¿Quién no recuerda cuando nuestras madres o padres nos daban una peseta para comprar dulces y nos decían que era lo único que tenían? Su monedero seguía sonando y sabíamos que había más monedas, pero como menores asumíamos que administrarían el resto del dinero como adultos responsables. Como niños, solo contábamos con nuestros ahorros, si alguno, y ese segundo monedero familiar permanecía como una gran incógnita. ¿Se imaginan que esa misma situación se postergara hasta nuestra adultez y además con unos padres irresponsables en sus gastos? Creo que todos concluiríamos que esa situación sería insostenible. Pues bien, ese es justamente el escenario que hoy tenemos en Puerto Rico y ha llegado el momento en que el pueblo de Puerto Rico debe saber lo que hay en ese segundo monedero.
El primero de noviembre, la Junta de Supervisión y Administración Financiera publicó en su página de internet una comunicación dirigida al Secretario de Desarrollo Económico y a la Secretaria de Hacienda instando a estas dos agencias de gobierno a que pongan orden y divulguen lo que la propia Junta denominó como “volumen alarmante de créditos contributivos concedidos entre marzo y septiembre de este año”.
En concreto, se otorgaron 93 créditos por valor de $521.3 millones. Recordemos que esa cantidad gastada en siete meses es similar al recorte que se impone a la Universidad de Puerto Rico. En Puerto Rico sabemos que la universidad pública del país ha sido la herramienta de movilidad social de varias generaciones de puertorriqueñas y puertorriqueños. Lo que unos reciben en incentivos a otros nos cuesta y lo que está ocurriendo en la universidad pública es un claro ejemplo. ¿Cómo sabemos qué incentivos tienen un mayor beneficio social para la ciudadanía y cuáles se otorgan por la habilidad de cabildeo desde los grandes poderes económicos?
Desde 2017, en Espacios Abiertos hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el gobierno produzca un informe público de gastos fiscales. Es decir, que se haga público el detalle y la cuantía de los incentivos contributivos que las puertorriqueñas y puertorriqueños pagan de sus bolsillos.En el marco actual de crisis fiscal en el que se están tomando decisiones sobre recortes presupuestarios a servicios esenciales como la educación, el pueblo de Puerto Rico debe exigir transparencia. Es impostergable la legislación al respecto en Puerto Rico. La Asamblea Legislativa, como organismo democrático electo por el pueblo, tiene la oportunidad histórica de poner fin a décadas de falta de transparencia fiscal.
Por: Daniel Santamaría Ots
El autor es analista senior de Política Pública de Espacios Abiertos. Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día el 2 de noviembre de 2018.