Es un documento que contempla el tratamiento de las diversas clases de reclamaciones de los acreedores contra una municipalidad. El Código de Bancarrota requiere que un deudor presente un plan. El plan se puede presentar junto con la petición de quiebra o en el momento posterior que la corte decida. El Capítulo 9 no permite que los acreedores u otras partes interesadas presenten un plan. Esta limitación permite a una municipalidad controlar sus asuntos gubernamentales durante un caso de capítulo 9. Además, ni los acreedores ni el tribunal pueden controlar indirectamente los asuntos de una municipalidad al proponer un plan de ajuste de las deudas de la municipalidad, que en efecto, determinaría las futuras decisiones de impuestos y gastos de la misma.

El plan, para ser confirmado, debe ser aceptado por una mitad en números y dos tercios en la cantidad de cada clase de reclamaciones que se vea afectada según el plan. Además, el capítulo 9 contiene varios otros requisitos que un plan de ajuste debe cumplir para ser confirmado por el tribunal de quiebras. Por ejemplo, la ley no debe prohibir al deudor municipal tomar las medidas necesarias para llevar a cabo el plan, el plan debe ser viable, todos los reclamos administrativos posteriores a la petición deben pagarse en su totalidad entre algunos requisitos. El plan de ajuste también debe ser uno que sea en el mejor interés de los acreedores. Como es difícil determinar el valor de liquidación de un deudor municipal, esta prueba se ha interpretado en el sentido de que un plan de ajuste de capítulo 9 solo necesita ser “mejor que otras alternativas”, que es la desestimación del caso de capítulo 9.

Si el plan de un deudor municipal cumple con todos los requisitos de confirmación, excepto que recibe el apoyo de una clase de acreedores afectados, el tribunal de quiebras aún puede confirmar el plan a través de una reducción de las clases disidentes. En caso de que un plan de ajuste no sea aprobado por el tribunal de quiebras, el tribunal de quiebras puede desestimar el caso del capítulo 9, lo que significa que el municipio ya no estaría bajo las protecciones establecidas en el capítulo 9.

En el caso de PROMESA se incorporan las disposiciones del Código de Bancarrota establecidas y se requiere que el plan de ajuste sea consistente con la ley y el plan fiscal del deudor.