ACLU se muestra insatisfecho con el primer informe del Superintendente de la Policía sobre el estado actual de la reforma de la Policía de Puerto Rico, recién radicado en el Tribunal Federal para Puerto Rico, y expresa encontrar el informe decepcionante.
Para Divulgación
9 de febrero de 2015
San Juan, Puerto Rico
El 5 de febrero de 2015 el Superintendente de la Policía de Puerto Rico radicó su primer informe sobre el estado de los trabajos conducentes al cumplimiento con el acuerdo en el tribunal federal para una reforma sustentable del cuerpo policial de Puerto Rico. El acuerdo firmado en el tribunal federal entre las partes, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Policía de Puerto Rico, se fundamentó en hechos investigados sobre un reiterado patrón y practica de violaciones de derechos civiles contra la ciudadanía. El acuerdo al cual se llegó puso en suspenso los procedimientos en dicho pleito para permitir que el gobierno de Puerto Rico se encargue de cumplir con lo acordado para reformar la Policía de Puerto Rico.
Aún cuando la demanda, tanto del Departamento de Justicia de Estados Unidos como la de la Unión Americana de Libertades Civiles, se basa en serias violaciones de libertades civiles y leyes de derechos civiles, el informe radicado por la Policía de Puerto Rico carece de información sobre como dicho cuerpo está lidiando con las querellas sobre abuso policial, cuantas si algunas querellas han recibido, si han aumentado o disminuido, y que procedimiento existe para darle seguimiento e investigar dichas querellas.
Tal y como lee dicho informe, nos da la impresión que la conducta reiterada de la policía de violar derechos de los ciudadanos es una cosa del pasado. La única alusión a algún asunto que se podría entender relacionado a lo que nos llevó a insistir en una reforma policial está relacionada a la publicación de una pancarta sobre el derecho a no ser registrado sin orden judicial (la cual aún queda pendiente), una política sobre la disciplina progresiva contra oficiales (también pendiente) y la utilización de estudiantes de Derecho de la Universidad de Puerto Rico para asistir en el proceso de revisar querellas (pendiente).
Específicamente, en el tiempo que lleva el proceso de reforma policial, según el informe, aún sigue bajo revisión la política por establecerse sobre violencia doméstica y agresiones sexuales, así como un protocolo sobre tráfico humano y abuso de menores en instituciones juveniles. Es inconcebible que en lo mínimo aún no se haya atendido estas áreas de tanta importancia para Puerto Rico. Aún quedan pendiente la mayoría de los reglamentos y protocolos necesarios para adelantar la reforma, según informa la Superintendencia.
Donde más progreso se demuestra es en el área de contratación de 42 empleados para una oficina de la reforma policial y adiestramientos sobre el uso de armas de impacto, los llamados “tasers” y agentes químicos. Los mismos mecanismos utilizados impropiamente contra ciudadanos en violación a sus derechos constitucionales. Muy poco se menciona sobre adiestramiento en el área del derecho constitucional.
En la ACLU quedamos muy decepcionados con este informe que, más que demostrar cumplimiento con adelantar una reforma en el área del trabajo policial constitucional (constitutional policing), lee como un relato de actividades y esfuerzos dirigidos a crecer el cuerpo policial.
Los cierto es que las serias violaciones de derechos civiles, aun continúan, inclusive conducta que raya en organizada y delictiva, tal como incautación de teléfono inteligentes, agresiones y amenazas dirigidas a desestimular la radicación de querellas, registros y allanamientos ilegales, entre otras.
Además, desconocemos cual es la fórmula o números que utiliza la policía para dar a entender que disminuye las incidencias de violaciones; suponemos que un criterio es que la gente no presenta querellas o que se han presentado menos querellas. Precisamente de eso es que trata las amenazas a la ciudadanía. “Hablas y pagaras”, como se nos ha informado. Esto lo sabe muy bien el gobierno, que ha escuchado esas mismas palabras de ciudadanos preocupados y que a su vez desconfían de cualquier agente del gobierno.
Aún es muy temprano para llegar a la conclusión que tenemos en Puerto Rico un cuerpo policial constitucional que respeta los derechos fundamentales del pueblo y que no incurre en delitos comunes, por lo que no debemos bajar la guardia. El proceso continúa y será un trayecto largo y arduo. Algún día vamos a poder decir que se cumplió con lo acordado ante el tribunal federal; en ese momento se cerrará el caso federal presentado por la División de Derechos Civiles en Washington, DC. Cuando llegue ese día es que en realidad comienza el trabajo del pueblo, ya que el cambio nunca es realmente permanente.
El pueblo no debe bajar la guardia ante comunicados e informes gubernamentales precipitados. Cuando se llegue a la conclusión que el gobierno de Puerto Rico ha cumplido con el acuerdo para reformar la policía, y se cierre el caso federal, en ese momento, nos incumbe asegurarnos que todo los días de año el cuerpo policial de Puerto Rico sea recordado que estarán bajo la lupa de un pueblo que conoce sus derechos fundamentales y no permitirá mas abusos, particularmente contra comunidades y personas indefensas.
Mientras esperamos la llegada de ese día debemos trabajar, YA, para la creación de una entidad ciudadana independiente que continúe monitoreando los cuerpos policiales del país y responda al pueblo, no a un tribunal; entidad que monitorearía no solo a la policía de Puerto Rico, sino también a los demás cuerpos de policías municipales y otras entidades con funciones policiales.
Contacto:
Lcdo. William Ramirez Hernández
Director Ejecutivo
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William Ramírez es el director ejecutivo de ACLU-PR y miembro del equipo directivo de Espacios Abiertos (EA)