En las semanas cruciales que vive Puerto Rico, más de 100,000 ciudadanos y ciudadanas firmaron la petición que exige la restitución de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, para que lleven a cabo un análisis exhaustivo sobre el origen y destino de los $72,000 millones en deuda que el gobierno y sus acreedores negociarán.