Blog – Dos presupuestos y cero participación

A seis (6) años de la ley PROMESA, el saldo sigue siendo la merma en la discusión y deliberación del presupuesto anual, que se centra en un intercambio de planes, cartas y certificaciones entre el gobierno y la Junta. El resultado es que las determinaciones sobre el presupuesto del país se discuten en negociaciones y reuniones que no son públicas, mientras que las decisiones las toman personas que no fueron electas para representar al pueblo y responden a otros intereses. Este déficit democrático priva a los ciudadanos de su derecho a saber y a participar en las decisiones que toma el gobierno y que impactan su diario vivir. 

Este año, entre marzo y junio, la Legislatura celebró 13 vistas públicas en las que sólo tuvieron participación las agencias gubernamentales. (Según se desprende del Sistema Único de Trámite Legislativo de la Oficina de Servicios Legislativos (SUTRA)  https://sutra.oslpr.org/osl/esutra/MedidaReg.aspx?rid=140878)

En ese limitado periodo de tiempo, y ante la situación fiscal que vive el país, la Asamblea Legislativa tiene que evaluar una medida compleja que establece la distribución de las partidas del presupuesto consolidado anual de Puerto Rico que, para el año fiscal 2023, sobrepasa los $28,000 millones.

La imposición de la ley PROMESA ha representado un retroceso en la discusión del presupuesto en Puerto Rico. Un proceso que ya de por sí es complejo e intimidante para los ciudadanos que desean participar, se ha tornado aún más inaccesible en los últimos años. Cuando tendríamos que movernos a desarrollar procesos más democráticos y participativos acorde con muchos otros países y estados, nos dirigimos hacia el lado opuesto. La prevaleciente falta de transparencia y limitada participación presupuestaria quedaron evidenciadas nuevamente este año.  

Si la Junta de Supervisión Fiscal va a imponer un presupuesto diseñado y certificado por personas que no fueron electas ni le responden al pueblo de Puerto Rico, lo mínimo que debe asegurar es que sea un proceso participativo y abierto al público. Pero es todo lo contrario.  

Según hemos destacado anteriormente, al comparar el proceso presupuestario con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, notamos que 46 de los 50 estados y el Distrito de Columbia, tienen más de tres meses (90 días) de discusión de sus presupuestos, y hay 19 de éstos que tienen 5 meses o más.  Además, en más de la mitad de los Estados Unidos (27 estados ó 54%) el proceso de presupuesto incluye vistas ciudadanas, mientras que en Puerto Rico los ciudadanos no pueden participar directamente en las vistas públicas de presupuesto.

Existen diferentes mecanismos para que los ciudadanos participen e incidan en las decisiones del país de manera activa. En Estados Unidos, así como en varios países de Europa y en Latinoamérica los gobiernos han implementado prácticas participativas como presupuestos participativos, en los cuales los ciudadanos tienen un espacio de incidencia y pueden opinar sobre qué se hace con su dinero. También es importante que haya espacios para que las personas expresen sus ideas sobre lo que el gobierno de turno está proponiendo mediante el presupuesto, como ocurre con las vistas ciudadanas que se celebran en varias jurisdicciones de los Estados Unidos.  Es imperativo mirar las mejores prácticas de otros lugares y gobiernos para poder ser más inclusivos y asertivos a la hora de decidir lo que se hace con el dinero público. 

Lograr una participación efectiva en el presupuesto requiere que le preceda un marco jurídico que fomente la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Para que la participación ciudadana y de nuestros funcionarios electos no resulte en un ejercicio simbólico y fútil, tiene que haber acceso a información pública de manera transparente y proactiva.

Tabla 1

Días entre radicación y aprobación del presupuesto

Tabla 2

Vistas públicas entre radicación y aprobación del presupuesto