En Puerto Rico, unas 14 familias diarias pierden su vivienda en procesos de ejecución hipotecaria, alertó ayer Ricardo Ramos González, profesor a cargo de la Sección de Derechos del Consumidor de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Esto lo dijo basado en cifras de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), según las cuales 5,424 propiedades residenciales fueron ejecutadas en 2016, la cantidad más alta de la década. “Es una crisis de la que nadie habla”, denunció Ramos González.