Columna de Opinión por Crystal Díaz, analista y gerente del proyecto de seguridad alimentaria que auspicia Mazon: a Jewish Response To Hunger en Espacios Abiertos.
“Si bien es cierto que es necesaria más asistencia para que las familias puertorriqueñas de bajos ingresos tengan acceso a alimentos nutritivos, esta tiene que venir acompañada de un plan multisectorial e integrado de seguridad alimentaria a nivel del gobierno de Puerto Rico. Ese plan debe ser público y contemplar varios aspectos: (1) educación nutricional para el consumidor, (2) incentivos al consumo de la producción alimentaria puertorriqueña (porque es nutritivamente más densa, fresca y permite que el dinero se quede más tiempo en nuestra economía local) y (3) acceso a comprar productos locales en mercados agroecológicos y plataformas digitales que vendan productos locales. Particularmente, productos de fincas pequeñas, que son la gran mayoría y que no necesariamente tienen la capacidad de venderle a un supermercado ni a los programas de Mercados Familiares.
Recientemente se ha intensificado el debate en cuanto a la transición del PAN (NAP, por sus siglas en inglés) al programa SNAP. Este cambio de programa representaría un aumento de $2,000 millones en asistencia alimentaria para la población que la necesite en Puerto Rico. Dicho incremento ocurriría si se logra la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Ley Agrícola de 2023 (mejor conocido como el Farm Bill). El Farm Bill se aprueba cada cinco años y agrupa toda la política pública alimentaria que regirá el uso de fondos federales en cuanto a producción agrícola, incentivos, seguros, así como la asistencia social para familias con recursos limitados.
Reconociendo la importancia y el impacto que esta transición representaría para Puerto Rico, es pertinente que la conversación no se quede en Washington sino que se extienda a la Isla para que se discuta amplia y públicamente.
Vale la pena aclarar que no existe requisito de uniformidad en el manejo del SNAP entre los distintos estados de Estados Unidos. Por lo tanto, Puerto Rico podría, con algunos ajustes, implementar el programa con bastante facilidad. El PAN tiene muchas limitaciones, pero también tiene ciertas libertades de las que el SNAP carece. Por ejemplo: el PAN incluye a estudiantes universitarios y no tiene un requisito de trabajo formal que el SNAP sí tiene. Es importante discutir y prepararnos para atender estas diferencias y otros retos.
También es necesario tener en cuenta que hay muchas organizaciones que apoyan la transición porque tienen grandes intereses económicos que van por encima del interés social. Por un lado, está la carrera de cara al año electoral y, por otro, la ventaja económica que procuran los supermercados, clubes de almacén e importadoras.
La discusión de la Ley deja fuera la producción agrícola puertorriqueña porque, bajo las leyes federales, no hay una definición establecida de lo “local” a nivel federal, por lo que incluye cualquier producción en suelo estadounidense. Bajo esta premisa, las papas de Idaho y las manzanas de Vermont son consideradas “locales” en Puerto Rico. No debe ser secreto que mucho del cabildeo en el Congreso está ocurriendo con promesas a algunos congresistas estadounidenses de que, con la transición entre programas, aumentaría la compra de la producción agrícola de muchos de sus estados.
No nos llamemos a engaño. Recibir más dinero por vía del SNAP sin tener un plan estatal local, no solo de implantación en el corto plazo pero también sostenible en el mediano y largo plazo, resultará en personas que serán desprovistas de asistencia sin mayor aviso y en mayores ganancias para los grandes almacenes, supermercados e importadores.
Si no somos proactivos, la posibilidad de transición a SNAP supondrá otra oportunidad perdida para que, además de mejorar la calidad de vida del beneficiario final, se obtenga un efecto multiplicador en la economía que sea sostenible para todos, incluyendo nuestra clase media, pequeños y medianos emprendedores, agroempresarios, agricultores y pescadores puertorriqueños.”
Esta columna fue publicada por El Nuevo Día en su versión digital el domingo 20 de agosto de 2023.