La JSF certificó un nuevo plan fiscal para el gobierno central que pospone las estrategias de recortes presupuestarios por un año y reduce en dos terceras partes el dinero que estará disponible para pagar a los bonistas
La determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de prestar más énfasis al fortalecimiento de las operaciones gubernamentales y de la economía, mientras reconoce que Puerto Rico no tiene dinero para pagar a los bonistas, es una movida acertada, pero está plagada de incertidumbre, según entrevistados.
De acuerdo con el abogado Rolando Emmanuelli, experto en la ley federal Promesa y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con su decisión, el organismo fiscal toma el camino que debió adoptar hace unos cuatro años cuando el Congreso buscó atender la crisis fiscal de la isla.
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