“Vuelos fletados dejaron millonarias pérdidas al gobierno”, “Dádivas contributivas a empresas dejan poquísimos empleos”, “Legislatura quiere controles para el vacilón de los incentivos millonarios”.
Titulares de esta índole han puesto en jaque los alegados beneficios económicos de los incentivos otorgados a cientos de compañías que se establecen en Puerto Rico para hacer negocios. Y es que no podemos negar que estos subsidios son agujeros en el ingreso gubernamental. Por eso queremos saber sobre los gastos fiscales.
Los gastos fiscales o tributarios se definen como “la pérdida estimada de ingresos por parte de un gobierno que resulta de dar exenciones o preferencias fiscales a una determinada categoría de contribuyentes o actividad.” [1]
Durante décadas, el gobierno de Puerto Rico ha apostado a una estrategia de desarrollo económico basada en la asignación de millones de dólares y la otorgación de créditos, decretos de exenciones contributivas y deducciones para promover que empresas extranjeras inviertan en el país.
Sin embargo, la falta de información, transparencia y rendición de cuentas de los gastos fiscales impide que podamos evaluar razonablemente cuál ha sido su costo-beneficio en nuestra sociedad.
Estos beneficios concedidos a empresas extranjeras para incentivar determinadas actividades comerciales en la isla representan una disminución en los ingresos del Estado si no se monitorea detalladamente el impacto económico de dichas empresas en el país. Esto es: ¿Cuánto representa el beneficio fiscal obtenido por las empresas en creación de empleos e inversión directa en la isla? ¿Cómo queda la ecuación final? ¿Ganamos o perdemos? Esas son las preguntas que debemos hacernos.
De acuerdo a los datos del Informe de KPMG del 2014 sobre la reforma contributiva, el monto de gastos fiscales representó alrededor de $556 millones de dólares en el 2011 (se debe tomar en consideración que este total excluyó algunos programas de incentivos, como por ejemplo los de las leyes 20 y 22 de 2012). Entre los más destacados se encuentran los beneficios fiscales por crear empleos, por invertir en infraestructura y/o maquinaria, por comprar productos manufacturados en Puerto Rico, entre muchísimos otros más.
Ahora bien, aun cuando los gastos fiscales sean efectivos a corto plazo, no son suficientes para restaurar la fragilidad económica del país.
Así por ejemplo, un reciente informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico señaló que cada turista europeo que se benefició del Programa de Incentivos Aéreos de Vuelos Fletados que se impulsó en Puerto Rico entre los años 2007 y 2012, le costó $17,962 al gobierno por manejo incorrecto del programa y conflicto de intereses. De igual modo, la quiebra del Trump International Golf Club embrolló al Fondo de Desarrollo para el Turismo del Banco Gubernamental de Fomento con $32.6 millones. Y hablando de turismo, ¿cuántos millones más se perdieron con el Hotel Cayo Largo en Fajardo? Con la promesa de crear 300 empleos en el área e impactar el sector turístico, por no contar con consultas de ubicación válidas ni permisos de la Junta de Planificación, se echaron por la borda los incentivos, no se crearon los empleos prometidos y todavía siguen litigando.
Debe mencionarse que nuestro gobierno no cuenta con un presupuesto de gastos fiscales y tan siquiera rinde un informe anual público sobre los mismos. Tampoco se evalúan para determinar su efectividad y tomar decisiones, ni la posibilidad de alinearlos con un plan de desarrollo económico coherente.
En ese sentido, es indispensable analizar periódica y sistemáticamente los efectos de estas concesiones contributivas con miras a evaluar su validez. En Estados Unidos, por ejemplo, 44 estados publican informes anuales sobre gastos fiscales y tributarios. De esos 44, Oregón, Minnesota y Washington, D.C. son los que mejor reportan sus gastos y, por lo tanto, han sido exitosos verificando si los incentivos otorgados han surtido efecto o no.
Tomando como modelo el informe de gastos fiscales de Oregón podemos observar las cualidades siguientes [2]:
• Accesible – Se publica en internet de forma clara y comprensible y todo el mundo puede accederlo fácilmente.
• Publicación – Se publica anualmente.
• Detallado – Incluye el costo total estimado para el gobierno sobre todos los gastos fiscales
• Descripción – Incluye título del incentivo, criterios de elegibilidad, valor para los beneficiarios y otros parámetros.
• Cita legal y año de aprobación – Es importante para aquellos interesados en el trasfondo histórico y los fundamentos legales para determinado gasto fiscal y determinar cómo puede ser revisado.
• Análisis sobre quiénes se benefician – Incluye información sobre el impacto de la distribución de los beneficios por nivel de ingreso o tamaño de negocio. Un análisis distribucional permite a los elaboradores de política pública determinar quiénes son los que realmente se benefician con las preferencias contributivas.
• Propósito – Incluye una razón fundamental para cada gasto fiscal. Por ejemplo, en su informe describe el propósito de las deducciones de “income tax” por el plan médico de empleo propio como “promoting the purshase of health insurance by the self-employed and provid[ing] some degree of equity between the self-employed and employees covered by employer-sponsored health care insurance.” [3]
• “Sunset Dates” o fechas de expiración – Establece fechas de expiración para cada gasto fiscal. En el 2009, se estableció un mecanismo por el cual casi todos los créditos contributivos por “income tax” expiran cada seis (6) años. De ese modo, una tercera parte de los créditos por “income tax” en el Estado se revisan cada dos (2) años cuando la legislatura establece su presupuesto bianual.
Por consiguiente, una sana práctica de administración gubernamental requiere la publicación de informes accesibles a todo el mundo, incluyendo todos los gastos fiscales relacionados a todos los impuestos (considerando los de menor costo o poco beneficio, implícitos o explícitos), que sea detallado, utilice datos actualizados para poder compararlos con otros gastos y analice en qué medida se ha logrado la distribución de beneficios por nivel de ingreso y tamaño de negocio.
Continuar haciendo lo mismo no es opción. Mientras la liquidez del gobierno siga en descenso y continúen adoptándose medidas superficiales poco eficaces para mantenerse a flote, el pueblo seguirá pagando las consecuencias como hasta ahora. Es hora de denunciar nuestra realidad fiscal, basada en propuestas que pretenden construir una economía en servicio a intereses particulares, en vez de gobernarlas. Esto implica divulgar proactivamente información sobre los gastos e ingresos del Gobierno para que la ciudadanía pueda evaluar las decisiones financieras y emitir su juicio crítico en cuanto a los costos y beneficios sociales que dicen crear.
Cuando los elementos de la transparencia y la rendición de cuentas están presentes en la gestión gubernamental podemos fiscalizar las funciones públicas y proponer políticas que promuevan el desarrollo económico en nuestro país.
Cuentas claras conservan buen gobierno. Infórmate. Comparte. Actúa.
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Referencias:
1.http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Transparency-Guide-2-Tax-Expenditures-Spanish.pdf
2. http://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/5-11-11sfp.pdf
3. State of Oregon 2011-2013 Tax Expenditure Report, p. 76.