La cancelación del acuerdo alcanzado entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta Federal de Control Fiscal, que buscaba derogar la Ley 80 de indemnización por despido injustificado a cambio de mantener ciertos beneficios para los trabajadores, podría tener repercusiones en la reforma contributiva que impulsa el Ejecutivo, reveló ayer el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado.