El gobierno de Puerto Rico está entrando en la recta final para aprobar el presupuesto del Año Fiscal 2027. La discusión ha girado en torno a la contabilidad interna sobre el gasto directo y lo que el gobierno recauda a través de los impuestos. Pero limitar el análisis de presupuesto a recaudos y gastos de las entidades es tener una discusión incompleta. 

Todos los gobiernos usan una combinación de impuestos e incentivos para canalizar parte de su política pública. El lado de los incentivos es lo que se conoce como gastos tributarios, que son créditos, exenciones, exclusiones, deducciones, diferimientos y tasas preferenciales. 

Actualmente parece haber una muralla en la que la discusión de presupuesto se limita a la contabilidad interna del gobierno, y al otro lado de la muralla están las discusiones sobre los créditos y demás incentivos pero específico al contexto de una posible reforma contributiva. 

La realidad es que tomar en cuenta cuánto dinero dejamos de recaudar y a cambio de qué obtenemos es un tema relevante para cuadrar la chequera. 

Ya el gobierno ha retomado la buena práctica de la publicación sistemática de estos incentivos a través de su Informe de Gastos Tributarios publicado por el Departamento de Hacienda. Esto es un paso que aumenta la transparencia de cómo el gobierno está usando los créditos, exenciones y otros incentivos. 

Pero según encontró Espacio Abiertos en su estudio Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: Fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico, que el gobierno aún carece de métodos y criterios para evaluar la efectividad de todos los componentes de gasto tributario.

El Informe del Gasto Tributario para el 2025 salió en diciembre, a destiempo para poder preparar el presupuesto del Año Fiscal 2026. Aún asi,  la información está suficientemente actualizada como para haberse considerado durante la discusión de presupuesto del 2027. 

Recientemente, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica explicó que la junta y el gobierno de Puerto Rico ya llegaron a acuerdos sobre cuáles serán los criterios que usará la JSF para evaluar si los presupuestos que entregue el gobierno podrán ser certificados como balanceados. Aunque, el detalle de los criterios no fue divulgado, el director ejecutivo de la JSF dejó claro  que son una modificación de los estándares presupuestos basados en devengos o accrual balance budgets. 

Esto quiere decir que la junta quiere que el gobierno tenga una visión más holística a la hora de elaborar el presupuesto. Presupuestos creados bajo los estándares de devengo deben tomar en cuenta gastos futuros que se pagará con dinero que se genera hoy, al igual que estudios de gastos de cuál es el impacto de las políticas fiscales. 

Aquí es que encaja el Informe de Gastos Tributarios que prepara el Departamento de Hacienda acompañado de un análisis de cuáles de estos incentivos está rindiendo frutos; para preparar presupuestos que midieron la sostenibilidad fiscal del gobierno. 

“El Governmental Accounting Standards Board (GASB) es la entidad encargada de establecer los principios y normas de contabilidad para gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, con el objetivo de asegurar la consistencia, transparencia y comparabilidad en la información financiera pública. Mediante sus estándares, el GASB promueve una divulgación más clara de ingresos, gastos y obligaciones fiscales, lo cual resulta clave para evaluar la sostenibilidad fiscal y la rendición de cuentas”, explica el informe preparado por Espacios Abiertos.

En la medida que ha ido aumentando el presupuesto de la isla, igual han ido aumentando el gasto tributario tanto en el gasto total así como en la cantidad de instrumentos activos. Tanto en el 2018 como en el 2025 las proyecciones de lo que el gobierno dejó de devengar y el presupuesto consolidado del gobierno estaban casi equiparados. 

El gasto tributario equivalía a $22.3 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno era de $23.2 millones. Mientras que para el 2025 la cifra sobrepasó los $30 mil millones y el presupuesto consolidado del gobierno fue de $33.3 mil millones. Además, aunque hay incentivos que se han eliminado, el número total de incentivos ha ido de 431 a 436 gastos tributarios. 

Este aumento no es necesariamente negativo y hay incentivos que hemos visto tienen resultados positivos. Por ejemplo, se  puede apreciar una correlación entre el crédito por trabajo y un aumento en la radicación de planillas al ser un crédito que incentiva a la gente al trabajo formal. 

Igualmente, el gobierno no tiene que analizar los 436 gastos tributarios a la vez. El gobierno puede priorizar los gastos más grande como los incentivos industriales, la exención para inversionistas individuales residentes y la exención de contribución sobre ingresos de individuos porque estos tres suman casi un tercio del costo fiscal estimado. 

Entre las nuevas medidas fiscales que se están implementando y la nueva dinámica entre la JSF y el gobierno sobre la elaboración de presupuestos, es momento para no seguir dejando el gasto tributario al margen de la discusión de presupuesto.

Durante los últimos años, el país ha avanzado en hacer visible este sistema mediante la publicación del Puerto Rico Tax Expenditure Report (PRTER). Sin embargo, visibilizar no es lo mismo que evaluar. Hoy sabemos cuánto cuestan algunos de estos beneficios, pero todavía no sabemos con claridad si funcionan, a quién benefician realmente o si representan el mejor uso posible de los recursos públicos.

Puerto Rico se encuentra en un momento clave. Mientras el debate presupuestario se centra en el gasto directo, los gastos tributarios continúan operando en paralelo, muchas veces sin el mismo nivel de escrutinio. Sin embargo, su magnitud es tal que no pueden seguir siendo tratados como un tema secundario. Integrarlos al análisis fiscal no es opcional; es necesario para entender cómo realmente se asignan los recursos en el país.

