Hace solo unos días, el Presidente de la Junta de control fiscal expresó que no habían solicitado al Gobierno el informe detallando todos los incentivos contributivos que ha otorgado el Estado de acuerdo con la sección 208(b) de PROMESA. El “olvido” de la Junta no sería tan sorprendente si no fuera porque ese informe podría ser trascendental para reducir los enormes recortes que la Junta está exigiendo al plan de salud, a la Universidad de Puerto Rico y a los pensionados, entre otros.
Por décadas, la estrategia de desarrollo económico en nuestro País ha sido asignar millones de dólares y aprobar créditos, decretos, exenciones contributivas y deducciones especiales para promover que empresas se establezcan en Puerto Rico, creen empleos e incentiven la economía. La realidad, sin embargo, es que muchas de las compañías solicitan exenciones e incentivos luego de haber decidido establecerse en la Isla por otras razones (nuestro clima, mano de obra capaz y bilingüe, entre otros). Además, muchas incumplen sus compromisos de crear la cantidad de empleos que prometieron e incluso reemplazan negocios existentes desplazando empleados y capital local.
En el estudio de 2014 para la reforma contributiva, la empresa KPMG identificó mas de $550 millones de exenciones, deducciones y créditos contributivos en leyes especiales para corporaciones y sugirió eliminarlos. Además, recomendó mejorar la fiscalización por parte de PRIDCO y Hacienda, para asegurarse de que las compañías cumplen con los decretos. También reconoció que el estudio no era exhaustivo y el total de tratamientos especiales a eliminar puede ser aún mayor. El año pasado, el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, estimó que las exenciones e incentivos especiales a empresas e individuos le podían costar al fisco unos $15,000 millones anuales. La Junta ha estimado la brecha fiscal en $7,000 millones anuales.
Si bien el Gobierno tiene que realizar ajustes fiscales para estabilizar las finanzas públicas, también es cierto que parte de ese ajuste requiere hacer un análisis sensato de los costos y beneficios de los incentivos que se han legislado por décadas. Mientras se sigan ocultando ineficiencias que no producen beneficios al país estaremos buscando opciones para recortar con un cuadro falso e incompleto. Comenzar por los incentivos contributivos a empresas y corporaciones sería, aparte de efectivo, una señal de que al Gobierno le importa más el bienestar de nuestra gente que el de los rentistas que pueden pagar para que se legisle a su favor.
Esta columna fue publicada en la versión digital de El Nuevo Día el 27 de febrero de 2017.