Las empresas que cotizan en la bolsa de valores deben, entre otros requisitos, hacer públicos sus informes trimestrales. A través de estos informes, rinden cuentas a sus inversionistas y explican cómo comparan en relación a sus metas originales y que medidas existentes o nuevas van a utilizar para lograr tales objetivos. Lo mismo debería ocurrir con los gobiernos. Estos deberían rendir cuentas a los contribuyentes sobre donde está el país en relación a los planes originales y qué medidas existentes o nuevas estarían utilizando para lograr dichas metas. Una de las herramientas que se usa para delinear la gestión pública es el presupuesto. Esto sirve de ruta para identificar －mediante la asignación de fondos públicos－ cuáles son las prioridades durante el año.
En Puerto Rico, conocemos －aunque de manera muy general－ en qué invertimos, pero desconocemos cuál es el rendimiento social y económico de nuestras inversiones gubernamentales. Si queremos entender las prioridades del gobierno, el presupuesto y sus documentos deberían ser claros y transparentes demostrando cómo los recursos que se están invirtiendo pueden apoyar el bienestar socioeconómico de todas y todos.
En el año fiscal 2015-2016 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tenía asignado $12.6 millones y gastó $37.6 millones del Fondo General. El año fiscal 2016-2017 la misma agencia tenía asignado $11.9 millones y gastó $38.3 millones del Fondo General. ¿A qué se debe la diferencia entre lo asignado y lo gastado? ¿Qué política pública implantamos para tener estas diferencias? En un país donde la falta de información presupuestaria es común, no queda claro en que se invirtió ese dinero y cómo benefició a la ciudadanía. Ahora, para el año fiscal 2019-2020 se propone elevar el gasto presupuestario del Fondo General de esta agencia a $59.4 millones según el presupuesto presentado por el gobernador ¿Qué metas están atadas a este incremento?
Las puertorriqueñas y puertorriqueños tenemos derecho a saber en qué se pretender invertir el dinero público del país y qué metas están atadas a él. En Estados Unidos, cada agencia federal produce una variedad de metas de rendimiento. En Austria, cada programa de política pública en el presupuesto requiere de 3 a 5 metas de rendimiento incluyendo una que toque el tema de género. En Latinoamérica y el Caribe 9 de cada 15 países incluyen como parte de sus documentos presupuestarios metas de desempeño no financieros; 24 de cada 33 países que conforman la OCDE lo incluyen también[1]. Según las mejores prácticas de la OCDE un presupuesto transparente debe incluir[2]:
- Información de rendimiento – cuál era la meta, cuánto se gastó y cuáles fueron los resultados
- Información de rendimiento estandarizada – informes que estén estandarizados a través de las diferentes agencias y/o programas
- Información que relacione la estrategia a gran escala con metas a corto y medio plazo
- Información sobre el impacto presupuestario en diferentes sectores y grupos
Los presupuestos tienen la capacidad de cumplir con diferentes funciones. Dichos cómputos deben producir información que nos den a todas y todos un entendimiento sobre las decisiones que los gobiernos toman y sus repercusiones. Sólo así podremos entender si el dinero que estamos invirtiendo está siendo beneficioso para construir la sociedad que anhelamos.
[1]Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017. OCDE.
[2]Budget Transparency Toolkit. 2017. OCDE.