“Tenemos ante nosotros la oportunidad de hacer justicia a los trabajadores con un incentivo que ha probado ser una herramienta muy efectiva contra la pobreza en los Estados Unidos y otros países alrededor del mundo. Nuestras leyes favorecen la otorgación de muchos créditos e incentivos a corporaciones, y pocas o ningunas a las personas de ingresos bajos o moderados. Es hora de reenfocar nuestras políticas fiscales para hacer justicia también al individuo, particularmente a aquellos que por generaciones o situaciones adversas fuera de su control viven en precariedad económica”, dijo la Directora de EA, Cecille Blondet en rueda de prensa.
“El crédito por trabajo es una buena política pública pues está atado a remunerar conductas que el gobierno desea incentivar. En un ambiente de aguda crisis fiscal, planificaciones presupuestarias a cinco años y aprobaciones de presupuestos por una Junta de Supervisión Fiscal, es importante que el CT que se diseñe se pueda sostener en años venideros y maximice su potencial para lograr los objetivos que lo originan. No se puede inventar la rueda cada vez que se crea un incentivo contributivo. Hay que extraer lecciones de los incentivos pasados. Estamos en un buen momento para repasar las lecciones del CT 2007-2013 y diseñar un crédito que fomente el empleo y reduzca la pobreza”, dijo la Dra. Enchautegui. El Crédito por Trabajo del pasado no tuvo el impacto que se esperaba y limitó su efectividad como herramienta de política pública de bienestar social en gran parte porque era baja la cantidad del incentivo por participante, agregó la economista.
Puerto Rico tiene experiencia previa con el crédito por trabajo. La Ley Núm. 117 del 4 de julio de 2006 creó un incentivo para los trabajadores que estuvo en vigor desde el año contributivo 2007 hasta el 2013. En 2014 bajo la administración de Alejandro García Padilla se legisló para eliminar dicho incentivo, utilizando como argumento la crisis fiscal.
Este incentivo, que en Estados Unidos y otros países del mundo ha probado ser una herramienta efectiva para hacer justicia al trabajador de bajos ingresos, ahora tendrá un segundo turno al bate en Puerto Rico. Tanto el Nuevo Plan Fiscal presentado por Gobierno de Puerto Rico, así como el Plan certificado por la Junta de Supervisión Fiscal el 30 de mayo de 2018 proponen que se adopte un crédito por trabajo (CT) que entraría en vigor para enero 2019. Además, el Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado y el Secretario Auxiliar de Rentas Internas, Francisco Parés, han hecho mención en varias oportunidades sobre la iniciativa.
El análisis que realiza la profesora María Enchautegui, titulado El crédito por trabajo: segunda ronda, se basa en una evaluación sobre la experiencia anterior con el CT en Puerto Rico, la experiencia de otras jurisdicciones y las características del crédito que se propone ahora.
Recomendaciones que parten de la experiencia anterior
Deseabilidad de un crédito pequeño o un crédito grande – Uno de los puntos que destaca la economista que hay que considerar es la deseabilidad de ofrecer un crédito pequeño a mucha gente o uno más grande a menos gente, a la vez que agregó que para tener impacto en la fuerza laboral y en la pobreza, es deseable un crédito mayor a un grupo de enfoque.
Mínimo de ingreso – Otra de sus recomendaciones es concentrar el CT en familias con hijos de hasta 17 años. Además, insistió en que debe requerirse un mínimo de ingreso por trabajo para ser elegible para el CT de forma que se muestre apego a la fuerza laboral. Ni el CT derogado ni el propuesto contemplan ingreso mínimo.
Proyecciones de costo – Por otra parte, el estudio plantea la necesidad de que las proyecciones del costo del CT sean certeras para asegurar la sostenibilidad del programa. Estas proyecciones deberán ser dinámicas, pues si el CT cumple con su cometido el número de beneficiarios aumentará con el tiempo. Para la profesora de la Universidad de Puerto Rico y doctora en Economía no parecen ser realistas las proyecciones del plan fiscal donde por cinco años el número de contribuyentes beneficiados se mantiene en alrededor de 288,000 individuos. Y para ello utiliza como ejemplo los números del 2007 al 2013, que reflejan que el porcentaje de planillas que recibieron el Crédito aumentó de 21% en el 2006 a 45% en el 2012, igual que aumentó la radicación de planillas de personas bajos ingresos.
Estabilidad del incentivo – Enchautegui resalta que un diseño estable tendrá un mayor impacto en la fuerza laboral. Y nuevamente hace referencia a la experiencia del CT del 2007 al 2013 cuando el incentivo cambió sus parámetros 5 veces en siete años, dificultando que las personas pudieran planificar su oferta laboral en respuesta al crédito.
Beneficios a unidad contributiva total – La economista recalcó que los beneficios del programa deben darse a base de la unidad contributiva en su totalidad, no a personas particulares elegibles dentro de la unidad. En el CT 2007-2013, 11% del monto total de los créditos se otorgaron a unidades contributivas cuyos ingresos en la sumatoria total de la familia estaban fuera de los límites de ingresos del CT, pero se otorgaban porque alguno de los integrantes de esa unidad familiar reunía los criterios de ingresos.
Daniel Santamaría, analista de Política Pública de Espacios Abiertos, sostuvo que “la puesta en marcha del nuevo crédito por trabajo se perfila como un paso en la dirección favorable para lograr los objetivos de política pública que dieron a su origen. Ahora bien, para garantizar su sostenibilidad y maximizar su impacto, es importante priorizar y concentrar el incentivo al trabajo en los grupos sociales en los que la literatura académica ha demostrado su mayor efectividad como, por ejemplo, las madres jefas de familia o solteras con hijos menores”.