Durante el régimen nazi en Alemania, una de las medidas que se tomaron contra los judíos alemanes fue retirarles la ciudadanía. Así, en 1933, Arendt, quien era judía, se Quedó sin nacionalidad y, por ende, sin la posibilidad de ejercer los derechos mínimos en su sociedad. Junto a miles de personas, Arendt se convirtió en una “apátrida” o persona “sin patria” o “sin-país”.

En su trabajo, esta filósofa reflexionó sobre el sufrimiento y las condiciones precarias de las personas que, como ella, no tienen una ciudadanía y han sido excluidas de la ley. Defiende la idea de que todas las personas tienen derecho a tener derechos, sin importar su condición política o ideológica.

Con el paso del tiempo, esta noción ha evolucionado hasta convertirse en el reconocimiento de que todas las personas tienen derechos humanos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados. El derecho a tener derechos es el primer derecho, porque permite a todos los individuos, sin excepción, reclamar y exigir que sus derechos sean protegidos.

Cuando conocemos la información que afecta nuestras vidas y la de nuestra comunidad, podemos opinar, analizar y participar efectivamente en la toma de decisiones. El derecho de acceso a la información es uno fundamental. Es parte importante del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la libertad de prensa. Las personas necesitan tener acceso a la información para intercambiar ideas, opinar y tomar decisiones de manera informada y efectiva.

Cuando hablamos de acceso a la información hablamos de que nuestros gobernantes tienen la obligación de administrar el País con transparencia. Tenemos derecho a conocer cómo se manejan los fondos públicos, las decisiones que toman los administradores del Gobierno y a evaluar el desempeño de los funcionarios. Para esto, es importante tener acceso a las estadísticas, información y otros documentos que nos permitan conocer la realidad del País y la efectividad del trabajo que estos funcionarios realizan.

No existe acceso a la justicia cuando, por motivos económicos, sociales, culturales o políticos, la ley y los sistemas de justicia discriminan contra las personas o grupos.

Sin el acceso a la justicia, otros derechos como el derecho al trabajo, a la educación o al acceso a la información no pueden disfrutarse plenamente ya que, sin esta garantía, las personas no podrían exigir los remedios y protecciones que les corresponden. El acceso a la justicia se refiere a que debe garantizarse la igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales, a los organismos administrativos y a otras instancias a solicitar las protecciones y remedios correspondientes de manera efectiva.

El respeto a la dignidad humana es esencial para la convivencia en una sociedad democrática, participativa e igualitaria, donde los individuos y el Gobierno traten a las personas de manera justa.

La dignidad humana celebra la diversidad.
No hay respeto a la dignidad cuando se discrimina por edad, sexo, raza, condición social, nacionalidad, estado migratorio, orientación sexual, identidad de género, apariencia u otra condición.

El reconocimiento del valor humano obliga al Gobierno a garantizar que las personas disfruten de su vida y de su libertad de manera digna, promoviendo el acceso a otros derechos fundamentales como son el derecho a recibir servicios de salud adecuados, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda.