El nuevo plan fiscal certificado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal suscribe la insostenibilidad financiera en el largo plazo de la economía de Puerto Rico. Sin embargo, y aun aceptando esa nueva realidad tras los severos efectos económicos de la presente pandemia (además a los efectos de los huracanes Irma y María y los recientes terremotos), las recetas propuestas para resolver la nueva situación están alejadas de atender correctamente ese escenario. Para que Puerto Rico se encamine a un crecimiento económico sostenible e inclusivo y pueda acceder al mercado de capitales, el plan necesita incorporar dos áreas apenas presentes en el plan certificado hoy:
- Un plan macroeconómico realista y plausible; y
- Una nueva propuesta sobre el plan de ajuste de la deuda del gobierno central que contribuya a un pago de la deuda pública sostenible y que incorpore los efectos de la actual crisis del COVID-19
Enfocar todos los esfuerzos del plan fiscal en políticas fallidas — tanto en Puerto Rico como a nivel internacional — como es la austeridad, y en políticas de difícil implementación por parte del gobierno, como las reformas estructurales, solo compran tiempo hacia una eventual insostenibilidad financiera y económica a costa del sufrimiento de las poblaciones más vulnerables. Todo ello — tal y como reconoce y anticipa el plan— contribuirá a la aceleración de los flujos migratorios (2.8 millones de habitantes en Puerto Rico para 2025), que conllevará una carga cada vez más pesada para el resto de los habitantes, y a una inevitable situación de déficit fiscal de 2032 en adelante.
Hay que puntualizar que el plan aprobado hoy es el séptimo que certifica la Junta. Los anteriores no han logrado cumplir las proyecciones y es difícil determinar si surtirá el mismo efecto este nuevo plan con el agravante de una pandemia cuyos efectos y eventual recuperación están todavía por determinarse.
Todos los planes certificados hasta la fecha concentran sus reformas en dos grandes áreas, y el plan aprobado hoy no es ninguna excepción: 1) reformas fiscales (como se refieren a las medidas de austeridad); y 2) reformas estructurales. ¿Qué propone el plan en esas dos grandes áreas?
1) El plan propone aplazar un año la implementación de las medidas de austeridad, sin embargo, se reiniciarán otra vez al finalizar el año fiscal 2021.
2) El plan critica y destaca la inhabilidad por parte del gobierno de poner en marcha las recomendaciones de la Junta e insta al propio gobierno a no demorar más su implementación.
En sus proyecciones macroeconómicas, la Junta prevé en su escenario base una caída del Producto Nacional Bruto real del -4% para el año fiscal 2020 y una ligera subida del 0.5% para 2021. Este es un escenario más optimista que el proyectado por el gobierno de -3.8% para 2020 y -7.8% para 2021. Pese a tener esas divergencias en proyecciones de corto plazo, sus estimaciones se aproximan más sobre el año en que Puerto Rico presentará déficits fiscales primarios una vez implementadas las reformas aprobadas hoy: la Junta proyecta déficits desde 2032 en adelante y el gobierno desde 2030. Ambas conclusiones refuerzan la insostenibilidad del pago de la deuda y la consecuente inviabilidad del plan de ajuste de deuda del gobierno central presentado en febrero de este año.
Los efectos económicos de la pandemia son difíciles de predecir ante los escenarios cambiantes de su evolución. Todo y con ello, el gobierno proyectó para 2021 un déficit de -$708 millones y la Junta un superávit de $440 millones en sus respectivos escenarios base. Desconocemos quién acabará proyectando mejor, pero si tenemos la certeza que debemos atender un pago de COFINA de $454.5 millones. Si se confirma el peor de los escenarios, ¿no será razonable estar preparados para atender la crisis económica y de salud más importante desde la depresión de 1930? ¿Quién acabará pagando los platos rotos si las optimistas proyecciones de la Junta no se materializan?
Desde Espacios Abiertos llamamos la atención de la prontitud en certificar un plan fiscal de 271 páginas en unas pocas horas, redactado en el idioma inglés que no domina la mayoría de la población y sin garantizar vías mínimas de participación ciudadana.
Para poder estar mejor preparados para atender a nuestra gente en la crisis que actualmente enfrentamos, instamos a la Junta a abandonar para siempre las medidas de austeridad como uno de los ejes principales de la política pública del país. La austeridad no es sinónimo de eficiencia ni el tamaño más grande o pequeño del gobierno implica un mejor servicio al pueblo, lo que se necesita es un gobierno que funcione. La Junta debe proveer medidas de alivio en el pago de la deuda a través de la implementación de una moratoria para el año 2021 y actualizar en la mayor brevedad el ya inviable plan de ajuste de deuda del gobierno central propuesto el pasado febrero.