Imagínese que la Junta electa de su comunidad mediante un reglamento decide que de la cuota mensual de mantenimiento van a destinar dinero para incentivar a vecinos que quieran hacer proyectos de índole empresarial. Pasa el tiempo y le pregunta a la Presidenta de su Junta si le puede decir el progreso de los mismos: ¿qué tipo de negocio incentivaron al final? ¿cuánto dinero se les dió? ¿están teniendo éxito? La Presidenta dice que toda esa información es confidencial y que el reglamento de la comunidad es claro y que no se puede divulgar esa información. En un mundo ideal su Junta le brindaría toda la información que usted le preguntó sin reparos. En esa utopía la ciudadanía de Puerto Rico también podría saber dónde está el dinero que se invierte en programas que incentivan ciertas industrias y sectores del país.
Todos los días, los contribuyentes de Puerto Rico invierten en y apuestan por industrias, programas y proyectos de manera directa e indirecta. Cada exclusión, deducción, exención, crédito contributivo, tasa preferencial, diferimiento de obligaciones contributivas, acuerdo final y decreto contributivo que exime del pago de contribuciones a alguna empresa extranjera o local, la paga el pueblo de Puerto Rico. Por esta razón es un derecho saber a cuánto asciende la inversión pública en incentivos contributivos.
