La Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) fue creada por virtud de la Ley 91 del 13 de mayo de 2006, según enmendada, con el fin de financiar el pago o cancelación de ciertas obligaciones de deuda del gobierno central. A través del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) el gobierno garantizó la deuda emitida por esta corporación pública. En el 2015, se hicieron enmiendas a esta ley y se aumentó el IVU de 7% a un 11.5%.
En el 2017, COFINA se acogió al Título III de la Ley PROMESA que permitió a la corporación pública someterse a un proceso de quiebra similar al del Capítulo 9 para las municipalidades de los Estados Unidos. En el 2018, la Junta de Supervisión Fiscal avaló el Plan de Ajuste (o propuesta de reestructuración) presentado por el Gobierno de Puerto Rico. La Legislatura de Puerto Rico —sin vista pública alguna— votó a favor del mismo y éste fue presentado posteriormente a los tenedores de bonos de COFINA.
En Febrero 2019, la jueza Laura Taylor Swain dio paso al tercer plan de ajuste enmendado de Título III de COFINA. El acuerdo de COFINA estableció que los tenedores de bonos senior y subordinados de COFINA canjearon sus bonos viejos por bonos nuevos senior, respaldados por el 54% del 5.5% de los recaudos del IVU. Un total de $11,800 millones en bonos de interés, con un cupón de casi el 6%, se canjeó por $9,600 millones en bonos nuevos con un cupón promedio de 4.5%; y $6,000 millones en bonos de apreciación de capital se canjearon por $2,400 millones en nuevos bonos de apreciación de capital. Los tenedores de bonos senior recibieron aproximadamente 93 centavos por cada dólar, con 2 centavos adicionales por ser miembros de los grupos negociadores, mientras los tenedores de bonos subordinados recibieron 56.4 centavos por cada dólar.
La deuda de Puerto Rico asciende a más de $72,000 millones. En el 2014, representaba 110 por ciento del Ingreso Nacional de 63,000 millones. En el 2014, 17 por ciento del presupuesto consolidado de Puerto Rico se dedicaba al servicio de la deuda. El alto monto de la deuda es el reto económico más grave y urgente que enfrenta el pueblo de Puerto Rico.
Con la creciente importancia de la situación fiscal, se ha convertido en tema de discusión en el diario vivir de los y las puertorriqueñas.
Este diccionario es un esfuerzo para compilar los términos comúnmente usados en discusiones sobre la deuda. Su objetivo es lograr un mejor entendimiento del problema y fomentar la participación informada de la ciudadanía en estos debates.
Es un documento vivo y dinámico. Según las discusiones de la deuda continúan, se añadirán y se actualizarán términos, recogiendo así el léxico más actualizado.
Envíe tweet o mensaje por twitter a @menchaut para añadir términos, sugerir cambios o hacer comentarios.
Apuntes técnicos: Para realizar este diccionario se tomaron definiciones de diccionarios financieros, definiciones de términos provistos en documentos del gobierno de Puerto Rico y explicaciones de conceptos disponibles en los medios noticiosos impresos y de la Internet.
Algunos términos se presentan en inglés pues su uso se hace regularmente en ese idioma y es generalmente aceptado y entendido en el lenguaje de la deuda. Cuando es necesario, se proveen ejemplos de uso para clarificar los significados. Se proveen hipervínculos a direcciones de la Internet que se utilizan en la construcción del términos. Sin embargo, no se puede garantizar que los mismos estén disponibles al momento que el lector las trata de acceder.
El Diccionario de la deuda es una herramienta de educación y apoderamiento en tiempos de crisis. Su autora es la economista y profesora, María E. Enchautegui, quien contó con la asistencia de Victoria Sofía López Esteves. Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía, hizo aportaciones importantes.