Espacios Abiertos presenta el informe Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico. 

A partir de un análisis de mejores prácticas a nivel internacional, el informe propone un marco metodológico para evaluar los gastos tributarios utilizando criterios de efectividad, eficiencia, equidad, costo- beneficio y retorno sobre la inversión pública. Además, destaca la necesidad de integrar estos instrumentos al proceso presupuestario, tratándolos como lo que son: decisiones fiscales que compiten directamente con el gasto público tradicional.

Entre sus principales recomendaciones, el informe plantea fortalecer la estimación de los gastos tributarios, integrarlos oportunamente al ciclo presupuestario, establecer objetivos claros e indicadores de desempeño desde su diseño, y crear mecanismos de revisión periódica. Asimismo, propone comenzar el proceso de evaluación con un grupo prioritario de gastos tributarios de alto impacto fiscal.

Más que un ejercicio técnico, este es un cambio de enfoque. Es reconocer que no basta con saber cuánto dejamos de recaudar; necesitamos saber qué estamos obteniendo a cambio.

Puede acceder al informe aquí.

En octubre de 2025 la Junta de Supervisón Fiscal notificó al Departamento de Hacienda de Puerto Rico que rechazaba el ajuste por inflación al Crédito por Trabajo para este año contributivo. La Junta argumenta que este ajuste de $72 millones adicionales es contrario al plan fiscal certificado por no estar incluído en el presupuesto corriente.

Aunque pueda parecer un asunto técnico o presupuestario, el resultado es claro: negar el ajuste por inflación no es neutral. Mantener el crédito nominal fijo mientras aumenta el costo de vida implica una pérdida real de poder adquisitivo. En otras palabras, congelar el crédito es recortarlo.

Entonces, ¿Qué está en juego?

En el recién publicado informe, La denegación del ajuste por inflación del crédito por trabajo en Puerto Rico y sus efectos en la pobreza, Espacios Abiertos documenta que:

• En 2024, el valor promedio del crédito aumentó a $1,974, un incremento de 5.4% respecto a 2023.
• Tomando como referencia la mediana de ingresos por hogar en Puerto Rico ($25,096), el crédito promedio representa un 9% del ingreso anual del hogar, una proporción considerable para familias de bajos ingresos.
• Además, el número de hogares que reclamaron el crédito aumentó a 734,619, casi 6 de cada 10 hogares que radicaron planillas el ciclo contributivo anterior.

Ese alcance explica por qué cualquier reducción, aunque sea “indirecta”,  tiene efectos medibles sobre la pobreza en la isla.

El Crédito por Trabajo reduce la pobreza

Puerto Rico enfrenta una realidad persistente de desigualdad. La tasa de pobreza se mantiene históricamente alta y, según los últimos datos disponibles, alcanza 41.6%.

Esto significa que las políticas públicas que apoyan el trabajo y elevan los ingresos disponibles no son opcionales: son esenciales. Por eso, en este informe, Espacios Abiertos analiza una pregunta central: ¿cuántas personas logran salir de la pobreza gracias al Crédito por Trabajo y cuántas dejarán de hacerlo si se reduce su valor real por inflación? A partir de datos administrativos del Departamento de Hacienda, el informe estima que 136,990 personas cruzaron el umbral de pobreza federal gracias al Crédito por Trabajo.

Esto confirma un punto clave, el crédito no solo ayuda a “aliviar” el presupuesto familiar, sino que cambia materialmente la condición económica de decenas de miles de personas.

El análisis muestra que aumentar o recortar la inversión cambia directamente cuántas personas logran superar el umbral. Por ejemplo:

• Con una inversión adicional de $400 millones, el número de personas que superarían el umbral subiría a 176,043.
• Con un recorte de $400 millones, esa cifra bajaría a 92,021.

El no ajustar por inflación entonces, podría representar que 7,475 personas adicionales permanezcan por debajo del umbral de pobreza federal debido a la decisión de la Junta de Control Fiscal.

En términos prácticos, 7,475 vidas no son un “margen”, son miles de hogares que pierden capacidad real para cubrir necesidades básicas.

¿Por qué debemos fortalecer el Crédito por Trabajo?

En los pasados años, el Crédito por Trabajo (EITC) se ha convertido en la piedra angular de las campañas de radicación de planillas en Puerto Rico, al representar uno de los beneficios más importantes para las familias trabajadoras de ingresos bajos y moderados. Desde su expansión en 2021, el crédito no solo ha incentivado la radicación de planillas, sino que también ha servido como un mecanismo directo para fortalecer el ingreso disponible en los hogares, particularmente en un contexto de alto costo de vida y niveles persistentes de pobreza.

La decisión de negar el ajuste por inflación del Crédito por Trabajo no es un detalle técnico o un simple ajuste en caja, es un cambio con efectos medibles en la vida de miles de personas. En un país donde la pobreza sigue siendo una emergencia estructural, reducir una de las herramientas más efectivas para combatirla es una decisión regresiva.

Desde Espacios Abiertos reiteramos que la política fiscal debe responder a la evidencia y al bienestar de la población. Ajustar por inflación no es un lujo, es proteger el valor real de un beneficio que sostiene a quienes trabajan y aún así viven al borde de la pobreza.

Accede al informe (versión en español)

Access to the Report (English Version)

Descarga aquí el documento.

Descarga aquí el documento.