Pide se revise determinación del Apelativo que mantiene esta información fuera del ojo público
San Juan, Puerto Rico (lunes, 9 de septiembre de 2019)—– La organización Espacios Abiertos (EA) radicó una moción ante el Tribunal Supremo para que se divulgue el Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos (“Tax Abatements”) que el gobierno preparó y entregó a la Junta de Supervisión Fiscal en julio del año 2017.
La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, explicó que de ordinario la información sobre concesiones y exenciones contributivas es pública en los estados de Estados Unidos. No obstante, en Puerto Rico la organización tuvo que recurrir con un recurso legal al más alto foro para que revise una sentencia del Tribunal de Apelaciones que en una opinión dividida (dos a tres), decidió que el informe se mantenga fuera del ojo público. Con ello, el Apelativo revocó una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia a favor de que se publicara.
“En la moción se plantea que el Tribunal de Apelaciones erró en su apreciación de los hechos y en la aplicación del derecho, toda vez que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece el acceso a la información y documentos que generan las agencias públicas como un derecho protegido por la Constitución que deriva del derecho a la libertad de expresión. Además de que la información recopilada y contenida en el informe no está disponible al público en ningún otro lugar. Es deber ministerial del Secretario de Hacienda divulgarla para garantizar una participación ciudadana efectiva”, explicó la portavoz.
Espacios Abiertos solicitó copia del informe al Departamento de Hacienda desde más de un año y ante la negativa a entregarlo, se recurrió con un recurso de mandamus al Tribunal de Primera Instancia de San Juan. En diciembre de 2018, el Tribunal de San Juan declaró con lugar la petición de Espacios Abiertos, y ordenó al gobierno de Puerto Rico a divulgar la información solicitada de forma inmediata. Sin embargo, el gobierno insistió en mantener la información en secreto y recurrió al Tribunal de Apelaciones para evitar la publicación en Puerto Rico de información que “es pública en los Estados Unidos desde la década del ’70, así como en muchos otros países en el mundo”.
“El país no puede seguir a oscuras en los temas fiscales y presupuestarios. No se puede hacer un ejercicio presupuestario serio sin acceso a esta información. Antes la respuesta era que la información de las concesiones y exenciones no estaba disponible. Ahora, sabemos que lo está porque se recopiló para ese informe. El país tiene derecho a que este informe se haga público”, indicó Blondet.
La posición de Espacios Abiertos es respaldada por otras organizaciones en los Estados Unidos que son expertas en estos temas. “Good Jobs First”, que publica en Internet el “Subsidy Tracker”, y el “Center for Budget and Policy Priorities”—ambas radicadas en Washington DC—han expresado que quieren presentar sus escritos al Tribunal Supremo como amigos de la corte (Amicus Curiae).
“En Puerto Rico la batalla por el derecho de acceso a la información ha sido una lucha de años. Los ciudadanos no debemos claudicar en hacer valer un derecho que nos asiste. Aunque hay vasta jurisprudencia en Puerto Rico sobre el acceso a la información, todavía nos encontramos con muchos tropiezos. Hay personas e instituciones, públicas y privadas, que en vez de promover un gobierno transparente y abierto, de manera consciente, por maldad, miedo o ignorancia, insisten en obstaculizar el acceso a la información y limitar el derecho de participación de la ciudadanía en el debate público y en la toma de decisiones sobre los haberes públicos. Nos corresponde entonces a la sociedad civil reclamar cuando un derecho ciudadano es reprimido por el gobierno. Y al Tribunal Supremo hacer valer nuestros derechos constitucionales”, señaló Blondet.
El caso de Espacios Abiertos sobre las concesiones contributivas fue objeto de múltiples menciones en el ‘chat’ de Telegram que resultó en la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico el pasado mes de julio. Además de la discusión sobre estrategia legal y de comunicaciones sobre el caso, en el ‘chat’ se reveló cómo los integrantes llevaron a cabo una campaña de intimidación y descrédito contra esta organización y su directora ejecutiva.
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