La falta de transparencia y el poco acceso de la gente a participar en el proceso están cuestionados también.
2019.enero.13-SAN JUAN—La organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) dijo que “en guerra avisada no muere gente”, al referirse a distintos elementos de la propuesta para reestructurar el acuerdo de deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) que le producen suspicacia, y los señalamientos del experto en deuda, el economista Martín Guzmán, comisionado por EA para hacer un análisis de alivio de deuda necesario para Puerto Rico y para analizar la reestructuración del acuerdo de COFINA.
“Lo dijimos el año pasado y continuamos en la misma dirección”, dijo la Directora Ejecutiva de EA, Cecille Blondet, quien agregó que están recurriendo a la Jueza Laura Taylor Swain, quien entre el miércoles 16 y jueves 17 tomará una determinación en el acuerdo de reestructuración de los bonos COFINA, para que aquilate los planteamientos de los expertos en un contexto integral antes de repartir el dinero de Puerto Rico y de poner en riesgo la salud, la seguridad y la educación de las y los puertorriqueños.
En una mesa redonda para la prensa en San Juan, Blondet lanzó las siguientes interrogantes: ¿Cómo se verán afectadas las prestaciones de los servicios esenciales y el crecimiento económico de Puerto Rico al haber hipotecado los recaudos del IVU de los próximos 40 años para pagar la deuda reestructurada de COFINA? ¿Es razonable pensar que, ante la ausencia de futuro crecimiento económico y las proyecciones de población a la baja, los recaudos del IVU proyectados en el Plan Fiscal realmente podrán crecer a una tasa anual de casi el 4%?
A éstas, sumó que “ante una crisis fiscal endémica que enfrentamos desde 2006 y sin un relevo de modelo económico a la vista, ¿cómo podrá Puerto Rico enfrentar pagos de casi $1billón anuales (aproximadamente un 10% de sus recaudos actuales) cuando se acaben las ayudas de reconstrucción de los huracanes Irma y María?”
Por otra parte, hizo un llamado para que en un asunto de tal envergadura donde los números son tan importantes como las personas a quienes van a impactar, se hiciera como en algunos estados de los Estados Unidos como Nueva Jersey y en algunas ciudades como Filadelfia, donde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil participan activamente en las decisiones que tienen que ver con las emisiones de deuda pública.
“Sin embargo, vimos como el 7 de noviembre de 2018 el PC 1837-proyecto legislativo propuesto del acuerdo del Plan de Ajuste de COFINA- fue aprobado en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sin audiencias públicas y sin permitir que ningún miembro de la legislatura, organización o ciudadano hiciera preguntas, expresara sus opiniones o presentara cualquier propuesta o enmienda”, aseveró la directora de EA.
Por su parte, el economista Martín Guzmán, quien hace un año exactamente presentó en Puerto Rico el estudio que le comisionó Espacios Abiertos para hacer un análisis de la sostenibilidad de nuestra deuda junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Pablo Gluzmann, planteó serias preocupaciones en torno al acuerdo que podrá aprobarse o rechazarse esta semana por la jueza Laura Taylor Swain.
Mediante dicho acuerdo, Puerto Rico deberá pagar $32.30 billones en los próximos 40 años en servicio de la deuda. Esos pagos anuales inician en $420 millones en 2019 e irían aumentando hasta alcanzar los casi $993 millones anuales entre 2041 y 2058.
Guzmán dijo que desafortunadamente se ha desaprovechado una oportunidad para que Puerto Rico pueda enderezar su barco fiscal. Por el contrario, la junta de supervisión recientemente certificó un nuevo plan fiscal y un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos por la Corporación de Fondos de Interés Urgente de Puerto Rico (COFINA) que podría poner a la isla en una camisa de fuerza de deuda por tiempo indefinido.
Dijo que gracias a la junta de supervisión fiscal, los tenedores de bonos de COFINA ahora obtendrán mucho más de lo que podrían haber esperado en diciembre pasado, cuando los bonos puertorriqueños tocaron fondo. Los precios tanto de COFINA como de los bonos de obligación general se han recuperado constantemente, debido a un juego político sobre fondos de ayuda para desastres que se ha estado desarrollando entre la junta de supervisión, el Congreso de los EE.UU. y los tenedores de bonos -un juego al que se unió la Cámara de Representantes de Puerto Rico cuando se aprobó una factura para permitir el acuerdo de COFINA.
Blondet agregó que hace tiempo pidieron que el Gobierno y la Junta presentaran su análisis de sostenibilidad y que la respuesta fue parcial y a cuenta gotas. Hicieron un nuevo plan fiscal y han estado tomando determinaciones sin el análisis para saber si la deuda es o no sostenible. Si existe un análisis por parte del Gobierno o la Junta no lo hemos visto. De nuestra parte fuimos transparentes al hacer disponible toda la metodología del análisis que preparó Guzmán con su grupo”, dijo Blondet.
Martín Guzmán es investigador asociado en la Escuela de negocios de la Universidad de Columbia y profesor asociado en la Universidad de Buenos Aires. Es copresidente de la Comisión sobre Reestructuración de Deudas y Quiebra Soberana de la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas de la Universidad de Columbia e investigador superior en el Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional (CIGI).