal tax expenditures that comply with standards and best practices, including specific information on tax exemptions granted, laws supporting them, and unearned income figures.
• Include detailed reports on tax expenditures in the government budget approval process so that legislators and government officials have solid information to make decisions on resource allocation and the continuation of tax breaks. In this way, transparency and effective fiscal management are promoted.
  • In 2023, the tax expenditure report was published on June 30, 2023, one day after the approval of the 2023-2024 budget by the Legislative Assembly, and six months after the deadline set by the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico for the Government’s Certified Fiscal Plan.
• Use up-to-date data in the estimation of fiscal expenditures for greater accuracy and actual effectiveness of the projections.
• Include municipal tax expenditures in all audited municipal statements, in accordance with the provisions of GASB 77.

“By ensuring that all the necessary data is available in the appropriate forms, we will be able to have detailed information on tax expenditures, which will result in better evaluations of the effectiveness of fiscal policies and that the necessary adjustments can be made,” conclude de Jesús.

In 2017, Espacios Abiertos began to insist on the need to know, disseminate and analyze fiscal expenditures in Puerto Rico. Between 2018 and 2019, it took a case to the Supreme Court seeking disclosure of these expenses. In September of 2019, for the first time, the government of Puerto Rico published a report on tax expenditures, something that the federal government, the states, and many countries had done since the 1970s. To date, four fiscal expenditure reports have been published in Puerto Rico, titled Puerto Rico Tax Expenditure Reports (PRTER). 

*Esta columna fue publicada por El Nuevo Día en su versión digital el 26 de diciembre de 2023, puede accederla en el siguiente enlace.

Por ley, no menos del 70% del presupuesto del Departamento de Educación debe estar dirigido “a servicios directos a los estudiantes en las escuelas.” Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-2018, según enmendada. Ayer, el Juez Alfonso S. Martínez Piovanetti ordenó a la Secretaria de Educación que finalmente cumpliera con la ley. (Enlace a Sentencia)

Aunque ya van más de cinco años desde que aprobó la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, hoy día no sabemos cuánto del presupuesto de Departamento llega directamente a los estudiantes. La ley requiere que la Secretaria rinda informes anuales a la legislatura sobre el presupuesto dirigido a servicios directos a los estudiantes pero ni una de las seis Secretarias/os que hemos tenido desde que se aprobó esta ley rindieron los informes. El Representante José Bernardo Márquez Reyes tuvo que demandar al Departamento para que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la Secretaria a cumplir con la ley.

Esta falta de transparencia es de gran preocupación y dificulta la habilidad de asegurarnos que nuestros estudiantes están recibiendo la educación (y los recursos) que se merecen. Interesantemente, aunque el Departamento no ha generado los informes de cuanto de su gasto está destinado a ‘servicios directos a los estudiantes en las escuelas,’ al gobierno federal si le reporta mayor detalle de sus gastos. Por su parte, el gobierno federal, a través del National Center for Education Statistics (NCES), nos revela información adicional sobre los gastos del Departamento.

Aquí les resumo algunos datos que el NCES hizo disponible este año sobre los gastos en educación en Puerto Rico y Estados Unidos (EE. UU.) NCES (2023), Common Core of Data, U.S. Department of Education, https://nces.ed.gov/ccd/files.asp.

Primero, Puerto Rico invierte menos por estudiante que todos los estados de Estados Unidos. Puerto Rico gastó $7,127 por estudiante en el 2021, una cantidad menor a la de todos los estados de EE. UU. El gasto por estudiante (“Per Pupil Expenditures,” métrica usada por el NCES) de los estados de EE. UU. osciló en el 2021 entre $8,820 (Iowa) y $28,104 (Washington, DC.), con un promedio de $15,031.57 para todo EE. UU. Nuestro gasto por estudiante solo superó al territorio de Samoa Americana que invirtió $4,085 por estudiante.

Aunque el gasto total en educación en Puerto Rico bajó entre el 2011 y el 2021 (el año más reciente que NCES reporta datos), el gasto por estudiante en el sistema público se ha mantenido relativamente constante por la pérdida de estudiantes. (La pregunta de si bajó el gasto por que se fueron estudiantes o si se fueron estudiantes por que bajó el gasto es un tema de investigación para otro día.)

Las consecuencias de no dedicar recursos suficientes a educación son graves. Aumentos en escolaridad están asociados con aumentos en la participación laboral, aumento en ingresos, y aumentos en participación cívica. OECD (2023), Education at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e13bef63-en. Para que el Departamento pueda cumplir con su misión de educar a nuestros estudiantes, tenemos que proveerle los recursos necesarios. Pero sin transparencia y rendición de cuentas sobre cómo el Departamento distribuye su presupuesto, no sabremos cuánto dinero es necesario para proveerle los recursos que necesitan nuestros estudiantes y por qué. Sin certeza de cuánto del gasto del Departamento está dirigido a servicios directos a los estudiantes, no podemos esperar que exista disposición de dedicarle más presupuesto al Departamento.

Por último, le hago un llamado al Departamento de Educación y al Gobierno de Puerto Rico que se comprometan a (1) robustecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas del Departamento y (2) aumentar los recursos del Departamento dirigidos a servicios directos a los estudiantes. La iniciativa de descentralización del sistema de educación que se está implementando en estos momentos presenta una oportunidad particular para adelantar ambas metas. Espero que logremos que se realicen ambos objetivos.

Los reportes sobre gastos del Departamento deben darnos una imagen clara de cómo se mueve el dinero a través del sistema y cuánto, cómo y dónde le llega al estudiante. Sugiero que incluyan como parte del sistema de transparencia y rendición de cuentas una plataforma de ‘chequera abierta’ como las que se han implementado en varias ciudades y estados de EE.UU. Espacios Abiertos, Queremos Chequera Abierta, https://espaciosabiertos.org/transparencia-financiera/. Así sabremos de donde, para que y a quien va cada dólar que pasa por el Departamento.

Si la educación de nuestros estudiantes realmente es una prioridad, debemos invertir nuestro presupuesto de forma que lo refleje. Los datos que reporta el gobierno federal ponen en duda que lo sea. Si nos importa que los estudiantes reciban una educación de calidad, debemos empezar con cumplir con el requisito de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico de que al menos 70% del presupuesto del Departamento se destine a servicios directos a los estudiantes. Y para saber si están en cumplimiento, necesitamos transparencia.