En julio de 2019, manifestantes antigubernamentales se congregaron en las calles de Puerto Rico, en parte motivados por el trabajo de periodistas investigativos que habían obtenido y publicado más de 900 mensajes que el entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus aliados habían intercambiado y en los cuales descalificaban a sus rivales políticos y a los ciudadanos de la isla. Antes de que Rosselló cediera a la presión pública y renunciara a principios de agosto, discretamente promulgó dos leyes que limitan seriamente el acceso a la información pública en Puerto Rico, periodistas locales y defensores de la libertad de prensa declararon al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
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