Espacios Abiertos se ha expresado en múltiples ocasiones acerca de la necesidad imperativa de una reestructuración sostenible de la deuda de Puerto Rico como la base de una recuperación económica inclusiva y duradera para el país. Con este fin, encomendamos el estudio independiente sobre la sostenibilidad de la deuda, mencionado en la exposición de motivos del Proyecto del Senado 181 que busca enmendar la Ley Núm. 2-2017 según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” y realizada por los economistas y catedráticos de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía de 2001, y Martín Guzmán, Ministro de Economía de Argentina.
La conclusión de este estudio demostró que Puerto Rico necesitaba un recorte sustancial de sus niveles de deuda para que fuera sostenible. Según los economistas, Puerto Rico necesitaría un recorte de entre el 80 y el 90 por ciento de su valor principal antes de la reestructuración. De esta manera, los esfuerzos gubernamentales y de política pública no sólo deben estar enfocados en sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal actual, sino en hacerlo de tal manera que el país acumule otra década perdida. Esto sólo se consigue conociendo los datos y estudiando los efectos que tendrían las decisiones fiscales actuales en el desarrollo económico de las próximas décadas. Por tanto, un estudio económico, independiente y transparente, sobre la sostenibilidad de la deuda es la herramienta más valiosa que podría tener el Gobierno para tomar decisiones informadas que afectarán las vidas de los habitantes de la isla por mucho tiempo. Debemos enfatizar que el análisis de sostenibilidad de la deuda debe ser independiente, basado en una teoría económica sólida y en supuestos que correspondan a evidencia empírica. También es imperativo que este análisis sea transparente en cuanto a su metodología y sus supuestos. La presentación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal de la nueva propuesta de acuerdo de apoyo necesita urgente actualización de las proyecciones de distintas variables socioeconómicas. Para lograr una conversación informada en la sociedad civil puertorriqueña sobre la idoneidad o no de la actual propuesta, la Junta de Supervisión Fiscal debe actualizar las proyecciones del plan fiscal certificado en mayo de 2020 (anuales y hasta el 2058) acerca del crecimiento del Producto Nacional Bruto, la evolución de los ingresos netos del Fondo General y la evolución del crecimiento poblacional. La Junta también debe comunicar proyecciones actualizadas sobre los efectos de las reformas estructurales (anuales y hasta el 2058) entre las que se encuentran detalles sobre la reforma de educación K-12, la reforma energética y de infraestructura, entre otras. Igual de importante son las proyecciones actualizadas (anuales y hasta el 2058) sobre los déficits y superávits fiscales primarios ajustados, así como las proyecciones de efectivo en caja y de las nuevas reformas estructurales −desconocidas por todas y todos hasta el momento− y que según la propia Junta el país necesita para evitar un déficit de dinero en efectivo en el 2029 que ellos mismos proyectan. Ese déficit se producirá en Puerto Rico según la propia Junta aún implantando todas las medidas que ellos proponen y suponiendo que se implementan en un 100% y dan los resultados en aumento en los recaudos que ellos mismos proyectan. A pesar de que este análisis requiere discusión y ponderación, también se requiere pronta acción pues la tardanza en la resolución del estado actual de la deuda incrementa la incertidumbre y desalienta inversiones, lo que a su vez perjudicaría la recuperación.
Un análisis en estas condiciones y la reestructuración sostenible de la deuda es esencial, pero no suficiente para que Puerto Rico supere la crisis exitosamente. La reestructuración debe ir acompañada de otras políticas productivas que habiliten el desarrollo de la sociedad puertorriqueña la clase trabajadora de manera que la familia puertorriqueña promedio sea parte de la recuperación. La seguridad en las pensiones de los retirados y la protección al desarrollo de la Universidad de Puerto Rico son elementos importantes para amortiguar el fuerte impacto de políticas de reestructuración de deuda insostenibles que desafortunadamente propone la Junta. La estabilidad en el sistema de educación superior del país es pieza angular para lograr que la población tenga acceso a una preparación académica que le permita integrarse a la economía del mercado global. Por tanto, integrar estos elementos en la política pública gubernamental es un paso necesario hacia la recuperación fiscal.
Finalmente, debemos enfatizar la importancia de la integración comunitaria en el proceso de análisis y reestructuración de la deuda. Un análisis de sostenibilidad bajo los parámetros mencionados permitiría que los puertorriqueños y puertorriqueñas tengan acceso a la información y a la discusión sobre decisiones que afectarán directamente sus vidas durante décadas.
Este blog es un extracto de un memorial explicativo que se sometió a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal sobre el Proyecto del Senado 181 que busca enmendar la Ley Núm. 2-2017 según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” el 2 de marzo de 2021. Dichas enmiendas se enfocan en incluir cuatro determinaciones adicionales relacionadas a la presente crisis fiscal del país en la política pública del Gobierno, que guía los parámetros y facultades de la AAFAF.