Espacios Abiertos se unió a la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Universidad Interamericana, al Instituto Caribeño de Derechos Humanos y a decenas de organizaciones comunitarias para denunciar las violaciones de derechos en Puerto Rico durante el manejo de la emergencia por los huracanes Irma y María. Además, Espacios Abiertos colaboró con el Centro de Periodismo Investigativo y otros defensores en la redacción del capítulo de ‘Derecho a la información, libertad de movimiento y expresión’ del informe sobre ‘Desastres naturales, contaminación y desigualdad en Puerto Rico’. El capítulo apunta a la falta de cumplimiento de los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos tras el paso de los huracanes Irma y María con garantizar el derecho de la ciudadanía a: la información pública, la participación, la libertad de movimiento y de expresión. Situación que aportó también a convertir la emergencia en una crisis humanitaria, manteniendo en riesgo la vida, libertad y seguridad personal de muchas personas en la isla.
EA centró su trabajo en la falta de transparencia en el acceso a la información y en las gestiones de ayuda humanitaria. “Este incumplimiento ha producido un alto grado de incertidumbre sobre la gestión gubernamental, imposibilitando el derecho de la sociedad civil a participar de manera informada en la discusión y toma de decisiones sobre el manejo de la emergencia, y limitando la capacidad de supervisión de la población sobre la asistencia humanitaria en curso, los esfuerzos de recuperación y reconstrucción y la coordinación entre las agencias gubernamentales”, lee parte del capítulo.
La delegación de Puerto Rico, de la cual forman parte María Mari Narváez y Natalia Ramírez Echevarría (ambas de Espacios Abiertos), depondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC el jueves 7 de diciembre. Líderes comunitarias de Loíza y Peñuelas servirán como portavoces del grupo, que también sostendrá reuniones individuales con algunos comisionados de la CIDH, así como una sesión informativa con personal de las oficinas de los congresistas en el Capitolio federal
Los principios internacionales sobre desastres naturales enfatizan en la importancia de que los gobiernos garanticen el derecho de acceso a la información sobre los esfuerzos que realizan. En Puerto Rico, el derecho a la información es uno de rango constitucional.
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, dijo Natalia Ramírez Echevarría, Coordinadora de proyectos en Espacios Abiertos. “Ni el gobierno local ni el federal han cumplido con el deber de brindar fácil acceso a información sobre la naturaleza y el nivel de desastre, la asistencia humanitaria en curso, los esfuerzos de recuperación ni la coordinación entre las agencias gubernamentales. El manejo de la emergencia y la coordinación entre las agencias gubernamentales se ha caracterizado por la total ausencia de información completa y correcta y una corroboración oficial deficiente y poco confiable”.
Algunos ejemplos que corroboran las violaciones de derechos por el Estado en Puerto Rico radican en las muertes asociadas al huracán, el colapso de las telecomunicaciones, la falta de información sobre la ayuda humanitaria en curso y los esfuerzos de recuperación, las órdenes ejecutivas imponiendo toques de queda, los arrestos discriminatorios durante esos toques, así como sus efectos en las libertades y vidas de las personas. Durante semanas después del paso del huracán María, la población de Puerto Rico se encontró totalmente incomunicada, sin accesos a servicios básicos como luz y agua, total escasez de alimentos y combustible, lo cual se complicó con la falta de operación de los bancos y de los puertos aéreos y marítimos. Al día de hoy y a casi tres meses del desastre, muchas familias en Puerto Rico continúan incomunicadas y sin acceso a servicios básicos, en violación de sus derechos. Sobre esos temas se abunda en el informe.
“Evaluamos la gestión de ayuda humanitaria en Puerto Rico a la luz de las recomendaciones de organismos internacionales que promueven la transparencia”, dijo María Mari Narváez, también de Espacios Abiertos. “El resultado ha sido muy deficiente. Los gobiernos que actúan en Puerto Rico no han demostrado un cumplimiento siquiera con las recomendaciones más generales como son crear sistemas de toma de decisiones participativas, sistemas de monitoreo, asegurar la transparencia y monitoreo en los procesos de contratación y diseñar procedimientos efectivos de denuncias, entre otras”.
Las organizaciones que participaron en la redacción del Informe a la CIDH incluyen: ACLU-PR, Amnistía Internacional PR, Ayuda Legal Puerto Rico, Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), el Centro de Periodismo Investigativo, CLADEM PR, Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho Universidad de Pittsburgh, Inter Mujeres, Proyecto Matria, INIPRODEH y Latino Justice PRLDEF, entre muchas otras.