La investigación y análisis realizados por Crystal Díaz, analista de política pública de Espacios Abiertos, indica que el programa de Mercados Familiares que administra el Departamento de Agricultura junto con el Departamento de la Familia tiene espacio para mejorar y alcanzar sus objetivos. El informe, titulado A diez años de la iniciativa de Mercados Familiares, hace recomendaciones específicas para ello.
Entre los principales hallazgos del informe se destaca: que la participación de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en los Mercados Familiares ha bajado a menos del 45% de dicha población en los últimos tres años (según informa ADSEF, la participación se mide en uso, Agricultura por su parte indica que la estadística de asistencia por mercado no se lleva); y que escasamente 126 agricultores están autorizados a vender sus productos en los mismos.
El proyecto de Mercados Familiares inició en 2013 con el propósito de fortalecer la producción agrícola del País, proveer acceso a los consumidores a alimentos locales, frescos y de calidad, así como ofrecer una oportunidad de un mercado seguro para el agricultor local. En un acuerdo entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia y con la autorización del Gobierno Federal, el 4% del dinero de cada participante del programa de Asistencia Nutricional (PAN), un total de $80 millones anuales, se reserva para compras en estos mercados familiares, lo que supone un apoyo millonario adicional para el agro local. Sin embargo, luego de 10 años de implantado el programa es evidente que hacen falta ajustes para lograr cumplir con los objetivos del mismo, no solo la participación de los recipientes del PAN es baja, sino que los requisitos establecidos por el propio Departamento de Agricultura excluyen de participar al pequeño agricultor, al que tiene menos de cinco cuerdas en producción, que es la mayoría en la isla.
La principal falla que encontró Espacios Abiertos durante su investigación está en la falta de datos e información que permita a las agencias analizar y rendir cuentas sobre su desempeño, y al público, confiar en -y fiscalizar- el programa. Corregir eso le corresponde directamente al Departamento de Agricultura y al Departamento de la Familia, ambos deben ser más proactivos en recopilar y divulgar información, y en compartirse esa información y tomar acción. Por su parte, la Asamblea Legislativa debería asegurarse de que periódicamente se evalúa y se rinde cuentas sobre la Ley 63 que estableció los Mercados Familiares, y de entenderlo necesario podrían enmendar la misma a esos efectos.
Entre las observaciones y recomendaciones que se levantan en el informe de Espacios Abiertos se destacan:
(1) La necesidad de que el proceso de autorización y selección de agricultores y elaboradores sea uno transparente, que evite la posibilidad y apariencia de conflicto de interés o trato preferencial. Y a esos efectos recomienda que se enmiende el reglamento 8775 del Departamento de Agricultura.
(2) Garantizar más acceso al pequeño agricultor, al revisar el requisito de tener más de 5 cuerdas en producción para el agricultor participar de los Mercados Familiares de Agricultura, así como la cantidad de distintos productos que debe llevar al Mercado Familiar. Actualmente de 2,500 agricultores bonafide escasamente 126 o un 5% están autorizados a participar en los mercados, pero son muchos menos los agricultores que participan.
(3) Ampliar el acceso a productos frescos y locales, validando acceso con la tarjeta de la Familia a compras en otros mercados agrícolas no gubernamentales, directamente en las fincas, pescaderías y otros comercios y servicios de venta de productos de origen local de la canasta básica.
(4) Mejor fiscalización sobre la procedencia de los productos que se venden en los Mercados y otros lugares como productos locales. Crea mucha suspicacia que los Mercados Familiares pudieran vender y hasta aumentar las ventas de 100% de sus productos locales justo en los meses siguientes al huracán Fiona, no obstante la destrucción de producción agrícola que el propio Departamento de Agricultura reclamó.
(5) Permitir que el agricultor, pescados y elaborador pueda vender cualquier producto agrícola producido en Puerto Rico, y no solamente los listados por el Departamento de Agricultura en su lista de precios, esto provocará un aumento en la variedad de frutas y vegetales producidos en Puerto Rico a los que el consumidor tiene acceso en los Mercados Familiares.
Acceda aquí el Informe completo.
Acceda aquí el apéndice al Informe, que incluye todas las solicitudes de información realizadas a Agricultura y Familia, y sus contestaciones.